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Ecuador: Expertos de ONU
condenan la ‘muerte legal’
de la Unión Nacional de Educadores
GINEBRA (27 de Septiembre de 2016) – Un
grupo* de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenaron
hoy el uso de legislación nacional en Ecuador para disolver la Unión Nacional
de Educadores (UNE), la asociación de educadores más importante del país.
La UNE, fundada en 1950, fue disuelta debido a la aplicación del Decreto
Ejecutivo N. 739 que regula la operación de las organizaciones sociales.
“El Decreto Ejecutivo N. 739 establece restricciones demasiado amplias a la libertad de expresión y asociación, lo cual permite a las autoridades disolver asociaciones con base de criterios ambiguos”, señalaron los expertos. “Estamos profundamente preocupados por esta legislación que ciertamente confiere al Ejecutivo poderes discrecionales para suprimir la voz de la sociedad civil en el país”.
Los expertos subrayaron que todas las personas deben gozar del derecho a la libertad de asociación reconocido en el derecho internacional y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Ecuador en marzo de 1969.
“El derecho a la libertad de asociación es un derecho fundamental, al que sólo se puede aplicar un cantidad limitada de restricciones”, expresó el Relator Especial de la ONU para la libertad asociación, Maina Kiai, al tiempo que subrayó que “el derecho a la libertad de asociación es un principio democrático esencial y necesario para que los activistas tengan un efecto colectivo en la sociedad”.
“Con la disolución de la UNE, el sindicato de educadores más importante del país, los educadores ecuatorianos están privados de una herramienta fundamental para hacer que su voz y preocupaciones sean oídas, y que pueda tener afectar negativamente a los defensores de derechos humanos y a la sociedad civil en general”, expresó el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.
“Los educadores son un sector vital del sistema educativo. Privar a los educadores de uno de sus principales canales para expresar colectivamente sus preocupaciones no solamente afecta su libertad de expresión, sino también el sistema educativo de Ecuador”, agregó el Relator Especial de la ONU para la protección y la promoción del derecho a libertad de opinión y expresión, David Kaye.
“La disolución forzada de una asociación es una de las formas más severas de restricción a la libertad de asociación, que sólo puede ser justificada en los casos más excepcionales. Debe estar establecida en la ley, bajo estricto cumplimiento del principio de legalidad, ser proporcional y necesaria en una sociedad democrática”, enfatizó el Sr.Kiai.
Los expertos de la ONU alertaron que, dado las recientes actividades llevadas a cabo por la asociación, la disolución probablemente se relacione con su trabajo en derechos humanos. “De hecho, aparentemente esta decisión es arbitraria, política, y adolece de una conexión lógica con un legítimo interés del Estado”, señalaron.
La disolución ocurre en un contexto de crecientes restricciones impuestas a asociaciones, medios de comunicación y defensores de derechos humanos en Ecuador, recalcaron los expertos.
“Exhortamos a las autoridades ecuatorianas de cancelar el proceso de disolución de la UNE y asegurar el goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en el país”, expresaron. “Ecuador necesita armonizar su legislación con las buenas prácticas emanadas de las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos”.
Los expertos ya han expresado sus preocupaciones al Gobierno y solicitado clarificaciones sobre este caso. También han hecho saber su disposición para brindar asistencia técnica a las autoridades sobre este asunto.
La muerte legal de la asociación de educadores
El 21 de julio de 2016 el Ministerio de Educación envío una comunicación a la UNE notificándole el inicio del proceso de disolución basado en el artículo 24 del Decreto N. 739 (Reglamento sistema unificado información de organizaciones sociales), junto con la causal de disolución 7 del artículo 22: “Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas”.
A pesar de que la organización cumplía con lo previsto en disposiciones nacionales, se le otorgó a la UNE 20 días para presentar evidencia exculpatoria, de otro modo enfrentaría su muerte legal.
