sábado, 30 de abril de 2016

DUSSEL: EL RETO ACTUAL DE LA ÉTICA: DETENER EL PROCESO DESTRUCTIVO DE LA VIDA

EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE, 
DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA
Académic@s de Prepa5 
Hola, los académicos nos estamos reuniendo en la prepa5, para abordar diversas problemáticas de la prepa y preparar material para el próximo ciclo escolar y también vamos a participar en el Foro deliberativo: "La Universidad que queremos". La próxima reunión es el lunes 9 de mayo a las doce horas en la sala de maestros de la prepa5, ojalá puedas asistir...., gracias.
 
(Lectura recomenda para generar la reflexíon y la generación e intercambio de ideas entre los académicos de Prepa5)
 
Enrique Dussel

El reto actual de la ética: 
detener el proceso destructivo de la vida*

El problema de la ética formal es que le falta el contenido. No interesa lo que se discuta; lo que interesa es que se cumplan las reglas democráticas del discurso, lo cual me parece correcto, en cuanto a lo democrático, pero no advierte el contenido fundamental. En cambio, la ética (que propongo) se afirma como una ética de la vida, pero no por razón de la vida misma, sino por aquellos que no pueden vivir. El deber ético de cambiar las cosas para que vivan los que no pueden vivir no se ve, sino se parte de una ética de la vida.
El tema es que hay un principio material universal que no ha sido considerado por ninguna ética contemporánea –es decir, de los sesenta para acá– intuido por muchos, pero nunca planteado.  Una ética que diga: el contenido de todo acto humano tiene que ver, en última instancia, con la producción-reproducción de la vida humana en comunidad. Esto no es una cosa animal, ni vegetativa, ni sólo el comer, sino que es la vida humana completa. Es claro que, si no como, me muero, y eso es una condición absoluta. Pero no se trata sólo de comer, sino que se trata también de la cultura, de los derechos religiosos y hasta de la mística. La vida humana es todo lo que ella es, y este es el contenido último de la ética. Y por eso la ética, en este momento, es realmente una encrucijada histórico-mundial muy grave. No sólo la humanidad está realmente en riesgo de extinguirse por la destrucción ecológica, sino porque el problema ecológico es el problema de la vida; no de la vida en general, sino de la vida humana, porque es la que va a desaparecer. La tierra podría existir muy bien sin vida; la luna no perdió nada por estar fría a tantos grados bajo cero. Lo que pasa es que en ella no hay vida. Lo que está en riesgo no es la tierra, la tierra no va a ser conmovida, la que va a ser conmovida es la vida, y la vida humana, cuya sobrevivencia, en este momento, no está para nada garantizada. Vamos, más bien, como a un suicidio colectivo.
Pero no sólo eso. Hay, además, un completo desequilibrio en cuanto al modo de reproducir la vida entre los países más desarrollados y menos desarrollados. Entre los países más ricos y los más pobres hay 60 veces de diferencia y, dentro de 30 años, va a haber una diferencia 120 veces mayor entre el 20% de los países más ricos y el 20% más pobre. Vamos hacia un creciente desequilibrio del modo de vivir la vida. Este es, a grandes rasgos, el primer tema de esta ética.
La ética no es algo accesorio de lo que podríamos prescindir, como serían los juicios de valor, que está bien hacer, pero no pasa nada sino se hacen. No. La ética tiene que ver con la vida y con la muerte de la humanidad. Si no tenemos un cierto criterio ético, vamos a hacer que la vida siga el camino de un suicidio colectivo. Este año hemos visto, por primera vez, los efectos de «El niño». Los humos que pasaron por el Distrito Federal y por Morelos y que llegaron hasta Texas, fueron efectos nunca antes vistos en la historia humana.
La ética tiene un criterio de verdad para descubrir lo que las cosas son, es decir, la vida y la muerte. La vida, como criterio de verdad, y no de verdad teórica, que viene después; sino de verdad práctica, que es la primera que usamos para cumplir funciones, que siempre son funciones de la vida.  El ser humano, desde su origen, descubrió lo que las cosas eran para manejarlas en función de la reproducción de su vida.
Era una verdad práctica. Éste sería el primer principio, la reproducción de la vida.
Esto tiene demasiadas objeciones, porque hay filosofías vitalistas, fascistas, hasta Nietzsche y otros, que han puesto también la vida en primer lugar, pero la vida de un grupo contra otro: no la vida universal, sino la vida de una raza contra otras; la vida de una nación contra otras naciones; la vida de los sanos contra los enfermos. No la vida para todos, sino la vida de la selección: la especie más capaz de competir es la que sobrevive, las demás mueren. No, la cuestión es la sobrevivencia de todos, es un principio universal.
La objeción es quién decide qué es lo mejor para la vida. Ahí entra un segundo principio de la ética. Quién decide la vida, y qué es lo mejor para aquellos que son afectados y qué es lo que se va a discutir. La única manera es que aquellos que están afectados por lo que se va a decidir deben ser participantes simétricos. Éste es un principio que en la política se llamaría democrático. Aquí tiene toda su fuerza el formalismo kantiano: es válido aquello en que los participantes afectados pueden participar simétricamente; si no, no es válido. La validez no es lo mismo que la verdad. La verdad tiene que ver con la reproducción de la vida, la validez tiene que ver con la participación autónoma y libre. Esta es la libertad, y es el segundo principio. El primero es el principio de la reproducción material de la vida. El segundo es la libertad. No uno sin el otro.
El tercer principio toca algo que no ha sido tan estudiado: lo que es válido y es verdadero debe ser posible o factible. Porque, si yo hago algo imposible, como un anarquista por ejemplo, si intento algo que no es posible, no puede ser bueno. Para que un acto, una norma, una institución, un sistema completo, México como totalidad, tenga la pretensión de bondad, debe ser: verdadero, en cuanto reproductor de la vida; válido, en cuanto que los afectados han participado, y factible, en cuanto las mediaciones sean empíricamente realizables.
Si tengo estos tres principios cumplidos, que son universales, el acto puede pretender ser bueno. No puedo decir que sea bueno, como la tradición creyó, porque para decir que un acto, o una institución, o lo que fuere, es bueno, necesitaría una inteligencia infinita, necesitaría ser Dios. Y, si no soy Dios, lo único que puedo decir es que pretendía ser un acto bueno. La ética no trata de los actos buenos o malos, sino de las honestas condiciones de posibilidad, de la pretensión de bondad de un acto: yo creo que este acto es bueno porque pretendo que es verdadero, válido y factible, si usted me demuestra lo contrario lo modifico porque soy honesto
II

Ésta es la primera parte. La segunda parte comienza con la crítica, y la crítica empieza con un argumento muy simple; ningún acto, ninguna institución, ningún sistema de eticidad, cultura o lo que fuere, puede pretender ser perfecto. El problema del mal no es sólo mala voluntad, odio, etcétera; también es el mal inevitable por efecto de la finitud. La finitud lleva implícita la inevitabilidad de efectos negativos y previsibles. Y justamente el efecto negativo no intencional sufrido por alguien en lo que constituye lo que voy a llamar la víctima, es decir, la víctima de mis actos, de instituciones, aún la iglesia, o el estado, o una escuela, o el capitalismo en el siglo  XVI  –llega a un momento en que empieza a producir efectos que se tornan intolerables. Y se producen las víctimas que ahora claman justicia. La víctima es el síntoma, la señal empírica, fácilmente detectable por todo el mundo, por el sentido común –que a veces se ciega y no ve, y por eso tiene lugar la conciencia crítica. La víctima es el signo, en el dolor mismo de su corporalidad, de un acto malo o injusto. El acto va a ser malo, en cuanto causa a la víctima y en cuanto no va a cambiar nada de su contenido ni la intención de quién lo hizo. Pero la intención de quién lo hizo –si es honesto- cuando ve un efecto negativo, tendrá que ser de corrección.
El cuarto momento de la ética es cuando nace la ciencia crítica de las víctimas, lo que llamábamos, en otra época, la opción por  los pobres, aunque es algo más que los pobres, porque están también la mujer, las razas oprimidas, el problema ecológico. No es sólo un problema económico. También lo es y es muy central, porque los pobres son víctimas fundamentales, los marginados, los países pobres, las clases explotadas. Pero hay muchos otros tipos de víctimas. Las víctimas son la señal de que es injusto y malo lo que las produce y, por lo tanto, hay que corregirlo. Ahí surge el principio crítico. El principio crítico sería: debo criticar aquello que impide la vida, primer principio de la víctima, o que impide la participación de la víctima, porque la excluyó o porque intentó algo imposible y sufre las consecuencias. Por ejemplo, el Kmer Rojo, en Camboya, dijo: la ciudad es la gran dominación, vamos a eliminar la ciudad. Mataron dos millones de personas. Esos muertos son víctimas de un ideal, pero de un ideal utópico, en el sentido negativo de la palabra, porque era imposible. Debo criticar ese sistema porque produce víctimas de algo imposible o de algo que mata. De cualquier sistema se sabrá si no funciona por la presencia de los pobres que, sin embargo, son los que valen: es decir, más que los que producen, porque no pueden reproducir la vida, porque no han participado o porque han sido efecto de algo imposible y han sufrido la imposibilidad. El principio radical crítico es el cuarto momento de la ética.
El quinto momento es cuando las víctimas se reúnen ellas mismas y constituyen una comunidad, la comunidad de las víctimas, que va a proporcionar una nueva validez. Será, en política, el principio democrático de los nuevos movimientos sociales, por ejemplo.
Si se reúnen las mujeres oprimidas y hacen un movimiento feminista, a la validez del sistema machista vigente se opone ahora la validez del movimiento que puja por el reconocimiento de nuevos derechos. Ahí empieza la complejidad ética. Porque hay algo legítimo, que tiene coacción y esa coacción legítima tiene monopolio. Pero surge alguien que todavía no es legítimo ni legal, pero que tiene conciencia de nuevos derechos. Entonces, para esos nuevos derechos, los antiguos sistemas ya no son legítimos, y surge un conflicto inevitable. Hidalgo se levanta en nombre de México y no de Nueva España. Ante España no es legítimo, pero ante sus conciudadanos lo es. Entonces se da el doble proceso, de la deslegitimación de la opresión y de legitimación de la lucha por su reconocimiento. Es decir, cuando un movimiento de las víctimas se reúne y pone en cuestión el sistema vigente, tiene validez ante sí mismo, no ante el orden vigente. Pero con el tiempo, si logra ser reconocido, cambiará todo el sistema: lo que para ellos fue legítimo lo va a ser para todos. Será un proceso de transformación.
El quinto momento sería este principio: debes no sólo criticar el sistema sino diagnosticar las causas por las que eres víctima y luego debes pensar las alternativas posibles del futuro; posibles, no simplemente utópicas o utópicas históricas.
El sexto es el deber de pasar a la transformación de las cosas.
Sería la praxis de liberación o el principio de liberación, propiamente, que es el deber de la reconstrucción de los efectos negativos que causan las víctimas, y luego, la construcción del nuevo orden. Por la construcción de un nuevo orden va a ser posible que vivan los que no podían vivir, que participen los que no podían participar. La factibilidad de esa reproducción y de esa participación va a ser ahora posible. Esa transformación no debe ser pensada sólo como revolucionaria o de todo un sistema. Cada acto humano puede ser transformado con el mismo criterio, de tal manera que esto forma una ética cotidiana. Cada acto, cada institución, la escuela, un periódico, la manera en que camino, todo lo que yo hago, puede ser visto desde la reproducción de la vida, desde las víctimas de mis actos. Entonces tengo un criterio para transformar. Es una ética crítica, no necesariamente revolucionaria, sino de liberación. Por supuesto, cuando la revolución es necesaria, habrá que hacerla; pero cuando la revolución no se ven en el horizonte, como en estos momentos, no se es reformista sino que es transformador con los mismos criterios de las transformaciones extremas. Éstos son los seis grandes principios.

III

El primer capítulo de mi libro es histórico. Muchas veces me han criticado que la ética de liberación es un pensamiento más bien teológico, porque habla de los pobres. Yo digo que es un pensamiento racional. Y, si vemos la historia, no es ni siquiera hebrea o semita, sino que viene de atrás, de los mismos egipcios: evaluar la vida es valorar la corporalidad. Por ejemplo, el mito de la resurrección valora la corporalidad porque piensa que puede resucitar para siempre; es positivo. Los griegos quemaban el cuerpo y hablaban de la inmortalidad del alma, eran dualistas; en cambio, el egipcio no habla del alma para nada, ni en su inmortalidad, sino que habla de la muerte y de la resurrección del muerto. La carne resucita. Por eso, en el libro de los muertos se dice, como motivo de resurrección ante Osiris; di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di vestido al desnudo y una barca al peregrino. Eso fue dicho hace cinco mil años, antes del pensamiento griego y hebreo. Habla de una ética de la corporalidad. Esto, que tiene cinco mil años, él es origen de todo el pensamiento crítico, porque descubre, en las condiciones de posibilidad de la sobrevivencia misma, los principios éticos fundamentales. Eso es hoy más actual que nunca, porque gran parte de la humanidad se está quedando fuera de las posibilidades de la reproducción de la vida. En México es evidente. La pobreza, pero la pobreza no como un problema económico, sino como un problema vital: no hay posibilidad de reproducir la vida. Tener hambre es el cuarto momento, es el momento en que la víctima percibe en el dolor de su corporalidad la carencia de satisfacción: el sistema ya no puede concedérsela  y, por tanto, es un sistema injusto. Cuando tengo hambre y la satisfago, no hay problema; pero cuando tengo hambre y no puedo satisfacerla, se transforma en una revolución. Muestra cómo se pasa a otro nivel. Pasa a la lucha por el reconocimiento del derecho de comer. Es una ética muy material pero de enormes exigencias espirituales.
La ética de los valores, que parecería ser más espiritual, no puede justificarse porque los valores, al fin ¿qué son, cómo funcionan, cómo se encarnan? Yo no creo que la ética de los valores; creo en la ética de la vida, tiene valor aquello que reproduce la vida. Los valores se garantizan en la medida en que reproducen; es decir, si la justicia es importante, no lo es porque sea un valor en sí, sino porque los actos que dan a cada uno lo que le es debido, permiten la reproducción de la vida, y esto es central en la vida política. No es una ética de valores, sino una ética empírica que se funda en la posibilidad de la reproducción de la vida, y de la participación libre del afectado, y de hacer cosas factibles, empírica, histórica, económicamente, es decir, pisando tierra. Y eso vale para el médico, para el ingeniero, para el político, para toda persona y para todo acto, y no de manera accesoria sino fundamental. Un médico que explota la enfermedad para hacerse rico –que es lo que acontece– y no para reproducir la vida, es perverso, es éticamente perverso, porque no permite que la vida se reproduzca como debe. Los médicos que curan para salvar son muy pocos, y la profesión de le medicina, como tal, se ha transformado en un sistema dentro del sistema capitalista, en un subsistema, que explota la enfermedad. Es decir, que el enfermo le permite a mucha gente, gracias a la industria de la química, de los instrumentos y de esto y de aquello, enriquecerse y aumentar su tasa de ganancia.
El sistema se empieza a arropar sobre sí, autorreferentemente, haciendo vivir al sistema pero matando al ser humano. Un sistema es ético si reproduce la vida, no si se reproduce así mismo. Este es el problema del capital y de todos los sistemas que se autorreproducen.
Si el mercado reproduce la vida, muy bien; pero si reproduce tanto desequilibrio que causa enorme cantidad de marginales, hay que corregirlo. Los derechos pueden ser privados y pueden ser públicos, individuales y colectivos. El asunto, de nuevo, es: ¿cuál es el criterio del derecho? Si el sistema de derecho se cierra sobre sí, impidiendo el surgimiento de nuevos derechos, se vuelve un sistema autorreferente que ejerce el poder que mata. La cuestión más interesante del derecho se refiere a la lucha por el reconocimiento de nuevos derechos.
Un sistema que está abierto a la posibilidad de transformarse asumiendo nuevos derechos, es un sistema de derecho flexible y en crecimiento. El problema es cuando hay grupos de víctimas que pujan por el reconocimiento de sus derechos y se los niegan. Se los niegan con la coacción monopólica del poder que se ha cerrado y que ya no los deja entrar. Entonces se vuelve represor.
Lo más interesante es cómo hace un sistema de derecho para tener dentro de sí mismo un subsistema que permita continuamente estar alerta al surgimiento de los nuevos derechos: los de la mujer, de otras razas, de los marginales, de los niños de la calle, de los indígenas. Todos esos son nuevos derechos. Pero ¿qué pasa? El cuerpo de derecho resiste, no sabe incorporarlos, los mantiene en la exclusión, en la violenta exclusión. El asunto no es incluir los derechos nuevos, sino cambiar las estructuras del derecho para que los nuevos derechos tengan un lugar, pero en una casa ampliada y no en una casa con un nuevo inquilino en el mismo espacio. No es exclusión-inclusión sino un nuevo sistema en donde ahora tengan lugar los excluidos. Ese es ahora el tema de los indígenas, el tema de la mujer, el problema ecológico, muchas cosas.
Por otra parte, vida humana es vida cultural. El ser humano vive en una cultura y no puede vivir en abstracto. Si al ser humano le matan su cultura, le matan una parte fundamental de su propia vida.
         Yo creo que va a haber una lucha cultural en el próximo siglo; pero el problema, en este proceso de globalización, es que no están extinguiéndose solamente las especies, insectos, animales y todo, sino también las culturas.
La cuestión, mucho más que una lucha de culturas, va a ser algo mucho más práctico, la sobrevivencia de culturas. Van a permanecer ocho o diez y van a desaparecer centenares de culturas. El problema, como en la extinción de la vida, es la extinción de culturas. El tema ético es la responsabilidad con respecto de la cultura. La extinción de una cultura como la extinción de una especie, es una extinción de vida. Es el mismo tema. Pero hablar de una lucha de culturas, como se ha hablado, parecería hablar de contendientes de igual poder. No, lo que pasa es que hay algunos que tienen demasiado poder y otros que están impotentes. Por eso el problema de las víctimas es capital y no se le considera. Creo que van a sobrevivir las ocho o diez grandes culturas universales, pero empobrecidas, porque habrán matado muchas culturas internas. Lo trágico será la muerte de esas muchas otras culturas que ya no tenemos ni siquiera capacidad para respetar.
Yo diría que el gran problema del siglo es la sobrevivencia, también de las culturas. En la medida en que simplifiquemos enormemente la vida, habremos matado muchas grandes soluciones que serán irrecuperables. Será una vida menos densa, más achicada, más abstracta, menos interesante de ser vivida. Estamos a tiempo de parar ese proceso destructor, pero eso supone una actitud que no existe, porque el sistema capitalista tiene un criterio de aumento de la tasa de ganancia, que es puramente cuantitativo, lo más opuesto a la calidad de la vida, y mata sin problemas. El problema más trágico es una globalización que castra prácticamente la probabilidad de la vida.
  



