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Que funcionarios no revictimicen a padres de estudiantes
Demanda la CNDH brindar protección a activistas y familias de las víctimas
Emir Olivares Alonso Periódico La Jornada Martes 23 de diciembre de 2014, p. 4
Con el objetivo de proteger la integridad de los
familiares de los normalistas de Ayotzinapa y de los defensores de
garantías fundamentales que han atendido el caso, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los gobiernos federal y de
Guerrero otorgar medidas precautorias en favor de los involucrados en el
caso Iguala.
Lo anterior debido a que, apuntó el organismo nacional, en días
recientes en diversos medios de comunicación se han dado a conocer
señalamientos de funcionarios tanto del gobierno estatal como del
federal donde se descalifica el trabajo tanto de los activistas que han
atendido el tema como de los familiares de las víctimas.
Informó que las medidas solicitadas deben consistir en que los
funcionarios instruyan, en el ámbito de sus competencias, a los
servidores públicos de ambos niveles de gobierno, en especial a los
encargados de las fuerzas de seguridad, para que se abstengan de
formular opiniones y expresiones que revictimicen y pongan en riesgo la
seguridad e integridad personal de los defensores de derechos humanos y
familiares de las víctimas tanto de asesinato como de desaparición por
estos hechos, incluidas las otras tres personas que no pertenecen a la
normal de Ayotzinapa pero que al estar cerca del lugar del ataque
también perdieron la vida.
Además, ambas administraciones deben instruir a sus funcionarios a
garantizar un trato digno y respetuoso a quienes sean favorecidos por
esta protección, detalló en un comunicado.
La CNDH informó que el viernes pasado dirigió oficios para
realizar tal solicitud: uno a Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y otro a
Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador de Guerrero.
En los documentos el organismo, presidido por Luis Raúl González
Pérez, enfatiza que en fechas recientes se han dado a conocer a través
de los medios de comunicación diversas opiniones y expresiones de
servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno en torno a la
problemática que prevalece en el estado, especialmente en el caso de
Ayotzinapa, en que se descalifica el trabajo que realizan tanto
defensores civiles de derechos humanos como los familiares de las
víctimas, en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y
en sus reclamos de justicia.
La comisión indicó que estas medidas cautelares de protección
solicitadas tienen su fundamento tanto en la Constitución como en la Ley
de la CNDH.
Recordó que realiza una investigación por el ataque a los normalistas
así como las fosas clandestinas que se han hallado en Guerrero, en la
cual se verifica que las autoridades de ambos órdenes de gobierno
cumplan su labor de brindar seguridad
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