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Podría ser el preludio de la extinción del sindicalismo
Patricia Muñoz Ríos. Periódico La Jornada. Sábado 8 de octubre de 2016, p. 7
La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Darlene Rojas, calificó de
albazola modificación que se hizo a la iniciativa de reforma en materia de justicia penal, que plantea que los sindicatos podrán emplazar a huelga sólo si demuestran ante las autoridades que son
mayoritarios.
En entrevista, indicó que este cambio altera totalmente la primera
propuesta de reforma, restringe el ejercicio del derecho de huelga,
limita más los derechos consagrados por la ley y podría incluso ser el
preludio de la extinción del sindicalismo, que perdería toda su fuerza
de negociación, pues los gremios estarían supeditados a que las
autoridades reconozcan que pueden realizar emplazamientos.
Hace falta un estudio serio sobre esta reforma, pues aunque fue aprobada en comisiones del Senado, el último cambio que se introdujo la dejó en situación crítica, ya que se pone en riesgo un derecho fundamental, el de huelga.
El cambio al artículo 123 constitucional que introduce un requisito
adicional para que los sindicatos puedan emplazar a paros (se refiere al dictamen que podrìa aprobarse el martes en el Senado que exige garantizar, antes del emplazamiento de una huelga, que el
sindicato demuestre tener la representación mayoritaria de los
trabajadores), provocará
incluso que el país incumpla con el convenio 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre libertad sindical y negociación
colectiva, explicó.
También expuso que este cambio provoca que la reforma sea fallida
antes de que la apruebe el Legislativo, pues va en contra de los
trabajadores. La iniciativa se dividió en dos partes, la primera que
tiene que ver con la desaparición de las juntas de conciliación y
arbitraje, y la otra, que tiene que ver con los contratos de protección,
ya que pasa la obligación a los empresarios para hacer los registros de
los contratos colectivos y ellos ahora tendrán que aportar los
elementos de prueba de que los trabajadores quieren celebrar dichos
contratos.
Sólo que este esquema deja otra vez a los trabajadores como
simples espectadores, lo que es un contrasentido, planteó la titular de
la JFCA.
En cuanto a los comentarios respecto de que las modificaciones el
derecho de huelga son para acabar con el sindicalismo de protección,
Darlene Rojas refirió que es todo lo contrario, porque se quiere limitar
precisamente la actuación de las organizaciones obreras reales, los que
llevan a cabo revisiones y emplazamientos.
Lo más grave, dijo, es que la iniciativa no responde a su objetivo, que es precisamente
la impartición de justiciapara los trabajadores; por el contrario, se está proponiendo restringir más sus derechos históricos y se favorece a la parte patronal.
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