Detenciones y torpeza política
La Jornada. Editorial, sábado 31 de octubre de 2015
Un día después de la detención de cuatro dirigentes magisteriales en Oaxaca –trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano–, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Gilberto Higuera Bernal, precisó que esa dependencia aún tiene 26 órdenes de aprehensión por ejecutar y dijo que en todos los casos hay delito grave
, por lo que no tendrán derecho a libertad bajo fianza.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) expresó en voz de sus dirigentes que no detendrán sus acciones de protesta contra la reforma educativa y las evaluaciones y repudió que los aprehendidos hayan sido llevados a un penal de máxima seguridad, equiparándolos con delincuentes
.
Cabe dudar, en efecto, de que las detenciones efectuadas por la PGR hayan obedecido a un súbito celo legalista de este gobierno por cumplir con órdenes de aprehensión que fueron giradas desde hace más de tres meses. Por lo contrario, da la impresión de que las detenciones magisteriales comentadas son muestra de una peligrosa determinación del gobierno federal por incrementar el pulso que mantiene desde hace meses con la CNTE por la reforma educativa. Peligrosa porque, a juzgar por la reacción del magisterio crítico, no hay en el horizonte perspectivas de solución del conflicto; antes bien, todo indica que éste crecerá en explosividad y encono.
Debe recordarse que la resistencia del magisterio disidente frente a una reforma que en nada contribuye a la calidad de la educación, y en cambio atenta contra sus derechos laborales, ha exhibido en reiteradas ocasiones el carácter improcedente de la referida modificación legal. Esa vocación de fracaso no radica en un rechazo inflexible de los maestros a ser evaluados, como han propalado en falso los promotores de la reforma y sus medios de comunicación afines, sino consecuencia de la forma poco transparente y autoritaria en que fue procesada la reforma constitucional en materia de enseñanza.
Si desde un principio los promotores de la reforma hubiesen escuchado las posturas de los docentes y especialistas en la materia y las hubiesen incorporado en las discusiones correspondientes –en el entendido de que el magisterio es actor clave en el funcionamiento del sistema educativo–, habrían conjurado el descontento que hoy se expresa en varios estados y que se ha manifestado en una inoperancia total de la reforma mencionada.
Sin embargo, los encargados de la conducción política del país han hecho oídos sordos a los llamados de académicos, docentes y organizaciones de la sociedad civil para revisar las leyes educativas vigentes y han emprendido campañas de linchamiento mediático y estrangulamiento financiero –como la decisión de reformar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca– contra el magisterio disidente.
Ahora se producen las detenciones de maestros, y de esa forma se consuma la conversión de un conflicto que en su origen fue de índole laboral y educativa en una problemática política con connotaciones penales y de seguridad pública. Semejante circunstancia refleja potencial desestabilizador y explosivo que puede adquirir cualquier régimen –y el mexicano no es la excepción– cuando renuncia a hacer política y busca imponerse por la fuerza.
Llaman a recuperar la interlocución
en conflicto magisterial
La Jornada.El Correo Ilustrado, sábado 31 de octubre de 2015.
El grupo Paz con Democracia manifiesta su más enérgico repudio por la detención de los profesores Efraín Picasso Pérez, Roberto Abel Jiménez García, Juan Carlos Orozco Matus y Othón Mazariegos Segura, dirigentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y ahora, nuevos presos políticos del régimen. El gobierno federal y el Ejecutivo de Oaxaca deben tomar conciencia de que existe un grave conflicto social, originado por las llamadas reformas educativas, que no puede ser resuelto con militarización, escalada represiva y criminalización de las oposiciones. Llamamos a recuperar por la vía de la interlocución, la solución real a las demandas magisteriales que resulte en un proceso nacional para dar contenido y dimensión a la verdadera reforma educativa que el país reclama.
Pablo González Casanova, Raúl Vera, Rodolfo Stavenhagen, Alfredo López Austin, Miguel Álvarez Gándara, Guillermo Briseño, Alicia Castellanos, Ana Esther Ceceña, Miguel Concha, Héctor de la Cueva, Carlos Fazio, Jorge Fernández Souza, Magda Gómez, Dolores González, Óscar González, Luis Hernández Navarro, Gonzalo Ituarte, Gilberto López y Rivas y Pablo Romo.
Cuestiona encarcelamiento de maestros
Más allá de la detención de los maestros de la CNTE en Oaxaca, está su reclusión en un centro de máxima seguridad (Cefereso), donde el trato que reciben los presos procesados viola el principio de presunción de inocencia al darles un trato igual al de personas sentenciadas, e incluso a quienes ya tienen sentencia se les aleja de su familia, en violación a la misma normatividad de los Ceferesos que sostiene el respeto a los derechos humanos. Basta enterarse de las quejas de los familiares de los presos en esos reclusorios a raíz de que se planeó y permitió la salida irregular de JoaquínEl Chapo Guzmán; eso fue corrupción, no falla en el sistema. Pero no es el tema aquí enumerar las violaciones a los derechos de los presos en los Ceferesos, sino el hecho que es evidente que la pretensión es acabar con toda disidencia y la llamada reforma educativa no es tal sino una reforma laboral, pues de ser educativa habría mayor atención a los contenidos de los programas escolares –de lo que no se dice nada–, ni se recortarían los recursos a las universidades públicas.
