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Pruebas de desaparición forzada en Iguala: 'The Intercept'
mié, 13 may 2015 10:57
Peritos durante la búsqueda de pistas
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 28 de octubre de 2014, en el
tiradero de Cocula, Guerrero. Foto Jesús Villaseca
Desde
el momento en que los estudiantes desaparecieron, sus padres han
exigido su regreso. Aunque es improbable que estén vivos, los padres se
han enfocado en las inconsistencias de la versión oficial, destacando la
reticencia del gobierno de informar al público todo lo que sabe.
Durante los últimos seis meses, The Intercept ha
conducido una investigación sobre el caso del gobierno basado en la
revisión de una parte del expediente de la Procuraduría General de la
República (PGR). Los archivos incluyen declaraciones de algunos de los
policías municipales y miembros de las organizaciones criminales
presuntamente relacionadas en los eventos de esa noche.
The Intercept también examinó
informes producidos por las fuerzas de seguridad en el área y condujo
docenas de entrevistas, incluidas aquellas con estudiantes que
sobrevivieron la noche de violencia. También analizó, durante varios
meses, reportajes de periodistas de investigación en México.
La investigación ha revelado los
esfuerzos conjuntos del gobierno federal para enfocar la culpabilidad a
los actores municipales, aunque existe evidencia de un expansivo círculo
de responsabilidad. Oficiales de mayor rango en la ciudad de México han
presentado un estrecho y manipulado escenario de un masivo secuestro
cometido por oficiales locales y llevado a cabo por sicarios en el área
de Iguala. Pero evidencia en los archivos propios del gobierno indican
un caso de desaparición forzada, el cual incluye –distinto del delito de
secuestro– la participación activa o pasiva de oficiales estatales y
puede constituir un crimen de lesa humanidad en la cual el estado carga
responsabilidad.
El expediente de la PGR se constituye
más con declaraciones de los sospechosos detenidos que la evidencia
física. El enfoque ha causado escepticismo en una nación con un
historial muy bien documentado de las autoridades usando coerción o
tortura para extraer confesiones falsas. Las declaraciones demuestran
que el gobierno ha presentado una selección de evidencia distorsionada
en su versión de lo ocurrido. Declaraciones, las cuales apoyan estos
argumentos, han sido presentados públicamente, mientras que aquellas que
contradicen la versión oficial han sido minimizadas.
The Intercept presentó una lista
extensa de preguntas a la PGR y a la Embajada de México en Washington,
D.C. Pese a las repetidas peticiones, ninguna de las instituciones ha
dado respuesta oficial vía electrónica o a través de sus funcionarios.
Aunque hay poca claridad respecto al
porqué desaparecieron los estudiantes o a dónde los llevaron, las
declaraciones en los archivos federales revisados por The Intercept detallan
que organizaciones criminales de la región han tomado el control de la
zona, exponiendo así la corrupción que ha impregnado muchas de las
estructuras de gobierno en Guerrero.
Datos topográficos provistos por uno de
los detenidos, por ejemplo, dirigieron a las autoridades hacia un lugar
denominado “La Laguna”, donde el cuerpo de un ex jefe de la policía de
Iguala fue descubierto. El detenido también describió un rancho conocido
como “Los Naranjos”, un terreno donde sicarios suelen arrojar cuerpos
en descomposición. Otro lugar detallado por dos sospechosos, en la
comunidad de Pueblo Viejo, se destacó de los otros. Allí, los hombres
dijeron que habían enterrado algunos de los estudiantes de Ayotzinapa.
Cuando los investigadores examinaron el lugar, encontraron 28 cuerpos en
unas fosas comunes, pero ninguno de ellos pertenecía a los estudiantes.
Mientras más y más cadáveres no
identificados eran exhumados durante el otoño pasado y la comunidad
internacional miraba con horror los eventos, ciertas verdades sobre el
estado mexicano comenzaron a salir a la luz. Lejos de ser un incidente
aislado, la desaparición de 43 jóvenes en una noche de violencia fue
única por la atención recibida en los medios. La historia de los
estudiantes es simbólica de la crisis en México de desapariciones no
resueltos, fosas clandestinas y la integración del crimen organizado en
los cuerpos policiacos y la política.
Según la madre de uno de los
estudiantes desaparecidos: “Es la policía disfrazada de lo narcotráfico
con la policía …Todo es un solo”.
Familiares de los estudiantes de
Ayotzinapa llegan al hangar de la Policía Federal en el aeropuerto de
Chilpancingo, el 11 de noviembre de 2014. Foto Reuters
A principios de noviembre, una reunión
se llevó a cabo en un hangar del aeropuerto de Chilpancingo, la capital
del estado de Guerrero. El Procurador General de México, Jesús Murillo
Karam, llegó en helicóptero. Los padres de los 43 estudiantes llegaron
por autobús. El cavernoso espacio era iluminado por el sol.
“Tengo tres detenidos”, dijo Murillo
Karam a los afligidos padres. “La información que ellos me dan es
realmente no tan buena noticia”.
El procurador ofreció una horrenda
narrativa: después de ser detenidos por la policía municipal el 26 de
septiembre en Iguala, los jóvenes fueron entregados a un grupo de
criminales, luego fueron masacrados, quemados, reducidos a cenizas y
lanzados en un río.
