Padres de los normalistas desaparecidos irán a Ginebra en busca de justiciaFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez Especial para La Jornada Periódico La Jornada Domingo 25 de enero de 2015, p. 7
En el contexto de la evaluación de México ante el
Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, los padres de
los normalistas de Ayotzinapa acudirán a Ginebra para presentar un
informe que denuncia la ausencia de justicia en el país, ante lo que
denominan un crimen de Estado y exigen la investigación del Ejército
Mexicano y otros involucrados.
Al cumplirse mañana cuatro meses sin un verdadero acceso a la
justicia, los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl
Isidro Burgos han empezado a buscar justicia ante instancias
internacionales, por lo que una comisión viajará la próxima semana a
Ginebra para participar el primero y el 2 de febrero en la reunión de la
ONU que revisará la desaparición forzada, durante el examen que realiza
al Estado mexicano en su octava sesión.
Vamos a Ginebra a buscar justicia, la vamos a buscar por todas
partes del mundo, para que este crimen de Estado no quede impune.
Tocaremos todas las puertas necesarias, porque sabemos que las
autoridades mexicanas se protegen entre ellas y aquí hay muchos
intereses
, dice en entrevista Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas.
El informe, entregado a La Jornada, fue elaborado por los
representantes de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos
Humanos José María Morelos y Pavón AC, la Red Guerrerense de Organismos
Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh).
El texto, de 22 páginas, contiene un informe demoledor de lo ocurrido
durante los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala,
Guerrero; exhibe la falta de capacidad del gobierno estatal y la tardía
reacción del federal y de la Procuraduría General de la República (PGR),
que empezó a colaborar en el caso ocho días después de lo ocurrido. Más
tarde aún, a 11 días de la desaparición de los 43 jóvenes, el
presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre el caso
, señala el documento y recuerda que el Ejecutivo recibió a los padres de los estudiantes, 34 días después de los hechos.
Indiferencia del gobierno
El informe narra las dudas y desconfianza sobre la hipótesis de la PGR en torno a la desaparición forzada de los estudiantes: Al día de hoy, las investigaciones continúan y no pueden darse por concluidas. Ayotzinapa dista de ser un caso resuelto
.
Los organismos de derechos humanos, representantes de los padres,
señalan que la PGR no ha logrado detener a la totalidad de las personas
que, según su teoría, participaron en los hechos, como los supuestos 15
autores intelectuales, de los cuales sólo han arrestado a tres, pero
faltan el responsable de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, y
su subalterno, Francisco Salgado Valladares, quienes siguen prófugos a
tres meses de los hechos. De la estructura de Guerreros Unidos, el jefe regional, conocido como El Gil –identificado
por la propia PGR como pieza clave de los sucesos–, y también los
poderosos líderes de dicha organización criminal, como Ángel Casarrubias
Salgado, no han sido detenidos.
El informe asegura que en el caso Ayotzinapa la verdad no se ha esclarecido
,
particularmente porque no puede surgir sólo de testimonios y porque
falta investigar hechos fundamentales, como el terrible homicidio de
Julio César Mondragón, quien fue encontrado desollado en las
inmediaciones de Iguala: La responsabilidad por este crimen, esencial para conocer la verdad, no se ha establecido
.
Y lo más importante, a cuatro meses de los hechos, dicen, el Estado mexicano ha sido incapaz de presentar cargos e iniciar juicios por la desaparición forzada de los estudiantes
.
Una parte del informe está dedicada al aspecto forense independiente, que ha encontrado inconsistencias
en la versión de la PGR sobre el supuesto hallazgo de los restos de los
43 en el basurero de Cocula, por lo que consideran deben ser tomadas en
cuenta otras hipótesis, como la de los científicos de la UNAM y UAM,
que han desmontado la versión oficial.
Han trascendido otros cuestionamientos sobre la factibilidad
científica de que los 43 jóvenes desaparecidos hayan sido incinerados,
como lo afirma el Estado mexicano.