* Publicado en: Enrique Dussel: Fin del capitalismo global. El nuevo proyecto histórico. La Habana: Ciencias Sociales, 2000, pp. 197-207

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA

EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE, 
DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA
 Asamblea Interuniversitaria
 
La Asamblea Interuniversitaria sesionó, el martes 26 de abril de 2016,  con la asistencia de 31 escuelas, 17 eran del Politécnico, 15 de ellas tenían mandato de asamblea. Las 14 restantes provenían de la UNAM, la UAM, del Estado de México y Oaxaca.


Después del proceso de Ayotzinapa, la Asamblea Interuniversitaria no había sesionado. A través del llamado que hizo la Asamblea General Politécnica (AGP) para generar la unidad entre las universidades y enfrentar los procesos de privatización y elitización que sufren nuestras universidades.

Las participaciones tendieron a plantear el embate del gobierno federal a la educación, la pelea en común contra la reforma educativa, el combate por terminar con la educación neoliberal que está al servicio de los empresarios. Se discutió la importancia de generar una alianza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el 16 de mayo. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa asistieron e hicieron un llamado a la unidad y a confiar en nuestras propias fuerzas, denunciaron las maniobras deI Estado mexicano para imponer su verdad histórica.

Yara Almonte, integrante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas en su participación resaltó la importancia del proceso que encabezan los politécnicos, así como la necesidad de que sumarnos a la convocatoria de la CNTE y preparar las condiciones en cada escuela para estallar un paro del sector educativo este próximo 16 de mayo. Planteó la necesidad de democratizar todos los espacios de discusión del movimiento, haciendo alusión al Congreso Nacional Politécnico donde un grupo de la Asamblea General Politécnica desde el 2014 viene negociando a puerta cerrada con Fassnacht el rumbo del Politécnico.

Acuerdos de la Interuniversitaria
1.- Asistir a la sesión intermedia con la CNTE el 27 de abril a las 11hrs.
2.- 29 de abril a las 12.30 asistencia al Encuentro por la Educación en la vocacional 14.
3.- Movilización el 1 de Mayo. Cita del contingente estudiantil metro auditorio, planteando como ejes políticos: contra las reformas estructurales, por la libertad de los presos políticos del país, alto a la criminalización de la protesta y la juventud y por la defensa de la educación pública y gratuita.
4.- 5 de Mayo actividad cultural con los padres de los 43 y la CNTE, en el monumento a la Revolución.
5.- 16 de Mayo:(de acuerdo a las condiciones en cada escuela para estallar un paro del sector educativo este próximo 16 de mayo. Paro nacional del sector educativo.
6.- Se planteó la necesidad de conformar un modelo organizativo para la asamblea Interuniversitaria, donde se destacó el modelo del Consejo General de Huelga, también se retomó el modelo de vocerías donde sólo llevan el mandato de asamblea y sean rotativos y revocables.
7.- Asistencia al 2o. Congreso Nacional Estudiantil en CU aunque no se dijo lugar en específico, ni hora, ni sobre que versaba o la discusión del Encuentro.
Aunque estos puntos se asumieron como acuerdos, en la asamblea se planteó la discusión que estos acuerdos se debían bajar a las asambleas, y ellas tenían la capacidad de asumirlos o no, no eran acuerdos per se por haberlos discutido en la AI, ya que no todos llevaban mandatos de asamblea para votarlos. Esta discusión se extendió pero primó más la lógica de las acciones y una renuencia a democratizar los espacios de discusión del movimiento estudiantil

EL EFECTO HALO EN LA EDUCACIÓN

EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE, 
DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA
El efecto halo
Hugo Aboites *. La Jornada. Opinión,, sábado 30 de abril de 2016

En el alterado contexto de la educación en México no debe extrañar la aparentemente inexplicable protesta de los jóvenes estudiantes de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos de nivel medio superior (las vocas) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Como tampoco que el tema de la reforma de la educación continúe trasladándose al campo de las elecciones presidenciales de 2018, y que, encima, comiencen a darse señales de que también las propuestas de modificación a las políticas en la educación superior generarán una importante controversia.

El efecto halo, identificado casualmente hace ya cerca de un siglo por investigadores –por cierto– poco interesados en asuntos políticos, mostró que los fenómenos sociales no se explican sólo por factores que actúan linealmente (causa-efecto), sino también y sobre todo por la manera en que los conjuntos humanos construyen visiones de la realidad que pueden superar e incluso cambiar radicalmente el poder de variables lógicamente inmediatas y directas. Es decir, la Secretaría de Educación Pública (SEP) podrá repetir las veces que quiera que los cambios en el organigrama no implican modificaciones y deterioro para el IPN, pero eso, viniendo de donde viene, incluso puede confirmar que hay una maniobra oscura precisamente en esa dirección. Después de tres años de impulsar la aprobación a cualquier costo de un nuevo marco legal en abierto deterioro de los maestros, la SEP ha perdido legitimidad como una dependencia confiable y justa. Especialmente entre recién egresados de la secundaria, quienes sienten que su única certidumbre de futuro (un título politécnico), por razones y maniobras burocráticas, puede estar ahora en peligro. Y esto porque se sienten profundamente vulnerables. Algo que les confirman cada día los asaltos que sufren en el transporte o en la calle, la persecución policiaca, la falta de empleo, la enorme dificultad para ingresar y permanecer en la escuela y el clima general de violencia, incertidumbre y represión en el país. Eso explica también la reacción ante los 43, porque en un país de más de 20 mil desaparecidos, nada garantiza que serán exentos. En un contexto donde ellos y la sociedad miran cómo han muerto algunos maestros, otros ya son presos políticos, miles reprimidos con gas lacrimógeno y golpes, otros más despedidos o amenazados con quedarse sin trabajo, sin que todo esto inmute a la Secretaría de Educación, no es extraño que desconfíen profundamente de su capacidad de perjudicarlos también a ellos.

Por otro lado, el mismo efecto halo parece estar ocurriendo en el terreno electoral. Los 43, Atenco, la respuesta a las protestas de los maestros y hasta las denuncias en foros internacionales de personalidades como Fernando del Paso están dándole un sesgo de profundo cuestionamiento al actual gobierno y a cualquier cosa que parezca un intento de continuación de la misma política. El costo político se eleva cada día más y todo indica que seguirá aumentando en los siguientes meses. Por lo pronto, sigue avanzando el preocupante (para el régimen) escenario de una posible alianza magisterio-López Obrador. En Durango y Zacatecas ya se confirman acercamientos ( La Jornada, 22/4/16, pág.16) semejantes al establecido en Oaxaca y, además de resultarle una molestia, el gobierno no parece tener claro cómo responder a este desbordamiento que ha generado el aplicar una presión tan intensa en el ámbito educativo. Por algún lado tenía que salir.
En este cada vez más complicado escenario de la educación, la intención de la Comisión de Educación del Senado de revisar la vigente Ley de Coordinación de la Educación Superior cuando es evidente la inquietud universitaria por el financiamiento –apenas en noviembre 2015, la Anuies Centro-Sur (rectores de Morelos, Chapingo, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México y Puebla) decía: manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la reducción de fondos federales de apoyo a la educación superior pues se estaba incumpliendo este compromiso (de no hacer recortes) (La Jornada, 2/11/15, pág. 14). Si además se tiene en cuenta el proceso en IPN, y otros casos más de intranquilidad, es claro que, ante una SEP cuyo espacio de negociación y legitimidad se ve cada vez más reducido, el factor nueva ley de educación superior puede abrir las puertas a un nuevo territorio de protesta.

Todo esto en un cronograma cada vez más apretado. Porque, en realidad, sólo queda un año para tranquilizar al sector educativo antes de que arranquen las campañas presidenciales. Si sigue habiendo evaluaciones, protestas y represión en 2017-18, esto obligará a las y los candidatos a pronunciarse sobre qué piensan hacer en ese terreno, y hoy es perfectamente claro que ya no hay consenso en la idea de perseguir a los maestros. Llevar a cabo campañas y elecciones presidenciales en este álgido escenario de la educación no parece ser una perspectiva deseable para el poder. Y el gobierno actual, encerrado en el callejón sin salida de la línea dura, si continúa en esa dirección sólo contribuirá a introducir el riesgo de repercusiones insospechadas para las elecciones de 2018. El efecto halo era apenas perceptible hace tres años, pero, como lo ha venido haciendo, tenderá a ampliarse cada vez más y a conectarse con otros núcleos de intranquilidad y conflicto.

*Rector de la UACM

PRIVATIZAR LA EDUCACIÓN

 EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE, 
DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA 
Privatizar la educación
Enrique Calderón Alzati. La Jornada. Opinión, sábado 30 de abril de 2016 
 
 
 
Cada día los objetivos neoliberales del actual gobierno en torno a la educación son más claros, las acciones fascistas de Aurelio Nuño, conocido ya por su nula voluntad para entender a los maestros y su escaso conocimiento del sistema educativo nacional, se han reducido a denostar y aplicar la fuerza represiva contra el magisterio nacional, cumpliendo las órdenes del Presidente y olvidándose de los objetivos mismos de la educación pública, establecidos en la Constitución.
La privatización de la educación aún no ha sido develada oficialmente como el objetivo central del presidente Enrique Peña Nieto, pero su afán de servir a los grandes intereses financieros internacionales –contenidos gracias a la heroica resistencia de los maestros– sin duda forma parte de los compromisos adquiridos a cambio de la legitimación de su gobierno, colocando en oferta no sólo los recursos naturales de la nación, sino también sus grandes mercados de consumo, conformando así un nuevo peligro para la nación. En este artículo me propongo describir las causas, los objetivos, las acciones y las consecuencias de esta estrategia privatizadora, en vías de instrumentación.
1.- De los intereses del capital: El crecimiento actual de los grandes recursos financieros mundiales requiere que éstos sean colocados en nuevos mercados altamente rentables, un objetivo esencial para el FMI. El mercado educativo mexicano, con 27 millones de estudiantes, vale más de 30 mil millones de dólares anuales; para las instituciones financieras, la calidad de la educación es lo que menos importa; su preocupación está en asegurar que una inversión de esa magnitud les produzca utilidades similares o mayores a las que les puedan representar otras inversiones, como la de créditos para llenar de autos las ciudades.
2.- Del acceso a la educación privada mediante créditos: La historia de las empresas mexicanas que venden a crédito televisores, computadoras, utensilios de cocina, etcétera, ha mostrado la factibilidad de grandes negocios; a la población de bajos ingresos, más que precios reducidos, le interesa que los pagos mensuales sean pequeños. Una buena campaña de promoción de créditos para una educación de alta calidad adquiere importancia como un buen sustituto para la educación pública, calificada de panzazo, por culpa de los profesores. La estrategia ha funcionado en todas las privatizaciones anteriores. ¿Por qué no en ésta? La adquisición de servicios educativos por algunos fragmentos de la llamada clase media a la que le gusta ser considerada totalmente palacio es igualmente importante. De hecho, buena parte de la población de ingresos medios prefiere esta opción para asegurar que sus hijos tengan acceso a amistades con niños de familias acomodadas, lo cual pueda convertirse, a futuro, en relaciones sociales adecuadas. El éxito no está en lo que sabes, sino en a quien conoces. Ello explica la supuesta preocupación de Televisa por la educación. El negocio de la promoción de franquicias educativas y de créditos será una nueva y atractiva mina exclusiva para esa empresa.
 
3.- El endeudamiento de la población: Adquirir un crédito para la educación de los hijos será relativamente sencillo. Los bancos ofrecerán líneas de crédito para este noble fin y, a lo mejor exentos del IVA, sus montos serán similares al de un auto, entre 12 mil y 18 mil dólares por toda la educación básica y cantidades similares por la educación superior, dependiendo de la calidad. Invierte hoy para el futuro podría ser un bonito lema. Para quienes, por su condición de pobreza, se queden sin acceso a alguno de estos servicios, existirá una nueva educación popular, administrada por la Secretaría de Desarrollo Social, donde podrán instruirse para realizar actividades básicas con salarios mínimos en el sector informal.