De acuerdo con la versión del gobierno,
la cual se construyó a través de una serie de conferencias de prensa,
el ex presidente municipal de Iguala dio la orden de “contener” a los
estudiantes. Su esposa iba a presentar un informe en una plaza pública y
el alcalde estaba preocupado de que los estudiantes –ya conocidos por
sus protestas perturbadoras– pudiesen sabotear el evento esa noche.
El gobierno aseguró que los estudiantes
iniciaron la violencia, lanzando piedras a los policías municipales,
quienes a su vez respondieron disparando sus armas. La policía de Iguala
detuvieron a los estudiantes, y en conjunto con la policía del cercano
pueblo de Cocula, transfirieron alrededor de 40 estudiantes a una zona
conocida como “Loma de Coyote”. Investigadores federales dijeron que los
estudiantes fueron entonces entregados a miembros de una banda criminal
conocida como “Guerreros Unidos”.
La mayoría de los estudiantes,
supuestamente, fueron colocados uno sobre otro en la parte trasera de
una camioneta Ford con una jaula sellada sobre su base. Otros cuantos
fueron puestos en una camioneta más pequeña. Ambos vehículos se
encaminaron en la oscuridad hacia un basurero poco utilizado al final de
un camino empedrado a unos siete kilómetros fuera de Cocula. Según las
versiones, los jóvenes que se ubicaban al tope de la pila estaban vivos
cuando llegaron al lugar, pero más de una docena de los situados abajo
se habían sofocado bajo el peso de sus compañeros.
En enero, Murrillo Karam mostró las
declaraciones grabadas de los detenidos miembros de “Guerreros Unidos”.
También dio a conocer un video completo con animación y música tenebrosa
en el cual, uno de los sospechosos representó los momentos finales de
los estudiantes. El hombre demostró cómo los estudiantes muertos fueron
bajados de los vehículos y tirados como sacos de grano en el suelo. Los
sobrevivientes fueron alineados, interrogados y acusados de ser
colaboradores de Los Rojos, una organización criminal que disputa territorio con Guerreros Unidos. Los detenidos declararan que los jóvenes de Ayotzinapa quedaron arrodillados y luego ejecutados a balazos.
Según el relato del gobierno, algunos de los miembros de Guerreros Unidos
llevaron gasolina y otros más arrojaron los cuerpos a un hoyo. Luego de
eso, los detenidos dijeron haber construido una pira con llantas,
madera y plástico, empapada de gasolina y encendida. Durante la noche de
ese día y hasta la tarde del 27 de septiembre, los supuestos asesinos
se turnaron para mantener vivo el fuego. No fue hasta las 17:30 horas
que se pudieron tocar los cuerpos quemados. Lo que quedó de los
estudiantes fue pulverizado, metido en ocho bolsas de basura y tirados
en un río cercano. Esto, declaró Murillo Karam a la nación en una
proclamación percibida como un esfuerzo de cerrar el caso, fue “la
verdad histórica”.
Jesús Murillo Karam, titular de la
PGR, en conferencia de prensa, el 27 de enero pasado, donde ratificó que
los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados. Foto
Víctor Camacho
La indudable explicación del gobierno
generó amplias dudas, no sólo por parte de los seres queridos de los
desaparecidos y los manifestantes en las calles, también de los
científicos y expertos forenses, los cuales disputaron la viabilidad del
escenario del fuego, y periodistas que investigaron detalles que el
gobierno pareció intentar esconder.
En diciembre, investigadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma
Metropolitana publicaron un estudio científico cuestionando el fuego
descrito por los detenidos, poniendo así en duda la versión del gobierno
sobre que el basurero de Cocula fue convertido en un crematorio. De
acuerdo con el estudio, incinerar a 43 individuos usando leña requiere
de 33 toneladas, aproximadamente, de madera de cuatro pulgadas, ocupando
un espacio diez veces más amplio que el tamaño del basurero.
Crematorios modernos, añadieron los científicos, utilizan alrededor de
53 kilogramos de gasolina por cuerpo. Además, si llantas hubieran sido
la fuente principal de combustible, casi mil llantas de autos hubiesen
sido necesarias, depositando 2.5 toneladas de alambre acero y
produciendo una masiva columna de humo visible desde los pueblos
cercanos. Si la cronología del gobierno es cierta, esos materiales
hubiesen sido montados y transportados al escenario en cuestión de
horas.
De acuerdo con una tarjeta informativa
incluida en un informe elaborado por el gobierno de Guerrero, un
helicóptero fue enviado a las 11 de la mañana del 27 de septiembre desde
Chilpancingo al sur con rumbo a Iguala para buscar a los estudiantes.
El basurero de Cocula se ubica a unos 15 kilómetros al sur de Iguala y
cerca del mediodía el helicóptero sobrevoló la ciudad y las áreas
vecinas. De acuerdo con las declaraciones de los sospechosos, el fuego
duró hasta las dos o tres de la tarde del día 27, pero el reporte del
estado no menciona una hoguera ni humo que fuese registrado por la
tripulación del helicóptero.
En diciembre, el gobierno dijo haber
recuperado del río cerca del basurero de Cocula una bolsa que contiene
cenizas y material que corresponde a restos humanos, incluyendo
fragmentos de hueso. Diecisiete muestras forenses de la bolsa y del
basurero fueron enviadas a expertos de un laboratorio en Innsbruck,
Austria. En la misma conferencia, Murillo Karam anunció que los expertos
austriacos habían identificado positivamente un fragmento sacado del
río y que pertenecía a uno de los estudiantes desaparecidos: Alexander
Mora Venancio de 21 años de edad. Los expertos opinaron que era
improbable que las otras muestras de los restos pudieran producir
parejas positivas por el degrado severo debido a la alta temperatura.
