RÉGIMEN DE PENSIONES -DOS

EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE, 

DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA

(En este mismo blog en fecha 21 de noviembre de 2015 se puede revisar en REGIMEN DE PENSIONES toda la información relativa a las reformas de la ley del issste y en régimen de pensiones)

En algunos el déficit equivale a 330% de sus ingresos anuales: analista de Moody’s

Catástrofe, que estados cubran las pensiones con su presupuesto

Señala que se corre el riesgo de suspender el pago de la prestación porque el sistema no está fondeado
Pasivos de universidades públicas, otra fuente de presión para finanzas estatales, alerta

Víctor Cardoso

Periódico La Jornada

Viernes 6 de mayo de 2016, p. 14

La insuficiencia de recursos para el pago de pensiones es un problema general de estados, municipios y universidades públicas de todo el país, que se convierte en una catástrofe. Tan es así que al menos siete entidades tienen que recurrir a dinero de su presupuesto para pagar a los jubilados, reveló Roxana Muñoz, especialista en la materia de la agencia de calificación Moody’s.

Es preocupante, afirmó, que Baja California, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Sinaloa y Tlaxcala utilicen recursos presupuestales para el pago de pensiones. Hay casos, añadió en entrevista con La Jornada, en que el déficit por este concepto equivale a 330 por ciento de los ingresos totales de, por ejemplo, el estado de México en un año.

Agregó que también se observa que el déficit de los fondos de pensiones es equivalente a 300 por ciento en Baja California, 270 por ciento en San Luis Potosí, 250 por ciento en Tabasco y 200 por ciento en Sinaloa.

–¿Hay riesgo de que eventualmente se presente una suspensión de pagos a pensionados?

–Es el riesgo que se corre cuando no se tiene un sistema de pensiones fondeado o no se tenga dinero para el pago de éstas.

La Jornada buscó una entrevista con el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Óscar Vela, pero se negó a hablar sobre el problema que según Roxana Muñoz está a unos años de volverse crítico.

Otra presión que enfrentan las finanzas estatales, añadió la especialista de Moody’s, son las pensiones no fondeadas de las universidades públicas, cuyos pasivos representan entre 0.5 y 536 por ciento de los ingresos totales de las casas de estudio.

Casi 65 por ciento de las universidades públicas registran déficits actuariales que son sostenibles sólo durante los próximos cinco años, antes de que los activos de sus fondos de pensiones se terminen. Dado que sus ingresos propios son limitados, hay un riesgo de que cualquier esfuerzo para cubrir los faltantes de sus fondos de pensiones requiera transferencias estatales, advirtió la especialista.

Los casos más graves, según las investigaciones de Roxana Muñoz, son: la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuyos pasivos de pensiones se elevan a alrededor de 530 por ciento de sus ingresos totales en un año; las autónomas del Estado de Morelos y de Campeche, las cuales enfrentan una escala de pasivos pensionarios en torno a 330 por ciento de sus ingresos totales.

Les sigue las universidades de Guanajuato y Autónoma de Nayarit, con alrededor de 300 por ciento cada una; la Autónoma de Yucatán presenta pasivos de casi 270 por ciento; la de Querétaro, con 250 por ciento aproximadamente y la Autónoma de Puebla, con 200 por ciento, entre otras.

Vemos que los estados enfrentan presiones por diversos lados. De entrada, los que tienen su propio sistema estatal la mayoría son deficitarios, es decir, que en algunos años van a tener que pagar de su presupuesto directo las pensiones porque no están fondeados. Además tienen la tensión de las universidades cuyos esquemas no están fondeados, comentó Roxana Muñoz.

–¿Es una catástrofe?

–Si, más o menos. Si bien está este déficit actuarial enorme, algunos todavía tienen fondos de los que pueden sacar el pago de pensiones. Sin embargo, ya tenemos identificados a siete estados donde los fondos ya no tienen dinero y están haciendo los pagos directos de su presupuesto. Esto es lo que más nos preocuparía, que son estados que ya están viendo la presión de pensiones, aumentan de manera exponencial, y que de no hacer alguna reforma se ponen en riesgo las finanzas públicas.

