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Colusión entre Estado y crimen en caso Iguala: CIDH
mié, 02 mar 2016 09:56
Padres de los 43 normalistas
desparecidos de Ayotzinapa anunciaron nuevas acciones para exigir
justicia el pasado 22 de febrero. Foto Jesús Villaseca
Nueva York. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó en un informe anual sobre México que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes
del crimen organizado”, y subraya que es muestra de la “graves
deficiencias” de las investigaciones en este tipo de casos, como la
“impunidad estructural y casi absoluta” en los graves crímenes que ocurren en el país.
“México atraviesa una grave
crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años” en gran
medida por la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex
presidente Felipe Calderón, y, al aumentar el papel de las fuerzas
armadas en tareas de seguridad pública ha “desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”, señala el extenso informe anual Situación de los derechos humanos en México, emitido hoy.
En un resumen de las violaciones
de derechos humanos y la impunidad, el informe subraya que bajo el
actual régimen no se ofrecieron “cambios sustanciales” en políticas de seguridad mientras que continúan
desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y la inseguridad
ciudadana, así como la de mujeres, migrantes, defensores de derechos
humanos y periodistas.
Aunque reconoce las medidas tomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo algunas reformas constitucionales y protocolos para investigaciones de ciertos abusos de derechos humanos, indica que “la
respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en
su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el
andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven
millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención
del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo
el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia
es una ‘simulación’”.
De hecho, subraya que a pesar del
cambio de gobierno a fines de 2012, “no habrían cambios sustanciales en
relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia”, y
resalta sobre todo las denuncias de desapariciones, ejecuciones
extrajudiciales, tortura, y la inseguridad de ciudadanos, pero en
especial de mujeres, migrantes, defensores de derechos y periodistas.
Afirma que “México es considerado,
además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el
periodismo, exceptuando aquéllos que están en guerra”.
Cita al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas sobre la cifra de 151 mil 233 homicidios desde 2006
hasta agosto de 2015. Ademas, señala que al 30 de septiembre de 2015 el
Estado mexicano reportaba a 26 mil 798 personas “no localizadas” o
desaparecidas a nivel nacional.
En torno a las desapariciones,
fenómeno no nuevo, la CIDH considera como “grave” información sobre “la
existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes
del Estado” o con su participación y una impunidad casi total.
Criticó las fallas en las
investigaciones sobre desapariciones, y subraya que “la actual crisis de
graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte
consecuencia de la impunidad que persiste desde la “guerra sucia” y que
ha propiciado su repetición hasta hoy en día”. Más aún, afirma que
familiares de víctimas tienen renuencia de acudir a las autoridades,
tanto por sospechas de complicidad como por falta de atención. “Los
hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan
que son ellos quienes ante la inoperancia del Estado, han asumido la
búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen
con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las
víctimas con debida diligencia como corresponde”.
En este contexto, el informe aborda la
desaparición forzada de los 43 normalistas en Guerrero, lo cual
“constituye una grave tragedia en México así como un llamado de atención
nacional e internacional sobre las desapariciones en México”. El caso,
agrega, “es una muestra de las graves deficiencias que sufren las
investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi
absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Este caso es
además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del
Estado e integrantes del crimen organizado”.
Al mismo tiempo, la CIDH
manifiesta su “agrado” por la “apertura” del Estado mexicano al
escrutinio internacional y la labor del GIEI en torno a los hechos en
Iguala.
El informe también se enfoca
sobre el uso de violencia por agentes del Estado incluyendo los casos de
Tlatlaya, Estado de México, en 2014, el de Apatzingán y el
enfrentamiento en límites entre Tanhuato y Ecuandurco en Michoacán en
2015, resaltando la necesidad de medidas para la rendición de cuentas
por autoridades.
“La práctica de la tortura es
alarmante en México”, y también es “generalizada”, declara el informe.
donde según cifras oficiales la Procuraduría General de la República
cuenta, al mes de abril de 2015, con 2 mil 420 investigaciones en
trámite sobre tortura, pero que existen sólo 15 sentencias condenatorias
por ese delito a nivel federal. Agrega que en la investigación de los
hechos en Iguala -aun con su alto perfil- el 77 por ciento de las
personas investigadas mostraban lesiones corporales.
En su diagnóstico, la CIDH señala
que “la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de
impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en
ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los
derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y
desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un
amedrentamiento en la sociedad mexicana”.
Por lo tanto concluye que: “En la
actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente
entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos
con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando
buscan una justicia pronta y efectiva. Por lo tanto, el gran desafío del
Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr
una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los
responsables de violaciones de derechos humanos”.
El informe, que incluye un amplio diagnóstico de las fuentes de violencia, sus manifestaciones y un análisis detallado y documentado de la situación de derechos humanos en México, se puede consultar en: www.oas.org/es/cidh/
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