Sin embargo, en enero la PGR declaró “certeza legal” de que los 42
compañeros de Mora Venancio tuvieron el supuesto mismo destino:
asesinados y quemados en el basurero de Cocula y después lanzados al
río.
Desconfiando de los expertos del
gobierno, los padres de los estudiantes desaparecidos solicitaron la
asistencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la cual
ha investigado atrocidades en más de 30 países durante las últimas tres
décadas. En diciembre, el equipo argentino confirmó la identificación de
los restos de Mora Venancio. Pero enfatizó que sus miembros no fueron
testigos de la extracción de las bolsas de basura del río y no podían
confirmar la declaración del gobierno, en la cual se aseguraba que los
restos habían sido encontrados en el río y quemados en el basurero.
En febrero, el equipo publicó un
reporte crítico en respuesta a las afirmaciones categóricas de Murillo
Karam catalogadas como la “verdad histórica”. El EAAF reportó que los
investigadores federales violaron un acuerdo con el equipo y que estos
visitaron el basurero en Cocula mediados de noviembre, coleccionando
evidencia balística y muestras de terreno sin avisar al equipo. El EAAF
describió esta visita como una “seria irregularidad”.
El equipo de la EAAF tenían suficientes
razones para estar preocupado sobre las capacidades forenses del
gobierno. Para examinar los restos sacados del río, los investigadores
federales y el equipo argentino, cada uno, congregó más de 130 perfiles
genéticos de miembros de los familiares de los estudiantes
desaparecidos. La PGR después reconoció que sus expertos habían
identificado erróneamente –por “un error administrativo”– 20 de los
perfiles sometidos.
La versión del gobierno surge por
suposición de que sólo hubo un incendio en el basurero de Cocula — el
que quemó los restos de los estudiantes. Pero de acuerdo con el EAAF,
imágenes satelitales revelan evidencia de múltiples fuegos en el
basurero en los últimos cuatro años. El equipo EAAF señaló el
descubrimiento de una quijada con dentadura, pero los padres de los
normalistas aseguraron que ninguno de los estudiantes desaparecidos
usaba dentaduras.
El gobierno parece haberse movido
con rapidez para cerrar el caso. Por ejemplo, el área de investigación
en el basurero fue dividido en una rejilla de 137 secciones. En febrero,
después de que Murillo Karam ofreciera su versión oficial, los peritos
sólo habían analizado 30 secciones, según el EAAF. El equipo argentino
sugirió entonces, que el gobierno sólo había buscado evidencia que
fortalecía la recreación de los hechos.
“La evidencia física debe ser
interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia e aquellas
interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los
testimonios de los imputados”, señaló el EAAF en su reporte.
Fue por eso que comenzaron a surgir
teorías alternativas que explicaran cómo y dónde habían sido arrojados
los cuerpos. Una de las más provocativas, citada extensamente en los
medios, es que los cadáveres fueron destruidos en un incinerador o
crematorio de una base militar.
Ninguna evidencia física que apoye esa
teoría ha sido descubierta, pero se mantiene viva por la falta de
respuestas de las autoridades federales, quienes no han respondido con
claridad a las peticiones de la prensa en relación a los archivos
públicos y tampoco sobre la ubicación de los crematorios en bases del
Ejército de la región.
Cuarenta años atrás, Guerrero fue el
epicentro de la Guerra Sucia en México, emprendida por los militares en
contra de guerrilleros izquierdistas, muchos de ellos egresados de
escuelas como Ayotzinapa. Tortura y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo arrojar prisioneros desde aviones, fueron cometidos con impunidad.
Con memorias de violencia auspiciada
por el estado enclavadas en la memoria de Guerrero, no fue sorpresa que
la atención del pueblo fuera enfocada hacia el 27 Batallón de Infantería
y el 12 de enero, manifestantes se congregaron en la base. No obstante,
el gobierno se mantuvo firme.
“No hay una sola evidencia de que haya
intervenido el Ejército”, dijo Murillo Karam a reporteros. “No hay una
sola evidencia, una sola, la participación del Ejército”.
Su declaración es verdadera solo hasta cierto punto.
Una colección de reportes militares,
compartidos bajo la Ley de Transparencia con un puñado de periodistas
mexicanos en febrero y marzo, revelan que tropas ubicadas en Iguala
estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes antes de que
llegaran a la terminal de Iguala, incluso antes que los primeros
disparos iniciaran. Los reportes, además, demuestran que militares se
comunicaron directamente con la policía municipal, los cuales atacaron y
detuvieron a los estudiantes. Examinados en detalle por la periodista
Marcela Turati de la revista Proceso y revisados por The Intercept,
los reportes indican que aunque no participaron en las matanzas,
militares estaban al tanto que algo estaba ocurriendo y no
intervinieron.
Dentro de los documentos hay un reporte
titulado “Arribo de Normalistas”, con fecha del 26 de septiembre, el
cual detalla los eventos de esa noche. El reporte contradice las
declaraciones del Coronel José Rodríguez Pérez, quien dijo a la prensa
“nos enteramos al último”, en referencia a los eventos de esa noche.