Hacer reformas, la opción

–¿Es alarmante, preocupante o manejable?

–Es preocupante para estos siete estados donde las pensiones ya salen del presupuesto, porque esto indica que la presión ya está. Para las otras entidades se podría decir que a lo mejor es menos alarmante porque todavía tienen la opción de hacer reformas porque la presión no la tienen inmediata. Por ejemplo, en el estado de México, ellos hicieron una reforma que empezó en 2015. Si en 2014 hubiéramos tenido esta entrevista te habría dicho que el pasivo no era de 330 por ciento de sus ingresos anuales, sino de 500 por ciento y lograron reducirlo.

–¿Son necesarios cambios como los sugeridos por la Consar? (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro).

–Hemos visto este tipo de reformas en algunos sistemas de pensiones estatales, por ejemplo Chihuahua, estado de México y Querétaro –es el más reciente–, donde se amplió la edad de retiro, se estableció un tope para los pensiones, aumentaron las contribuciones. Hemos visto que le da un poco más viabilidad a los esquemas, porque la gente no se retira tan rápido y sigue aportando, y el que aumenten las contribuciones sube el flujo a los fondos de retiro, lo cual es positivo desde el punto de vista crediticio.

Censura planes de apoyo a adultos mayores; 

insta a revisarlos

Condenados a la pobreza, futuros pensionados: Consar

Insiste el organismo en reformar todos los 

esquemas de jubilación

A partir de 2021 se sentirían

 las consecuencias de 

no actuar hoy

Será más visible cuando se empiecen 

a retirar los primeros aforados

Insiste en que los sistemas de ahorro 

para el retiro del país deben reformarse a fondo

Desde 2021, los mayores de 60 años tendránpensión de pobreza: Consar

Se calcula que el gasto pensionario en el presupuesto para 2017 va a ser del mismo tamaño que todo el gasto de infraestructura del gobierno federal, señala Carlos Ramírez Fuentes 

Víctor Cardoso. Periódico La Jornada. Jueves 5 de mayo de 2016, p. 22

Los sistemas de pensiones del país, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como los de estados, municipios y universidades públicas, deben reformarse de manera integral, a fondo, o de lo contrario a partir de 2021 millones de mexicanos mayores de 60 años estarán condenados a una vejez de pobreza, con ingresos insuficientes de apenas una tercera parte de su último salario.

Así lo ve Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), quien advierte: no actuar supone condenar a una generación de futuros pensionados a tener una pensión más baja. Añade: mi intención nunca ha sido alarmar ni exagerar; ahí están los números, yo me remito a los números; mi tarea es técnica, no soy político. Mi papel en la Consar es trabajar para el fortalecimiento del sistema, pero también advertir sobre lo que se viene, pues ya los síntomas son muy evidentes.

–Entonces, ¿el riesgo es una población de adultos mayores pobre? –se le pregunta en entrevista con La Jornada.

–Sí claro, por supuesto.

–¿Cuánto tiempo tenemos?

–Cada día que pasa ya vamos tarde, eso es un hecho.

Añade que se van a seguir destinando los recursos de parte de la Federación para el pago de pensiones. La pregunta es si eso es justo, equitativo, si contribuye a la equidad del país y si realmente es sostenible que se estén sacrificando recursos para otros propósitos y destinándolos a este rubro, que es el rubro del presupuesto que crece más rápido, más que salud, educación, infraestructura, pobreza, y lo va a seguir haciendo. Entonces, no actuar eventualmente supone que más recursos se van a tener que destinar al pago de pensiones de beneficio definido, y entonces el asunto seguirá consumiendo recursos valiosos que se podrían destinar para otros propósitos... Se estima que el presupuesto 2017 va a tener un gasto pensionario del mismo tamaño que todo el gasto de inversión física del gobierno federal, vamos a llegar a un punto donde el gasto va a ser del mismo tamaño que todo el gasto de infraestructura del gobierno federal.

