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Reforma educativa: de fracaso en fracaso
La Jornada. Editorial. Domingo 31 de mayo de 2015.
Un día después del anuncio, por parte de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), de suspender de forma indefinida la evaluación docente en los
términos planteados por la reforma educativa de 2013, el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE) emitió un comunicado en el que critica
dicha medida como
una invasión a la competencia del INEEy una vulneración
a su autonomía constitucionaly afirma que es contraria al interés superior de la niñez mexicana, pues no garantiza
el derecho a una educación de calidad. A renglón seguido, el INEE exhorta al gobierno federal a dejar sin efectos la suspensión indefinida anunciada.
Debe señalarse, en primer lugar, que el desajuste normativo y administrativo
que acusa el INEE en su comunicado no es culpa de las presiones ni de la
oposición del magisterio disidente, articulado en la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), sino consecuencia de la forma poco
transparente y autoritaria en que fue procesada la reforma constitucional en
materia de enseñanza. Si desde un principio los promotores de la reforma
hubiesen escuchado las posturas de los docentes y los hubiesen incorporado en
las discusiones correspondientes –en el entendido de que el magisterio es actor
clave en el funcionamiento del sistema educativo–, habrían conjurado el
descontento que hoy se expresa en varios estados y que se ha manifestado en una
inoperancia total de la reforma mencionada.
Por otra parte, el magisterio disidente ha dejado en claro, en múltiples
ocasiones, que su postura no es contraria a la evaluación docente en sí misma,
sino al uso de ésta como una forma de control político y de afectación a los
derechos laborales de los maestros, así como a la pretensión del gobierno
federal de convertir a los profesores en chivos expiatorios de los rezagos que
enfrenta la educación del país. Por no ir más lejos, ayer mismo la CNTE recordó
que la suspensión de la evaluación docente
no era el objetivo central (de su movilización) sino abrogar una reforma laboral, y no educativa, para sentarnos a construir un verdadero proyecto educativo para el país, al tiempo que manifestó que
queremos un diálogo abierto con el Estado.
Es significativo, por lo demás, que la postura de la coordinadora sea
respaldada, como desde hace más de dos años, por el diagnóstico de diversos
especialistas en materia educativa a raíz del anuncio de la suspensión
indefinida, la cual constituye un
golpe a la credibilidadde la reforma en su conjunto.
Particularmente relevante es el pronunciamiento de Ángel Díaz Barriga, de la
Universidad Nacional Autónoma de México, quien afirmó ayer que el Congreso de la
Unión
debería tener la humildad de reconocer que se equivocó, que no sabe de educación y que requiere de la asesoría de expertos, y que
esta legislación debe quedar suspendida hasta en tanto sea revisada por especialistas que hagan un verdadero proyecto que responda a los intereses educativos del país, y no a los de un grupo político. Por su parte, Lucía Rivera, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, reiteró que la calidad de la educación nunca ha sido el objetivo de la reforma mencionada:
Es una reforma laboral de corte neoliberal acorde a las perspectivas educativas (del grupo en el poder), y con esa tendencia seguirá.
En suma, si el gobierno federal ha venido conduciéndose en forma sorda e
indolente ante los señalamientos críticos de docentes e investigadores, es
pertinente y necesario que revise y corrija esa postura. A fin de cuentas, hasta
ahora se han cumplido las advertencias de los actores políticos y de la academia
en el sentido de que cualquier normativa en materia de enseñanza que no
incorpore el punto de vista de los docentes está destinada al fracaso y a
convertirse en un factor de conflicto político y social.
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