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Tribunal echa abajo versión de la PGR
sobre la desaparición de normalistas
La investigación del caso Iguala no fue independiente ni imparcial
No se exploraron las líneas que apuntaban a la participación del Ejército y la Policía Federal
Magistrados ordenan reponer
el procedimiento y crear una
comisión para la verdad y la justicia
Tribunal resuelve que representantes de padres de los normalistas desaparecidos y la CNDH sean los encargados de determinar las líneas de investigación que se deben seguir y las pruebas a desahogar en este casoFoto Víctor Camacho
Emir Olivares Alonso y César Arellano García. La Jornada. Martes 5 de junio de 2018, p. 3
En una sentencia inédita, un tribunal federal colegiado, con sede en Tamaulipas, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reponer el procedimiento por el caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, al concluir que la indagatoria no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
El primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito concedió la protección de la justicia federal ante cuatro amparos tramitados por varios de los detenidos como presuntos responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, quienes han denunciado haber sido víctimas de tortura. Cabe aclarar que no se trata de procesos presentados por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
Sobre las denuncias de malos tratos a los presuntos responsables, los magistrados determinaron que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.
Con este fallo, se desacreditan las versiones oficiales presentadas por el gobierno federal en el sentido de que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan, lo que en su momento las autoridades federales se empeñaron en llamar la verdad histórica.
El Poder Judicial de la Federación dio a conocer ayer esta resolución en la que por unanimidad los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez consideraron que las indagatorias del caso, dirigidas por la PGR, son irregulares y no han cumplido con los requerimientos de prontitud, efectividad, independencia e imparcialidad, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.
Tortura a detenidos
Ante las graves violaciones a los derechos humanos, como son tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, señaló.
Esta comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación. Los magistrados determinaron que serán los dos primeros los encargados de determinar las líneas de investigación que se deben seguir y las pruebas a desahogar, además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones, tanto nacionales como internacionales, defensoras de las garantías fundamentales.
Exhortaron al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a girar instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete, para que en el contexto de sus respectivas atribuciones, presten el apoyo y demás facilidades que requiera la referida comisión para lograr su cometido.
El fallo de los magistrados hace énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación, por lo que llaman a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. Y es que se obtuvieron declaraciones mediante coacción y las alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente.
En los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia se apuntó lo siguiente: La investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan y “…de esta manera, al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
En cuanto a la parcialidad y autonomía con la que debe actuar la PGR, los colegiados indicaron, entre otras observaciones, que no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación de personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal, y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina.
Recomendaron que se abra un nuevo periodo de participación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo porque originalmente se había acordaron que su mandato podría extenderse el tiempo necesario hasta conocer la verdad de los hechos y el paradero de los normalistas, de lo que a la fecha no existe plena certeza.
Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió, hace más de un año, no extender las opciones para que esta instancia continuara sus labores.
Crear una comisión de la verdad
no violenta la división de poderes, afirman
La orden de reponer el caso Iguala es inatacable: juristas
Los magistrados decidieron con base
La orden de reponer el caso Iguala es inatacable: juristas
Los magistrados decidieron con base
en la Constitución e invocan
el Protocolo de Minnesota
Aclarar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, reclamo permanenteFoto Yazmín Ortega Cortés
Castillo y César Arellano.La Jornada.Miércoles 6 de junio de 2018, p. 3
La resolución del primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito, que ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala, la reposición del procedimiento para los solicitantes de amparo y la nueva aplicación del Protocolo de Estambul para determinar si hubo o no actos de tortura, es inatacable, afirmaron abogados e integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los juristas señalaron que la creación de una comisión de la verdad no viola la división de poderes, sino que amplía la posibilidad de la investigación, debido a que la llamada verdad histórica ha enfrentado múltiples descalificaciones y errores, y en la resolución se precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) será quien la encabece, con apoyo de los familiares de las víctimas y de organizaciones internacionales.
Los entrevistados señalaron que la resolución de los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Mauricio Fernández de la Mora y Héctor Gálvez Sánchez es una sentencia de última instancia para el MPF, por lo cual lo único que podría promover la Procuraduría General de la República (PGR) es un recurso de queja contra los impartidores de justicia, pero faltaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diera entrada para analizar si hubo algún exceso en lo resuelto.
El jurista Clemente Valdés, el ex director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León José Luis Prado Maillard y Óscar Fidel González Mendívil, especialista en derecho y ex director del campus Culiacán de la Universidad de Occidente, sostuvieron que son cosa juzgada los juicios de amparo del 203/2017 al 206/2017, en los cuales se concedió la protección de la justicia federal a los presuntos sicarios o halcones Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva o Duvalín; Salvador Reza Jacobo, El Lucas; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, identificado como uno de los jefes del cártel Guerreros Unidos.