La situación es general, dice. Es el caso de las universidades públicas, que “tienen una problemática enorme con sus sistemas de reparto y las consecuencias que están teniendo para la educación superior del país, porque cada peso que se va en pagar pensiones representa un peso menos para las aulas. 

También tenemos el problema de los sistemas de pensiones no contributivos, que son estos programas de apoyo a adultos mayores. Podrían estar mucho mejor diseñados para su propósito social. Para empezar, tenemos duplicados los beneficios a nivel federal, y en 13 entidades de la República los beneficiarios cobran en los dos programas, y esa es una mala idea. Por supuesto, apoyar a los adultos mayores me parece fundamental. Sin embargo, el problema es el diseño, y estos programas tienen el problema presupuestal, porque vamos a una ruta clara de envejecimiento poblacional que se va a acelerar a partir de 2030, y el asunto es que con estos programas de adultos mayores, muchos mal diseñados, va a crecer la factura de manera muy importante y va a limitar el gasto de los estados de manera muy significativa.

–¿Cuándo va a ser más visible esa problemática?

–Primero, cuando empiecen a retirarse los primeros aforados(trabajadores con una administradora de fondos para el retiro), que va a ser a partir de 2021. A partir de ese año pueden empezar a retirarse los trabajadores con Afore, porque cumplirán el requisito de mil 250 semanas de cotización, 24 años de servicio. Entonces vamos a pensar en una persona que empieza a trabajar a los 36 años por primera vez en su vida: en 1997 se le inscribió en una Afore y lleva 24 años trabajando y cumple 60 años, entonces ya se puede retirar. Pero no le va a convenir retirarse, porque no va a tener suficiente dinero en su cuenta de Afore. Digamos que 2021 es un año emblemático, si bien la generación de Afore se va a retirar de manera masiva a partir de 2030. 

Entonces, seguir posponiendo esto, conforme avance el tiempo, el problema se va a hacer cada vez más grande y el no actuar hoy supone que cuando se decida actuar se van a tener que tomar medidas más drásticas. El temor duro, en lo particular, es que está creciendo el problema y no estamos tomando decisiones. Pero eso no supone que estamos cruzados de brazos; llevamos tres años haciendo muchas cosas en todos los frentes: educativo, financiero, operativo, educación financiera, comunicación, ahorro voluntario, cobertura, pero no va a ser suficiente, lo digo con toda claridad: todo lo que estamos haciendo no va a ser suficiente

Es necesario analizar la edad de cesantía, asevera el titular del Trabajo

Senadores consideran impostergable la reforma al sistema de pensiones

Vamos a ser un país de viejos pobres, manifiesta especialista en el tema

Patricia Muñoz Ríos

 Periódico La Jornada

Jueves 28 de abril de 2016, p. 15

La Comisión de Seguridad Social del Senado de la República manifestó estar abierta a trabajar con especialistas en una reforma integral en la materia; en tanto, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, señaló que se deberá analizar si se aumenta la edad para que los trabajadores puedan jubilarse.

El funcionario puntualizó: se tiene que analizar si vale la pena aumentar la edad de cesantía, que es de 60 años, y paralelamente buscar que haya mejores tasas de remplazo –el porcentaje del salario con el que las personas se pensionan.

Luego de atestiguar la firma del convenio para impulsar la formalización del empleo en el estado de México, Navarrete dijo que el análisis sobre la edad de cesantía tiene que ir de la mano de aliviar el tema de pensiones para los sistemas de seguridad social y las empresas, mientras los trabajadores podrían tener jubilaciones dignas.

Agregó que debido al denominado bono demográfico, de aquí a 20 años ingresará al mercado laboral del país el mayor número de jóvenes en la historia, que son 800 mil por año, lo que está generando estas presiones.

