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Legislación, poder y sucesión en la UNAM
Héctor Tamayo*. La Jornada. Opinión, lunes 10 de agosto de 2015
La Ley Orgánica que
establece la estructura académica y de gobierno de la Universidad
Nacional Autónima de México (UNAM) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
6 de enero de 1945. La Universidad Nacional de entonces estaba
integrada por menos de 30 mil personas. El primer Censo Nacional
Universitario de 1949 registra en la institución 23 mil 527 estudiantes y
3 mil 617 profesores, distribuidos en 14 escuelas y dos facultades.
Adicionalmente, otras fuentes estiman que por aquellos años existían más
de mil 600 plazas administrativas y poco menos de 100 investigadores.
Hoy, esta misma universidad tiene más de 342 mil estudiantes, cerca
de 39 mil académicos y 35 mil trabajadores administrativos, distribuidos
en 20 facultades, seis escuelas, 32 institutos y 15 centros de
investigación. Pese a las nuevas dimensiones de la UNAM, a las profundas
transformaciones de la sociedad mexicana y a las revoluciones
tecnológicas y culturales ocurridas en los últimos 70 años, la ley
fundamental de la universidad no ha sufrido modificación alguna desde
aquel lejano año de 1945. Bajo las reglas de esa ley petrificada existe
una de las comunidades más participativas de la sociedad civil mexicana y
las contradicciones que esta situación genera constituyen el mayor
obstáculo para el desarrollo de la institución.
La estructura de gobierno que la ley establece permite la
autorregulación de un círculo cerrado de poder en el que predominan las
élites gremiales coordinadas por una burocracia con privilegios cada vez
mayores. Veamos: el rector forma las ternas a partir de las cuales la
Junta de Gobierno (15 miembros) designa a los directores de facultades y
escuelas. En el caso de los institutos la junta nombra directores a
propuesta del rector, sin terna. El rector, los 73 directores, más los
consejeros académicos y estudiantiles proclives a las posiciones de su
respectivo director, conforman una amplia mayoría en el Consejo
Universitario. Este órgano nombra, a su vez, a los nuevos miembros de la
Junta de Gobierno, que sustituyen las vacantes por antigüedad (15
años), muerte, incapacidad o límite de edad (70 años). La junta, por su
parte, tiene su momento estelar en la designación cada cuatro años del
rector de la universidad.
Los compromisos e intereses que se generan en este circuito de
poder fortalecen a una burocracia que centraliza en forma creciente la
toma de decisiones. Los administradores avanzan y marginan a quienes
realizan las labores sustantivas de la universidad: estudiantes,
profesores e investigadores. Por otra parte, esta burocracia mantiene
vínculos muy estrechos con el aparato estatal. Resulta así que la
designación de autoridades en la UNAM, incluyendo al rector, cada vez
tiene que ver menos con los méritos académicos y más con la habilidad de
los aspirantes para insertarse en el circuito del poder universitario o
para vincularse con el poder estatal. (ES EL CASO DE SERGIO ALCOCER, QUE SE SABE, ES EL CANDIDATO DE EPN, n. del e.)
El próximo 16 de noviembre concluirá el segundo periodo del actual
rector y uno nuevo será nombrado. La ley señala que para designarlo
la junta explorará, en la forma que estime prudente, la opinión de los universitarios. La exploración de opiniones hace tiempo que se inició, pero para ser
prudentedicha exploración se hace dentro del círculo cerrado del poder universitario y apunta hacia el aparato estatal, no hacia la comunidad universitaria a la que consideran menor de edad.
La cuestión de cómo se gobierna y cómo se eligen autoridades, vale
decir, la sola idea de debatir sobre la democracia en la UNAM es un
asunto cuya discusión se ha eludido durante siete décadas bajo el falaz
argumento de que la jerarquía del saber no admite democracia alguna.
Habría que señalar que en toda colectividad, en toda comunidad siempre
aparece una relación política primaria: la relación entre gobernantes y
gobernados. Dentro de esta relación cabe, por supuesto, la discusión
sobre cómo se gobierna y cómo se eligen autoridades: bajo formas
democráticas, oligárquicas o dictatoriales. Negarse a dar este debate ha
conformado el peor de los escenarios posibles. Pretender que la
especificidad del trabajo académico coloca a la universidad fuera de la
política, es hacer la peor de las políticas y condenarla a seguir siendo
la institución más vertical y antidemocrática en México. Y sin embargo
–como diría el clásico–, se mueve.
*Consejero universitario estudiantil propietario. Escuela Nacional de Economía (1964-65).Consejero universitario profesor propietario. Facultad de Economía (1985-1988)
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