El pago de los créditos y sus intereses será de largo plazo y, como garantía, estará vinculado a los salarios que, se espera, los estudiantes recibirán cuando egresen. El monto general de los adeudos de 20 millones de estudiantes será en pocos años similar a lo que hoy representa la deuda del gobierno de México, seguramente un alto porcentaje de la población estará atada a esa deuda a lo largo de buena parte de su vida productiva, sin que ello implique en forma alguna que las nuevas generaciones de mexicanos logren tener una educación mejor de la que tenemos hoy, por la sencilla razón de que al sistema financiero le tendrá sin cuidado lo que las nuevas generaciones aprendan o dejen de aprender, con tal de que paguen los créditos recibidos. Una experiencia de este tipo la vivieron ya los mexicanos con las llamadas tiendas de raya, siendo necesario reflexionar lo que los avances tecnológicos puedan representar para su aplicación en los tiempos actuales.
4.- Consecuencias: Las grandes empresas que se dediquen a la educación no tendrán necesariamente un interés por la excelencia, pues éste será primordialmente de orden financiero. Así las cosas, la excelencia educativa será resuelta con atractivas campañas mediáticas, cuyos costos serán pagados por los estudiantes y sus padres, mientras el gobierno quedará liberado de esta carga impuesta por una Constitución obsoleta, inventada quien sabe por quién. De esta manera, las escuelas populares de las regiones más pobres del país tendrán como finalidad principal alimentar los mecanismos clientelares utilizados de tiempo atrás para asegurar la estabilidad política del régimen. El esquema así definido permitirá un mayor control de la ciudadanía, pues cuanto más ocupada esté en pagar sus deudas, menos conciencia y participación política tendrá, facilitando así la democracia perfecta, capaz de producir nuevos Peña Nieto, reconocidos por su ignorancia, por su falta de visión y su desprecio por el país que gobiernan. Los bancos incrementarán sus utilidades, las empresas trasnacionales seguirán teniendo a México como un mercado seguro y los mexicanos, como nación, seguiremos perdiendo en todos los aspectos, como ha sucedido en las últimas cuatro décadas.

En el sistema económico global y unipolar en el que vivimos, los destinos y funciones de cada país para asegurar el desarrollo del planeta seguramente ya han sido definidos por los dueños de los grandes capitales, catalogando a México como un país periférico. Por ello, la educación, la calidad de vida y el respeto a los derechos humanos resultan irrelevantes. El control de las poblaciones mayoritarias se dará necesariamente limitando la educación y la distribución de créditos con base en las buenas conductas. ¿Cuánto tiempo falta para que esto sea realidad? ¿Cuáles podrán ser las consecuencias para las nuevas generaciones de mexicanos? ¿Podemos hacer algo para evitar que esto suceda? El problema no es sólo de los maestros, es del pueblo mexicano en su conjunto.

jueves, 28 de abril de 2016

UNAM PRESIONA A ACADÉMICOS PARA QUE SE JUBILEN

EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE, 
DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA
ATENCIÓN: ACADÉMICOS DE LA UNAM,
 ESTE ES UN LLAMADO DE ALERTA
 (AQUI SE IRÁ SUBIENDO Y ACTUALIZANDO LA INFORMACIÓN RELATIVA AL TEMA)
La Facultad de Economía 
busca jubilar a académicos.
Los docentes que no acepten 
perderán grupos, señalan.

Emir Olivares Alonso. Periódico La Jornada. Jueves 28 de abril de 2016, p. 16
Académicos de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM con más de 30 años de antigüedad han sido citados por directivos de la escuela con el propósito de hablar de su jubilación, aun cuando los docentes no desean por ahora acceder a ese derecho.

La profesora de tiempo completo Magdalena Galindo y el maestro de asignatura Rodolfo Miravete, con 42 años y 32 años como docentes, respectivamente, detallaron en entrevista que personal de la nueva administración de la FE, encabezada por el director Eduardo Vega, les solicitaron considerar la jubilación, y en caso de no acceder nos dijeron, de manera velada, que se nos reducirían grupos.

Debido a esta situación, académicos –jóvenes y consolidados– de esta facultad han comenzado a movilizarse para apoyar a sus colegas y denunciar casos similares, pues dijeron que hay otros profesores en esa situación. Ayer hubo una reunión de docentes y este jueves al mediodía habrá un mitin para exigir que se respete el derecho de la planta académica a jubilarse cuando ellos lo decidan, y realizarán un paro el lunes 16 de mayo.

Magdalena Galindo fue citada por la secretaria general de la facultad, Carmina Ramírez, quien le informó que podía ser beneficiaria del Programa de Renovación de la Planta Académica –que inició con la administración el ex rector José Narro y continúa con el rector Enrique Graue–, dirigido a profesores mayores de 70 años y que es de carácter voluntario. Quienes lo toman reciben 20 mil pesos mensuales extras a la jubilación correspondiente por ley y se les mantiene el seguro de gastos médicos. La información oficial señala que esas plazas se abren a jóvenes académicos con posgrado.


Galindo aseveró que aún desea seguir en la docencia, y que aun con el ingreso extra de este programa, la merma en sus ingresos sería de 50 por ciento. Pues sólo se toma en cuenta el salario base y no los estímulos ni la antigüedad.

Miravete recibió un oficio firmado por el jefe de la división de estudios profesionales de la FE, Mario Alberto Morales. Se dijo dispuesto a jubilarse, pero no en las condiciones que me ofrecen, recibiría sólo 4 mil 900 pesos al mes. Al no acceder –aseveró– el funcionario le informó que no podía garantizar que para el próximo semestre tenga el mismo número de horas, lo que representaría una merma en ingresos.

Señalaron que son varios los casos en ésta y otras facultades.

Los docentes solicitaron que el rector Graue informe si esta situación es una política general para la UNAM o acciones que cada director ha decidido por su cuenta. 

(n. del e. ATENCIÓN: ACADÉMICOS DE LA UNAM, SI SABEN DE CASOS COMO ESTOS EN SU INSTITUTO, FACULTAD O ESCUELA HAY QUE DENUNCIARLO POR TODOS LOS MEDIOS,  ESTE BLOG ESTA A SU DISPOSICIÓN, GRACIAS)



Rechazan académicos de 
la UNAM plan de retiro
 Propuesta para más de 30 años de servicio
Foto
Profesores de la Facultad de Economía realizan un mitin para rechazar un proyecto de jubilaciónFoto Yazmín Ortega Cortés
 Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Viernes 29 de abril de 2016, p. 17
Los académicos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con más de 30 años de antigüedad laboral mantuvieron el rechazo a la jubilación que les proponen directivos de la escuela.
Ayer encabezaron un mitin dentro de la institución y clausuraron de forma simbólica la oficina de la División de Estudios Profesionales. Informaron de la preparación de un paro de labores para el 16 de mayo.
Tomamos la determinación de ejercer mecanismos de presión para sentar a la autoridad (a negociar), señaló el profesor Martín Rodríguez, quien cuestionó que el actual director de la facultad, Eduardo Vega, se niegue a reconocer acuerdos que ya habían asumido con su antecesor en el cargo, Leonardo Lomelí.
El académico lamentó la intención de querer echar a la calle a gente que generó el acervo de la sociedad mexicana, entendiendo que ésta es la universidad más grande e importante del país, y que sus egresados han construido la realidad nacional en infraestructura, servicios y más.

Mencionó que hace aproximadamente dos años se publicó un análisis que establecía que el promedio de edad de los 840 maestros de la escuela era de 54-56 años. Quiere decir que la mitad de los 680 profesores con hora-clase de la facultad está en ese rango, y no todos tienen la antigüedad (para el retiro).
Expuso que el reclamo es que todos queden de planta en este semestre y que los maestros con perfiles suficientes para ser considerados definitivos lo sean, además de que exigen transparencia en el manejo de la facultad, lo que incluye los procesos para la asignación de plazas.

miércoles, 27 de abril de 2016

PRIMER FORO DELIBERATIVO (REGISTRO Y TIEMPO DE PONENCIAS)

EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE, 
DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA
"Primer Foro Deliberativo" 
Convocado por Democracia UNAM 
que tendrá lugar el próximo miércoles, 
18 de mayo de 2016 de 8 a 20 horas en el Auditorio Alfonso Caso.

El objetivo de este Primer Foro es abrir un espacio público y plural donde toda la comunidad universitaria pueda expresar y discutir sus puntos de vista sobre las reformas que se requieren para la Universidad que queremos y la Nación que necesitamos.

El registro para el Foro tendrá lugar a partir de las 7:30 am el día 18 de mayo.  Es importante que llegue puntualmente ya que hay un cupo limitado para entrar al auditorio.


Las ponencias: Es también importante señalar que con el fin de permitir que tod@s y cada uno de los más de cien expositores puedan presentar un resumen de los puntos principales de sus ponencias, los expositores individuales contarán con 3 minutos, las ponencias con dos autores con 4 minutos y las ponencias con tres o más autores con 5 minutos.  Exactamente la misma regla se aplicará para todas las ponencias, independientemente de si el expositor es investigador, profesor, estudiante o trabajador.

El debate: Para cada mesa, después de escuchar los resúmenes de las ponencias, se abrirá un espacio de por lo menos una hora para el debate y la discusión libre entre los asistentes para garantizar el carácter deliberativo y participativo del Foro.
Atentamente,

Democracia UNAM

martes, 26 de abril de 2016

ACEPTACIÓN DE PONENCIA PARA EL FORO DELIBERATIVO: "LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS"

 EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE, 
DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA

Estimado académico,

Por medio de la presente, nos da mucho gusto informarle que ha sido aceptada su propuesta de ponencia para el "Primer Foro Deliberativo" convocado por Democracia UNAM que tendrá lugar el próximo miércoles, 18 de mayo de 2016 de 8 a 20 horas en el Auditorio Alfonso Caso

El objetivo de este Primer Foro es abrir un espacio público y plural donde toda la comunidad universitaria pueda expresar y discutir sus puntos de vista sobre las reformas que se requieren para la Universidad que queremos y la Nación que necesitamos.

El resumen de su ponencia llamada "Condiciones laborales y dignificación del maestro" demuestra que usted ha reflexionado con seriedad y rigor sobre el pasado, el presente y el futuro de la Máxima Casa de Estudios.  Será un honor y un gusto tener la oportunidad contar con su participación el próximo 18 de mayo.

Estamos muy complacidos por la excelente respuesta de la comunidad universitaria a esta convocatoria y estamos seguros de que, con la participación de todos y todas, el evento será un gran éxito.

Rogamos que confirme de recibido el presente correo así como su participación en el Primer Foro Deliberativo. En su correo de confirmación le rogamos también compartir con nosotros las direcciones tanto de Facebook como de Twitter de tod@s l@s expositor@s de su ponencia para estar en contacto también por aquellas vías.  

El registro para el Foro tendrá lugar a partir de las 7:30 AM el día 18 de mayo.  Es importante que llegue puntualmente ya que hay un cupo limitado para entrar al auditorio.

Es también importante señalar que con el fin de permitir que tod@s y cada uno de los más de cien expositores puedan presentar un resumen de los puntos principales de sus ponencias, y también permitir un amplio espacio para el debate y la discusión libre entre todos los asistentes, nos hemos visto con la obligación de limitar el tiempo de cada una de las intervenciones.

Específicamente, los expositores individuales contarán con 3 minutos, las ponencias con dos autores con 4 minutos y las ponencias con tres o más autores con 5 minutos.  Exactamente la misma regla se aplicará para todas las ponencias, independientemente de si el expositor es investigador, profesor, estudiante o trabajador. 

Para cada mesa, después de escuchar los resúmenes de las ponencias, se abrirá un espacio de por lo menos una hora para el debate y la discusión libre entre los asistentes para garantizar el carácter deliberativo y participativo del Foro.

Con respecto a la versión escrita de la ponencia le recordamos que se debería entregar un borrador, con una extensión máxima de 8 cuartillas, el día del foro y que los ponentes contarán con un plazo de un mes posterior a la celebración del foro para entregar la versión definitiva. También le rogamos llevar consigo su credencial universitaria el día del foro para poder registrarse adecuadamente.

Le agradecemos su compromiso con la universidad, su confianza en este esfuerzo autónomo así como su generosa atención a esta comunicación.

Atentamente,

Democracia UNAM

lunes, 25 de abril de 2016

AYOTZINAPA II: INFORME FINAL

EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE, 
DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA

(Aquí se agregará y actualizará toda la información que se vaya generando del:)  
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
-VER INFORME AYOTZINAPA II: http://www.sopitas.com/607780-sigue-en-vivo-el-informe-del-giei-sobre-ayotzinapa/#sthash.oLTPxcKc.dpuf

Sigue en vivo el informe final del GIEI sobre el caso Ayotzinapa


Tras denunciar obstrucción, intimidación y acoso por parte del Gobierno de México, el Grupo Interamericano de Expertos Independientes rindió este domingo su segundo informe sobre los trabajos de investigación y peritaje que pudieron realizar en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, la noche del 26 de Septiembre del 2014.