Por otra parte, en el foro que se realizó ayer en el Senado con motivo de la Semana de la Seguridad Social, los secretarios de la Comisión de Seguridad Social, María Elena Barrera Tapia e Isaías González Cuevas, indicaron: es impostergable una reforma estructural del sistema de pensiones en el país, ya que la situación amenaza con dejar en la pobreza extrema a las futuras generaciones de la tercera edad.

Coincidieron en que se buscará que este mismo año una comisión interdisciplinaria conjunte las propuestas que se han presentado para solucionar el grave problema que enfrentan IMSS, Issste, Pemex y otros sistemas de seguridad social.

A su vez, representantes de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaron un informe en el que se concluye que sólo en una minoría de países del mundo se diseñan reformas a los esquemas de pensiones, y que la mayor parte de ellos tienen esquemas públicos.

El análisis detalla que en el caso de América Latina, sólo en Chile, Bolivia, El Salvador, y México se han efectuado reformas radicales en materia de pensiones. En tanto países como Perú y Colombia han tenido cambios parciales en estos esquemas.

Para esta organización, los mayores desafíos de los esquemas pensionarios de la región son los altos niveles de desprotección social, la pobreza y desigualdad, así como una elevada informalidad.

Uno de los expertos en el tema en el sector privado, el presidente ejecutivo de la firma Valuaciones Actuariales del Norte, Francisco Miguel Aguirre Farías, comentó que no se puede hablar de seguridad social sin sustento económico, ya que esto sólo es demagogia.

Añadió: se debe evitar construir paraísos económicos sobre cementerios sociales y viceversa. Propuso que se realice una valuación actuarial estandarizada de todos los sistemas públicos, incluidos IMSS e Issste, los de pensiones de estados, municipios, universidades y paraestatales como Pemex.

A su vez, el vicepresidente de la sección de pensiones y seguridad social de la Asociación Actuarial Internacional, Abraham Hernández, comentó que más de la mitad de los trabajadores actualmente activos no cotizan en un sistema de pensiones, por lo que no tendrán siquiera una mínima jubilación.

Dijo que 93 por ciento de las empresas hoy día carecen de un sistema privado de pensiones, y menos de 6 por ciento de los adultos mayores sobreviven con una pensión de uno a tres salarios mínimos. Por ello, vamos a ser un país de viejos pobres

  Habría cambios, pero no en términos que plantean: senadorApremian la OCDE y el BID a reformar el sistema de pensiones 

Jubilarse a los 60 años es edad muy temprana, dice la consar

Asegura que en los fondos de ahorro no se ha perdido ni un centavo

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de abril de 2016, p. 15

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial presentaron en el Senado sendas recomendaciones al gobierno de México para que lleve a cabo una reforma integral al sistema de pensiones. Señalaron que el Poder Legislativo tiene que adoptar medidas prontas al respecto, y emprender a la brevedad la transición del esquema de seguridad social.

En el contexto de un foro por la Semana de la Seguridad Social, que se llevó a cabo en dicha cámara, representantes de esos organismos internacionales sostuvieron que la reforma en la materia “tendría que contemplar el incremento de las aportaciones de los trabajadores de siete –promedio actual– a 20 o 25 por ciento; introducir un sistema prorrata” para que todas las personas, independientemente de dónde hayan cotizado, entren a un nuevo esquema; quitar las pensiones privilegiadas de algunos sectores, y homologar los planes de jubilación de todos los gremios, poniendo un límite máximo para el pago de este derecho.

Pablo Antolín, economista principal de pensiones de la OCDE, y David Kaplan, especialista del BID, advirtieron que de no adoptarse esas medidas las pensiones en el país seguirán siendo raquíticas, no habrá una tasa de remplazo razonable y habrá un colapso del sistema. Podría explotar una bomba social, expresó este último.

El mayor problema del sistema mexicano es la baja contribución de los trabajadores; se tienen que elevar, insistió Antolín.