Es inexplicable que las autoridades no investiguen la corrupción en el SNTE: los registros sobre el tema son muchos. Como ejemplo de las prácticas de corrupción en ese sindicato se puede consultar la nota de Emir Olivares en La Jornada del 18 de febrero de 2014.
Pilar Noriega García
Crisis y persecución a
la universidad y la escuela
La Jornada. Opinión, sábado 31 de octubre de 2015Hugo Aboites*
Una crisis económica neoliberal, larga y con escasas perspectiva de solución, va afectando todos los ámbitos, incluso los personales y, por supuesto, sistemas como salud, educación, justicia, procesos electorales. Y se vuelve más grave cuando se convierte en una crisis de gobierno (conducción deslegitimada y ausencia de propuestas creíbles), que corroe la confianza de los gobernados. La fuga del señor de los suelos, el peso que se devalúa y cuestiones de fondo, como los cerca de 25 mil desaparecidos (más, dolorosamente, 43 estudiantes), aparecen en medio de una violencia incesante, corrupción política desbocada e iniciativas de mejora (en educación para empezar) a partir del dinero y el castigo, que hacen que esa confianza se deteriore inexorablemente. Y más cuando se comienza a usar la mano dura, la represión a la manifestación (como antier en Oaxaca), e incluso la persecución y el castigo a personas e instituciones.
Todo esto repercute de manera importante y directa en las universidades y escuelas. Porque son éstas espacios que congregan de manera cotidiana, permanente y a largo plazo, a cientos de miles de trabajadores universitarios y de la educación y millones de estudiantes. En su proceso de formación universitaria, estos últimos necesariamente entran en contacto con temas altamente significativos (salud, justicia, infraestructura, ambiente, urbanización, educación, pobreza, economía, subordinación y política) que son parte sustancial del currículo de carreras, incluyendo las ingenierías y las ciencias. A pesar de los intentos por presentar realidades asépticas, el conocimiento de la ciencia y sociedad necesariamente entra como sustrato indispensable en la formación de profesionistas, las investigaciones y la difusión del conocimiento, es la materia prima, lo constitutivo y esencial de la vida universitaria. Por eso de ahí surgen algunas de las críticas más profundas, y, también, movimientos de protesta históricamente relevantes. Precisamente por eso se convierten en objeto de la molestia y hasta la agresión soterrada o abierta de un poder cada vez más crispado y escaso de alternativas.
En esa hipótesis, los movimientos sociales más importantes (en 1994, el EZLN; 2000, la UNAM; 2006, la comuna de Oaxaca, y en 2013-2014, el magisterio y Ayotzinapa), representan los más importantes puntos de quiebre de la normalidad y de creciente tensión de la relación universidad-gobierno, educación-Estado. Aunque en su mayoría, los acontecimientos mencionados no fueron originalmente universitarios, sí sacudieron profundamente las comunidades educativas. Y cuando éstas se hicieron espejo de las angustias y dolores cotidianos de una sociedad en crisis inmediatamente fueron objeto de campañas de descalificación y agresión. Recuérdese cómo a la UNAM se la concebía poblada degrillos, y se decía que los empleadores expresamente rechazaban a sus egresados. Desde 1968 hasta 2000.
Hoy, a partir de la conmoción de 2014-Ayotzinapa, se ha abierto claramente un periodo de profunda inquietud universitaria y, además, en la educación toda. En consecuencia, viene la respuesta creciente de descalificación y agresión. Además de ir contra los maestros que resisten la reforma , también se va contra las instituciones de educación superior, públicas, autónomas. Por eso las amenazas de muerte contra el rector y su familia de la autónoma de Morelos; la agresión a los estudiantes, y la retención del subsidio en la Veracruzana y, más notoria por persistente, desde septiembre la agresión contra la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Ejemplos: hombres armados en pleno día allanan el domicilio de una profesora de esa universidad, la increpan por su postura política y roban sus computadoras, y, otro ejemplo: policías federales a la entrada de un plantel universitario, toman fotos a estudiantes. Al mismo tiempo, en el Senado se anuncia un punto de acuerdo para juzgar a esta institución y en la ALDF, con argumentos peregrinos, se cuestiona su presupuesto. En suma, una campaña de asedio que busca dar una lección a todas, emprendiéndola contra la que consideran, por diferente, más vulnerable.
Lo más importante, sin embargo, es que los tiempos han cambiado. Si en 68 y todavía en 2000 fue posible ocupar militarmente a la nacional y encarcelar a un millar de estudiantes, ahora –en los tiempos de Ayotzinapa y de la lucha persistente de los maestros– eso ya no lo tolera una población escéptica del gobierno. Hasta procesos muy acotados, como el cambio de estafeta en la UNAM, no dejan de ser leídos desde la perspectiva de una posible preocupación (e intervención) gubernamental. Sin embargo, la persecución contra los que estudian y piensan obliga a maestros y estudiantes a construir en las escuelas, universidades y comunidades, nuevas y sabias formas de reflexión y resistencia. El poder gana muchas escaramuzas y algunas batallas, pero el largo plazo le es profundamente incierto. No sólo porque enfrenta una creciente resistencia, sino sobre todo, porque preso en la jaula del pensamiento neoliberal, carece de un derrotero que inspire y convoque al país y no tiene el poder creciente de la razón, que ayude a encontrarlo. Las fuerzas más poderosas, las del pensamiento y la conciencia colectivas se construyen hoy en otra parte, en los espacios de una educación que lucha por liberarse, y este poderoso aliento, al que nada le es ajeno, no es despreciable.