Las discrepancias y confrontaciones con el gobierno mexicano, que parece aferrarse a su ‘verdad histórica’ marcaron el año de trabajo de estos expertos, que como hemos visto, en las últimas semanas se han convertido en víctimas de diversas campañas de desprestigio, orquestradas desde el poder, para fortalecer así su “hipótesis” y de paso fomentar la impunidad.
Aquí les dejamos la transmisión del informe del Grupo Interamericano de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa.
Aquí algunas conclusiones del informe presentado:
1-. Que no hay evidencia de que los jóvenes fuesen a boicotear ningún acto político, como se dijo inicialmente, en un intento de explicar la acción contra ellos.
2. Que el GIEI no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran infiltrados por ningún grupo del crimen organizado, como se manifestó en distintos momentos, lo que habría desencadenado las atrocidades cometidas. Las autoridades de Iguala sabían que se trataba de normalistas que iban a tomar autobuses para realizar una marcha el 2 de octubre.
3. Que la acción produjo cerca de 180 víctimas directas y hasta cerca de 700 familiares afectados, se dio en 9 escenarios diferentes con disparos de armas de fuego y violencia, durante 4-5 horas, y con participación directa de dos cuerpos de policía municipal de Iguala y Cocula, y probable participación de agentes de otros cuerpos
de seguridad de Iguala y de la zona.
4. También señaló que diferentes niveles de autoridades tenían información sobre lo que estaba sucediendo, de la llegada de los normalistas a las inmediaciones primero
y luego a la ciudad de Iguala. El movimiento de los normalistas fue controlado desde las 18:00 h que salieron de Chilpancingo hasta las 20:30 h en que seguían a las afueras
de Iguala, especialmente por policía estatal, federal y ejército.
7. El informe mostró también la omisión, en los primeros meses de investigación hasta la investigación del GIEI, de un 5º autobús que los normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado. Posteriormente las versiones eran contradictorias y no respondían a la verdad de lo sucedido. Este 5º autobús Estrella Roja, que salió por la puerta de atrás de la Central camionera, se detuvo antes de salir de la ciudad, y después fue parado por policía federal, cerca del escenario del Palacio de Justicia donde se encontraba bloqueado y era agredido otro autobús de normalistas por parte de la policía municipal, el Estrella de Oro 1531. Los estudiantes que iban en ese 5º autobús sobrevivieron a los hechos pero fueron perseguidos y sufrieron disparos por parte de policías municipales, con participación de una patrulla ministerial según su testimonio, durante cerca de 3 horas hasta conseguir salvarse.
La opacidad de la existencia de este autobús, las contradicciones evidentes del testimonio
del chofer, así como una carta encontrada con su firma que confirma el testimonio de los normalistas, fueron parte de las cuestiones que llevaron al GIEI a plantear una hipótesis del caso que debía ser investigada. Esta hipótesis es la posibilidad de que dicho autobús podría haber sido un medio de transporte de la heroína que se produce en la zona, lo que podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de Los Avispones.
Los hechos ocurrieron en un área mayor a la zona de Iguala-Chilpancingo, llegando hasta Mezcala y Huitzuco.
Los nuevos hechos señalados en este estudio muestran:
1. Una extensión del control de la movilidad por la carretera Iguala-Chilpancingo hasta Sabana Grande, donde se situó un bloqueo con un tráiler y varios vehículos a las 24:00 h, apenas a 3 kilómetros del cruce de Santa Teresa donde fue atacado el autobús de Los Avispones, y al menos otros cuatro vehículos, con resultado de tres personas muertas y numerosos heridos graves.
2. La participación de varias patrullas de policía en el ataque a los Avispones que se retiraron después del mismo, a las 23:45 h, por la carretera hacia Santa Teresa. Dicha carretera que se dirige a esa población, pero conecta también con otras poblaciones cercanas como Apipilulco, Huitzuco o Pololcingo.
3. La movilización de la policía de Huitzuco, con unos 25 efectivos y seis patrullas, para llevar a cabo, aparentemente, un retén en la carretera en el cruce hacia Pololcingo, sin ningún motivo declarado, durante las horas claves de esa noche, mientras estaban dándose los ataques a los normalistas y Los Avispones. Según sus bitácoras, la salida de patrullas de policía de Huitzuco fuera de la ciudad se dio de 23:00 h a 01:40 h. Además, la policía de Huitzuco estaba alertada a través del C-4 de los hechos de Iguala contra los normalistas. Dicha área queda en la zona de influencia de Iguala y el cruce de Santa Teresa.
4. La existencia de un bloqueo en la carretera en Mezcala durante alrededor de 2 h, entre las 24 h aproximadamente y las 2 h de la madrugada, y el ataque a dos vehículos, con dos personas heridas por arma de fuego en dicho lugar. Dicho ataque habría sido llevado a cabo por parte de un numeroso grupo de hombres armados, aparentemente miembros del crimen organizado, con armas de gran potencia.
5. El control de la movilización por la carretera entre Iguala y Chilpancingo se dio durante toda la noche. A las 02:00 h del día 27 fue liberado el paso en Mezcala, por
un convoy donde iban autoridades estatales, policía estatal y federal. Otros testigos entrevistados muestran que solo durante las últimas horas de la madrugada, hasta las 05:00-06:00 h se liberó completamente el control y la amenaza a quien circulara por dicho lugar, al menos en el trayecto hasta Mezcala, en la ruta entre Iguala y Chilpancingo.
6. Otro bloqueo con un tráiler se dio en la zona de Sabana Grande, cerca ya del crucero de Santa Teresa, aunque fue limitado en el tiempo. Una vez que el autobús de los Avispones fue atacado en el crucero de Santa Teresa, dicho bloqueo se mantuvo durante un tiempo limitado, siendo quitado por sus mismos autores sin intervención
externa. Esto podría mostrar que los autores de dicha acción conocieron el resultado del ataque en Santa Teresa y su acción podría haber estado encaminada a bloquear el paso del autobús. Los autores del mismo fueron personas con armas largas, vestidas de civil, que tenían camionetas último modelo. Dicho bloqueo, y la participación de personas armadas o existencia de otros testigos, no ha sido investigada hasta ahora.
7. Para el GIEI el conjunto de la acción muestra un modus operandi coordinado para evitar la huida de los autobuses. El cerco de dicha acción se completó en Mezcala, donde se instaló otro bloqueo probablemente con el mismo objetivo. Que este bloqueo se mantuviera en el tiempo más que en el caso de Sabana Grande, podría obedecer al hecho de que no existe cobertura telefónica en la zona de Mezcala, y la pérdida de señal podría hacer que los perpetradores no tenían información sobre el control y el ataque al autobús de los Avispones. Los nuevos datos muestran un grupo aún más numeroso de gente implicada en el caso y que se habría movilizado para levantar un cerco en la
carretera donde se preveía el escenario de huida de los normalistas, y específicamente refuerza la hipótesis del 5º autobús señalada en el primer informe del GIEI.
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Durante la última parte del informe del GIEI, se realizaron recomendaciones con respecto a la investigación del caso Ayotzinapa.
    • Disminuir La formalidad y burocracia.
    • Limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones.
    • Mejorar la calidad y el método de toma de declaraciones.
    • Aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva.
    • Rediseño institucional para que los servicios periciales sean independientes de la PGR.
    • Potenciar la capacidad analítica de las pruebas.
    • Realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades.
    • Incorporar en la investigación todos los delitos y violaciones de derechos humanos.
    • Evitar que las violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada.
    • Cualificar y valorar la calidad de la investigación sobre el número de inculpados.
    • Integrar las averiguaciones, evitando la fragmentación de los procesos.
    • Promover un sistema de información periódica de las víctimas.
    • Comunicación pública para evitar filtración de las investigaciones por parte de la PGR.
    • Acceso a todas las fuentes de información y potenciar las líneas de investigación.
    • Investigar eventuales responsabilidades superiores y no sólo de autores materiales.
    • Uso de medios tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos.
    •  
-VER INFORME AYOTZINAPA II: http://www.sopitas.com/607780-sigue-en-vivo-el-informe-del-giei-sobre-ayotzinapa/#sthash.oLTPxcKc.dpuf


El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala
Carlos Fazio/II. La Jornada. Opinión. Lunes 9 de mayo de 2016
 
Profesional, metódico, riguroso y sin utilizar adjetivos; contrastando los testimonios y las contradicciones de los autoinculpados, sometidos a malos tratos y torturas en los que se sustenta la teoría oficial sobre el presunto asesinato e incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, y siempre apegado a los hechos incluidos en los expedientes confeccionados por los investigadores de la Procuraduría General de la República para fragmentar y entorpecer el caso Iguala, el demoledor informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) volvió a exhibir la catadura moral del sistema político mexicano y desmontó una vez más la verdad histórica del ex fiscal de la Nación Jesús Murillo Karam y de su principal operador y comparsa, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Llegados a México como coadyuvantes en la investigación y tácitamente expulsados del país el 30 de abril, al expirar su segundo mandato, los miembros del GIEI, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, aportaron un elemento clave sobre el trágico hecho criminal: una serie de fotografías y un video grabado por los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez, el 28 de octubre de 2014, en el río San Juan, que vinieron a develar una singular diligencia extraoficial –además de anticonstitucional e ilegal– protagonizada por el jefe de la AIC, el hombre del trabajo sucio y los montajes en la PGR.
En las imágenes captadas por Villa y Jiménez, que los peritos del GIEI confrontaron con las de otros dos periodistas gráficos y con toda la documentación de fotografía y video existente en el expediente de la PGR 001/2015, se muestra que Tomás Zerón tuvo bajo su control la escena del río San Juan. Sin facultades constitucionales para practicar esa diligencia, se ve a Zerón resguardado por un cerco de seguridad perimetral de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y sin la presencia del Ministerio Público, bajo cuya conducción y mando debió haber actuado.
Zerón estuvo acompañado por funcionarios del área de Servicios Periciales de la PGR y del presunto auto-inculpado Agustín García Reyes, detenido por la Marina y torturado al vapor la tarde-noche del 27 de octubre de 2014, a partir de una llamada supuestamente anónima que la PGR habría recibido el día anterior, donde se advertía que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados en el basurero y sus cenizas arrojadas luego al río.
Después de haber confesado que habían arrojado al lecho del río ocho bolsas con las cenizas y restos humanos de los estudiantes, García Reyes, quien no contó con asistencia legal, en franca violación del debido proceso, guió a Zerón al lugar del hecho. Un día después (29 de octubre de 2014), en el mismo lugar y exactamente en las mismas coordenadas donde se había registrado el traslado y la ilegal reconstrucción de hechos, un buzo de la Semar encontró una bolsa de donde se extrajo –según la verdad histórica de Murillo Karam– el único resto óseo que a la postre, mediante el análisis de ADN nuclear en los laboratorios de genética de la Universidad de Innsbruck, sirvió para identificar como perteneciente al normalista Alexander Mora. Sin más pruebas, la PGR concluyó que el resto de los desaparecidos corrieron la misma suerte.
En respuesta a los graves señalamientos del GIEI, el 27 de abril, Tomás Zerón declaró ante los medios que su presencia en el lugar fue un acto de investigación policial, que constituye un acto previo de una diligencia ministerial. Si bien la historia oficial señaló que el descubrimiento se hizo el 29 de octubre y que los testigos-inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario, sin que existiera ningún registro de hechos en el expediente de la averiguación previa (ver informe del GIEI, página 285).
La cuestión grave, como consignó Magdalena Gómez en La Jornada, es que en el video exhibido por el GIEI y las imágenes fotográficas publicadas en los medios de difusión el 28 de octubre ya aparecían bolsas con características similares a la hallada hacia las 8:50 de la mañana del día siguiente por un supuesto buzo de la Marina. Una impresión fotográfica captada a las 15:36 del 28 de octubre exhibe a dos individuos (en apariencia un marino y un perito de la PGR) mientras observan dos bolsas depositadas sobre el barro seco a orillas del río San Juan (no en el agua): una negra con restos carbonizados y una blanca cuyo contenido no pudo verse.
El GIEI nunca afirmó que esas bolsas fueran sembradas. Concluyó que la presencia en el lugar del jefe de la AIC el 28 de octubre de 2014 no se encuentra registrada en la investigación; que no encontraron en el expediente ningún documento que muestre las condiciones legales y el registro de custodia para el traslado del detenido (Agustín García Reyes) al río San Juan; que la toma de evidencias del cauce del río por el subdirector de Servicios Periciales tampoco quedó reportada y no se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida. Sí consigna que los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense se negaron a firmar la cadena de custodia el día 29, porque cuando llegaron al lugar los restos ya se hallaban sobre una lona y eran analizados por peritos de la PGR.
Al presentar el informe, un experto del GIEI dijo que les llamó la atención que una organización criminal (Guerreros unidos) que presuntamente había adoptado el sofisticado modus operandi y sin antecedentes de convertir en cenizas a los normalistas, para que no pudieran ser identificados ni siquiera con pruebas de ADN –similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio–, fueran después a arrojar las bolsas al río San Juan… ¡en un área visible desde varias casas del lugar y a plena luz del día!



La CIDH, pendiente de los caminos que se seguirán: Beristain
Abiertas, las medidas cautelares, señala
El GIEI estuvo en la normal de Ayotzinapa
Foto
Los integrantes del GIEI fueron recibidos en Ayotzinapa por padres y compañeros de los 43, después de marchar por calles de TixtlaFoto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 13
Tixtla, Gro.

A tres días de la salida del país de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Beristain lamentó que el gobierno mexicano no haya dado todas las facilidades para llegar más a fondo en el caso de la desa-parición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Manifestó que hay muchas líneas de investigación que aún se tienen que seguir: hay un capítulo (en el informe) relacionado con el 27 batallón de infantería, sobre su actuación, y van a entender por qué queríamos entrevistar a sus miembros y cuáles son las preguntas que tendrían que responder.

Advirtió que no se llegará a la verdad sin la experiencia de las víctimas. Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pensando en cuáles son los mecanismos de seguimiento y cuáles los caminos a seguir. Las medidas cautelares siguen abiertas y los pasos a dar tendrán que determinarse en el futuro.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseguró que la salida del grupo se debió a que el gobierno se percató que las líneas que estaban descubriendo conducen a autoridades de altas esferas, de alto nivel de la política.

Señaló que el gobierno federal llevó a cabo una campaña de denostación contra los expertos a través de algunos medios de comunicación, acompañada de una posición política, como la del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El funcionario federal todo el tiempo dijo que los expertos no aportaron nada a la investigación y que lo fundamental que había fue lo que la PGR trabajó, y eso no es objetivo, porque hay muchas diligencias, como el caso de que no se registró que en el basurero de Cocula había casquillos. Hay por lo menos otras tres o cuatro diligencias que ahorita no podemos dar a conocer, donde hay una serie de datos que desasearon la investigación, añadió.


Las declaraciones las hicieron al final de una marcha en Tixtla, en la que, al grito de ¡No se vayan!, padres de familia y compañeros de los ausentes demandaron la permanencia del GIEI.

Los contingentes recorrieron las calles de Tixtla hasta las instalaciones del plantel, donde los padres de familia les colocaron collares de flores, lo mismo que a representantes de las organizaciones no gubernamentales Agustín Pro Juárez y Tlachinollan.

Melitón Ortega, a nombre de los padres de familia, les dio la bienvenida: Confiamos en ustedes, pero no en el gobierno. No nos abandonen hasta llegar a la verdad y nos entreguen a nuestros hijos.

En nombre de los alumnos, el dirigente Ernesto Guerrero dijo a los expertos: ustedes vinieron a destruir, a desmoronar las mentiras que el gobierno federal nos quería dar por verdad. Desde un principio se había empeñado en entregar cuerpos que no corresponden a los de nuestros 43 compañeros, se enfocaban en el ataque a tres autobuses cuando nosotros les dijimos que eran cinco; decían que los (policías) federales no tenían conocimiento de los hechos, pero (los agentes) nos vigilaron desde la salida de Chilpancingo hasta la caseta de Iguala.

Al término del acto entregaron a cada uno de los padres de familia un ejemplar de la investigación del caso Ayotzinapa.
Investigación de la PGR nos deja sin la posibilidad de conocer la verdad
 Resultados con fallas y lagunas, señalan comisión de diputados
Enrique Méndez y Roberto Garduño
 Periódico La Jornada

Jueves 28 de abril de 2016, p. 12
La comisión especial que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa exigió al gobierno federal dar seguimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sus conclusiones no pueden ser desoídas por las autoridades de México, porque ya se encuentran en el ámbito de la opinión pública internacional, argumentó la presidenta del grupo de trabajo, Guadalupe Murguía, del PAN.

Por su parte, Aracely Damián (Morena) consideró que el tercer peritaje, dado a conocer por la PGR, manifiesta múltiples contradicciones. Con él la verdad histórica oficial no se ratifica, porque no se llevó a cabo por consenso, y su resultado no sería aceptado por ningún tribunal de derechos humanos, porque carece de sustento científico y no responde a dudas planteadas con anterioridad.

La legisladora Damián recordó que en detrimento de la investigación sólo existe una averiguación previa y con ella la PGR entregará a los mexicanos un resultado con fallas y lagunas, sin la posibilidad de conocer la verdad y sin que se amplíe el espectro de quienes por omisión o acción cometieron el delito.


Para la presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía, la crítica de la opinión pública nacional e internacional, suscitada tras la entrega del informe final del GIEI, pone en evidencia las anomalías del sistema de procuración de justicia en México. Nos pone ante la opinión pública internacional en una situación de alto cuestionamiento. Esto no es un asunto menor y creo que corresponderá a la PGR y al gobierno de México dar respuesta.