Los funcionarios del PJF resaltaron que la sentencia no significa que los beneficiarios del amparo vayan a obtener su libertad, sino que se reponga el procedimiento y se practiquen nuevos peritajes para determinar si se cometieron actos de tortura en su contra, y con base en las pruebas que aportó el MPF y los resultados de los peritajes que se apliquen, se dicte una nueva resolución en el juzgado que conoce del caso, y que todas las diligencias las realicen personas que no hayan participado antes en las indagatorias.
Hasta el momento hay 130 detenidos vinculados con lo ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014; al menos 34 de ellos han señalado que fueron objeto de tortura o tratos crueles para obtener sus declaraciones; sin embargo, los efectos del amparo sólo aplican para quienes suscribieron las solicitudes resueltas en la sentencia.
Acerca de la resolución del tribunal colegiado con sede en Tamaulipas, relativa a la creación de una comisión que investigue el caso Iguala, los entrevistados resaltaron que ese órgano del PJF no viola la división de poderes, pues es una decisión fundada y motivada en los artículos 17, 20 y 21 de la Constitución para fijar su criterio.
Indagatoria exhaustiva
Además, agregaron, refiere numerosos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el caso Favela Nova Brasilia vs Brasil, en el que se determinó crear una comisión de indagatoria especial si la investigación del Estado pudiera no ser independiente.
La resolución del primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito, que ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala, la reposición del procedimiento para los solicitantes de amparo y la nueva aplicación del Protocolo de Estambul para determinar si hubo o no actos de tortura, es inatacable, afirmaron abogados e integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los juristas señalaron que la creación de una comisión de la verdad no viola la división de poderes, sino que amplía la posibilidad de la investigación, debido a que la llamada verdad histórica ha enfrentado múltiples descalificaciones y errores, y en la resolución se precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) será quien la encabece, con apoyo de los familiares de las víctimas y de organizaciones internacionales.
Los entrevistados señalaron que la resolución de los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Mauricio Fernández de la Mora y Héctor Gálvez Sánchez es una sentencia de última instancia para el MPF, por lo cual lo único que podría promover la Procuraduría General de la República (PGR) es un recurso de queja contra los impartidores de justicia, pero faltaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diera entrada para analizar si hubo algún exceso en lo resuelto.
El jurista Clemente Valdés, el ex director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León José Luis Prado Maillard y Óscar Fidel González Mendívil, especialista en derecho y ex director del campus Culiacán de la Universidad de Occidente, sostuvieron que son cosa juzgada los juicios de amparo del 203/2017 al 206/2017, en los cuales se concedió la protección de la justicia federal a los presuntos sicarios o halcones Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva o Duvalín; Salvador Reza Jacobo, El Lucas; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, identificado como uno de los jefes del cártel Guerreros Unidos.
Los funcionarios del PJF resaltaron que la sentencia no significa que los beneficiarios del amparo vayan a obtener su libertad, sino que se reponga el procedimiento y se practiquen nuevos peritajes para determinar si se cometieron actos de tortura en su contra, y con base en las pruebas que aportó el MPF y los resultados de los peritajes que se apliquen, se dicte una nueva resolución en el juzgado que conoce del caso, y que todas las diligencias las realicen personas que no hayan participado antes en las indagatorias.
Hasta el momento hay 130 detenidos vinculados con lo ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014; al menos 34 de ellos han señalado que fueron objeto de tortura o tratos crueles para obtener sus declaraciones; sin embargo, los efectos del amparo sólo aplican para quienes suscribieron las solicitudes resueltas en la sentencia.
Acerca de la resolución del tribunal colegiado con sede en Tamaulipas, relativa a la creación de una comisión que investigue el caso Iguala, los entrevistados resaltaron que ese órgano del PJF no viola la división de poderes, pues es una decisión fundada y motivada en los artículos 17, 20 y 21 de la Constitución para fijar su criterio.
Indagatoria exhaustiva
Además, agregaron, refiere numerosos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el caso Favela Nova Brasilia vs Brasil, en el que se determinó crear una comisión de indagatoria especial si la investigación del Estado pudiera no ser independiente.
E invoca el llamado Protocolo de Minnesota, que es modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de la Organización de las Naciones Unidas, que recomienda establecer una comisión indagatoria especial cuando se sospeche que no es posible una investigación objetiva e imparcial a cargo del Estado.
Por tanto, ordena que se cree la comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso Iguala, con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la justicia mediante una investigación exhaustiva con participación de las víctimas, que también han exigido que se indaguen los datos surgidos recientemente en Estados Unidos acerca de la intercepción de mensajes entre integrantes del cártel Guerreros Unidos que viven en ese país y que conocieron de la desaparición de los 43 normalistas.
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