El documento detalla de la presencia de
estudiantes en el tramo carretero Iguala-Chilpancingo a las 19:40 horas
y describe sus esfuerzos de tomar autobuses en la caseta “del tramo
carretero puente de Ixtla-Iguala” entre las 20:00 y 20:50 horas. Además,
nota la llegada de los estudiantes a las 21:20 horas a la terminal de
autobuses en Iguala. Estos fueron seguidos por la policía municipal
mientras transitaban por las calles congestionadas. Cuando los autobuses
llegaron a la intersección de las calles Hermenegildo Galeana con
Melchor Ocampo en el centro de la ciudad de Iguala, “los normalistas
descendieron de los mismos y agredieron con piedras a los elementos
policíacos, por los que estos últimos respondieron la agresión,
efectuando detonaciones de arma de fuego”, según el reporte.
Aproximadamente a las 22:15 horas, los
militares establecieron comunicación con Felipe Flores Velázquez,
secretario de Seguridad Pública de Iguala en aquel entonces. Flores
Velázquez “manifestó con una actitud de reserva y tratando de minimizar
los hechos”, según el documento. Dijo que su personal “no tenían ningún
carro detenido y que no se habían suscitado disparos de armas de fuego”.
Uno de los pocos militares nombrado en los documentos revisados por The Intercept fue
el Cap. 2 d/o José Martínez Crespo, quien, según los reportes, pasó la
noche patrullando y estuvo presente en una clínica privada donde los
estudiantes heridos llegaron a buscar apoyo. Los soldados tomaron fotos
dentro de la clínica y una de las fotos, reveló por Milenio,
muestra a uno de los estudiantes sangrando por la cara mientras su
compañero lo consuela. Según los reportes militares, los estudiantes
“agradecieron al Cap. 2/o. Inf. Jose Martínez Crespo el apoyo brindado” y
dijeron que iban a salir para recibir atención médica en otro lugar.
Omar García, uno de los estudiantes en la clínica esa noche, recuerda el encuentro de manera diferente:
“El Ejército nos sometieron. Nos dijo
muchas cosas feas. Que habíamos buscado [esto]. Que eso nos pasaba por
andar haciendo lo que hacíamos. Por ser revoltosos”.
Ninguno de los jóvenes recibió atención médica una vez que los soldados llegaron.
Los documentos militares sugieren que
oficiales superiores en la ciudad de México habían tomado cuenta de la
severidad de la situación mucho antes que la reconocieron públicamente.
El presidente Enrique Peña Nieto se distanció de los desapariciones,
cancelando un viaje a Guerrero dada a “malas condiciones
climatológicas”.
Pero, un documento en poder de Turati
demuestra que a las 9:45 a.m. del 27 de septiembre –la mañana después de
que los estudiantes fueron atacados y detenidos– un visitante a la 27
Batallón en Iguala fue listado como residente en “Los Pinos”, la
residencia oficial del presidente en la ciudad de México. El registro
declara que el visitante, identificado como un capitán, vino a Iguala de
“vacaciones”.
El 4 de noviembre, salió un video
mostrando una unidad élite de la Policía Federal descendiendo poco antes
del amanecer sobre una casa supuestamente abandonada en un barrio
populoso en la ciudad de México. El gobierno anunció entonces la
detención de la pareja, la cual se encontraba adentro, como una victoria
en el caso.
María de los Ángeles Pineda y su esposo José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, en imagen de archivo. Foto Ap
José Luis Abarca, alcalde de Iguala
durante las matanzas, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa,
parecían los villanos perfectos. Abarca había enfrentado una
investigación por el posible delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y denuncias públicas por un presunto homicidio. Su
esposa venía de una familia de narcotraficantes y en alguna ocasión
amenazó a un reportero que había cruzado la raya con ella, advirtiéndole
que cortaría sus orejas. Sin embargo, no está claro que la pareja
jugará un papel principal en las desapariciones como ha señalado el
gobierno federal.
En noviembre, la PGR aseguró que Abarca
dio la orden de “contener” a los estudiantes después de que entraron a
Iguala. La orden, supuestamente se dio a través de un radio policial
usando el código A5, misma que fue escuchada por David Hernández Cruz,
al cual los fiscales identificaron como un operador de radio. La
declaración de Hernández Cruz ha sido citada en conferencias de prensa
realizando avances en el caso.
La versión federal que apunta a Abarca
como el genio criminal de la operación en Iguala está basado ampliamente
en lo que se proyecta en los archivos federales como un juego del
teléfono descompuesto: en el que Hernández Cruz dijo que alcanzó a
escuchar a un policía de Iguala diciendo por la radio que una orden de
“detener” a los estudiantes fue emitida por alguien con un código, A5,
éste asociado con el alcalde. La teoría del gobierno está también basada
en que Hernández Cruz ocupaba una posición que quizá no tenía. De
acuerdo a los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher de Proceso,
no hay evidencia de un empleado de nombre David Hernández Cruz en la
policía de Iguala. En febrero, la revista reportó que Hernández Cruz fue
abusado durante su custodia y puesto en libertad después de su
declaración crucial.
Para presentar a Abarca y su esposa
como los “autores intelectuales” detrás de las desapariciones de los
estudiantes, Murillo Karam se basó en información proveída por otro
testigo dudoso: Sidronio Casarrubias Salgado, identificado por las
autoridades mexicanos como el líder de Guerreros Unidos.