Al tomar la palabra, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, expuso que hay diversos retos que enfrentar en el tema de las pensiones. Uno de ellos, continuó, es la edad de retiro de los trabajadores, ya que “60 años parece una edad muy joven, muy temprana, para que alguien se jubile, debido al incremento de la esperanza de vida.

Planteó que actualmente las pensiones están a la mitad de lo deseable y que otros retos a resolver son: incrementar el volumen del ahorro voluntario; permitir la inversión de esos fondos de ahorro en el extranjero y en instrumentos de renta variable para que tengan mayor plusvalía; fomentar mayor competencia entre las Afore, y reducir las comisiones de las administradoras.
El funcionario causó polémica en el foro al sostener que en los casi 20 años de la Consar, no se ha perdido ni un centavo del ahorro de los trabajadores.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social de dicha cámara, Fernando Mayans, expuso que hay voluntad de los legisladores para llevar a cabo una reforma, pero no necesariamente en los términos que plantea la OCE. Por su parte, el ex diputado Miguel Alonso Raya, quien moderó la mesa, advirtió que, debido a la actual situación del país, existe el riesgo de que un alto porcentaje de trabajadores no puedan contar con una pensión en el futuro, porque laboran en la economía informal, no alcanzan las semanas de cotización por falta de empleo continuo o bien no alcanzarán la jubilación mínima garantizada por sus bajos salarios.
Los planteamientos de los organismos mundiales fueron cuestionados por el especialista Gustavo Leal, quien expuso que esos representantes no tienen cara para hacer esas recomendaciones, pues no conocen la verdadera situación de los trabajadores mexicanos y el estudio que hizo la OCDE sobre el tema y que pagó el gobierno de nuestro país fue un dinero despediciado.
Por último, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Carlos Noriega Curtis, indicó que es mayúsculo el reto del financiamiento futuro de las pensiones y lograr el equilibrio para tener pensiones dignas –sin generar déficit fiscal– y evitar la indigencia futura de los empleados de bajos ingresos.

Pensiones: operación en la SCJN

Gustavo Leal F. *. La Jornada. Opinión. Sábado 23 de abril de 2016 

Frente a la honda movilización que despertó la jurisprudencia 85-2010, que topaba en 10 salarios mínimos la jubilación y no en 25, como indica la Ley-IMSS-97, Jesús Murillo Karam –entonces director del Seguro Social– se vio obligado a comunicar que las pensiones seguirán otorgándose y pagándose como hasta la fecha conforme a la Ley del IMSS. No se afectan los derechos y beneficios de los trabajadores que aún no se han jubilado y que cotizan a la Ley-IMSS-73 y 97. El monto para calcularlas seguirá aplicándose en el límite de 25 salarios mínimos. 

Seis años después y ante un nuevo amago de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora vía la jurisprudencia 8-2016 –que da un tope máximo de 10 y no 25 salarios mínimos a pensiones del IMSS por cesantía en edad avanzada–, Patricio Caso, director jurídico del instituto, se vio nuevamente obligado a reiterar que: el tope para los trabajadores de transición es de 25 salarios, pese a la confusión que han generado las jurisprudencias de la SCJN. No es la intención, y jamás lo sería, reducir las pensiones. 

Entonces ¿Hacienda y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) operan en la SCJN para suavizar el costo fiscal del derecho adquirido a disfrutar las pensiones cotizadas? No cabe duda, aunque la Ley-IMSS-97 es absolutamente clara, urge una iniciativa del Poder Legislativo para evitar que, de una vez por todas, el IMSS deba aclarar frente a las frecuentes jurisprudencias de la SCJN y que, a diferencia de las declaraciones de los responsables del Seguro Social, están vivas y se siguen multiplicando como planta de estufa. 