El 9 de agosto de 2016 la UNE solicitó que la decisión fuera declarada nula y no válida, alegando su inconstitucionalidad por violación del debido proceso, impedimento del derecho de defensa, y por invertir la carga de la prueba. El Ministerio de Educación notificó a la UNE, el 18 de agosto de 2016, que la organización había dejado de cumplir con su propio estatuto y con el artículo 22, numeral 7 del Decreto N.739. La implementación efectiva del proceso de disolución de la UNE empezó el 26 de agosto.
(*) Los expertos: el Sr. Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Sr. Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos.
FIN
Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/EN/HRBodi es/SP/Pages/Welcomepage.aspx
Para más información y solicitudes de prensa, favor ponerse en contacto con Marion Mondain (+41 22 91 79 540) o escriba a freeassembly@ohchr.org
Para solicitudes de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, favor ponerse en contacto con Xabier Celaya – Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)
Para sitios web y medios sociales: Los mensajes clave sobre nuestros comunicados de prensa están disponibles en los siguientes canales de medios sociales de ONU Derechos Humanos. Por favor, menciónenos utilizando las direcciones apropiadas.
Twitter: @UNHumanRights
Facebook: unitednationshumanrights
Instagram: unitednationshumanrights
Google+: unitednationshumanrights
Youtube: unohchr
“El Decreto Ejecutivo N. 739 establece restricciones demasiado amplias a la libertad de expresión y asociación, lo cual permite a las autoridades disolver asociaciones con base de criterios ambiguos”, señalaron los expertos. “Estamos profundamente preocupados por esta legislación que ciertamente confiere al Ejecutivo poderes discrecionales para suprimir la voz de la sociedad civil en el país”.
Los expertos subrayaron que todas las personas deben gozar del derecho a la libertad de asociación reconocido en el derecho internacional y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Ecuador en marzo de 1969.
“El derecho a la libertad de asociación es un derecho fundamental, al que sólo se puede aplicar un cantidad limitada de restricciones”, expresó el Relator Especial de la ONU para la libertad asociación, Maina Kiai, al tiempo que subrayó que “el derecho a la libertad de asociación es un principio democrático esencial y necesario para que los activistas tengan un efecto colectivo en la sociedad”.
“Con la disolución de la UNE, el sindicato de educadores más importante del país, los educadores ecuatorianos están privados de una herramienta fundamental para hacer que su voz y preocupaciones sean oídas, y que pueda tener afectar negativamente a los defensores de derechos humanos y a la sociedad civil en general”, expresó el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.
“Los educadores son un sector vital del sistema educativo. Privar a los educadores de uno de sus principales canales para expresar colectivamente sus preocupaciones no solamente afecta su libertad de expresión, sino también el sistema educativo de Ecuador”, agregó el Relator Especial de la ONU para la protección y la promoción del derecho a libertad de opinión y expresión, David Kaye.
“La disolución forzada de una asociación es una de las formas más severas de restricción a la libertad de asociación, que sólo puede ser justificada en los casos más excepcionales. Debe estar establecida en la ley, bajo estricto cumplimiento del principio de legalidad, ser proporcional y necesaria en una sociedad democrática”, enfatizó el Sr.Kiai.
Los expertos de la ONU alertaron que, dado las recientes actividades llevadas a cabo por la asociación, la disolución probablemente se relacione con su trabajo en derechos humanos. “De hecho, aparentemente esta decisión es arbitraria, política, y adolece de una conexión lógica con un legítimo interés del Estado”, señalaron.
La disolución ocurre en un contexto de crecientes restricciones impuestas a asociaciones, medios de comunicación y defensores de derechos humanos en Ecuador, recalcaron los expertos.
“Exhortamos a las autoridades ecuatorianas de cancelar el proceso de disolución de la UNE y asegurar el goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en el país”, expresaron. “Ecuador necesita armonizar su legislación con las buenas prácticas emanadas de las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos”.
Los expertos ya han expresado sus preocupaciones al Gobierno y solicitado clarificaciones sobre este caso. También han hecho saber su disposición para brindar asistencia técnica a las autoridades sobre este asunto.