La representante panista anunció que la comisión dará seguimiento al informe del GIEI, y si bien en su entorno resulta complicado alcanzar unanimidad, ésta se buscará donde haya coincidencias.

Expuso que ante el retiro del GIEI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tendrá que asumir el trabajo de los expertos internacionales, generar confianza y credibilidad ante los padres de los jóvenes desaparecidos y frente a la opinión pública nacional e internacional.
Normalistas pasaron 40 minutos detenidos en la comandancia de la policía en Iguala
 Expertos pidieron entrevistar a las personas que estaban encerradas esa noche

Testimonios recogidos en el informe del GIEI señalan el papel de los agentes municipales
Emir Olivares y José Antonio Román

 Periódico La Jornada

Jueves 28 de abril de 2016, p. 12
Al menos 13 estudiantes del grupo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa habrían sido llevados en un primer momento, tras su detención, a la comandancia de la policía preventiva municipal de Iguala. Los jóvenes habrían estado en el patio de las instalaciones poco más de media hora, entre las 23 y 23:40, del 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con versiones de policías y testigos, recogidas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los estudiantes normalistas fueron sacados de la comandancia por elementos policiacos a bordo de dos patrullas, custodiadas por otras tres unidades.

Vi que llegaron elementos de la policía preventiva a bordo de dos patrullas y subieron en ellas a los muchachos que estaban hincados cuando platicaban con el licenciado Ulises (Bernabé García), juez de barandilla. Ignoro hacia donde se los hayan llevado; todo esto lo vi de reojo, que de ahí ya no me consta nada, declara Hugo Hernández Arias, uno de los policías actualmente procesados.

Además, hay registros de telefonía móvil de agentes municipales de Iguala que los ubican en la zona cercana a la comandancia entre las 23:10 y 23:57 horas de ese día, es decir, que se encontraban en este lugar, o sus inmediaciones, en el mismo lapso en que los estudiantes permanecían en la comandancia.

Entre las patrullas cuyos ocupantes podrían haber estado en este sitio se encuentran la número 20, que conducía Fausto Bruno Heredia, uno de los jefes de la policía municipal de Iguala, y la 18, asignada a Alejandro Tenescalco, otro jefe, actualmente prófugo.


Estas versiones coinciden con las declaraciones hechas por los estudiantes sobrevivientes del ataque en la calles de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, quienes narran haber visto la detención de los normalistas que iban en el autobús Estrella de Oro número 1568 y fueron llevados en patrullas de la policía municipal. Esta detención fue reconocida por el jefe de la policía municipal Felipe Flores Velásquez, también prófugo.

Incluso, el GIEI recogió declaraciones de otros testigos, como el de D –identificado así en el informe–, quien declara que eran entre 16 y 17 estudiantes los que habían sido llevados a barandilla; que había uno más herido de gravedad, en el hospital, y otros dos lesionados de bala. Uno amigo que había tenido problemas con un choque en su moto me dijo que sí estaban ahí los chavos, completa su testimonio.

El GIEI señala que desde junio del año pasado ha solicitado a la PGR entrevistar a las seis personas que estaba privadas de la libertad la noche del 26 de esptiembre de 2014, pues desde las celdas se puede ver el patio de la comandancia y, por tanto, son testigos de esos hechos. Estas declaraciones no se han realizado.
Señala Tomás Zerón errores en el 
video de Cocula; la diligencia, transparente, dice

Responde la PGR a la acusación de que 
se sembró evidencia en el río San Juan

El funcionario no hizo referencia a 
señalamientos del GIEI de tortura a detenidos
Foto
Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGRFoto Yazmín Ortega Cortés
Gustavo Castillo García

 Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 11
Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), rechazó haber sembrado evidencias en el río Cocula y que las bolsas con fragmentos óseos hayan sido localizadas el día 28 de octubre de 2014, como señaló el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al rendir su segundo y último informe del llamado caso Iguala.

Durante un mensaje a los medios de comunicación que duró una hora –sin que aceptara preguntas–, Zerón no hizo ninguna referencia a los señalamientos del GIEI de que al menos 25 detenidos, implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron objeto de actos de tortura.

Antes de que hablara Zerón de Lucio, el subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, dijo que se solicitó al GIEI el video mostrado durante su segundo informe (en el cual se sostienen los señalamientos de la siembra de evidencia en el río Cocula), pero que el grupo de expertos no ha entregado el material, y dijo que la PGR analizará dicho material para determinar lo conducente.

Zerón de Lucio comenzó justificando que hasta la tarde de ayer –tres días después de que los integrantes del GIEI lo acusaron de sembrar evidencias– se diera una declaración a ese respecto. Dijo que se encontraba en una comisión internacional en Lyon, Francia, porque acudió a la sede de Interpol.

El titular de la AIC señaló que las grabaciones de video mostradas por el GIEI son erróneas, ya que en sus imágenes se menciona que las bolsas con restos fueron encontradas en diciembre de 2014 y no en octubre de ese año como está asentado en el expediente.

Rechazó haber cometido alguna irregularidad y mencionó que la primera diligencia se realizó el 28 de octubre de 2014 y en ella estuvo presente el detenido Agustín García Reyes, y que como responsable de la AIC está obligado a indagar un hecho criminal.

Según Zerón, lo que muestra el video es una de las múltiples visitas que realizó a diversas zonas de Guerrero, entre ellas Iguala, Cocula y Apetlanca.
“Una de las áreas de la AIC es la Policía Federal Ministerial, por lo cual tengo facultades para realizar actos de investigación en auxilio del Ministerio Público. En este contexto, todo el actuar de la policía y un servidor se sustentó legalmente en un mandamiento ministerial de investigación exhaustiva, mediante acuerdo del 25 de octubre de 2014.

“(…) durante sus manifestaciones, García Reyes refirió conocer el sitio donde prendieron fuego a un gran número de personas, así como el lugar en el que arrojaron ocho bolsas que contenían las cenizas de los cuerpos quemados.
Por lo anterior, se procedió a identificar en campo los lugares señalados por García Reyes en su declaración. Este traslado fue parte de un acto de investigación policial, mismo que constituye un acto previo de una diligencia ministerial, la cual se desarrolló al día siguiente.
Para probar sus afirmaciones mostró los planes de vuelo, grabaciones del recorrido con García Reyes, e imágenes de cuando se coordina con personal de la Armada de México para resguardar el sitio donde se habían detectado cuatro bolsas de plástico.
Al dar respuesta a los señalamientos del GIEI, Zerón de Lucio estuvo acompañado por cuatro funcionarios y un perito: Sara Mónica Medina Alegría, directora de la coordinación de servicios periciales; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de derechos humanos; Vidal Díaz Ochoa, titular del área de inteligencia de la AIC, y Carlos Hugo Castellanos Becerra, director de asuntos jurídicos en la AIC.
Luego, Zerón de Lucio explicó una imagen mostrada por el GIEI en la que se observa que en una de las etiquetas, colocada en una de las bolsas, se puso la fecha de 28 de octubre de 2014: una perito se equivocó, ya que marcó mal la fecha y en lugar de 29 de octubre le puso 28; por ello, dijo, se investigará si tiene alguna responsabilidad, pero señaló que en el expediente las diligencias ministeriales tienen la fecha correcta del hallazgo.
Asimismo, con relación a la fotografía mostrada por el GIEI en la que se aprecia un hueso –que en su versión resultó ser un hueso de ave–, dijo que fue tomada el día 29 de octubre y que ello se demuestra con los metadatos de la imagen.
Sostuvo que su presencia esa fecha y en ese lugar fue legal, a la luz del día, y atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como por decenas de periodistas que grabaron ese y seguramente otros videos en las mismas circunstancias de tiempo y lugar.

 Informe del GIEI, acusación 
a la justicia de México: NYT
De la Redacción. Periódico La Jornada. Miércoles 27 de abril de 2016, p. 12
En un editorial encabezado México huye de la verdad, el New York Times considera que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se tiene que interpretar como una acusación al sistema judicial notoriamente corrupto y frecuentemente brutal de México.
Resumiendo las tareas del GIEI y sus experiencias en sus investigaciones, el editorial recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Guerrero en diciembre de 2014, donde pocos meses atrás habían desaparecido los 43 normalistas, para pedir que México superara esta fase y siguiera adelante. Peña Nieto, comenta, tendría que haberse engañado al pensar que podría dar la vuelta a una atrocidad contra los derechos humanos que enfureció a la nación, cuando el gobierno no tenía respuestas sobre quién cometió el crimen ni por qué.
Añade que semanas antes de esto, y respondiendo a protestas masivas y condenas internacionales, Peña Nieto había acordado permitir el ingreso del GIEI, pero, después de que éste presentó su primer informe, en lugar de reconocer el significado de esas conclusiones, el gobierno mexicano obstruyó las solicitudes de información y de acceso a testigos claves. Más aún, cuando aparecieron notas periodísticas descalificando a dos de las integrantes del GIEI, se interpretó que eran parte de una campaña realizada con la bendición del gobierno.

El editorial resume las conclusiones del informe final y cuenta que éste fue presentado el domingo en México, donde “familiares de las víctimas corearon ‘no se vayan, no se vayan’. Ningún funcionario mexicano se molestó en presentarse. Eso dejó más que volúmenes enteros sobre la falta de voluntad política del gobierno para reformar las instituciones judiciales y sobre la insensibilidad hacia sus ciudadanos”.
Hubo otro camión militar en Iguala que la PGR no indagó: expertos de la CIDH
La unidad circuló en la colonia donde se refugiaron los normalistas del quinto autobús
Según documentó el grupo, el 27 batallón negó ayuda a personas atacadas con Los Avispones
Emir Olivares Alonso y José Antonio Román. Periódico La Jornada.Miércoles 27 de abril de 2016, p. 12
En sus investigaciones en torno a los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró que un camión militar circuló alrededor de las 2 de la madrugada por la colonia 24 de Febrero, donde se refugió el grupo de normalistas que fue obligado a dejar el llamado quinto autobús.
Lo que llamó la atención de los expertos, enviados a México hace poco más de un año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atender el caso, es que la presencia de esa unidad militar no aparece en el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).
En su segundo y último reporte sobre este tema, titulado Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones, el GIEI llama a las autoridades federales a indagar esos hechos, pues según la información del expediente fueron sólo cuatro los vehículos militares (tres Cheyenne y un Sandcat blindado) del 27 batallón, ubicado en Iguala, que tuvieron actividad en diversos lugares donde se suscitaron los ataques contra los normalistas y otros civiles, y ninguno de ellos es un camión.
Otro elemento que encontraron los expertos donde hay participación de soldados es que varias personas que fueron atacadas en el crucero Santa Teresa (jugadores del equipo Los Avispones y sus familiares), algunos de ellas heridas, acudieron hasta la puerta del 27 batallón a solicitar ayuda, pero los militares no la brindaron, con el argumento de que "no estaba en su jurisdicción".
“Se da la circunstancia de que en dicha colonia había huido el grupo de normalistas que viajaba en el quinto autobús Estrella Roja –el único que pudo salir del cerco operado por diferentes corporaciones de seguridad y que podría estar relacionado con el trasiego de drogas de Iguala a Chicago)–, tras huir inicialmente a la colonia Pajaritos, cerca de la zona del palacio de justicia. Bajaron posteriormente de un cerro, caminaron por la carretera en dirección a Iguala y tomaron el Periférico. En ese momento fueron perseguidos por patrullas de policía y atacados con piedras y disparos de armas de fuego, mientras huían por unas escaleras hacia la parte alta de dicha colonia.”


Los primeros en la escena de Julio César Mondragón

En esta colonia también se habrían refugiado las personas que no recibieron apoyo en el 27 batallón militar, quienes incluso –documentó el GIEI– fueron interceptadas por patrullas de la policía que las obligaron a bajar de su vehículo y les advirtieron que podían ser confundidas, por lo que les pidieron retirarse.
“La presencia de dicho vehículo militar en la colonia 24 de Febrero no está registrada en ninguna declaración ni reporte (oficial) hasta ahora. Tampoco el vehículo militar identificado por un testigo como ‘un camión grande’, con unos ocho o 10 efectivos. Ese es un hecho que necesita ser esclarecido”, subrayó el GIEI.
Los expertos insistieron en entrevistar directamente al menos a 27 militares que habrían tenido contacto con lugares claves donde se dieron diferentes hechos. Un ejemplo es que en la zona industrial de Iguala apareció el cuerpo de Julio César Mondragón, el normalista que fue torturado, ejecutado y cuyo rostro fue desollado.
Los militares fueron los primeros que llegaron a la escena del crimen. Sin embargo, sus declaraciones ofrecen muy pocos detalles del hecho, lo que sin duda podría contribuir a tener más elementos para el análisis del caso. Los expertos de la CIDH subrayaron que los reportes del Ejército y los dichos de los efectivos no coinciden en la hora en que habrían salido del cuartel y llegado hasta el lugar.

Diálogo directo, exigen padres a Peña tras salida de expertos 
Encabezan marcha al cumplirse 19 meses del ataque en Iguala
Piden aceptar pronto el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones
José Antonio Román. Periódico La Jornada. Miércoles 27 de abril de 2016, p. 13
Con la salida obligada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto diálogo directo y que acepte lo más pronto posible el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del informe de la instancia internacional.
Esta exigencia se presentó de diferentes formas y tonos durante la movilización que encabezaron la tarde-noche de este martes, del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, al cumplirse 19 meses de los hechos de Iguala.
En diferentes paradas a lo largo de la marcha, primero frente a la Procuraduría General de la República (PGR), luego en el Antimonumento a los 43 –sobre Paseo de la Reforma– y finalmente en el mitin en el Hemiciclo, los padres señalaron que el informe del GIEI confirmó lo que ellos sabían desde el principio: “que la llamada ‘verdad histórica’ nunca existió”.
Señalaron que es responsabilidad del gobierno federal, por su intención deliberada de obstruir la investigación y de encubrir a los responsables, que no se ha podido llegar a la verdad de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Frente a la PGR, acusaron al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, de haber obstaculizado las averiguaciones, alterado escenarios, sembrado pruebas y encubierto a los responsables. Pidieron castigo para el funcionario.
En el trayecto, decenas, cientos de manifestantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y espontáneos que acompañaron a los padres de los normalistas no dejaron de gritar consignas y exigir justicia. ¡Fue el Estado! Ya lo sabíamos, pero el GIEI lo vino a demostrar, se escuchó varias veces desde el sonido que acompañó la marcha durante toda la ruta.
En el Antimonumento a los 43, que cumplió un año de instalado, exigieron al Presidente dar la cara y reunirse de manera directa con los padres para que acepte ya el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
Ahi, Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, agradeció el acompañamiento que durante todo este tiempo les ha dado la sociedad civil. Pasaron lista a los 43 estudiantes desaparecidos.

En este último tramo de la movilización, hacia el Hemiciclo a Juárez, los manifestantes lo hicieron con decenas de antorchas encendidas en alto, siempre custodiados por decenas de policías preventivos y de vialidad sobre las aceras.
Durante el mitin, varios padres de familia y el abogado Vidulfo Rosales señalaron que tras el informe de los expertos de la CIDH quedó muy claro que el gobierno mexicano siempre se condujo dentro de la mentira y el engaño.
Rosales destacó que esta lucha ya no es sólo por los 43, sino por los más de 27 mil desaparecidos que tiene el país, por sus familiares, que sufren el dolor del ser ausente debido a la omisión y corrupción de las autoridades.
La movilización de los padres concluyó sin incidentes cerca de las 21 horas, con la entonación del himno Venceremos y la exigencia de la aparición con vida de los jóvenes normalistas.