Un nuevo episodio ocurrió el 8 de abril de 2016. Otra vez la segunda sala de la SCJN dictó jurisprudencia en el sentido de que los funcionarios federales de mando no tienen derecho a que la compensación garantizada sea considerada para el cálculo de su pensión. Esa compensación es un concepto previsto en los ingresos, desde los jefes de departamento y hasta el Presidente de la República, cubriendo también a subdirectores, directores de área, directores generales, jefes de unidad, subsecretarios y secretarios de Estado. El universo de aplicación de la nueva jurisprudencia alcanza también a mandos del Poder Judicial, del Legislativo y órganos autónomos con relaciones laborales regidas por el apartado B del artículo 123 constitucional. 

La segunda sala aclara que la nueva Ley del Issste, en su artículo 17, excluye la posibilidad de que la compensación garantizada se tome en cuenta para la pensión: sólo se debe calcular con el sueldo tabular y ello, enfatiza, no transgrede el derecho a la seguridad social, reconocido en el artículo 123, apartado B de la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Empleando el mismo ofensivo lenguaje de las recomendaciones de la OCDE –recibidas de mano directa del dirigente del organismo, Ángel Gurría, por el titular de Hacienda, Luis Videgaray, y ampliamente difundidas por Carlos Ramírez, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que solicitó a la OCDE ese estudio pensionario que ha levantado la más intensa y unánime reprobación de que se guarde memoria–, la misma segunda sala afirma textualmente que: ni la Constitución ni los tratados detallan la forma en que los burócratas podrán acceder a los beneficios de seguridad social, por lo que el Congreso está facultado para establecer parámetros de un sistema que sea sustentable de largo plazo ( sic).

Entonces, ¿el Congreso (diputados y senadores) emprendería por sus facultades una reforma para ajustar a la baja las pensiones –como propone la OCDE– y decidir parámetros de un sistema sustentable?

Porque ocurre que, apenas en febrero de 2016, Óscar Vela Treviño, responsable de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, rechazó esas recomendaciones de Gurría. El esquema de prorrateo propuesto por la OCDE, por el que los trabajadores de la generación de transición verían su pensión dividida en dos partes, aseguró, no se llevará a cabo. Las pensiones se respetarán, pues fue un compromiso que en su momento hizo el gobierno con los trabajadores. Todos los mexicanos que empezaron a cotizar antes de 1997 van a retirarse bajo el esquema de beneficio definido: con el promedio de los últimos cinco años se calculará su pensión. Es un derecho que se va a respetar.

En el futuro la tercera edad se dividirá en dos grupos, asegura Vela, unos, la generación de transición, conuna pensión más alta, y dos, los del sistema Afore, con una pensión menor. Ello se deberá, principalmente, a que la mayoría de la generación de transición escogerá el régimen-IMSS-1997, que garantiza una pensión mayor respecto a lo que podrían recibir en Afore. En promedio: 28 por ciento del último salario.

¿Hacienda y OCDE operan en la SCJN para suavizar el costo fiscal del derecho adquirido a disfrutar las pensiones cotizadas? El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), sin duda, es un éxito financiero, pero simultáneamente un fracaso pensionario para cumplirle a sus aportantes con el derecho humano a un retiro digno.

Después de 19 años, la impostergable evaluación y debate sobre la fallida dinámica del SAR –que reclama a gritos la sociedad para sustituirlo por otras alternativas– recibe, acaso, como única respuesta hacendaria sólo estudios polarizadores (técnica y políticamente inviables), así como el uso del Poder Judicial para evitar responsabilizarse de las reformas del IMSS e Issste, que fracasaron estrepitosamente y que exigen inmediata acción pública para proteger el patrimonio pensionario, especialmente el de los jóvenes.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

  Confusión sobre pensiones alienta la estampida de jubilados

Temen expertos que se use jurisprudencia para bajarlas, como recomienda la OCDE

Empleados de 60 años se retiran por temor a que les pongan tope de 10 minisalarios

 Advierten consultoras de la intención de usar

 tribunales para poner tope a la prestación

Prevalece incertidumbre sobre 

el monto máximo de pensiones

Persiste preocupación por que se imponga 
recomendación de la OCDE para reformar el sistema

Protesta de jubilados y pensionados frente a la Cámara de DiputadosFoto María Meléndrez Parada

Susana González G. Periódico La Jornada. Domingo 17 de abril de 2016, p. 20

 

Todavía persiste confusión e inquietud sobre las repercusiones de la tesis 8/2016 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en febrero de este año para fijar de tope 10 salarios mínimos y no 25 en el pago de una pensión, advirtieron especialistas de las consultorías Deloitte y KPGM.