La muerte legal de la asociación de educadores
El 21 de julio de 2016 el Ministerio de Educación envío una comunicación a la UNE notificándole el inicio del proceso de disolución basado en el artículo 24 del Decreto N. 739 (Reglamento sistema unificado información de organizaciones sociales), junto con la causal de disolución 7 del artículo 22: “Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas”.
A pesar de que la organización cumplía con lo previsto en disposiciones nacionales, se le otorgó a la UNE 20 días para presentar evidencia exculpatoria, de otro modo enfrentaría su muerte legal.
El 9 de agosto de 2016 la UNE solicitó que la decisión fuera declarada nula y no válida, alegando su inconstitucionalidad por violación del debido proceso, impedimento del derecho de defensa, y por invertir la carga de la prueba. El Ministerio de Educación notificó a la UNE, el 18 de agosto de 2016, que la organización había dejado de cumplir con su propio estatuto y con el artículo 22, numeral 7 del Decreto N.739. La implementación efectiva del proceso de disolución de la UNE empezó el 26 de agosto.
(*) Los expertos: el Sr. Maina Kiai, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Sr. Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos.
FIN
Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/EN/HRBodi es/SP/Pages/Welcomepage.aspx
Para más información y solicitudes de prensa, favor ponerse en contacto con Marion Mondain (+41 22 91 79 540) o escriba a freeassembly@ohchr.org
Para solicitudes de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, favor ponerse en contacto con Xabier Celaya – Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)
Para sitios web y medios sociales: Los mensajes clave sobre nuestros comunicados de prensa están disponibles en los siguientes canales de medios sociales de ONU Derechos Humanos. Por favor, menciónenos utilizando las direcciones apropiadas.
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Youtube: unohchr
Por Redacción Opción
Mediante
una carta enviada el 7 de septiembre pasado, el director general de la
Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, le recuerda al
gobierno ecuatoriano que la disolución administrativa de organizaciones
sindicales es contraria al Convenio 87.
En
el documento se contempla que la Internacional de Servicios Públicos
(ISP) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las
Américas (CSA), solicitaron al Ministro de Educación la constitución de
una comisión de diálogo, pero haciendo caso omiso al pedido, el 29 de
agosto la policía nacional procedió a allanar los locales del gremio en
Quito y Guayaquil; razón por la cual la ISP y CSA se vieron en la
necesidad de solicitar a la OIT la intervención urgente en este caso.
Este
organismo le recuerda al gobierno, que los órganos de control de la OIT
ya le habían recomendado que se registrara la nueva directiva de la UNE
y ratifica que la inviolabilidad de locales y bienes sindicales es una
de las libertades civiles esenciales para el ejercicio pleno de los
derechos sindicales; además le solicita al gobierno, garantizar que la
UNE pueda llevar a cabo sus actividades sindicales legítimas.
Rosana
Palacios, presidenta de la UNE, esta mañana en rueda de prensa,
manifestó: “El pronunciamiento de la OIT es un comunicado concreto en
donde se le dice al Estado ecuatoriano violador de los derechos civiles y
políticos que garantizan la libertad de sindicalización y ratifica que
lo que hemos venido defendiendo durante estos últimos meses es justo.
En los próximos días plantearemos una queja formal sobre las amenazas,
destituciones y traslados de los dirigentes sindicales y continuaremos
con los procesos penales, porque no vamos a rendirnos ya que el mandato
de los docentes y del pueblo ecuatoriano es que defendamos la educación
pública, fiscal, laica, gratuita y de calidad, que defendamos la
profesión docente y que recuperemos el patrimonio que es propiedad de
los docentes unionistas”.
Mientras
tanto, los representantes del Colectivo Nacional de Dirección como
Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José
Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores, Nelson
Erazo, presidente del Frente Popular, Edwin Bedoya, dirigente de la
CEDOCUT, ratificaron su solidaridad con la UNE y recordaron que es
decisión de los afiliados mantener o liquidar un gremio y que frente a
la prepotencia y el autoritarismo del régimen correísta, anuncian una
nueva jornada de movilización nacional prevista para el 27 de octubre de
2016.
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