Solidaridad en los estados

Unas 3 mil personas marcharon este martes en Chilpancingo, Guerrero, en apoyo a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y de los padres de los 43 alumnos de ese plantel desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. En Morelos y Chiapas hubo movilizaciones similares.
Los manifestantes en Chilpancingo exigieron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que los reciba en audiencia, y al presidente Enrique Peña Nieto que prorrogue la estancia de los expertos de la CIDH hasta que se presente con vida a los normalistas. La marcha partió del punto conocido como El Caballito, y en el paraje Parador del Marqués bloquearon ambos carriles de la Autopista del Sol México-Acapulco. La movilización concluyó al filo de las 16 horas.
En Cuernavaca, Morelos, organismos civiles, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y maestros se manifestaron de las 10 de la mañana al mediodía. Durante el mitin pasaron lista a los 43 estudiantes de Ayotzinapa; aseguraron que en Morelos se ha aprehendido a presuntos responsables de los hechos de Iguala porque la entidad es residencia de delincuentes.
A su vez, profesores de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en Chiapas.
(Sergio Ocampo, Rubicela Morelos y Elio Henríquez, corresponsales)

La noche de Iguala y el Estado mexicano
Luis Hernández Navarro. La Jornada. Opinión, martes 26 de abril de 2016
Cuidadoso en las formas, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es demoledor en su contenido. No sólo cuestiona el pésimo trabajo judicial de los funcionarios encargados de investigar lo que sucedió la noche de Iguala. Pone en entredicho la credibilidad misma del Estado mexicano.
El informe de los expertos desmonta y evidencia fehacientemente las mentiras con que el gobierno mexicano elaboró su verdad histórica. Prescindiendo de adjetivos, desnuda y cuestiona el relato oficial de principio a fin. Documenta cómo los responsables de investigar la verdad y hacer justicia sembraron pruebas, obtuvieron confesiones mediante torturas y malos tratos, realizaron filtraciones interesadas, criminalizaron a las víctimas y ocultaron evidencia.
Más que para esclarecer los hechos y llegar a la verdad de lo sucedido la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República ha trabajado para ocultarla. Lo ha hecho no sólo por la complejidad del caso y por sus propias insuficiencias profesionales, sino por la deliberada decisión de hacerlo. La investigación se realizó mal no sólo por fallas técnicas, sino por la decisión deliberada de llevarla a cabo mal.
En lugar de encontrar y castigar a los verdaderos culpables, las autoridades mexicanas han optado por fabricarlos. Al torturar a algunos responsables para que declaren lo que ellas quieren que digan, les han abierto la puerta para que sean liberados. Decididas a presentar los hechos como resultado de la acción exclusiva del crimen organizado y un grupo de policías corruptos, han terminado protegiendo a políticos y mandos de mayor jerarquía. En vez de encontrar a los responsables intelectuales, los han encubierto.
El informe demuestra cómo la noche de Iguala no fue sólo una orgía de sangre parida por la irracionalidad de un grupo de narcotraficantes lunáticos y desalmados, sino resultado de la trama institucional de un Estado mafioso que vio en la acción de los normalistas un peligro para sus negocios. No fue solamente ineficiencia e ineptitud de las instituciones, sino colusión de éstas con el crimen organizado. No fue producto únicamente de la abdicación estatal de sus más elementales responsabilidades para garantizar la seguridad ciudadana, sino obra de la degradación estatal generada por la ruta de la heroína.
Las policías ministerial y estatal de Guerrero, municipal de Iguala, Federal y el Ejército tuvieron control, así como monitoreo permanente y directo –por medio del C4– de los estudiantes de Ayotzinapa, desde el momento mismo de su salida de la escuela. Ya en Iguala –según el GIEI– hubo coordinación perfecta entre autoridades para generar un círculo de control que evitara la salida de los camiones tomados por los estudiantes.
En su informe final, los expertos insisten en que las víctimas son víctimas por más que, desde el Estado, se haya pretendido estigmatizarlas. En contra de lo que la PGR afirmó, los estudiantes de Ayotzinapa no fueron a Iguala a boicotear ningún acto de la alcaldía. No eran parte de la delincuencia organizada ni estaban infiltrados por ella.
Entre muchas preguntas que aún quedan sin resolver sobre la noche de Iguala, la lectura del informe de los expertos deja una certeza: los estudiantes desaparecieron a manos de fuerzas del Estado.
Precavidos, los expertos evitaron señalar en su informe a funcionarios concretos involucrados en anomalías en el proceso. La excepción fue Tomás Zerón Lucio, responsable de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Zerón, según el GIEI, encabezó una diligencia de recolección de restos óseos que no se integró al expediente; un hecho de suma gravedad. También declaró, días después del primer informe de los expertos en septiembre del año pasado, que 17 jóvenes (y no los 43 que se decían originalmente) habían sido incinerados en el basurero de Cocula. El señalamiento del investigador criminal, a todas luces una medida para reposicionar la verdad histórica, no tenía sustento alguno en el expediente.
Desde que en septiembre del año pasado el GIEI presentó las primeras conclusiones de su investigación, la decisión gubernamental de que el trabajo de los expertos sufriera dilaciones, obstrucciones y bloqueos no ha cesado. Este domingo, tres sillas vacías en el Claustro de Sor Juana, durante la presentación del informe de los expertos, fueron el testimonio de ese encono. En ellas debieron sentarse los subsecretarios Roberto Campa, Miguel Ruiz y el subprocurador Eber Betanzos, representantes de la administración de Enrique Peña Nieto. No llegaron a la cita.
Apenas la tarde del día anterior, los funcionarios gubernamentales habían desairado una reunión clave con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluido su presidente, James Cavallaro, para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
Dentro y fuera de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pagado carísimo negarse a esclarecer lo sucedido la noche de Iguala. Su reputación internacional está por los suelos. Donde quiera que el mandatario mexicano se para fuera del territorio nacional, se le cuestiona por la grave violación a los derechos humanos que existe en el país y por lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Por qué el Ejecutivo ha estado dispuesto a pagar un precio tan alto? ¿Acaso es preferible hacerlo así porque de lo contrario el costo que tendría para el Estado mexicano conocer la verdad sería mucho mayor?
Twitter: @lhan55
GIEI: el régimen desnudo
Pedro Miguel. La Jornada. Opinión, martes 26 de abril de 2016
Los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes fueron cuidadosos y prudentes en su lenguaje. En la presentación de su segundo informe sobre la investigación de los crímenes perpetrados el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala –y los que siguen siendo cometidos día a día y hora tras hora desde entonces– omitieron expresiones como siembra, ocultación y destrucción de pruebas, fabricación de culpables, encubrimiento o colusión de funcionarios públicos.

Los expertos dejaron que los hechos hablaran por sí mismos en los dos tramos del episodio delictivo: el primero, que fue la agresión misma, la coordinación entre las fuerzas policiales y militares para perpetrar y/o facilitar los asesinatos y las desapariciones forzadas, la evidencia de que al menos uno de los estudiantes de Ayotzinapa sobrevivió varios días al ataque del 26, la participación de la Policía Federal en la desaparición del autobús Estrella Roja (el quinto autobús), el maltrato de los agentes gubernamentales a los sobrevivientes, el desdén ante los heridos y el conocimiento de los hechos casi en tiempo real por parte de las más altas instancias del gobierno; el segundo, la investigación de la PGR, empieza con las torturas a los inculpados para arrancarles confesiones a modo y sigue con una manifiesta siembra de pruebas en los alrededores del río San Juan el 28 de octubre, un día antes de que las diligencias oficiales comenzaran en ese sitio, donde los peritos de la procuraduría manipularon evidencias y pasearon a uno de los detenidos; posteriormente obstaculizaron el trabajo de los Especialistas Argentinos en Antropología Forense, impidiéndoles el acceso al río, con el presumible propósito de sembrar en una de las bolsas allí descubiertas un fragmento óseo de Alexander Mora Venancio –único de los 43 desaparecidos de quien se ha identificado un resto– procedente sabe Dios de dónde. Es decir, hay elementos adicionales para afirmar que la hoguera de Cocula no fue encendida por los Guerreros unidos, sino por los propios empleados de la PGR.

Durante 11 días el régimen de Enrique Peña Nieto se desentendió del caso y lo relegó al ámbito local a pesar de que para entonces ya había adquirido un impacto mundial. Pero en ese lapso, y hasta el 9 de febrero de 2015 –es decir, tres meses después de que Murillo Karam incinerara a los estudiantes normalistas en la hoguera de su imaginación–, el informe del GIEI reporta que los chips de los celulares de los muchachos siguieron dando esporádicas señales de vida. Fue el caso del teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, quien envió un mensaje de texto a su madre pasada la una de la mañana del 27 de septiembre, hora a la que, según la PGR, ya estaba muerto. Su número volvió a activarse en repetidas ocasiones en diversos puntos de Iguala; uno de sus parientes recibió una llamada en la fecha referida y la familia pidió de inmediato que se localizara el aparato, pero no recibió respuesta de las autoridades. En la versión de la PGR, todos los celulares de los normalistas habían sido incinerados en Cocula junto con sus propietarios.


Luego vendrían la suplantación del quinto autobús y de su chofer, la detrucción o el ocultamiento de videos cruciales, la pérdida de prendas de los desaparecidos, la fabricación de un tramposo e insustancial tercer peritaje de fuego, justificatorio de la mentira histórica, y muchas otras maniobras para desviar o impedir el trabajo de los expertos extranjeros.

Lo que puede concluirse de los datos duros aportados por el GIEI la mañana del domingo pasado es que la agresión del 26 de septiembre fue un operativo conjunto y coordinado de fuerzas militares, policiales y delictivas en contra de civiles inermes, que los altos niveles del gobierno federal estuvieron al tanto y que desde entonces la PGR ha buscado delimitar la responsabilidad de lo sucedido únicamente a las instancias municipales de Iguala –incluyendo posteriormente a las de Cocula y Huitzuco– para encubrir complicidades estructurales de los tres niveles de gobierno con la delincuencia organizada y el narcotráfico.

No hay incapacidad, sino deliberado afán de impunidad; no puede concluirse otra cosa de la orden de dar por terminada la misión del GIEI en el país –después de una orquestada campaña de linchamiento mediático en su contra–, a pesar del enorme costo político que esa medida le acarrea al régimen: ahora es claro que el peñato ya no está dispuesto a seguir simulando interés por el esclarecimiento del crimen perpetrado en Iguala.

Pero es demasiado tarde: el trabajo de los expertos internacionales, metódico, riguroso y comprometido, ha desnudado de manera irremediable al gobierno. A la sociedad mexicana le toca hacer lo que falta.
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Sería acompañado por un
 integrante del grupo de expertos
Recibe la CIDH propuesta para que su presidente dé seguimiento al caso Iguala
José Antonio Román. Periódico La Jornada. Martes 26 de abril de 2016, p. 5
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la propuesta de que sea su presidente, el estadunidense James Cavallaro, quien directamente se encargue del mecanismo de seguimiento para que sean cumplidas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Iguala.
Esta propuesta contempla que uno de los cinco integrantes actuales del grupo de expertos se integre a dicho mecanismo de supervisión como parte de la secretaría ejecutiva de la CIDH.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, informó que en la solicitud de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y las organizaciones e instituciones que los asesoran y acompañan, fue formalizada hace apenas unos días a la Comisión Interamericana, la cual está en periodo de análisis para decidir conforme a sus facultades.
Destacó que durante su intervención en el último informe del GIEI, el pasado domingo, James Cavallaro citó que, desde su perspectiva, este mecanismo de seguimiento debería incluir ‘‘visitas periódicas’’ y ‘‘reuniones de alto nivel’’ con el Estado mexicano, con acceso a información de manera directa y no sólo a través de cartas y oficios.

‘‘Lo que estamos pidiendo es un mecanismo de mayor nivel en términos del sistema interamericano, que venga periódicamente a nuestro país, con las tareas de supervisar las medidas cautelares, las cuales dicen que deben investigarse los hechos, que se tiene que buscar y encontrar a los estudiantes, y que hay que atender a las víctimas’’, señaló Mario Patrón.
Estos serían los tres objetos del mecanismo de supervisión, más el cumplimiento de las recomendaciones contenidas e integradas en los dos informes presentados por el GIEI, en septiembre pasado, y este último, dado a conocer el domingo.
Patrón explicó que la propuesta de los padres y madres de familia y las organizaciones para que sea el mismo presidente de la CIDH quien encabece el mecanismo de seguimiento, se debe a que James Cavallaro es también el relator país para México.
Por su parte, Santiago Aguirre, también del Centro Prodh, destacó la ausencia de los representantes gubernamentales durante la presentación del informe final del GIEI, y dijo que valdría la pena preguntarse en qué otro país de la región no acude la representación del gobierno a los actos encabezados por el presidente de la CIDH.
El gobierno perdió la credibilidad para 
investigar, señalan padres de normalistas
 Aseguran que Peña Nieto no cumplió
 su palabra de permitir los trabajos del GIEI
Demandan el cese de Tomás Zerón, por 
obstruir las pesquisas sobre sus familiares
Foto
Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa ofrecieron una conferencia para denunciar al gobierno federal por las promesas que les hizo y que al final resultaron ser mentirasFoto Jesús Villaseca
José Antonio Román, Periódico La Jornada. Martes 26 de abril de 2016, p. 7
Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por no haber cumplido su palabra de garantizar todas las condiciones para su trabajo en el país. El Presidente mintió, dijeron.

Además, pidieron el cese e iniciar un proceso contra el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, por obstrucción de la justicia y siembra de pruebas en el río San Juan, donde presumiblemente fueron encontrados los restos del estudiante Alexander Mora Venancio, como se desprende del video presentado la víspera por el GIEI, durante su último informe.

En conferencia de prensa, los padres de los jóvenes desaparecidos, asesinados o heridos de Ayotzinapa recordaron que fue el mismo presidente Peña Nieto quien desde su reunión con ellos, en octubre de 2014, también se comprometió a que en la investigación se llegaría hasta las últimas consecuencias, e incluso dijo que sería caiga quien caiga, tope con quien tope.

Hoy confirmamos, con el trabajo del GIEI, que esa palabra no fue cumplida, dijeron en tono enérgico Nicolás Andrés Juan y Emiliano Navarrete, dos de los padres de familia cuyos hijos están desaparecidos.

En una decena de intervenciones, los padres de familia recriminaron al presidente Peña Nieto su actuación con el GIEI, pues enfrentó una serie de obstáculos para realizar su labor, como la persistente negativa a permitir la entrevista directa a los militares del 27 batallón de Iguala, quienes fueron testigos excepcionales de los hechos, así como la fragmentación de la investigación y el impedimento para entrevistar también presuntos responsables detenidos, particularmente desde enero pasado.

Las familias insistieron en que se deben cumplir las recomendaciones hechas por el GIEI en sus informes, así como agotar todas las líneas de investigación sugeridas por el grupo.

Para ello se deben contar con las declaraciones de todos los policías municipales involucrados; el esclarecimiento de las responsabilidades de las policías estatal y ministerial; la Policía Federal y el mismo Ejército, ya sea por las omisiones o por la propia participación directa en la desaparición forzada y ataques a los estudiantes y civiles, sostuvieron.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro de Derechos Humanos, dijo que se tiene que investigar al Ejército no sólo por su presencia esos días en los hechos de Iguala, sino también por su presunto involucramiento en el entorno de macrocriminalidad. El informe del GIEI da cuenta de datos, de referencias, que señalan al 27 batallón como fuente posible de tráfico ilegal de armas que beneficiaba a organizaciones delictivas presentes en Iguala.