Si bien coincidieron en que la tesis no afectará a los trabajadores de la generación en transición del sistema de pensiones (todos aquellos que comenzaron a cotizar antes del primero de julio de 1997), es decir, bajo la Ley del Seguro Social (LSS) de 1973 y siguieron haciéndolo con la de 1997 cuando se reformó el sector, reconocieron que corren el riesgo de que se les aplique el tope de 10 minisalarios si llegan a un juzgado por inconformarse con el monto de pensión que se les calcule.

Tampoco está descartado que la resolución judicial se use para aplicar la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el fin de que México realice otra reforma de pensiones. Yo no quisiera ni pensar que aprovechando el río revuelto que han generado esas tesis de la SCJN (la de este año y otra similar de 2010) y el galimatías legal que nos dejan algunas inquietudes, simplemente nos comenzaran a aplicar los nuevos cálculos de pensiones con el tope de 10 salarios mínimos, con lo cual no tendríamos otra más que recurrir a la vía legal, sostuvo Efraín Bastida, socio de impuestos y servicios legales de Deloitte, en conferencia electrónica.

Las recomendaciones de la OCDE, dijo, son preocupantes porque pretenden reducir el tope de jubilación de 25 a 10 salarios mínimos, así como limitar, acotar o prohibir el derecho de los trabajadores de la generación de transición a escoger el régimen anterior, el de 1973, para jubilarse, el cual resulta económicamente más conveniente.

Estampida de jubilaciones

Consideró que además de llegar a usar los tribunales para bajar el tope salarial pensional también podría darse de tajo o bien a través de un periodo transitorio pero ahora de reversa o a la baja, es decir, que el primer año sea de 24 salarios mínimos, el segundo de 23 y así sucesivamente, con lo cual habría una estampida de jubilados, sobre todo los de 60 años que ya tengan derechos, no obstante que los números les arrojen que tendrían mejor pensión a los 65.

Esas jubilaciones adelantadas, dijo, ya comienzan a darse actualmente, justamente por el temor de la gente a que se lleve a cabo otra reforma y se reduzcan sus beneficios, aun cuando no hay en puerta una iniciativa de ley al respecto.

Agustín Vargas, socio sobre impuestos corporativos de KPMG, sostuvo que la tesis 8/2016 ha generado mucha ámpula y vienen semanas de discusión y diferentes lecturas que se le puede dar. Nuestro equipo especializado está revisando su alcance.

De manera preliminar, Vargas mencionó que la tesis pareciera que se refiere solamente a aquellos cuya pensión está determinada conforme a la ley del 73 y no necesariamente les sería aplicable esa tesis a aquellos que están en régimen de transición. Pero la controversia generada es por la posibilidad de que tal criterio puede ser de aplicación general... probablemente la SCJN debiera hacer una nueva aclaración.

El tema no es menor porque afecta a muchos mexicanos, señaló Abel Camacho, director de litigio fiscal de Deloitte. Explicó que el tope de 10 salarios mínimos aplica a quien ha cotizado con esa cantidad y no para la generación en transición que puede retirarse hasta con 25 salarios mínimos, porque si bien la ley pretende que el trabajador se retire con más dinero también busca que el IMSS sea autofinanciable.

Esa limitante salarial no aplica para quienes cotizaron con un tope mayor y pertenecen al régimen de transición, pero, de cualquier manera, recomendó a quienes lleguen a ser afectados en su pensión, con un límite menor al que le corresponde, consultar a un abogado laboral oportunamente.