Casarrubias fue detenido en octubre y en su declaración afirmó que su
grupo recibía aproximadamente 2 a 3 millones de pesos de manera regular
de la oficina del alcalde de Iguala, manejado por Pineda Villa, su
esposa.
El gobierno sostiene lo anterior como
evidencia de los lazos criminales de la pareja, pero otras declaraciones
que no cuadraban con esta versión fueron descartadas. En su
declaración, Casarrubias pintó una imagen de un panorama complejo en el
cual Guerreros Unidos y sus socios en el gobierno –no sólo el
alcalde y su esposa sino también la policía municipal– batallaron juntos
para mantener el control de Iguala en contra y defenderse de Los Rojos, la organización rival. Casarrubias dijo que dos oficiales estatales habían aceptado sobornos considerables para permitir que Los Rojos
entraran a Iguala mezclados con los estudiantes el 26 de septiembre. En
su declaración, dijo que está hecho encendió la violencia. De acuerdo
con Casarrubias, miembros de Guerreros Unidos mataron a 17 integrantes de Los Rojos esa noche.
Las palabras de un líder criminal deben
ser tratadas con escepticismo, por supuesto. Todavía no queda claro
cómo es qué la PGR determinó que ciertas declaraciones –aquellas que
implican el ex alcalde y su esposa– recibieron extensa publicidad,
mientras que otras que sugieren un amplio nivel de corrupción no fueron
expuestas.
Casarrubias no fue el único de Guerreros Unidos
que describió escenarios que no cabían en la narrativa del gobierno.
Numerosos miembros de esa organización criminal, por ejemplo, hablaron
del papel que desempeñó una misteriosa figura de Guerreros Unidos identificado únicamente como Chucky (o Chuky o Choky).
Dependiendo de la declaración, Chucky ordenó el ataque hacia los estudiantes porque habían sido infiltrados por Los Rojos;
personalmente agarró a tres estudiantes y los tiró dentro de su carro
Mustang; se unió con la policía en los ataques fatales en la carretera
hacia otras personas que no eran estudiantes; facilitó la entrega de
estudiantes capturados; falló en la entrega de estudiantes capturados;
ordenó el asesinato de estudiantes fuera de Cocula; personalmente
asesinó estudiantes en un local fuera de Cocula; enterró estudiantes en
un local fuera de Cocula; y posiblemente mantuvo estudiantes vivos
después de que la cronología del gobierno los había declarado muertos.
Según las declaraciones, Chucky mide entre 1.45 y 1.55 metros de altura y tiene entre 25 o 35 años de edad. La figura del Chucky destaca en las declaraciones de los miembros de Guerreros Unidos,
quienes describen a detalle cómo asesinaron a los estudiantes de
Ayotzinapa bajo sus órdenes. Sus declaraciones guiaron a investigadores a
Pueblo Viejo, una comunidad donde 28 cuerpos fueron desenterrados de
tumbas. Parecía como un importante avance en el caso hasta que oficiales
estatales fueron forzados a anunciar que ninguno de los cuerpos
pertenecían a los normalistas.
Chucky en gran parte desaparece
de las declaraciones públicas de la PGR y solo recibe mención de paso en
la “verdad histórica” presentada en enero. Chucky, la alegada infiltración de Los Rojos y
los 28 cuerpos son parte de las profundas enigmas del caso. Otra enigma
es: ¿Por qué algunos de los detenidos de Guerreros Unidos confesaron
asesinar a los estudiantes en un lugar, como Pueblo Viejo, donde no hay
evidencia de que los estudiantes fueron asesinados y bajo las órdenes de
un tal Chucky, el cual nadie sabe ni su verdadero nombre?
La detención de la “Pareja Imperial” también es perplejo. En febrero Proceso
reportó el descubrimiento de dos documentos de la Policía Federal
relacionados con el arresto. Un documento declara que fueron arrestados
en la ciudad de México, y extraídos de un taxi. El otro, fechado al día
después de que el video del arresto fue circulado y que se asegura que
la pareja fue detenida “en las inmediaciones de la Seido”, en la capital
del país. Ninguno de estos documentos sugiere que la pareja fuese
arrestada en la casa de Iztapalapa, en el Distrito Federal, como lo
detallaba el video dado a conocer por los medios.
Vivienda ubicada en la delegación
Iztapalapa donde, según autoridades federales, fueron detenidos el ex
edil de Iguala y su esposa. Foto Carlos Ramos Mamahua
El 24 de abril, un tribunal revocó el
auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa. La
mujer identificada en la prensa internacional como “La Primera Dama del
Asesinato” había sido detenido bajo arraigo por 60 días mientras los
fiscales federales intentan formalizar cargos en su contra por el delito
de delincuencia organizada. Según Proceso, varios ordenes de
aprehensión habían negados por falta de pruebas. El 30 de abril, cargos
en contra de Pineda Villa por crimen organizado fueron restablecidos y
ella permanece en custodia. Abarca, todavía señalado por la PGR como
responsable en la detención de los estudiantes, se mantiene en una
prisión de seguridad maxima.*
Iguala es el lugar natal de la bandera
mexicana y en la constitución se ubica como “La Cuna de la
Independencia” de México. Siguiendo la desaparición de los estudiantes
surge un título alternativo que fue pintado en la estación de autobuses
donde la violencia comenzó: “Cuna del Narcogobierno”.
