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Ayotzinapa: 14 meses sin respuestas
La Jornada. Editorial, sábado 28 de noviembre.
La conmemoración por
los 14 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en
Iguala, Guerrero, coincidió con la instalación de un plantón en esta
capital por parte de los padres de familia, quienes demandan la
reactivación de las pesquisas en torno al caso, la realización de
reuniones con los titulares de la Secretaría de Gobernación y la
Procuraduría General de la República (PGR) y el nombramiento de un
fiscal para el caso.
Por su parte, la PGR ha informado que se ha comenzado a trabajar, en
coordinación con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), en la elaboración de un estudio de
dinámica del fuego en torno al incendio ocurrido en el basurero de
Cocula, donde, de acuerdo con la
verdad históricadel gobierno federal, fueron incinerados los normalistas desaparecidos.
Las demandas planteadas por los familiares de las víctimas y los
anuncios de las autoridades ponen en perspectiva el lamentable estatus
de las investigaciones en torno al caso: a más de 400 días de los hechos
no ha habido avance real en las pesquisas; se desconoce el paradero de
los estudiantes y las autoridades han incurrido en una omisión
monumental en su deber de procurar justicia y esclarecer los hechos.
Es inevitable vincular este estancamiento con la actitud errática,
tardía e indolente que adoptó desde un inicio el Estado mexicano, y
concretamente el gobierno federal. Debe recordarse que el
involucramiento de la PGR en el asunto no se dio sino varias semanas
después del 26 de septiembre de 2014; y que en el curso de sus
investigaciones, la procuraduría se empeñó en dar crédito a versiones de
los presuntos culpables materiales y desechó los testimonios de los
estudiantes sobrevivientes, quienes han sostenido desde un inicio que en
la agresión participaron elementos de las policías estatal y Federal,
así como integrantes del Ejército.
Posteriormente, la dependencia se empecinó en defender la versión calificada de
verdad histórica–la supuesta incineración de los cuerpos de los normalistas en el basurero de Cocula–, pese a que ésta resultó en todo momento poco verosímil y fue rechazada por los familiares de las víctimas, por expertos forenses y por amplios sectores de la sociedad. Finalmente, dicha versión recibió un mentís con el informe presentado por el GIEI, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El saldo de esta inacción está a la vista: al día de hoy no se conoce
el paradero de los desaparecidos; se multiplica y acumula el agravio
contra las víctimas y sus familias, y se ha generado un sentir de
desconfianza generalizada en las instituciones que en sí mismo
representa un obstáculo para el esclarecimiento pleno de los hechos.
Para colmo, la incapacidad gubernamental se ha traducido en un margen
de maniobra para nuevas agresiones en contra de los familiares de
Ayotzinapa y su entorno social de apoyo, como el ataque registrado
anteayer en Tixtla, Guerrero, donde un grupo armado asesinó a cuatro
policías comunitarios.
A 14 meses de la desaparición de los normalistas, la persistencia en
las demandas de esclarecimiento y justicia es sintomática del extravío
que padecen las instituciones de justicia en el país, pero no por eso
los reclamos son menos atendibles: se deben redirigir los esfuerzos
institucionales hacia una acción de esclarecimiento y justicia efectivos
en torno al caso. Hasta ahora, la incapacidad del Estado para hacer
justicia en este episodio es una de las determinantes de la crisis
política en la que se encuentra sumido el país, y sin el esclarecimiento
de lo ocurrido aquella noche en Iguala resulta impensable el
restablecimiento de la normalidad institucional.
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