En Chilpancingo, estudiantes y padres de familia de Ayotzinapa protestaron en la mañana frente a las instalaciones del Congreso estatal, exigieron al presidente Peña Nieto la permanencia en el país de los miembros del GIEI.

Melitón Ortega, vocero del grupo, dijo que su propuesta es que al menos se queden dos o tres miembros del GIEI. Nosotros no vamos a permitir que el caso quede en manos del gobierno, porque no tiene credibilidad, después de tantas mentiras que han dicho, insistió.

(Con información de Sergio Ocampo, corresponsal).

Con mayor tiempo habríamos logrado más, señala Beristain
 ‘‘De seguir los obstáculos, el caso Iguala estará abierto años’’

La investigación de PGR no se apegó 
a los más altos estándares internacionales



Emir Olivares Alonso. Periódico La Jornada. Martes 26 de abril de 2016, p. 6
Durante poco más de un año los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajaron de forma minuciosa en el caso Ayotzinapa. Con la claridad que les da contar con un conocimiento ‘‘global’’ del tema aseguran que las investigaciones de las autoridades mexicanas sobre esos hechos no se han apegado a los más altos estándares internacionales. Por el contrario, se construyó una historia contradictoria. Cuidadosos ante todo, no se arriesgan a decir si esto fue intencional.

En entrevista con La Jornada, Carlos Beristain, uno de los cinco expertos de ese grupo formado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la firma de un acuerdo con el Estado mexicano y las familias de las víctimas, enfatiza que las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) han dejado de lado evidencias que están en el propio expediente.

‘‘No han contrastado información ni datos, se han centrado sobre todo en declaraciones y confesiones –obtenidas muchas veces bajo tortura–, hay indicios de la siembra de pruebas, que debe ser indagada a fondo, entre otras irregularidades y obstáculos.’’

Deficiencias en el ámbito federal

Las deficiencias en la investigación –sostiene– son responsabilidad de las autoridades del ámbito federal, aunque manifiesta su confianza en que la administración de Enrique Peña Nieto pueda dar un viraje y apegar las diligencias del caso a los estándares internacionales. ‘‘Llegar a una resolución efectiva es lo más saludable para México, se toque a quien se toque’’.

El pasado domingo, el GIEI presentó su segundo y último informe sobre Ayotzinapa, pues el 30 de abril concluirá su mandato en el país luego de que el gobierno federal se negó a prorrogar su estancia.

–¿Se van satisfechos?

–Sí, por el trabajo realizado. Hemos hecho una contribución efectiva al país y al caso Ayotzinapa; hemos ayudado a que se avance en la investigación, a que los familiares tengan mayor espacio de diálogo con el Estado.

‘‘Pusimos sobre la mesa los problemas de la invetsigación, de la atención a las víctimas y de las búsquedas (de desaparecidos) no sólo de éste, sino de muchos otros casos en el país. Presentamos una serie de recomendaciones que es necesario atender de manera profunda para que haya un cambio en esa relación entre violencia e impunidad.

‘‘Nos vamos con la preocupación de qué pasará en el futuro, de cuáles son los mecanismos de seguimiento que se acordarán, cómo se acompañará y apoyará a los familiares: que no se les estigmatice, así como los problemas de seguridad que puedan tener.’’

–En el informe detallan una serie de obstáculos e inconsistencias en la investigación de la PGR. ¿Hay confianza en que esa dependencia corrija?

–Lo único que podemos hacer es visualizar los problemas, explicar cuáles son, documentar qué impacto han tenido y hacerlos públicos.

–¿Qué les pareció que Peña Nieto haya asegurado que el informe se analizará?

–Nos parece bien que haya una respuesta positiva del Presidente. Pero se necesita una determinación clave desde las más altas instancias del Estado para la resolución del caso; debe haber muestras que ayuden a superar los obstáculos que hemos señalado; esa sería una señal efectiva de transformación.

–¿Qué representa para el GIEI el caso Ayotzinapa?

–Una visión de un hecho traumático masivo a partir de unas atrocidades cometidas, como la desaparición de 43 estudiantes, los seis asesinados y los heridos. Llama la atención que a diferencia de otras desapariciones forzadas, que se mantienen en la clandestinidad, aquí hay un operativo de gran magnitud que deja muchos testigos y con varias autoridades que tuvieron conocimieto de lo que sucedía en el momento en que pasaba y no reaccionaron frente a la acción.


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Carlos Beristain, del GIEI, durante le entrevistaFoto María Luisa Severiano

‘‘Y en términos de la investigación hay muchas cosas a las que nos enfrentamos. Muchos funcionarios empujando para llegar a una resolución, pero al mismo tiempo muchos otros obstaculizando y fragmentando la indagatoria, más pendientes de que se cumpla con ciertas respuestas para nosotros en lugar de impulsar líneas que lleven a la solución.

‘‘Se necesitan cambios de personas (dentro de las instancias gubernamentales), se requiere de comportamientos más proactivos y abiertos. Vemos que no hay capacidad crítica frente a las órdenes que se reciben; necesitamos funcionarios con esa capacidad para poder evaluar, decidir y tener criterio técnico para poder incluso decir que no.’’

–¿El Ejército tiene algún grado de responsabilidad?

Lo quisimos investigar, pero no se nos dejó. No sólo fue el rechazo a las entrevistas con los militares, tampoco pudimos acceder a documentación de informes de inteligencia previos sobre la situación, a bitácoras del funcionamiento del batallón esa noche, a planes de acción ni a cadenas de responsabilidad. Hubo presencia de soldados en lugares clave y no se ha considerado en la investigación oficial. Son elementos que se deben aclarar para establecer las responsabilidades; es un deber del Estado, toque a quien toque.

–¿Era necesario más tiempo para el GIEI?

–Si hubiéramos tenido mayor tiempo habríamos llegado a más cosas. Pero desde enero de este año aumentaron los obstáculos y dificultades para nuestra investigación. En esas condiciones no se puede seguir trabajando.

–¿Fue una estrategia oficial para obstaculizar su labor?

–De ser así no estaríamos aquí. Fue el Estado el que junto con las víctimas nos pidieron y permitieron trabajar en México. Lo que vemos es que hay sectores (funcionarios y analistas de medios de comunicación) que se atribuyen la representación del Estado y hablan en su nombre. Eso no ayuda a México a generar la credibilidad y un manejo más abierto y responsable sobre las violaciones de derechos humanos.

–¿Qué les faltó?

–Que se llevaran a cabo muchas diligencias que pedimos; en la última semana se tomaron 60 declaraciones más, las cuales no podremos evaluar y menos incluir en nuestro informe.

‘‘Faltan las líneas de investigación sobre el quinto autobús (que podría estar relacionado con el trasiego de drogas de Iguala a Chicago) y la asistencia jurídica internacional. Falta investigación sobre telefonía, evaluar la toma de declaraciones y otras pruebas que se puedan pedir en torno a la actuación de los diferentes cuerpos de seguridad en la zona.

‘‘Falta volver a entrevistar a los inculpados para ver si podemos tener otras informaciones que nos ayuden no sólo a documentar el trato, sino que nos den pistas de investigación.’’

–¿Qué sigue después del GIEI?

La investigación todavía tiene mucho camino por delante. Si siguen los obstáculos el caso estará abierto años.

‘‘Es fundamental que en este país se vea que los problemas no son de sexenios, las desapariciones forzadas son un problema que se viene dando hace varios años y resolverlo es parte de la responsabilidad internacional de México. Es mucho más inteligente enfrentar y resolver el caso que no hacerlo o dejarlo a medias.’’

Informe Final 
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
No hubo cremación en Cocula, ratifica el GIEI
Presenta último reporte sobre investigación del caso Ayotzinapa
La autoridad manipuló evidencias, obstruyó y rechazó diligencias y protegió a oficiales, indica el documento
En el ataque a normalistas hubo perfecta coordinación entre policías y criminales: Ángela Buitrago
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Familiares de los normalistas agradecen el trabajo de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos IndependientesFoto Cristina Rodríguez 
Emir Olivares Alonso y José Antonio Román. Periódico La Jornada. Lunes 25 de abril de 2016, p. 2 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa no halló una sola evidencia para asegurar que en el basurero de Cocula, Guerrero, fueronejecutados e incinerados los 43 estudiantes de esa normal rural, desaparecidos desde septiembre de 2014. Por el contrario, tras un año y un mes de trabajo confirmó su conclusión –a la que llegó hace siete meses– de que en ese tiradero no existió incineración de estos cuerpos.
Al presentar ayer su informe final sobre el caso –de 608 páginas–, los expertos aseguraron que las autoridades no han seguido líneas de investigación claves, se ha manipulado evidencia, obstruido y rechazado diligencias, protegido a oficiales que habrían participado en la desaparición, y torturado a presuntos sospechosos para obtener confesiones que respalden la versión gubernamental. Subrayaron que el sistema de justicia mexicano sólo investiga y castiga a los autores materiales del delito, pero es omiso con los intelectuales. La investigación a la cadena de mando no existe.
Con este reporte, los expertos cierran sus trabajos en México (el 30 de abril concluyen su labor), después que el gobierno federal negó prorrogar su mandato. Lamentaron que el principal objetivo del GIEI –la ubicación de los normalistas– no se haya concretado.
Un elemento clave para las investigaciones, dijeron, era obtener de manera directa el testimonio de los militares que estuvieron presentes en varias de la escenas de los hechos violentos en Iguala, lo cual fue reiteradamente rechazado por la administración de Enrique Peña Nieto.
Los soldados –señalaron– incluso tuvieron conocimiento de las golpizas y detenciones de los normalistas,pero no tomaron ninguna medida para protegerlos. Otro hecho a destacar es que familiares de los jugadores del equipo Los Avispones solicitaron directamente ayuda al 27 batallón de infantería, donde les contestaron que no podían brindar auxilio porque no es nuestra jurisdicción.
Los expertos concluyeron que existe certeza de que en el ataque contra los normalistas hubo perfecta coordinación durante más de 10 horas entre diferentes corporaciones policiacas y presuntos integrantes del crimen organizado, con la finalidad de crear un círculo de control que abarcaba hasta 80 kilómetros, para evitar la salida de los autobuses (tomados por los estudiantes) de Iguala.
En contraparte, diversas policías, entre ellas la federal, habrían dejado pasar el llamado quinto autobús (que de acuerdo con la hipótesis del GIEI es clave para la investigación, ya que podría estar relacionado con el trasiego de estupefacientes de Iguala a Chicago, Estados Unidos). Esta unidad, agregaron, ni siquiera se había incorporado al expediente inicial del caso.
Ángela Buitrago enfatizó: Se trató de un ataque masivo e indiscriminado contra población civil, sin que hasta el momento exista alguna explicación de la PGR. El quinto autobús es una hipótesis investigativa que podría justificar un ataque de esa intensidad. Esa línea no está ni puede estar cerrada.
En medio de gran expectativa por conocer el contenido del reporte titulado Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, decenas de personas, entre ellas familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, políticos e intelectuales, se dieron cita en el patio principal de la Universidad Claustro de Sor Juana.
Ausencias oficiales
  Quedaron vacíos los lugares destinados a los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz, y el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Betanzos, pese a estar invitados. El argumento para esa ausencia fue que deseaban conocer el informe antes de su presentación, pero éste fue concluido a las 22 horas del sábado, por lo que fue imposible hacérselos llegar.
La verdad histórica, abajo
En una larga presentación y posterior conferencia de prensa, que se prolongaron casi cuatro horas, los expertos delinearon algunos elementos para echar abajo, una vez más, la llamada verdad histórica.
El GIEI halló registro de la actividad de los teléfonos móviles de cuando menos siete de los estudiantes hoy desaparecidos, varias horas e incluso días después del 26 y 27 de septiembre. Por ejemplo, uno de ellos hizo una llamada a la 1:26 de la madrugada del 27, con registro en la carretera Huitzuco-Tenango. En la versión oficial, para esa hora los estudiantes ya habrían sido asesinados y sus celulares destruidos.
Un elemento más que no fue investigado pese a la solicitud de familiares y del GIEI, es que desde el celular de Jorge Aníbal Cruz Mendoza se envió un mensaje de texto a su madre pidiéndole que le pusiera saldo. Ese teléfono siguió activo incluso meses después de los hechos de Iguala.
El informe del GIEI muestra que un presunto integrante de la organización criminal Guerreros unidos, identificado como El Caminante, y que hasta ahora las autoridades desconocen de quién se trata, habló en las horas críticas con al menos siete policías municipales ubicados en lugares claves, como Cocula e Iguala. Una circunstancia que sí se incluyó en el expediente de la PGR es que Jonhatan Osorio, uno de los detenidos inculpados por la presunta incineración de los cuerpos, hizo una llamada de su teléfono desde el basurero de Cocula, donde–de acuerdo con los expertos– no hay señal.
Diversos testimonios obtenidos por el GIEI arrojan la hipótesis de que los 43 estudiantes habrían sido separados y conducidos a lugares distintos. Varios testigos afirmaron que entre 10 y 14 de ellos fueron vistos en el patio de la comandancia de la policía municipal de Iguala, donde habrían pasado la noche del 26 al 27 de septiembre. Otros más indican que otro grupo fue llevado a Huitzuco. Se chingaron a un compañero y se los van a llevar a Huitzuco, que allá el patrón decidirá qué hacer con ellos, le habría dicho un policía a otro.
Los expertos enviados por la CIDH acreditaron actos de tortura contra al menos 17 de los detenidos por el caso, entre ellos los cinco presuntos integrantes de Guerreros unidos que aportaron declaraciones en torno a la incineración de los cuerpos de los 43 en el basurero de Cocula. De las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por esos tratos, 15 son de los 17 señalados por el GIEI.
Condenaron la descalificación mediática –con la que el gobierno federal fue complaciente– de su labor y agregaron que desde enero la PGR retrasó innecesariamente o rechazó las deligencias propuestas por el grupo. El informe hace una serie de recomendaciones que confiaron sean acatadas por el Estado mexicano.
Por estos hechos, agregaron, hubo 180 víctimas directas y 700 indirectas. Si bien se van tranquilos con el trabajo realizado, Francisco Cox reconoció:Nos vamos con el peor sabor por no haber cumplido con el principal objetivo: la ubicación de los normalistas desaparecidos.