Bastida también coincidió en que la tesis no aplica para el régimen de transición, pero ha generado nerviosismo no sólo en personas cercanas al retiro sino también entre empresas que tienen planes complementarios a los del IMSS, así que hay quien pide que salgan nuevamente el IMSS y la SCJN a aclararnos que no tiene efecto para todos, como lo hicieron en agosto de 2010.

Los pagos están plenamente garantizados, subraya Mikel Arriola

Descarta el director del IMSS cambio a pensiones y jubilaciones

La institución apuesta a la prevención de enfermedades; anualmente, 30 millones de revisiones
Reduce el Seguro Social 60% su déficit financiero; pasa de $25 mil millones a 8 mil 600 millones

Roberto Garduño y Enrique Méndez. La Jornada. Miércoles 20 de abril de 2016, p. 33

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, aclaró ayer que no hay ningún plan o iniciativa para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones, las cuales están plenamente garantizadas.

De esa manera Arriola Peñalosa respondió a las versiones de que este año se modificará el sistema de pensiones, como indicó en octubre de 2015 el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, Fernando Mayans Canabal.

El legislador dijo entonces que el sistema se reformaría en abril. En esos días, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos planteó que los trabajadores que hoy tienen pensión garantizada, bajo el esquema de beneficios definidos, sean llevados a un sistema mixto, en el que parte de su retiro sea financiado por ellos.....

 La disposición beneficia aun a los que cotizan antes de ese año, señala el instituto

El cálculo de la pensión del IMSS seguirá siendo con base en la ley vigente de 1997

Deberán acreditar 500 semanas de cotización como mínimo y 60 o 65 años de edad, indica

Ángeles Cruz Martínez. La Jornada. Jueves 21 de abril de 2016, p. 12

El cálculo del monto de las pensiones por cesantía o vejez de los trabajadores que cumplan con los requisitos para su retiro se seguirá realizando con base en la Ley del Seguro Social vigente a partir de 1997, la cual establece como tope 25 salarios mínimos, afirmó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta disposición beneficia a todos los trabajadores, incluso aquellos que cotizan desde antes de 1997, cuando se creó el sistema de cuentas individuales que operan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), y que se jubilarán con los beneficios de la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, acreditando 500 semanas de cotización como mínimo y tener 60 o 65 años de edad para obtener una pensión por cesantía o vejez, respectivamente.
Con base en este esquema, la pensión se calcula con base en el promedio del salario que haya recibido el trabajador en los últimos cinco años de actividad (con el tope de 25 salarios mínimos) y se actualiza cada año de acuerdo con la inflación.
Ayer, el IMSS aseguró que no existe ningún plan ni proyecto para modificar en forma alguna la manera en que se calcula y/o pagan las pensiones que por derecho corresponden a los trabajadores.
Lo anterior, en relación con la jurisprudencia 8/2016 que en días pasados emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje apliquen el tope establecido en la ley que estuviera vigente al momento del retiro del empleado. Y eso es lo que hoy se hace en el IMSS.

De esta manera, el organismo descartó las versiones que han circulado en las pasadas semanas respecto de una eventual reforma al régimen de pensiones de la cual, incluso, se ha dicho que respondería a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de acotar o limitar esta prestación de la seguridad social, con el argumento de que se debe garantizar la sustentabilidad del sistema.
Ayer, el Seguro Social puntualizó, como lo hizo su titular Mikel Arriola el pasado martes en la Cámara de Diputados, que no existe ningún plan para cambiar la forma en que se calculan los ingresos de los trabajadores en retiro.
La jurisprudencia de la Corte no obliga al IMSS ni altera el mecanismo de cálculo para el pago de pensiones a los trabajadores, por lo que están garantizados los derechos de todos los pensionados, apuntó.
También aclaró que el pago de 3.1 millones de trabajadores que ya están retirados se continuará realizando de manera puntual.
Respecto al tope de los 10 salarios mínimos, indicó que se aplicó sólo a quienes se pensionaron antes de 1997, con base en la ley del Seguro Social de 1973.