EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE,
DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA
Condena a la impunidad (Atención: se anexan varios artículos relativos al informe del comité de la onu contra desapariciones forzadas que aparecieron en La Jornada el 14 de febrero, para su consulta, vid. infra.)
No reflejan la información presentada en Ginebra, dice
El gobierno mexicano refutó las observaciones del CED
El comité acreditó nuestro
firme compromiso: Osorio Chong
Fabiola Martínez Periódico La Jornada Sábado 14 de febrero de 2015, p. 3
El gobierno mexicano refutó las observaciones del
Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, difundidas
ayer, al asegurar que éstas no reflejan adecuadamente la información
presentada por nuestro país el 2 y 3 febrero pasados, en Ginebra, Suiza,
en cuanto a las acciones que ha emprendido para atender el tema.
Las recomendaciones emitidas por el comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados, señala un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
El comité emitió la mañana de este viernes, tiempo de México, un
comunicado en cual recomienda a nuestro país la creación de una unidad
especializada para investigar las desapariciones forzadas.
En el caso específico de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, advirtió que el ataque
ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadasy la búsqueda de las víctimas.
En respuesta, México emitió un comunicado para dar por recibidas las
observaciones finales y las recomendaciones del comité, en respuesta al
informe que presentó sobre la implementación de la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas y a su sustentación. Sin embargo, subrayó
algunos de los trabajos ya realizados para combatir el problema.
Apenas se había difundido el reporte internacional, el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que el país requiere
hacer modificaciones legales, así como acciones en la administración
federal para diferenciar a las personas no localizadas y las
desaparecidas, además de castigar la desaparición forzada. En una
entrevista radiofónica dijo que habrá qué
revisary
atenderlos señalamientos del CED.
El gobierno ha hecho oídos sordos a nuestras plegarias, se quejan padres de los desaparecidosFoto Marco Peláez
La exposición de la delegación del gobierno mexicano en
Ginebra fue durante el proceso de evaluación de las medidas adoptadas
por el Estado para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del
mencionado tratado internacional, que entró en vigor en 2010. México
ratificó la convención en 2008 y hoy es uno de los 44 estados parte.
Durante la sustentación de su informe, se indica en el comunicado
conjunto, México proporcionó al comité información relacionada con los
avances y retos existentes en el país en materia de desaparición
forzada.
Entre estos, puntualizó, la armonización del marco jurídico en todo
el país, la depuración permanente de los registros de personas
desparecidas, la puesta en práctica de los protocolos de búsqueda, el
fortalecimiento de los servicios forenses, la atención integral de las
víctimas y las acciones adoptadas por las entidades federativas en
materia de desaparición forzada.
Dijo que en ese momento el CED acreditó el
firme compromisode México para redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la convención.
Condena a la impunidad
Las autoridades rehúsan
admitir que el problema en el país es grave
Indignante, que el gobierno intente negar una realidad palpable al refutar a la ONU: AI
Familiares de desaparecidos realizaron el 30 de mayo de 2013 en la ciudad de México una marcha para exigir justiciaFoto Carlos Ramos Mamahua
Fernando Camacho Servín Periódico La Jornada Sábado 14 de febrero de 2015, p. 4
El hecho de que el gobierno mexicano
refutelas observaciones del Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) es una señal preocupante de que las autoridades siguen negándose a admitir la gravedad de este fenómeno en el país y no tienen voluntad política para resolverlo, señalaron organizaciones civiles.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México,
subrayó que la resistencia de México a aceptar las recomendaciones del
CED
deja un profundo mal sabor de boca, pues muestra nuevamente que el gobierno de Enrique Peña Nieto va a negar cualquier versión crítica de lo que hace su administración.
Pese a los múltiples informes y revisiones internacionales que
documentan la existencia de miles de casos de desaparición forzada, el
gobierno mexicano
sigue sin reconocer la crisis de derechos humanos en el país y la dimensión del problema, y a cambio intenta ganar credibilidad a través de comunicados de prensa.
Tras destacar que las observaciones del CED confirman las denuncias
que ha hecho la sociedad civil desde hace muchos años, Quiroz enfatizó
que el intento de México de refutarlas
es indignante, porque responde al intento de negar una realidad palpable y tangible que está a la luz de todos, pero que los únicos que no ven son los funcionarios.
Javier Monroy, miembro del Taller de Desarrollo Comunitario,
consideró por su parte que la tácita negativa del gobierno a admitir las
observaciones del comité de Naciones Unidas es una reacción
lógica, pues el Estado
ha cerrado filaspara negar estos señalamientos, sin importar si los hacen organismos internacionales.
“Es obvio que lo refuten, porque aceptarlo implicaría ponerse en evidencia y romper vínculos con las empresas del narco, con un costo muy alto para la estabilidad económica del país y para los partidos políticos. Reconocerlo es hacerse el haraquiri, y el Estado siempre se negará a eso”, afirmó el activista.