El informe señala la falta de acción de la PGR para investigar la
vinculación del crimen organizado con autoridades políticas, ni siquiera
la ha iniciado: “Es ingenuo pensar que el contubernio entre la
delincuencia y el sector público tope en el presidente municipal de
Iguala y su familia. Los narcoayuntamientos solamente pueden
existir con flujos de aquiescencia y complicidad que van más allá de la
esfera municipal. Por ello, es preciso exigir que se investigue al ex
gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre) y a otros funcionarios de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de esa entidad. Lo mismo debe
exigirse en torno al Ejército”.
Contrario al rechazo del secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, de investigar al Ejército en el caso Ayotzinapa, el
informe presenta la urgente necesidad de abrir y desarrollar esa línea
de investigación: Siendo la única autoridad federal territorialmente
instituida en Iguala, sin duda las fuerzas armadas contaban con
información de inteligencia sobre los vínculos entre autoridades del
Estado mexicano y los grupos del narcotráfico. Hoy está probado que las
fuerzas armadas conocieron hechos previos que daban cuenta de la
descomposición del municipio y que alertaban sobre el uso sistemático de
la desaparición en esa localidad
.
El informe da cuenta del fracaso del llamado Plan de Atención a
Víctimas en este caso, porque antes que nada no ha hecho la correcta
tipificación del delito: “debía reconocer más cabalmente el caso como
uno de desaparición forzada masiva de jóvenes, no sólo en la propuesta
sino también en sus acciones legales y pronunciamientos públicos, debido
a que el gobierno federal se ha referido al caso con insistencia como
uno de ‘personas no localizadas’”.
El informe exhibe la crisis que existe en México en torno a este delito: El
caso Ayotzinapa ha venido a demostrar las consecuencias de años de
impunidad, inacción e indiferencia frente a la desaparición forzada en
México. Desde diversas perspectivas, el hecho ha sido calificado como un
parteaguas en la historia reciente y como un punto de inflexión
respecto de la crisis de desapariciones que vive el país
.
Más aún, según el texto, el caso Ayotzinapa demuestra que es inexistente la voluntad y convicción del gobierno de la República
de atender, prevenir y sancionar ese delito conforme al derecho internacional: El
caso Ayotzinapa comprueba de forma contundente que el marco jurídico es
insuficiente y que las autoridades ignoran por completo la Convención
para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas: tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes, ninguna
persona enfrenta un juicio penal por ese delito; más aún, ninguna
autoridad mexicana ha usado o invocado la convención en resoluciones
jurídicas vinculadas con la persecución y el juzgamiento de este delito
.
El que consideran más grave caso de desaparición forzada de la historia nacional
, dicen, no fue atendido debidamente en las primeras horas que son cruciales:
En el caso, pese a que desde la noche del 26 de septiembre había
indicios sobre la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes, las
investigaciones iniciales no fueron por la desaparición sino por los
homicidios; de hecho, ante la ausencia de una investigación oficiosa por
las desapariciones, los familiares presentaron las denuncias para que
se abrieran los expedientes respectivos. También muestra el caso
Ayotzinapa que las búsquedas en vida no inician inmediatamente
.
El texto señala que para investigar el paradero de los estudiantes,
la participación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la
Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernación, “no tuvieron ni han tenido ninguna
intervención relevante en el caso, por el contrario, han desdibujado en
sus comunicaciones oficiales la situación de desaparición forzada.
El texto muestra la simulación
del gobierno mexicano de crear
instituciones que realmente no atienden los casos de graves violaciones a
los derechos humanos y critica severamente la actuación de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): El caso Ayotzinapa muestra
también que de nada han servido las reformas mediante las que se facultó
a la comisión para realizar investigaciones especiales”.
En definitiva, el informe muestra, entre otras cosas, la
insuficiencia del marco jurídico; las faltas de claridad sobre aspectos
de competencia y jurisdicción en materia de desaparición forzada; la
inexistencia de mecanismos de búsqueda inmediata en vida; las
limitaciones de la Unidad de Búsqueda de PGR; la ausencia de un
involucramiento sistemático de la CNDH; las fallas del Registro Nacional
de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y el fracaso de la
justicia transicional
.
Si el gobierno de Enrique Peña Nieto busca jurídica y políticamente
desdibujar el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, como
aseguran, este informe pretende evitarlo:
La desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda
herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es
que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión, respecto
de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones
forzadas. En este sentido, resulta imprescindible que el comité realice
un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los
43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este
emblemático caso
.