Mientras policías municipales fueron
congregados el pasado otoño, evidencia de un narcogobierno era fácil de
observar. A las seis de la mañana del 27 de septiembre, 142 policías de
Iguala fueron citados para contestar preguntas de los investigadores
estatales y obligadas a exhibir sus armas, según el informe entregado
por el estado de Guerrero. Las armas pertenecientes a 22 empleados del
departamento resultaron positivas en pruebas indicando detonaciones
recientes. Al final, 48 de ellos sería parte de las 104 personas
arrestadas en el caso.
En Cocula, 16 miembros de la policía
municipal fueron eventualmente detenidos. Las declaraciones de muchos de
los policías de Cocula estaban en los archivos federales revisados por The Intercept.
Algunos policías de bajo rango dijeron que trabajaban turnos que
duraban 48, incluso 72 horas, a cambio de un salario mensual menor a los
6 mil pesos, la mitad de lo que un integrante de Guerreros Unidos
dijo que podían cobrar en un secuestro. Las declaraciones de los
oficiales –las cuales proyectan una noche de confusión, amenazas y
encubrimientos– proveen un retrato gráfico de la colaboración entre el
crimen organizado y las fuerzas de seguridad locales, establecida mucho
antes de la desaparición de los estudiantes.
El 26 de septiembre, tres patrullas de
Cocula con policías vestidos con equipo táctico fueron hacia Iguala para
apoyar a los oficiales municipales de esa localidad mientras estos
detenían a los estudiantes para llevárselos. Según las declaraciones de
muchos de los policías de Cocula, el subdirector César Nava González fue
quien estuvo a cargo de las órdenes durante esa noche. Los uniformados
dijeron haber visto a los estudiantes ser transferidos al cuartel
general de la Policía Municipal en Iguala, para luego ser transferidos
hacia “Loma de Coyote”. Ahí fueron entregados a los miembros de Guerreros Unidos. A las primeras horas del 27 de septiembre, los policías dijeron haber regresado a sus cuarteles en Cocula.
“El ambiente era denso”, dijo un
oficial en su declaración. “Estábamos impactados, por los hechos que se
habían presentado”. Otras declaraciones de policías de Cocula coinciden
en que Nava llamó a media docena de oficiales para que se vistieran en
ropa de civil, se armaran y salieran en vehículos sin marca. Algunos
oficiales reconocieron su destino a la llegada: el rancho de Gildardo
López Astudillo, líder local de Guerreros Unidos, y mejor conocido como Cabo Gil. Estuvieron allí hasta la salida del sol. En la actualidad, López se encuentra prófugo.
Varias personas conectadas al
departamento de Cocula describieron un esfuerzo por encubrir la verdad y
también destruir evidencia, pues dijeron haber recibido órdenes para
quemar documentos, confiscar videos de vigilancia y cambiar los números
de sus vehículos. No les dijeron el porque, según un oficial. “A
nosotros como tropa no se nos informa nada de los cambios”, dijo. “Sólo
es entre jefes”.
Nava también advirtió a sus
subordinados de no mencionar lo ocurrido. De acuerdo a uno de los
oficiales, Nava envió un mensaje textualmente la mañana del 27 de
septiembre el cual dijo, “Acerca de lo que pasó a noche, ustedes no
saben nada, no vieron nada”. Otro oficial declaró, “Nos amenazaba que si
no hacíamos nuestro trabajo nos iba matar a nuestras familias o a
nosotros”.
Mientras la PGR reconoció públicamente
el intento de encubrimiento en Cocula, la entrelazada historia entre la
policía municipal y el Ejército en la región no ha sido mencionada en la
versión oficial del gobierno.
El mayor retirado Salvador Bravo
Bárcenas, director de la Seguridad Pública de Cocula y ex soldado del 27
Batallón, describió en una declaración de como perdió el control de su
departamento a Nava. Todo comenzó en junio del 2013, así dijo, cuando
una persona con una “cara alegre” entró a su oficina buscando trabajo.
Nava, también un ex oficial militar, según el periódico La Jornada, recibió empleo casi de manera inmediata junto con cuatro de sus compañeros.
Nava asumió el papel de subdirector y
no tardó mucho, dijo Bravo, antes de que empezaran “ciertas
irregularidades”. Nava llevó a sus subordinados a expediciones de tiro
no autorizados, cerca del basurero en Cocula. Después de que Bravo lo
confrontó respecto al protocolo, su subdirector respondió textualmente,
“Mira Bárcenas, a partir de este momento, yo voy a tomar las decisiones
de la policía”.
Bravo declaró cuando se opuso, Nava
envió otro texto advirtiendo, “Ya tengo ubicada a tu familia”. Fue
seguido por fotos de la casa de Bravo y sus hijos.
Bravo dijo que se quejó sobre Nava con
el comandante del 27 Batallón de Infantería 27. El comandante, que no
fue identificado por Bravo, le dijo que no debe preocupar. Ocho días
después, Bravo dijo que militares llegaron a Cocula y se fueron con Nava
y sus seguidores. Sin embargo, regresaron ese mismo día, todavía en
compañía de los militares “sin decirme palabra alguna”, dijo Bravo.
Nava permaneció en el trabajo y fue
detenido por el caso de Ayotzinapa con miembros de su grupo, según la
periodista Gloria Leticia Díaz de Proceso. El testimonio de Nava no fue
incluido en los materiales revisados por The Intercept. Nava permanece en prisión y su historia sellada en la investigación del gobierno federal.
A mediados de los 70s, al tope de la
Guerra Sucia en México, fuerzas de seguridad hicieron desaparecer a
cientos de personas, rebeldes sospechosos y ciudadanos por igual. Tres
décadas después, un nuevo conflicto se desata, desgarrando la estructura
de la sociedad mexicana con ciudadanos desapareciendo a una escala sin
precedente.
El 11 de diciembre de 2006, ex
Presidente Felipe Calderón ordenó el envío de miles de soldados a las
calles de Michoacán, el estado colindante al noroeste con Guerrero,
declarando así la guerra contra las atrincheradas organizaciones del
narcotráfico. Más de 100 mil personas han muerto desde entonces.
Abastecidos por billones de dólares en equipo y entrenamiento de los
Estados Unidos, las fuerzas de seguridad mexicanas, a todos niveles, han
sido acusados de masivas violaciones de derechos humanos. En vez de
reducir la violencia, en algunas regiones, sus campañas han dividido a
los carteles establecidos y han disminuido a grupos más pequeños como
Guerreros Unidos que compiten por control de un territorio fracturado.
La lista de los asesinatos es sólo un
conteo parcial de las víctimas. Hay miles de personas desaparecidas
desde que empezó el conflicto, más de 22 mil según cifras del gobierno
federal, aunque organizaciones creen que la cifra real es superior.
Desde el 2006, un estimado de 70 mil migrantes de Centroamérica se han
esfumado mientras cruzaban el país, según el Movimiento Migrante
Centroamericano.
Ofrenda en memoria de Julio César
Mondragón, alumno de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa asesinado el
26 de septiembre en Iguala. Foto Yazmín Ortega
Como los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
algunos de los desaparecidos mexicanos fueron vistos por última vez
siendo montados en camiones de policías o del Ejército. En un reporte
publicado en 2013, Human Rights Watch advirtió que México está sufriendo
“la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se
haya producido en América Latina en las últimas décadas”. El delito de
desaparición forzada está prohibido bajo la ley internacional y de
acuerdo con el Estatuto de Roma, de la cual México es parte, se puede
asociar como un crimen en contra de la humanidad si se conduce en una
forma de manera extendida o sistemática. En su reporte, publicado más
que un año antes de que los estudiantes fueran secuestrados, Humans
Rights Watch agotó detalladamente como las desapariciones forzadas se
han manifestado en México. Los patrones reflejan realidades como en el
caso de Ayotzinapa.
El reporte apunta, por ejemplo, que
cuando individuos son aprendidos por la policía o militares, son los
familiares de las víctimas los que buscan información sobre el paraderos
de estos y con frecuencia son informados de que nunca fueron detenidos.
En Iguala, este fue el mensaje compartido por las autoridades a los
equipos de búsqueda la mañana después que los estudiantes fueran
capturados. En estos casos, los implicados en una desaparición son más
típicamente miembros de la policía municipal que miembros de otras
fuerzas de seguridad. En el caso de Ayotzinapa, las únicas fuerzas de
seguridad detenidas han sido los policías municipales de Iguala y
Cocula. Y como explicó Human Rights Watch sobre casos donde se
involucran oficiales estatales y crimen organizado, “Más frecuentemente,
miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las
víctimas y luego las entregan a organizaciones delictivas”. En el caso
de Ayotzinapa, Guerreros Unidos parece que jugó ese papel.
En México, las investigaciones sobre
desaparición forzada se caracterizan por tener fallas sistemáticas tales
como mal manejo de la evidencia y negligencia en asegurar rápidamente
la escena del crimen, apuntó Human Rights Watch. Eso fue lo que pasó en
Iguala donde policías municipales guardaron los casquillos de balas de
la escena del primer ataque, según John Gibler del California Sunday
Magazine. También, el lugar del ataque no fue asegurado por horas. El
manejo del basurero de Cocula, donde los cuerpos de los estudiantes
fueron supuestamente calcinados, creó preocupaciones similares. Cuando The Intercept
visitó el basurero el 11 de noviembre, cuatro días después que el
gobierno declarará el área como un probable lugar donde ocurrió una
masacre horrorosa, este no estaba protegido y era de fácil acceso.
Dentro de los síntomas más penosos de
desaparición forzada, según Human Rights Watch, es la intención de
oficiales del gobierno de convencer a los familiares que sus seres
queridos están muertos sin ninguna prueba sustantiva. Este escenario se
desenvolvió en conferencias de prensa televisadas a nivel nacional sobre
el caso Ayotzinapa. El resultado es que las familias, en lugar de que
lo haga el estado, cargan el peso de averiguar lo ocurrido. “Numerosos
familiares renuncian a todo –y abandonan así una carrera consolidada,
someten a sus familias al desarraigo y concluyen relaciones de mucho
tiempo– para dedicarse completamente a la búsqueda de la persona
desaparecida”, según el reporte de Human Rights Watch.
Mientras que el crimen de secuestro
puede llevar una sentencia más larga de prisión en México que la de
desaparición forzada, las consecuencias para el estado son mínimas
porque el crimen es atribuido sólo al acusado. Ya que raramente se
inician cargos de desaparición forzada, el gobierno mexicano escapa sus
responsabilidades. Si los casos de desaparición forzada fueran
continuamente perseguidos, esto podría proveer evidencia de abusos
sistemáticos, los cuales puedan iniciar cargos de crímenes en contra de
la humanidad y posiblemente poner en peligro los billones de dólares
designados para asistencia de seguridad que el Gobierno de México recibe
de Estados Unidos. Bajo la “Ley Leahy”, nombrado así por el autor de
esta ley, el Senador Patrick Leahy, apoyo a fuerzas de seguridad
extranjeras implicadas en graves violaciones de derechos humanos es
ilegal.
Ariel Dulitzky, presidente-relator del
Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias con
las Naciones Unidas declaró ante The Intercept que aunque la
versión del gobierno mexicano del caso de Ayotzinapa pueda ser cierta
–que fueron solamente los policías municipales que agarraron a los
estudiantes– la policía federal y el Ejército fallaron en prevenir las
desapariciones. “Al mínimo, eso debería ser investigado”, dijo Dulitsky.
“Eso constituye, también, un crimen de desaparición forzada –la falta
de prevención apropiada por autoridades estatales”.
Hasta la fecha, sólo seis personas han
sido condenadas por desaparición forzada en México. Como clasificar los
crímenes de Iguala se ha convertido en una pregunta central. Bajo la ley
federal de transparencia en México, documentos de otro modo sujetos a
protección, deben hacerse públicos si indican graves abusos de derechos
humanos, como en casos de desaparición forzada. El otoño pasado, citando
una ley de transparencia estatal, el estado de Guerrero divulgó un
informe detallando sus investigaciones en Iguala, reconociendo “la
gravedad de las violaciones a los derechos humanos que ahí se
cometieron”.
En febrero, el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), ordenó a la PGR
entregar una versión pública de la averiguación previa del caso. Al
principio, la PGR peleó la orden, sosteniendo su derecho de mantener sus
archivos de investigación sellados por un período hasta de 12 años,
porque el caso es parte de una investigación abierta contra el crimen
organizado. Al presentar la desaparición de los estudiantes como un
hecho aislado de secuestro y crimen organizado, el gobierno federal
parecía construir un escenario en el cual sus obligaciones hacia los
padres concluyeron, su reputación internacional y su asistencia de
seguridad permanecieron preservadas, y los documentos contenidos en el
expediente se mantuvieron privados.
Pero recientemente, la PGR parece estar
cambiando su posición respecto a divulgar los resultados de su
investigación. Después de haber sufrido meses de crítica, Murillo Karam
dejó el cargo el pasado mes de febrero. The Intercept ha
confirmado a través de múltiples fuentes –incluyendo la respuesta de la
PGR a una solicitud de información entregada por reporteros en México–
que la PGR está en proceso de cumplir con la orden del Ifai para que
ésta haga pública su investigación sobre el caso, aunque no se han
establecido fechas ni plazos.
Al finales de Abril, oficiales anónimos de la PGR declararon a La Jornada que
fiscales federales habían introducido cargos de desaparición forzada
contra Abarca pero fueron negados por un tribunal. De acuerdo con las
fuentes de información de La Jornada, la PGR ha apelado la decisión del juez pero ningún sospechoso ha sido acusado por desaparición forzada de los estudiantes.
Sin embargo, la decisión del juez y la
apelación del PGR no son documentos públicos y los abogados de las
familias de los desaparecidos no han podido revisarlos. A pesar de
repetidas peticiones, la PGR no ha proveído a The Intercept
documentos o una respuesta oficial explicando el estado de los cargos de
desaparición forzada en el caso. Abogados mexicanos de derechos humanos
declararon a The Intercept que la PGR tiene un largo historial
desde la administración de Calderón de fallos en confirmar cargos de
desapariciones forzadas cuando se introducen en el tribunal. Como
resultado, jueces frecuentemente dictan cargos de secuestro a los
culpables.
Para los familiares de los
desaparecidos de Ayotzinapa, la esperanza para obtener justicia se
apoya, en parte, sobre un equipo de expertos creado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la cual está conduciendo una
investigación independiente. En Abril, el grupo divulgó un informe de
sus esfuerzos, el cual indica que han revisado una parte importante de
las 80 mil fojas del expediente proveído por la PGR. Además, han
entrevistado sospechosos que al presente están bajo custodia del
gobierno y se han reunido con estudiantes que sobrevivieron los ataques.
Los normalistas guiaron a los especialistas de la CIDH por varios
lugares en Iguala donde ocurrió la violencia. Los investigadores,
también anunciaron que entrevistarían a miembros del 27 Batallón de
Infantería como parte de la investigación. De la misma forma, los
expertos hicieron varias recomendaciones al gobierno federal, incluyendo
sugerencias para abrir nuevas líneas de investigación.**
“Espero que ellos tengan la oportunidad
de estudiar la investigación, hacer recomendaciones y que el gobierno
siga esas recomendaciones”, citó Ariel Dulitzky, el experto de las
Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. “Si eso ocurre, me siento
muy optimista”.
“Si no”, añadió, “¿Quién sabe?”
Editora asistente Andrea Jones
contribuyó a este reportaje. Reportera independiente Andalusia Knoll y
Jesse Franzblau, analista de política, contribuyeron en la
investigación.
Traducido por Sylvia Moreno. Melissa del Pozo contribuyó a la traducción.
* El 6 de mayo, La Comisión Especial del Partido de la Revolución Democrática concluyó su informe sobre José Luis Abarca.
** El 11 de mayo, los expertos de CIDH
presentaron un tercer informe sobre el caso de Ayotzinapa, en el cual
confirmaron que “un grupo relativamente numeroso” de los detenidos que
entrevistaron habían quejados de “malos tratos y torturas.”
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