Nadin Reyes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos y
Desaparecidos Hasta Encontrarlos, deploró que el Estado mexicano
evidencie su
falta de voluntad políticaal refutar los señalamientos recibidos, faltando al respeto a convenios internacionales que ha firmado y ratificado.
Siguen sin reconocer la gravedad del problema y eso deja ver que no van a cumplir las recomendaciones. No nos sorprende, pero sí es lamentable que lo diga de manera abierta y tajante, añadió.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos saludó las observaciones finales del CED y estimó que su adopción e implementación
representaría la posibilidad de lograr avances en el combate a ese lacerante problema.
Condena a la impunidad
No podemos vivir con tantas muertes
Fernando Camacho y Sergio Ocampo Reportero y corresponsal Periódico La Jornada Sábado 14 de febrero de 2015, p. 3
Las observaciones finales del Comité de Naciones
Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en
inglés) son positivas en tanto ayudan a visibilizar a nivel
internacional la gravedad de la situación que atraviesa México y pueden
presionar a las autoridades para que hagan su trabajo en la solución de
dicho problema, afirmó Melitón Ortega, padre de uno de los 42
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Los casos de desaparición forzada en Guerrero y en todo el país son permanentes. Eso lo sabemos, sólo que ahora se da a conocer al público de forma abierta que México está viviendo ese problema. Los organismos internacionales le están haciendo recomendaciones al Estado, nos parece que están cumpliendo y para nosotros eso es importante, señaló en entrevista el padre del estudiante Mauricio Ortega.
No podemos vivir con tantas muertes y desapariciones todos los días. Lo que nos queda claro como pueblo es que el gobierno no está cumpliendo las recomendaciones y ha estado haciendo oídos sordos a nuestras plegarias, lamentó.
La intervención del CED y otros organismos internacionales, dijo,
puede tener un impacto positivo en el Estado mexicano. Tiene que abrir líneas de investigación para esclarecer el caso de Ayotzinapa, como la participación del Ejército, pero también para que en México nunca más pase lo que ocurrió con los estudiantes.
Por otro lado, Ortega denunció que el presidente Enrique Peña
Nieto busca usar la aprehensión de los familiares y amigos del ex
gobernador Ángel Aguirre Rivero, acusados de desvío de recursos y lavado
de dinero, para que pase a segundo plano la exigencia de presentación
con vida de sus hijos.
El gobierno federal pretende hacer creer a la opinión pública que en México se está aplicando la ley, (pero) es más bien es un distractor, pues desde que desaparecieron los normalistas, le pidieron a las autoridades que investigaran a Aguirre, pero no lo han hecho,
lo están protegiendo, y lo mismo hace la Procuraduría General de la República, insistió.
El padre de familia reiteró que Peña Nieto
quiere hacernos creer que en Guerrero se está aplicando la ley a todo aquel que tenga culpabilidad, pero mientras no se le investigue por el caso Ayotzinapa, hasta entonces no lo vamos a creer.
Condena a la impunidad
La impunidad se ha aposentado en las instancias oficiales
El reporte del organismo mundial obliga al Congreso a intervenir, admiten legisladores
Andrea Becerril y Roberto Garduño Periódico La Jornada Sábado 14 de febrero de 2015, p. 4
Las recomendaciones de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) sobre la desaparición forzada en México obligan al
Congreso a legislar en la materia, advirtieron senadores y diputados de
PAN y PRD. Coincidieron en que el organismo internacional hizo público
lo que el gobierno mexicano se niega a aceptar.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica
de la Peña, dijo que se debe avanzar en la expedición de la ley general
sobre desaparición forzada, para contar con el marco legal idóneo que
combata ese delito, que se conozca la verdad y se repare el daño.
Recordó que hay dos iniciativas en la materia en el Senado,
encaminadas a crear un solo tipo penal que pueda aplicarse
irrestrictamente en cualquier parte del territorio, como se establece en
las recomendaciones del Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU.
La panista Adriana Dávila, presidenta de la Comisión contra la Trata
de Personas, dijo que coincide con lo expresado por ese organismo, ya
que se trata de un problema mayúsculo, debido a la irresponsabilidad de
todos los niveles de gobierno. Tiene razón la ONU, resaltó, cuando habla
de la necesidad de contar con un registro de víctimas, si hay más de 22
mil desaparecidos.
Por separado, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados señalaron que las observaciones de la ONU dan
cuenta de que se trata de un fenómeno
alentado por las instancias del Estado, lo que implica que la violación a las garantías individuales se convierta en eje de las policías para contener la movilización popular.
Los diputados Roberto López Suárez, Cristina Porquillo, Ricardo Mejía
Berdeja y José Luis Muñoz Soria consideraron que el documento da cuenta
de que la impunidad se ha aposentado en las instancias de gobierno,
alimentando las condiciones para aceptar graves delitos como el de la desaparición forzada.
El texto
es una radiografía de lo que el gobierno mexicano no acepta: va en ascenso la desaparición forzada, frente a un sistema de gobierno que no crea los mecanismos para atacar ese flagelo, afirmó el perredista López Suárez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario