EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE,
DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA
(Aquí se agregará y actualizará toda la información que se vaya generando del:)
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
Informe del GIEI, acusación
Añade que semanas antes de esto, y respondiendo a protestas masivas y condenas internacionales, Peña Nieto había acordado permitir el ingreso del GIEI, pero, después de que éste presentó su primer informe,
Más que para esclarecer los hechos y llegar a la verdad de lo sucedido la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República ha trabajado para ocultarla. Lo ha hecho no sólo por la complejidad del caso y por sus propias insuficiencias profesionales, sino por la deliberada decisión de hacerlo. La investigación se realizó mal no sólo por fallas técnicas, sino por la decisión deliberada de llevarla a cabo mal.
En lugar de encontrar y castigar a los verdaderos culpables, las autoridades mexicanas han optado por fabricarlos. Al torturar a algunos responsables para que declaren lo que ellas quieren que digan, les han abierto la puerta para que sean liberados. Decididas a presentar los hechos como resultado de la acción exclusiva del crimen organizado y un grupo de policías corruptos, han terminado protegiendo a políticos y mandos de mayor jerarquía. En vez de encontrar a los responsables intelectuales, los han encubierto.
El informe demuestra cómo la noche de Iguala no fue sólo una orgía de sangre parida por la irracionalidad de un grupo de narcotraficantes lunáticos y desalmados, sino resultado de la trama institucional de un Estado mafioso que vio en la acción de los normalistas un peligro para sus negocios. No fue solamente ineficiencia e ineptitud de las instituciones, sino colusión de éstas con el crimen organizado. No fue producto únicamente de la abdicación estatal de sus más elementales responsabilidades para garantizar la seguridad ciudadana, sino obra de la degradación estatal generada por la ruta de la heroína.
Las policías ministerial y estatal de Guerrero, municipal de Iguala, Federal y el Ejército tuvieron control, así como monitoreo permanente y directo –por medio del C4– de los estudiantes de Ayotzinapa, desde el momento mismo de su salida de la escuela. Ya en Iguala –según el GIEI–
En su informe final, los expertos insisten en que las víctimas
son víctimas por más que, desde el Estado, se haya pretendido
estigmatizarlas. En contra de lo que la PGR afirmó, los estudiantes de
Ayotzinapa no fueron a Iguala a boicotear ningún acto de la alcaldía. No
eran parte de la delincuencia organizada ni estaban infiltrados por
ella.
Entre muchas preguntas que aún quedan sin resolver sobre la noche de Iguala, la lectura del informe de los expertos deja una certeza: los estudiantes desaparecieron a manos de fuerzas del Estado.
Precavidos, los expertos evitaron señalar en su informe a funcionarios concretos involucrados en anomalías en el proceso. La excepción fue Tomás Zerón Lucio, responsable de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Zerón, según el GIEI, encabezó una diligencia de recolección de restos óseos que no se integró al expediente; un hecho de suma gravedad. También declaró, días después del primer informe de los expertos en septiembre del año pasado, que 17 jóvenes (y no los 43 que se decían originalmente) habían sido incinerados en el basurero de Cocula. El señalamiento del investigador criminal, a todas luces una medida para reposicionar la
Desde que en septiembre del año pasado el GIEI presentó las primeras conclusiones de su investigación, la decisión gubernamental de que el trabajo de los expertos sufriera dilaciones, obstrucciones y bloqueos no ha cesado. Este domingo, tres sillas vacías en el Claustro de Sor Juana, durante la presentación del informe de los expertos, fueron el testimonio de ese encono. En ellas debieron sentarse los subsecretarios Roberto Campa, Miguel Ruiz y el subprocurador Eber Betanzos, representantes de la administración de Enrique Peña Nieto. No llegaron a la cita.
Apenas la tarde del día anterior, los funcionarios gubernamentales habían desairado una reunión clave con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluido su presidente, James Cavallaro, para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
Dentro y fuera de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pagado carísimo negarse a esclarecer lo sucedido la noche de Iguala. Su reputación internacional está por los suelos. Donde quiera que el mandatario mexicano se para fuera del territorio nacional, se le cuestiona por la grave violación a los derechos humanos que existe en el país y por lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Por qué el Ejecutivo ha estado dispuesto a pagar un precio tan alto? ¿Acaso es preferible hacerlo así porque de lo contrario el costo que tendría para el Estado mexicano conocer la verdad sería mucho mayor?
Twitter: @lhan55
Twitter: @Navegaciones
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, informó que en la solicitud de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y las organizaciones e instituciones que los asesoran y acompañan, fue formalizada hace apenas unos días a la Comisión Interamericana, la cual está en periodo de análisis para decidir conforme a sus facultades.
Destacó que durante su intervención en el último informe del GIEI, el pasado domingo, James Cavallaro citó que, desde su perspectiva, este mecanismo de seguimiento debería incluir ‘‘visitas periódicas’’ y ‘‘reuniones de alto nivel’’ con el Estado mexicano, con acceso a información de manera directa y no sólo a través de cartas y oficios.
Informe Final
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
-VER INFORME AYOTZINAPA II: http://www.sopitas.com/607780-sigue-en-vivo-el-informe-del-giei-sobre-ayotzinapa/#sthash.oLTPxcKc.dpuf
Sigue en vivo el informe final del GIEI sobre el caso Ayotzinapa
Tras denunciar obstrucción, intimidación
y acoso por parte del Gobierno de México, el Grupo Interamericano de
Expertos Independientes rindió este domingo su segundo
informe sobre los trabajos de investigación y peritaje que pudieron
realizar en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la escuela
normal rural de Ayotzinapa, la noche del 26 de Septiembre del 2014.
Las discrepancias y confrontaciones con
el gobierno mexicano, que parece aferrarse a su ‘verdad histórica’
marcaron el año de trabajo de estos expertos, que como hemos visto, en
las últimas semanas se han convertido en víctimas de diversas campañas
de desprestigio, orquestradas desde el poder, para fortalecer así su
“hipótesis” y de paso fomentar la impunidad.
Aquí les dejamos la transmisión del informe del Grupo Interamericano de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa.
Aquí algunas conclusiones del informe presentado:
1-.
Que no hay evidencia de que los jóvenes fuesen a boicotear ningún acto
político, como se dijo inicialmente, en un intento de explicar la acción
contra ellos.
2. Que
el GIEI no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formasen
parte o estuvieran infiltrados por ningún grupo del crimen organizado,
como se manifestó en distintos momentos, lo que habría desencadenado las
atrocidades cometidas. Las autoridades de Iguala sabían que se trataba
de normalistas que iban a tomar autobuses para realizar una marcha el 2
de octubre.
3. Que
la acción produjo cerca de 180 víctimas directas y hasta cerca de 700
familiares afectados, se dio en 9 escenarios diferentes con disparos de
armas de fuego y violencia, durante 4-5 horas, y con participación
directa de dos cuerpos de policía municipal de Iguala y Cocula, y
probable participación de agentes de otros cuerpos
de seguridad de Iguala y de la zona.
de seguridad de Iguala y de la zona.
4. También
señaló que diferentes niveles de autoridades tenían información sobre
lo que estaba sucediendo, de la llegada de los normalistas a las
inmediaciones primero
y luego a la ciudad de Iguala. El movimiento de los normalistas fue controlado desde las 18:00 h que salieron de Chilpancingo hasta las 20:30 h en que seguían a las afueras
de Iguala, especialmente por policía estatal, federal y ejército.
y luego a la ciudad de Iguala. El movimiento de los normalistas fue controlado desde las 18:00 h que salieron de Chilpancingo hasta las 20:30 h en que seguían a las afueras
de Iguala, especialmente por policía estatal, federal y ejército.
7. El
informe mostró también la omisión, en los primeros meses de
investigación hasta la investigación del GIEI, de un 5º autobús que los
normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado.
Posteriormente las versiones eran contradictorias y no respondían a la
verdad de lo sucedido. Este 5º autobús Estrella Roja, que salió por la
puerta de atrás de la Central camionera, se detuvo antes de salir de la
ciudad, y después fue parado por policía federal, cerca del escenario
del Palacio de Justicia donde se encontraba bloqueado y era agredido
otro autobús de normalistas por parte de la policía municipal, el
Estrella de Oro 1531. Los estudiantes que iban en ese 5º autobús
sobrevivieron a los hechos pero fueron perseguidos y sufrieron disparos
por parte de policías municipales, con participación de una patrulla
ministerial según su testimonio, durante cerca de 3 horas hasta
conseguir salvarse.
La opacidad de la existencia de este autobús, las contradicciones evidentes del testimonio
del chofer, así como una carta encontrada con su firma que confirma el testimonio de los normalistas, fueron parte de las cuestiones que llevaron al GIEI a plantear una hipótesis del caso que debía ser investigada. Esta hipótesis es la posibilidad de que dicho autobús podría haber sido un medio de transporte de la heroína que se produce en la zona, lo que podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de Los Avispones.
del chofer, así como una carta encontrada con su firma que confirma el testimonio de los normalistas, fueron parte de las cuestiones que llevaron al GIEI a plantear una hipótesis del caso que debía ser investigada. Esta hipótesis es la posibilidad de que dicho autobús podría haber sido un medio de transporte de la heroína que se produce en la zona, lo que podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de Los Avispones.
Los hechos ocurrieron en un área mayor a la zona de Iguala-Chilpancingo, llegando hasta Mezcala y Huitzuco.
Los nuevos hechos señalados en este estudio muestran:
1. Una
extensión del control de la movilidad por la carretera
Iguala-Chilpancingo hasta Sabana Grande, donde se situó un bloqueo con
un tráiler y varios vehículos a las 24:00 h, apenas a 3 kilómetros del
cruce de Santa Teresa donde fue atacado el autobús de Los Avispones, y
al menos otros cuatro vehículos, con resultado de tres personas muertas y
numerosos heridos graves.
2. La
participación de varias patrullas de policía en el ataque a los
Avispones que se retiraron después del mismo, a las 23:45 h, por la
carretera hacia Santa Teresa. Dicha carretera que se dirige a esa
población, pero conecta también con otras poblaciones cercanas como
Apipilulco, Huitzuco o Pololcingo.
3. La
movilización de la policía de Huitzuco, con unos 25 efectivos y seis
patrullas, para llevar a cabo, aparentemente, un retén en la carretera
en el cruce hacia Pololcingo, sin ningún motivo declarado, durante las
horas claves de esa noche, mientras estaban dándose los ataques a los
normalistas y Los Avispones. Según sus bitácoras, la salida de patrullas
de policía de Huitzuco fuera de la ciudad se dio de 23:00 h a 01:40 h.
Además, la policía de Huitzuco estaba alertada a través del C-4 de los
hechos de Iguala contra los normalistas. Dicha área queda en la zona de
influencia de Iguala y el cruce de Santa Teresa.
4. La
existencia de un bloqueo en la carretera en Mezcala durante alrededor
de 2 h, entre las 24 h aproximadamente y las 2 h de la madrugada, y el
ataque a dos vehículos, con dos personas heridas por arma de fuego en
dicho lugar. Dicho ataque habría sido llevado a cabo por parte de un
numeroso grupo de hombres armados, aparentemente miembros del crimen
organizado, con armas de gran potencia.
5. El
control de la movilización por la carretera entre Iguala y Chilpancingo
se dio durante toda la noche. A las 02:00 h del día 27 fue liberado el
paso en Mezcala, por
un convoy donde iban autoridades estatales, policía estatal y federal. Otros testigos entrevistados muestran que solo durante las últimas horas de la madrugada, hasta las 05:00-06:00 h se liberó completamente el control y la amenaza a quien circulara por dicho lugar, al menos en el trayecto hasta Mezcala, en la ruta entre Iguala y Chilpancingo.
un convoy donde iban autoridades estatales, policía estatal y federal. Otros testigos entrevistados muestran que solo durante las últimas horas de la madrugada, hasta las 05:00-06:00 h se liberó completamente el control y la amenaza a quien circulara por dicho lugar, al menos en el trayecto hasta Mezcala, en la ruta entre Iguala y Chilpancingo.
6. Otro
bloqueo con un tráiler se dio en la zona de Sabana Grande, cerca ya del
crucero de Santa Teresa, aunque fue limitado en el tiempo. Una vez que
el autobús de los Avispones fue atacado en el crucero de Santa Teresa,
dicho bloqueo se mantuvo durante un tiempo limitado, siendo quitado por
sus mismos autores sin intervención
externa. Esto podría mostrar que los autores de dicha acción conocieron el resultado del ataque en Santa Teresa y su acción podría haber estado encaminada a bloquear el paso del autobús. Los autores del mismo fueron personas con armas largas, vestidas de civil, que tenían camionetas último modelo. Dicho bloqueo, y la participación de personas armadas o existencia de otros testigos, no ha sido investigada hasta ahora.
externa. Esto podría mostrar que los autores de dicha acción conocieron el resultado del ataque en Santa Teresa y su acción podría haber estado encaminada a bloquear el paso del autobús. Los autores del mismo fueron personas con armas largas, vestidas de civil, que tenían camionetas último modelo. Dicho bloqueo, y la participación de personas armadas o existencia de otros testigos, no ha sido investigada hasta ahora.
7. Para el GIEI el conjunto de la acción
muestra un modus operandi coordinado para evitar la huida de los
autobuses. El cerco de dicha acción se completó en Mezcala, donde se
instaló otro bloqueo probablemente con el mismo objetivo. Que este
bloqueo se mantuviera en el tiempo más que en el caso de Sabana Grande,
podría obedecer al hecho de que no existe cobertura telefónica en la
zona de Mezcala, y la pérdida de señal podría hacer que los
perpetradores no tenían información sobre el control y el ataque al
autobús de los Avispones. Los nuevos datos muestran un grupo aún más
numeroso de gente implicada en el caso y que se habría movilizado para
levantar un cerco en la
carretera donde se preveía el escenario de huida de los normalistas, y específicamente refuerza la hipótesis del 5º autobús señalada en el primer informe del GIEI.
carretera donde se preveía el escenario de huida de los normalistas, y específicamente refuerza la hipótesis del 5º autobús señalada en el primer informe del GIEI.
Durante la última parte del informe del GIEI, se realizaron recomendaciones con respecto a la investigación del caso Ayotzinapa.
- Disminuir La formalidad y burocracia.
- Limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones.
- Mejorar la calidad y el método de toma de declaraciones.
- Aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva.
- Rediseño institucional para que los servicios periciales sean independientes de la PGR.
- Potenciar la capacidad analítica de las pruebas.
- Realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades.
- Incorporar en la investigación todos los delitos y violaciones de derechos humanos.
- Evitar que las violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada.
- Cualificar y valorar la calidad de la investigación sobre el número de inculpados.
- Integrar las averiguaciones, evitando la fragmentación de los procesos.
- Promover un sistema de información periódica de las víctimas.
- Comunicación pública para evitar filtración de las investigaciones por parte de la PGR.
- Acceso a todas las fuentes de información y potenciar las líneas de investigación.
- Investigar eventuales responsabilidades superiores y no sólo de autores materiales.
- Uso de medios tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos.
-VER INFORME AYOTZINAPA II: http://www.sopitas.com/607780-sigue-en-vivo-el-informe-del-giei-sobre-ayotzinapa/#sthash.oLTPxcKc.dpuf
En las imágenes captadas por Villa y Jiménez, que los peritos del GIEI confrontaron con las de otros dos periodistas gráficos y con toda la documentación de fotografía y video existente en el expediente de la PGR 001/2015, se muestra que Tomás Zerón tuvo bajo su control la escena del río San Juan. Sin facultades constitucionales para practicar esa diligencia, se ve a Zerón resguardado por un cerco de seguridad perimetral de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y sin la presencia del Ministerio Público, bajo cuya conducción y mando debió haber actuado.
Zerón estuvo acompañado por funcionarios del área de Servicios Periciales de la PGR y del presunto auto-inculpado Agustín García Reyes, detenido por la Marina y torturado al vapor la tarde-noche del 27 de octubre de 2014, a partir de una llamada supuestamente anónima que la PGR habría recibido el día anterior, donde se advertía que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados en el basurero y sus cenizas arrojadas luego al río.
Después de haber confesado que habían arrojado al lecho del río
En respuesta a los graves señalamientos del GIEI, el 27 de
abril, Tomás Zerón declaró ante los medios que su presencia en el lugar
fue un
La cuestión grave, como consignó Magdalena Gómez en La Jornada, es que en el video exhibido por el GIEI y las imágenes fotográficas publicadas en los medios de difusión el 28 de octubre ya aparecían bolsas con características similares a la hallada hacia las 8:50 de la mañana del día siguiente por un supuesto buzo de la Marina. Una impresión fotográfica captada a las 15:36 del 28 de octubre exhibe a dos individuos (en apariencia un marino y un perito de la PGR) mientras observan dos bolsas depositadas sobre el barro seco a orillas del río San Juan (no en el agua): una negra con restos carbonizados y una blanca cuyo contenido no pudo verse.
El GIEI nunca afirmó que esas bolsas fueran sembradas. Concluyó que la presencia en el lugar del jefe de la AIC el 28 de octubre de 2014 no se encuentra registrada en la investigación; que no encontraron en el expediente ningún documento que muestre las condiciones legales y el registro de custodia para el traslado del detenido (Agustín García Reyes) al río San Juan; que la toma de evidencias del cauce del río por el subdirector de Servicios Periciales tampoco quedó reportada y no se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida. Sí consigna que los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense se negaron a firmar la cadena de custodia el día 29, porque cuando llegaron al lugar los restos ya se hallaban sobre una lona y eran analizados por peritos de la PGR.
Al presentar el informe, un experto del GIEI dijo que les llamó la atención que una organización criminal (Guerreros unidos) que presuntamente había adoptado el sofisticado modus operandi y sin antecedentes de
Investigación de la PGR
El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala
Carlos Fazio/II. La Jornada. Opinión. Lunes 9 de mayo de 2016
Profesional, metódico,
riguroso y sin utilizar adjetivos; contrastando los testimonios y las
contradicciones de los autoinculpados, sometidos a malos tratos y
torturas en los que se sustenta la teoría oficial sobre el presunto
asesinato e incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el
basurero de Cocula, y siempre apegado a los hechos incluidos en
los expedientes confeccionados por los investigadores de la
Procuraduría General de la República para fragmentar y entorpecer el
caso Iguala, el demoledor informe final del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) volvió a exhibir la catadura moral del
sistema político mexicano y desmontó una vez más la verdad histórica
del ex fiscal de la Nación Jesús Murillo Karam y de su principal
operador y comparsa, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC).
Llegados a México como coadyuvantes en la investigación y tácitamente
expulsados del país el 30 de abril, al expirar su segundo mandato, los
miembros del GIEI, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos
Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, aportaron un elemento clave
sobre el trágico hecho criminal: una serie de fotografías y un video
grabado por los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y
José Manuel Jiménez, el 28 de octubre de 2014, en el río San Juan, que
vinieron a develar una singular diligencia extraoficial –además de
anticonstitucional e ilegal– protagonizada por el jefe de la AIC, el
hombre del trabajo sucio y los montajes en la PGR.En las imágenes captadas por Villa y Jiménez, que los peritos del GIEI confrontaron con las de otros dos periodistas gráficos y con toda la documentación de fotografía y video existente en el expediente de la PGR 001/2015, se muestra que Tomás Zerón tuvo bajo su control la escena del río San Juan. Sin facultades constitucionales para practicar esa diligencia, se ve a Zerón resguardado por un cerco de seguridad perimetral de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y sin la presencia del Ministerio Público, bajo cuya conducción y mando debió haber actuado.
Zerón estuvo acompañado por funcionarios del área de Servicios Periciales de la PGR y del presunto auto-inculpado Agustín García Reyes, detenido por la Marina y torturado al vapor la tarde-noche del 27 de octubre de 2014, a partir de una llamada supuestamente anónima que la PGR habría recibido el día anterior, donde se advertía que los 43 desaparecidos de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados en el basurero y sus cenizas arrojadas luego al río.
Después de haber confesado que habían arrojado al lecho del río
ocho bolsascon las cenizas y restos humanos de los estudiantes, García Reyes, quien no contó con asistencia legal, en franca violación del debido proceso, guió a Zerón al lugar del hecho. Un día después (29 de octubre de 2014), en el mismo lugar y exactamente en las mismas coordenadas donde se había registrado el traslado y la ilegal reconstrucción de hechos, un buzo de la Semar encontró una bolsa de donde se extrajo –según la verdad histórica de Murillo Karam– el único resto óseo que a la postre, mediante el análisis de ADN nuclear en los laboratorios de genética de la Universidad de Innsbruck, sirvió para identificar como perteneciente al normalista Alexander Mora. Sin más pruebas, la PGR concluyó que el resto de los desaparecidos corrieron la misma suerte.
acto de investigación policial, que constituye un acto previo de una diligencia ministerial. Si bien la historia oficial señaló que el descubrimiento se hizo el 29 de octubre y que los testigos-inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos,
la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario, sin que existiera ningún registro de hechosen el expediente de la averiguación previa (ver informe del GIEI, página 285).
La cuestión grave, como consignó Magdalena Gómez en La Jornada, es que en el video exhibido por el GIEI y las imágenes fotográficas publicadas en los medios de difusión el 28 de octubre ya aparecían bolsas con características similares a la hallada hacia las 8:50 de la mañana del día siguiente por un supuesto buzo de la Marina. Una impresión fotográfica captada a las 15:36 del 28 de octubre exhibe a dos individuos (en apariencia un marino y un perito de la PGR) mientras observan dos bolsas depositadas sobre el barro seco a orillas del río San Juan (no en el agua): una negra con restos carbonizados y una blanca cuyo contenido no pudo verse.
El GIEI nunca afirmó que esas bolsas fueran sembradas. Concluyó que la presencia en el lugar del jefe de la AIC el 28 de octubre de 2014 no se encuentra registrada en la investigación; que no encontraron en el expediente ningún documento que muestre las condiciones legales y el registro de custodia para el traslado del detenido (Agustín García Reyes) al río San Juan; que la toma de evidencias del cauce del río por el subdirector de Servicios Periciales tampoco quedó reportada y no se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida. Sí consigna que los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense se negaron a firmar la cadena de custodia el día 29, porque cuando llegaron al lugar los restos ya se hallaban sobre una lona y eran analizados por peritos de la PGR.
Al presentar el informe, un experto del GIEI dijo que les llamó la atención que una organización criminal (Guerreros unidos) que presuntamente había adoptado el sofisticado modus operandi y sin antecedentes de
convertir en cenizasa los normalistas, para que no pudieran ser identificados ni siquiera con pruebas de ADN –similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio–, fueran después a arrojar las bolsas al río San Juan… ¡en un área visible desde varias casas del lugar y a plena luz del día!
La CIDH, pendiente de los caminos que se seguirán: Beristain
Abiertas, las medidas cautelares, señala
El GIEI estuvo en la normal de Ayotzinapa
Los integrantes del GIEI fueron recibidos en Ayotzinapa por padres y
compañeros de los 43, después de marchar por calles de TixtlaFoto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 13
Jueves 28 de abril de 2016, p. 13
Tixtla, Gro.
A tres días de la salida del país de los cinco integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carlos Beristain
lamentó que el gobierno mexicano no haya dado todas las facilidades para
llegar más a fondo en el caso de la desa-parición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa.
Manifestó que hay muchas líneas de investigación que aún se tienen que seguir:
hay un capítulo (en el informe) relacionado con el 27 batallón de infantería, sobre su actuación, y van a entender por qué queríamos entrevistar a sus miembros y cuáles son las preguntas que tendrían que responder.
Advirtió que no se llegará a la verdad sin la experiencia de las
víctimas. Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
está pensando en cuáles son los mecanismos de seguimiento y cuáles los caminos a seguir. Las medidas cautelares siguen abiertas y los pasos a dar tendrán que determinarse en el futuro.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, aseguró que la salida del grupo se debió a que
el gobierno se percató que las líneas que estaban descubriendo conducen a autoridades de altas esferas, de alto nivel de la política.
Señaló que el gobierno federal llevó a cabo una campaña de
denostación contra los expertos a través de algunos medios de
comunicación, acompañada de una posición política, como la del
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El funcionario federal
todo el tiempo dijo que los expertos no aportaron nada a la investigación y que lo fundamental que había fue lo que la PGR trabajó, y eso no es objetivo, porque hay muchas diligencias, como el caso de que no se registró que en el basurero de Cocula había casquillos. Hay por lo menos otras tres o cuatro diligencias que ahorita no podemos dar a conocer, donde hay una serie de datos que desasearon la investigación, añadió.
Las declaraciones las hicieron al final de una marcha en Tixtla, en la que, al grito de
¡No se vayan!, padres de familia y compañeros de los ausentes demandaron la permanencia del GIEI.
Los contingentes recorrieron las calles de Tixtla hasta las
instalaciones del plantel, donde los padres de familia les colocaron
collares de flores, lo mismo que a representantes de las organizaciones
no gubernamentales Agustín Pro Juárez y Tlachinollan.
Melitón Ortega, a nombre de los padres de familia, les dio la bienvenida:
Confiamos en ustedes, pero no en el gobierno. No nos abandonen hasta llegar a la verdad y nos entreguen a nuestros hijos.
En nombre de los alumnos, el dirigente Ernesto Guerrero dijo a los expertos:
ustedes vinieron a destruir, a desmoronar las mentiras que el gobierno federal nos quería dar por verdad. Desde un principio se había empeñado en entregar cuerpos que no corresponden a los de nuestros 43 compañeros, se enfocaban en el ataque a tres autobuses cuando nosotros les dijimos que eran cinco; decían que los (policías) federales no tenían conocimiento de los hechos, pero (los agentes) nos vigilaron desde la salida de Chilpancingo hasta la caseta de Iguala.
Al término del acto entregaron a cada uno de los padres de familia un ejemplar de la investigación del caso Ayotzinapa.
nos deja sin la posibilidad de conocer la verdad
Resultados con fallas y lagunas, señalan comisión de diputados
Señala Tomás Zerón errores en el
video de Cocula; la diligencia, transparente, dice
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 12
La comisión especial que investiga la desaparición
de los 43 estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa exigió al
gobierno federal dar seguimiento al informe del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI). Sus conclusiones
no pueden ser desoídas por las autoridades de México, porque ya se encuentran en el ámbito de la opinión pública internacional, argumentó la presidenta del grupo de trabajo, Guadalupe Murguía, del PAN.
Por su parte, Aracely Damián (Morena) consideró que el tercer peritaje, dado a conocer por la PGR,
manifiesta múltiples contradicciones. Con él la verdad histórica oficial no se ratifica, porque no se llevó a cabo por consenso, y su resultado no sería aceptado por ningún tribunal de derechos humanos, porque carece de sustento científico y no responde a dudas planteadas con anterioridad.
La legisladora Damián recordó que en detrimento de la investigación
sólo existe una averiguación previa y con ella la PGR entregará a los
mexicanos un resultado con fallas y lagunas,
sin la posibilidad de conocer la verdad y sin que se amplíe el espectro de quienes por omisión o acción cometieron el delito.
Para la presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía, la
crítica de la opinión pública nacional e internacional, suscitada tras
la entrega del informe final del GIEI, pone en evidencia las anomalías
del sistema de procuración de justicia en México.
Nos pone ante la opinión pública internacional en una situación de alto cuestionamiento. Esto no es un asunto menor y creo que corresponderá a la PGR y al gobierno de México dar respuesta.
La representante panista anunció que la comisión dará seguimiento al
informe del GIEI, y si bien en su entorno resulta complicado alcanzar
unanimidad, ésta se buscará donde haya coincidencias.
Expuso que ante el retiro del GIEI, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) tendrá que asumir el trabajo de los expertos
internacionales,
generar confianza y credibilidad ante los padres de los jóvenes desaparecidos y frente a la opinión pública nacional e internacional.
Normalistas pasaron 40 minutos detenidos en la comandancia de la policía en Iguala
Expertos pidieron entrevistar a las personas que estaban encerradas esa noche
Testimonios recogidos en el informe del GIEI señalan el papel de los agentes municipales
Emir Olivares y José Antonio Román
Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 12
Al menos 13 estudiantes del grupo de los 43
desaparecidos de Ayotzinapa habrían sido llevados en un primer momento,
tras su detención, a la comandancia de la policía preventiva municipal
de Iguala. Los jóvenes habrían estado en el patio de las instalaciones
poco más de media hora, entre las 23 y 23:40, del 26 de septiembre de
2014.
De acuerdo con versiones de policías y testigos, recogidas en el
informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),
los estudiantes normalistas fueron sacados de la comandancia por
elementos policiacos a bordo de dos patrullas, custodiadas por otras
tres unidades.
Vi que llegaron elementos de la policía preventiva a bordo de dos patrullas y subieron en ellas a los muchachos que estaban hincados cuando platicaban con el licenciado Ulises (Bernabé García), juez de barandilla. Ignoro hacia donde se los hayan llevado; todo esto lo vi de reojo, que de ahí ya no me consta nada, declara Hugo Hernández Arias, uno de los policías actualmente procesados.
Además, hay registros de telefonía móvil de agentes municipales de
Iguala que los ubican en la zona cercana a la comandancia entre las
23:10 y 23:57 horas de ese día, es decir, que se encontraban en este
lugar, o sus inmediaciones, en el mismo lapso en que los estudiantes
permanecían en la comandancia.
Entre las patrullas cuyos ocupantes podrían haber estado en este
sitio se encuentran la número 20, que conducía Fausto Bruno Heredia, uno
de los jefes de la policía municipal de Iguala, y la 18, asignada a
Alejandro Tenescalco, otro jefe, actualmente prófugo.
Estas versiones coinciden con las declaraciones hechas por los
estudiantes sobrevivientes del ataque en la calles de Juan N. Álvarez y
Periférico Norte, quienes narran haber visto la detención de los
normalistas que iban en el autobús Estrella de Oro número 1568 y fueron
llevados en patrullas de la policía municipal. Esta detención fue
reconocida por el jefe de la policía municipal Felipe Flores Velásquez,
también prófugo.
Incluso, el GIEI recogió declaraciones de otros testigos, como el de
D–identificado así en el informe–, quien declara que eran entre 16 y 17 estudiantes los que habían sido llevados a barandilla; que había uno más herido de gravedad, en el hospital, y otros dos lesionados de bala.
Uno amigo que había tenido problemas con un choque en su moto me dijo que sí estaban ahí los chavos, completa su testimonio.
El GIEI señala que desde junio del año pasado ha solicitado a la PGR
entrevistar a las seis personas que estaba privadas de la libertad la
noche del 26 de esptiembre de 2014, pues desde las celdas se puede ver
el patio de la comandancia y, por tanto, son testigos de esos hechos.
Estas declaraciones no se han realizado.
video de Cocula; la diligencia, transparente, dice
Responde la PGR a la acusación de que
se sembró evidencia en el río San Juan
El funcionario no hizo referencia a
señalamientos del GIEI de tortura a detenidos
señalamientos del GIEI de tortura a detenidos
Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGRFoto Yazmín Ortega Cortés
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 11
Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de
Investigación Criminal (ACI), rechazó haber sembrado evidencias en el
río Cocula y que las bolsas con fragmentos óseos hayan sido localizadas
el día 28 de octubre de 2014, como señaló el Grupo de Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) al rendir su segundo y último informe
del llamado caso Iguala.
Durante un mensaje a los medios de comunicación que duró una hora
–sin que aceptara preguntas–, Zerón no hizo ninguna referencia a los
señalamientos del GIEI de que al menos 25 detenidos, implicados en la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron objeto de actos
de tortura.
Antes de que hablara Zerón de Lucio, el subprocurador de derechos
humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar
Betanzos, dijo que se solicitó al GIEI el video mostrado durante su
segundo informe (en el cual se sostienen los señalamientos de la siembra
de evidencia en el río Cocula), pero que el grupo de expertos no ha
entregado el material, y dijo que la PGR analizará dicho material para
determinar lo conducente.
Zerón de Lucio comenzó justificando que hasta la tarde de ayer –tres
días después de que los integrantes del GIEI lo acusaron de sembrar
evidencias– se diera una declaración a ese respecto. Dijo que se
encontraba en una comisión internacional en Lyon, Francia, porque acudió
a la sede de Interpol.
El titular de la AIC señaló que las grabaciones de video mostradas
por el GIEI son erróneas, ya que en sus imágenes se menciona que las
bolsas con restos fueron encontradas en diciembre de 2014 y no en
octubre de ese año como está asentado en el expediente.
Rechazó haber cometido alguna irregularidad y mencionó que la primera
diligencia se realizó el 28 de octubre de 2014 y en ella estuvo
presente el detenido Agustín García Reyes, y que como responsable de la
AIC está
obligado a indagar un hecho criminal.
Según Zerón, lo que muestra el video es una de las
múltiples visitasque realizó a diversas zonas de Guerrero, entre ellas Iguala, Cocula y Apetlanca.
“Una de las áreas de la AIC es la Policía Federal Ministerial, por lo
cual tengo facultades para realizar actos de investigación en auxilio
del Ministerio Público. En este contexto, todo el actuar de la policía y
un servidor se sustentó legalmente en un mandamiento ministerial de
investigación exhaustiva, mediante acuerdo del 25 de octubre de 2014.
“(…) durante sus manifestaciones, García Reyes refirió conocer
el sitio donde prendieron fuego a un gran número de personas, así como
el lugar en el que arrojaron ocho bolsas que contenían las cenizas de
los cuerpos quemados.
Para probar sus afirmaciones mostró los planes de vuelo, grabaciones del recorrido con García Reyes, e imágenes de cuando se coordina con personal de la Armada de México para resguardar el sitio donde se habían detectado
Al dar respuesta a los señalamientos del GIEI, Zerón de Lucio estuvo acompañado por cuatro funcionarios y un perito: Sara Mónica Medina Alegría, directora de la coordinación de servicios periciales; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de derechos humanos; Vidal Díaz Ochoa, titular del área de inteligencia de la AIC, y Carlos Hugo Castellanos Becerra, director de asuntos jurídicos en la AIC.
Luego, Zerón de Lucio explicó una imagen mostrada por el GIEI en la que se observa que en una de las etiquetas, colocada en una de las bolsas, se puso la fecha de 28 de octubre de 2014: una perito se
Asimismo, con relación a la fotografía mostrada por el GIEI en la que se aprecia un hueso –que en su versión resultó ser un hueso de ave–, dijo que fue tomada el día 29 de octubre y que ello se demuestra con los metadatos de la imagen.
Sostuvo que su
Por lo anterior, se procedió a identificar en campo los lugares señalados por García Reyes en su declaración. Este traslado fue parte de un acto de investigación policial, mismo que constituye un acto previo de una diligencia ministerial, la cual se desarrolló al día siguiente.
Para probar sus afirmaciones mostró los planes de vuelo, grabaciones del recorrido con García Reyes, e imágenes de cuando se coordina con personal de la Armada de México para resguardar el sitio donde se habían detectado
cuatro bolsasde plástico.
Al dar respuesta a los señalamientos del GIEI, Zerón de Lucio estuvo acompañado por cuatro funcionarios y un perito: Sara Mónica Medina Alegría, directora de la coordinación de servicios periciales; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de derechos humanos; Vidal Díaz Ochoa, titular del área de inteligencia de la AIC, y Carlos Hugo Castellanos Becerra, director de asuntos jurídicos en la AIC.
Luego, Zerón de Lucio explicó una imagen mostrada por el GIEI en la que se observa que en una de las etiquetas, colocada en una de las bolsas, se puso la fecha de 28 de octubre de 2014: una perito se
equivocó, ya que marcó mal la fecha y en lugar de 29 de octubre le puso 28; por ello, dijo, se investigará si tiene alguna responsabilidad, pero señaló que en el expediente las diligencias ministeriales tienen la fecha correcta del hallazgo.
Asimismo, con relación a la fotografía mostrada por el GIEI en la que se aprecia un hueso –que en su versión resultó ser un hueso de ave–, dijo que fue tomada el día 29 de octubre y que ello se demuestra con los metadatos de la imagen.
Sostuvo que su
presencia esa fecha y en ese lugar fue legal, a la luz del día, y atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como por decenas de periodistas que grabaron ese y seguramente otros videos en las mismas circunstancias de tiempo y lugar.
a la justicia de México: NYT
De la Redacción. Periódico La Jornada. Miércoles 27 de abril de 2016, p. 12
En un editorial encabezado
Resumiendo las tareas del GIEI y sus experiencias en sus
investigaciones, el editorial recuerda que el presidente Enrique Peña
Nieto viajó a Guerrero en diciembre de 2014, donde pocos meses atrás
habían desaparecido los 43 normalistas, para pedir que México México huye de la verdad, el New York Times considera que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se tiene que interpretar
como una acusación al sistema judicial notoriamente corrupto y frecuentemente brutal de México.
superaraesta fase y siguiera adelante. Peña Nieto, comenta,
tendría que haberse engañado al pensar que podría dar la vuelta a una atrocidad contra los derechos humanos que enfureció a la nación, cuando el gobierno no tenía respuestas sobre quién cometió el crimen ni por qué.
Añade que semanas antes de esto, y respondiendo a protestas masivas y condenas internacionales, Peña Nieto había acordado permitir el ingreso del GIEI, pero, después de que éste presentó su primer informe,
en lugar de reconocer el significado de esas conclusiones, el gobierno mexicano obstruyó las solicitudes de información y de acceso a testigos claves. Más aún, cuando aparecieron notas periodísticas descalificando a dos de las integrantes del GIEI, se interpretó que eran parte de una campaña realizada con la bendición del gobierno.
El editorial resume las conclusiones del informe final y
cuenta que éste fue presentado el domingo en México, donde “familiares
de las víctimas corearon ‘no se vayan, no se vayan’. Ningún funcionario
mexicano se molestó en presentarse. Eso dejó más que volúmenes enteros
sobre la falta de voluntad política del gobierno para reformar las
instituciones judiciales y sobre la insensibilidad hacia sus
ciudadanos”.
Hubo otro camión militar en Iguala que la PGR no indagó: expertos de la CIDH
En su segundo y último reporte sobre este tema, titulado Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones, el GIEI llama a las autoridades federales a indagar esos hechos, pues según la información del expediente fueron sólo cuatro los vehículos militares (tres Cheyenne y un Sandcat blindado) del 27 batallón, ubicado en Iguala, que tuvieron actividad en diversos lugares donde se suscitaron los ataques contra los normalistas y otros civiles, y ninguno de ellos es un camión.
Otro elemento que encontraron los expertos donde hay participación de soldados es que varias personas que fueron atacadas en el crucero Santa Teresa (jugadores del equipo Los Avispones y sus familiares), algunos de ellas heridas, acudieron hasta la puerta del 27 batallón a solicitar ayuda, pero los militares no la brindaron, con el argumento de que "no estaba en su jurisdicción".
“Se da la circunstancia de que en dicha colonia había huido el grupo de normalistas que viajaba en el quinto autobús Estrella Roja –el único que pudo salir del cerco operado por diferentes corporaciones de seguridad y que podría estar relacionado con el trasiego de drogas de Iguala a Chicago)–, tras huir inicialmente a la colonia Pajaritos, cerca de la zona del palacio de justicia. Bajaron posteriormente de un cerro, caminaron por la carretera en dirección a Iguala y tomaron el Periférico. En ese momento fueron perseguidos por patrullas de policía y atacados con piedras y disparos de armas de fuego, mientras huían por unas escaleras hacia la parte alta de dicha colonia.”
Los expertos insistieron en entrevistar directamente al menos a 27 militares que habrían tenido contacto con lugares
En diferentes paradas a lo largo de la marcha, primero frente a la Procuraduría General de la República (PGR), luego en el Antimonumento a los 43 –sobre Paseo de la Reforma– y finalmente en el mitin en el Hemiciclo, los padres señalaron que el informe del GIEI confirmó lo que ellos sabían desde el principio: “que la llamada ‘verdad histórica’ nunca existió”.