Informe Final 
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
En las imagenes se ve a peritos oficiales cerca del río San Juan recogiendo huesos
La PGR habría sembrado pruebas y restos óseos, según videos: GIEI
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Familiares de los 43 normalistas se retiran después de escuchar el segundo informe de resultados de los integrantes del GIEIFoto Cristina Rodríguez 
José Antonio Román y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2016, p. 4
 
En un video y diversas fotografías que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) obtuvo por la colaboración de reporteros gráficos, se dan indicios para inferir que personal de la Procuraduría General de la República (PGR) habría sembrado pruebas y hasta restos óseos en la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayoztinapa desaparecidos.
Durante la presentación de su informe final, el GIEI dio a conocer el material videograbado y fotográfico en el que se observa a varios peritos de la PGR, en una arboleda cercana al río San Juan, manipulando y recogiendo huesos.
Los hechos, que no constan en el legajo de la investigación oficial, ocurrieron el día 28 de octubre de 2014. Carlos Beristain, uno de los cinco integrantes del GIEI, destacó que el expediente sobre los hallazgos de restos en el cauce de este río comienza con información y elementos hallados a partir del 29 de octubre, es decir, un día después de la presencia de personal de la PGR, encabezada por Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal.
En esa diligencia no reportada también se observan en las laderas del río dos bolsas grandes de plástico –una negra y otra blanca– similares a las halladas precisamente un día después y a los que, según las investigaciones oficiales, contenían restos óseos, algunos de los cuales, tras análisis de ADN, se determinaron como pertenecientes a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 
Beristain señaló, siempre basado en las imágenes, que el 28 de octubre también estuvo presente en esa diligencia Agustín Garcia Reyes, presunto integrante de la organización delictiva Guerreros unidos y uno de los inculpados por la desaparición de los normalistas. Pero no encontramos ningún registro en el expediente de esta diligencia. Se trata de hechos serios, expresó.
En la presentación, acompañado por los otros cuatro integrantes del grupo, Beristain informó que debido a esta diligencia fue bloqueado el camino que lleva hasta ese sitio, por el cual fue impedido el paso a miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes venían del basurero de Cocula realizando su trabajo.
Incluso, en el video se observa a lo lejos el diálogo que sostienen algunos miembros del EAAF y el responsable del cerco. ¿Por qué bajaron tan pronto?, pregunta el funcionario a una de las peritas argentinas, dijo Beristain, basándose en dichos de la investigadora que aparece en el video.
Estos hechos confirman la versión del EAAF en el sentido de que ellos no estuvieron presentes en el momento en que se encontraron las bolsas con restos óseos del normalista de Ayotzinapa, que según la PGR fue localizada en el río San Juan.
De acuerdo con el expediente oficial, el 29 de octubre de 2014 dos inculpados –uno de ellos Agustín García y Johnatan Osorio Gómez– fueron llevados al orillas del río San Juan, en Cocula, para reconocer el lugar donde habían tirado los restos incinerados de los normalistas. También hay que destacar que este lugar está a 40 minutos del basurero de Cocula.
Cuidadoso siempre en sus declaraciones y términos, el experto Carlos Beristain dijo que el GIEI no está responsabilizando a nadie, pero que es tarea de la PGR investigar estos hechos.
Informe Final 
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
La comisión dará seguimiento al caso:
 James Cavallaro
Exhorta CIDH al Estado a cumplir las 
recomendaciones del grupo 
Emir Olivares y José Antonio Román
Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2016, p. 4
 
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, exhortó a las autoridades mexicanas a que apliquen las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, y a seguir trabajando para dar con el paradero de los 43 normalistas.
Lamentó la decisión del Estado mexicano de no prorrogar el mandato del GIEI, pese a que sus objetivos no se han cumplido del todo, principalmente la ubicación de los estudiantes, y anunció que la comisión pondrá en marcha un mecanismo especial de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones. 
En mi calidad de relator de país, deseo exhortar a las autoridades mexicanas en todos sus niveles, incluyendo al presidente Enrique Peña Nieto, a continuar la búsqueda de los 43 estudiantes.
El comisionado presidente de la CIDH y relator para México de ese organismo internacional asistió ayer a la presentación del segundo y último informe del grupo de expertos (que trabajaron un año y un mes y que concluirán su misión este 30 de abril). Al recibir el reporte, Cavallaro agradeció el invaluable trabajo del GIEI en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014. 
Manifestó su pesar porque, aun cuando estaban convocados, los representantes del gobierno federal no acudieron a la presentación del informe, el cual, lo mismo que las recomendaciones emanadas del mismo, será analizado con mucho cuidado por la CIDH para continuar el seguimiento a este caso.
El informe, enfatizó, revela diversas fallas en el sistema de justicia mexicano, entre ellas la preponderancia de la prueba testimonial, interferencias en los procedimientos periciales, falta de independencia de los órganos judiciales, que las indagatorias se enfocan en los autores materiales de los crímenes, pero no en los intelectuales, y ausencia de análisis del contexto.
Señaló que en breve la CIDH dará a conocer los detalles del mecanismo especial de seguimiento, en cuyo diseño confió en que participe de manera efectiva el gobierno federal.
Adelantó algunos elementos que incluirá dicho mecanismo: visitas y monitoreo basados en los más altos estándares internacionales sobre los avances en las investigaciones, seguimiento especial a las recomendaciones del GIEI con el apoyo de expertos independientes o incluso de los mismos integrantes del grupo; acceso pleno a los expedientes de las investigaciones y causas relacionadas con los hechos; operar alguna estrategia para entrevistar a los militares a fin de recoger su testimonio; realizar todo lo necesario para que las autoridades investiguen tanto a actores materiales como intelectuales; apoyar en la aplicación de acciones para generar un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, y brindar apoyo para fortalecer los alcances en materia de alerta temprana sobre la desaparición forzada en México.

Informe final 
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
El GIEI, Tomás Zerón 
y la trama de Iguala
Carlos Fazio. La Jornada. Opinión, 
lunes 25 de abril de 2016 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) volvió a hacer trizas la verdad histórica del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam sobre los hechos de Iguala y exhibió al jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, como pieza clave en los intentos por desviar el caso hacia unaquinta versión que no está sustentada en el expediente y también en la tácita siembra de una bolsa con restos óseos en el río San Juan, que, a la postre, mediante el análisis del ADN nuclear, se pudieron identificar en los laboratorios de genética de la Universidad de Innsbruck como pertenecientes a Alexander Mora, el único estudiante reconocido hasta ahora de los 43 detenidos/desaparecidos.
En su Informe Ayotzinapa II, el GIEI volvió a manifestar la certezade que en los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 para el 27 de septiembre de 2014, hubo una coordinación operativa central, con una estructura de mando que integró a elementos uniformados y de civil (OBI/inteligencia) del 27 batallón de infantería del Ejército; las policías Federal, federal ministerial, estatal y ministerial de Guerrero, así como las municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, que actuaron en complicidad y/o colusión con presuntos miembros del grupo delincuencial Guerreros unidos. 
Todo ello, afirmó el GIEI, pudo ser monitoreado en tiempo real a través del sistema coordinado de comunicaciones de las agencias de seguridad del Estado, conocido como C-4, que cuatro militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –en dos turnos de 24 horas– manejaron en forma restringida durante lapsos prolongados, cuando tuvieron lugar los hechos más graves, es decir, las ejecuciones sumarias extrajudiciales de cinco personas –dos de ellos normalistas que fueron asesinados a quemarropa–, un sexto caso –de Julio César Mondragón, quien antes de ser desollado fue torturado, cuyo cuerpo exhibía múltiples fracturas y heridas con armas punzocortantes– y la detención y desaparición de los 43 estudiantes. Según el informe, a partir de la declaración de un soldado identificado como RALA, el C-4 estaría integrado por militares encubiertos, que aportan información de lo que acontece en las calles, quienes en el momento en que ocurrieron los hechos habían sido nombrados por el comandante del 27 batallón, coronel José Rodríguez Pérez.

El grupo interdisciplinario –que fue enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la invitación formulada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para que coadyuvaran en las investigaciones del caso y formularan recomendaciones– reveló que existió un “gran operativo“ o cerco de control contra los normalistas de Ayotzinapa, que no sólo se dio en Iguala, sino que abarcó un radio de acción de 80 kilómetros en línea por la carretera Iguala-Chilpancingo (área geográfica mayor que la incluida en el primer informe del GIEI), que abarcó bloqueos y ataques en poblados como Mezcala y Sabana Grande, y que se extendió desde las 21:40 horas del día 26 hasta las 6 horas del 27.
Mientras se llevaban a cabo la serie de ataques masivos,indiscriminados y coordinadoscontra los normalistas y miembros del equipo de futbol Los Avispones, el denominado quinto autobús, presumiblemente cargado con heroína camuflada en su interior, pudo atravesar sin problemas el cerco oficial/delincuencial. Según los expertos, el vehículo presentado por las autoridades en las indagatorias no es el mismo que salió de la central camionera de Iguala, y el conductor aparentemente fue sustituido(sembrado) con la finalidad de alterar los hechos.
El informe destaca la negativa de la Sedena de brindar ningún tipo de información al GIEI. El grupo señala que en 12 ocasiones solicitó por conducto de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación tener la posibilidad de entrevistar a personal del 27 batallón del Ejército en Iguala por considerarlos testigos claves; conocer las bitácoras, documentos, registros de planes de acción o información realizados por la Sedena; reportes escritos y grabaciones del C-4; reglamentos de zona y régimen militar, así como órdenes de operaciones y el Manual de procesos de campaña; los convenios entre las diversas policías municipales, federales y el Ejército respecto del sistema de seguridad, así como los informes de los Gises (Grupos de información de zona/inteligencia) y Gafes (grupo de tropas especiales) del 27 batallón. Cita que el propio jefe de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, dijo incluso de manera pública que el GIEI no tenía competencia para realizar dichas entrevistas.
Una de las revelaciones más incriminatorias sobre la manera en que se elaboró la verdad histórica de la PGR tiene que ver con la presencia de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en el río San Juan, acompañado del subdirector de servicios periciales y el presunto autoinculpado, Agustín García Reyes,El Chereje, el 28 de octubre de 2014. Según el informe médico realizado 11 horas antes, el detenido tenía 30 lesiones externas, hematomas, excoriaciones y costras hemáticas, a pesar de que la detención fue pacífica, y un primer informe médico de la Marina, horas antes de ese segundo informe, no revela lesiones. Un día después, un buzo de la Marinaencontró la bolsa con restos óseos en el mismo lugar, exactamente en las mismas coordenadas donde había estado presente el testigo-inculpado. En el expediente no existe ningún registro de la presencia de Zerón en ese sitio el día anterior, ni nada que acredite las condiciones legales, registro de custodia y otros elementos para el traslado del detenido el 28 de octubre; tampoco hay registro de la toma de evidencia (la bolsa) del cauce del río, ni se hizo fijación fotográfica de la misma ni se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida.
Informe final 
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
 Astillero
Duro informe del GIEI
El Estado supo y oculta
EPN: Photoshop y Twitter
En el Claustro:No se vayan
Julio Hernández López. La Jornada. Opinión, 25 de abril de 2016


Al patio de la Universidad del Claustro de Sor Juana no llegó ningún representante del gobierno mexicano. Ni siquiera porque a la exposición del segundo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asistió el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro. Fue el sello de ruptura, en un proceso de alejamiento y confrontación que se agudizó en cuanto los cinco expertos extranjeros detonaron la llamada verdad histórica, en específico la narrativa sin sustento técnico ni científico de la presunta incineración de 43 normalistas en un basurero de Cocula.
La virtual ruptura peñista de relaciones no tuvo en cuenta que la presentación del informe del GIEI era un acto formal, perteneciente, aunque fuera en su última fase (determinada ésta de manera unilateral y amenazante por Los Pinos), a un acuerdo formal que fue firmado por la misma administración federal mexicana ante una instancia internacional legítimamente dedicada a atender asuntos relacionados con derechos humanos en los países integrantes de esa CIDH, que a su vez forma parte de la Organización de Estados Americanos. No estuvieron Miguel Ángel Osorio Chong, ni Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, ni Arely Gómez González. Tampoco jefe alguno del Ejército, la Marina o las policías. Ni siquiera el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, o el subprocurador de derechos humanos, Eber Betanzos, a quienes se habían reservado asientos con su nombre y cargo escritos en cartulinas rectangulares colocadas en los respaldos.
En cambio, Enrique Peña Nieto se hizo presente para fijar posturas ante el informe del GIEI, pero solamente por la vía del Twitter (ya antes se había hecho presente en la planta de Pajaritos, en Coatzacoalcos, por la vía del Photoshop, acomodando una fotografía de él y algunos funcionarios sobre una gráfica de la estructura industrial accidentada; pulcros en la vestimenta, carentes del equipo de protección que es obligatorio en esos lugares y más cuando se está en una situación riesgosa, atentos y eficaces ante cualquier problema y en cualquier lugar de México y no sólo de México, del mundo entero, por la tecnológica vía voladora de la falsificación fotográfica). EPN, como el subprocurador Betanzos y otras cuentas internéticas del gobierno federal, se dedicaron a enumerar con denuedo burocrático las cifras alegres de la presunta buena atención a los requerimientos investigativos de los expertos independientes.
A juzgar por la información, la retórica y los presuntos buenos sentimientos operativos de Los Pinos y subordinados que le acompañan, al GIEI debió haberle sobrado material oportuno y profundo, suficiente como para resolver no solamente el caso de Iguala-Cocula, sino algunos más de los episodios sangrientos de la historia reciente de México. En el mundo de la simulación enceguecedora, el gobierno federal es rey.

Los cinco expertos independientes, por su parte, reiteraron su fundado rechazo a la versión murillista de la incineración en Cocula y aportaron nuevos datos y evidencias que, según el cuidado lenguaje que han usado, no significan acusaciones en sí, sino circunstancias que deben tomarse muy en cuenta en la búsqueda de verdad y justicia en el caso emblemático de los 43 jóvenes desaparecidos (42, en realidad), cuyos familiares ocuparon primera fila en el mencionado claustro. Por ejemplo, la videograbada visita de Tomás Zerón, el jefe de la libretista Agencia de Investigaciones Criminales del gobierno mexicano, quien estuvo un día antes en el lugar donde se encontró luego una bolsa con restos, según eso, de los desaparecidos. Esa peculiar visita, acompañado de uno de los declarantes del día siguiente, no fue consignada en ninguna información oficial.
El relato del GIEI constituye una dolorosa confirmación de la manera absolutamente injusta en que se maneja en México la estructura de procuración de justicia. Más allá de los infamantes detalles dados a conocer por ese grupo interdisciplinario en el caso específico de los 43, el fondo del asunto radica en ese tejido institucional hecho para el engaño, el escamoteo, la demora, la corrupción y, en esencia, la manipulación de esas instancias judiciales a contentillo de quienes tienen el poder y de sus aliados.
El segundo y último informe del GIEI ha confirmado que el Estado mexicano, sus policías de los tres niveles (municipales, guerrerense y federal), así como miembros del Ejército y otros órganos de inteligencia y seguridad nacional, supieron al detalle lo que iba sucediendo con los normalistas de Ayotzinapa, en tiempo real y sin intervenir para impedir lo que apuntaba a un desenlace trágico. Pero no sólo hubo esa confabulación regional en la que participaron fuerzas locales y representantes de fuerzas federales, sino que el propio aparato central de la administración peñista se esmeró en impedir que se avanzara en la búsqueda de la verdad, especialmente en cuanto a la participación de militares que presenciaron momentos importantes de aquellos sucesos y que por el rango de mando y control que ejercen no podían estar ausentes o ser ignorantes de lo que estaba sucediendo con 43 jóvenes y con otras víctimas directas e indirectas.
Ese sistema está expulsando al GIEI del país, mediante difamaciones contra algunos de sus integrantes y la creación de un ambiente no sólo turbio sino pleno de amago, pues la prolongación de la estancia física de esos expertos estaría en riesgo por falta de colaboración del gobierno mexicano en cuanto a seguridad y protección. Ahora quedan a la intemperie política, sólo con una promesa de seguimiento de la CIDH, los familiares de los 43 y en especial abogados como Vidulfo Rosales. Por ello ayer, en ese informe postrero, varias veces se escuchó la petición deNo se vayan.
¡Hasta mañana, con la marcha dominical de la primavera feminista contra la violencia machista!