Señalaron que es responsabilidad del gobierno federal, por su intención deliberada de obstruir la investigación y de encubrir a los responsables, que no se ha podido llegar a la verdad de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Frente a la PGR, acusaron al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, de haber obstaculizado las averiguaciones, alterado escenarios, sembrado pruebas y encubierto a los responsables. Pidieron castigo para el funcionario.
En el trayecto, decenas, cientos de manifestantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y espontáneos que acompañaron a los padres de los normalistas no dejaron de gritar consignas y exigir justicia.
En el Antimonumento a los 43, que cumplió un año de instalado, exigieron al Presidente
Ahi, Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, agradeció el acompañamiento que durante todo este tiempo les ha dado la sociedad civil. Pasaron lista a los 43 estudiantes desaparecidos.
En este último tramo de la movilización, hacia el Hemiciclo a
Juárez, los manifestantes lo hicieron con decenas de antorchas
encendidas en alto, siempre custodiados por decenas de policías
preventivos y de vialidad sobre las aceras.
Durante el mitin, varios padres de familia y el abogado Vidulfo
Rosales señalaron que tras el informe de los expertos de la CIDH quedó
muy claro que el gobierno mexicano siempre se condujo dentro de la
mentira y el engaño.
Rosales destacó que esta lucha ya no es sólo por los 43, sino por los más de 27 mil desaparecidos que tiene el país, por sus familiares, que sufren el dolor del ser ausente debido a la omisión y corrupción de las autoridades.
La movilización de los padres concluyó sin incidentes cerca de las 21 horas, con la entonación del himno Venceremos y la exigencia de la aparición con vida de los jóvenes normalistas.
En Cuernavaca, Morelos, organismos civiles, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y maestros se manifestaron de las 10 de la mañana al mediodía. Durante el mitin pasaron lista a los 43 estudiantes de Ayotzinapa; aseguraron que en Morelos se ha aprehendido a presuntos responsables de los hechos de Iguala porque la entidad es residencia de delincuentes.
A su vez, profesores de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en Chiapas.
(Sergio Ocampo, Rubicela Morelos y Elio Henríquez, corresponsales)
Hubo otro camión militar en Iguala que la PGR no indagó: expertos de la CIDH
La unidad circuló en la colonia donde se refugiaron los normalistas del
quinto autobús
Según documentó el grupo, el 27 batallón negó ayuda a personas atacadas con Los Avispones
Emir Olivares Alonso y José Antonio Román. Periódico La Jornada.Miércoles 27 de abril de 2016, p. 12
En sus investigaciones en torno a los hechos de
Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) encontró que un camión militar circuló
alrededor de las 2 de la madrugada por la colonia 24 de Febrero, donde
se refugió el grupo de normalistas que fue obligado a dejar el llamado
quinto autobús.
Lo que llamó la atención de los expertos, enviados a México hace poco
más de un año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
para atender el caso, es que la presencia de esa unidad militar no
aparece en el expediente de la Procuraduría General de la República
(PGR).En su segundo y último reporte sobre este tema, titulado Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones, el GIEI llama a las autoridades federales a indagar esos hechos, pues según la información del expediente fueron sólo cuatro los vehículos militares (tres Cheyenne y un Sandcat blindado) del 27 batallón, ubicado en Iguala, que tuvieron actividad en diversos lugares donde se suscitaron los ataques contra los normalistas y otros civiles, y ninguno de ellos es un camión.
Otro elemento que encontraron los expertos donde hay participación de soldados es que varias personas que fueron atacadas en el crucero Santa Teresa (jugadores del equipo Los Avispones y sus familiares), algunos de ellas heridas, acudieron hasta la puerta del 27 batallón a solicitar ayuda, pero los militares no la brindaron, con el argumento de que "no estaba en su jurisdicción".
“Se da la circunstancia de que en dicha colonia había huido el grupo de normalistas que viajaba en el quinto autobús Estrella Roja –el único que pudo salir del cerco operado por diferentes corporaciones de seguridad y que podría estar relacionado con el trasiego de drogas de Iguala a Chicago)–, tras huir inicialmente a la colonia Pajaritos, cerca de la zona del palacio de justicia. Bajaron posteriormente de un cerro, caminaron por la carretera en dirección a Iguala y tomaron el Periférico. En ese momento fueron perseguidos por patrullas de policía y atacados con piedras y disparos de armas de fuego, mientras huían por unas escaleras hacia la parte alta de dicha colonia.”
Los primeros en la escena de Julio César Mondragón
En esta colonia también se habrían refugiado las personas
que no recibieron apoyo en el 27 batallón militar, quienes incluso
–documentó el GIEI– fueron interceptadas por patrullas de la policía que
las obligaron a bajar de su vehículo y les advirtieron que
“La presencia de dicho vehículo militar en la colonia 24 de Febrero
no está registrada en ninguna declaración ni reporte (oficial) hasta
ahora. Tampoco el vehículo militar identificado por un testigo como ‘un
camión grande’, con unos ocho o 10 efectivos. Ese es un hecho que
necesita ser esclarecido”, subrayó el GIEI.podían ser confundidas, por lo que les pidieron retirarse.
Los expertos insistieron en entrevistar directamente al menos a 27 militares que habrían tenido contacto con lugares
clavesdonde se dieron diferentes hechos. Un ejemplo es que en la zona industrial de Iguala apareció el cuerpo de Julio César Mondragón, el normalista que fue torturado, ejecutado y cuyo rostro fue desollado.
Los militares fueron los primeros que llegaron a la escena del crimen. Sin embargo, sus declaraciones ofrecen muy pocos detalles del hecho, lo que sin duda podría contribuir a tener más elementos para el análisis del caso. Los expertos de la CIDH subrayaron que los reportes del Ejército y los dichos de los efectivos no coinciden en la hora en que habrían salido del cuartel y llegado hasta el lugar.
Diálogo directo, exigen padres a Peña tras salida de expertos
Encabezan marcha al cumplirse 19 meses del ataque en Iguala
Encabezan marcha al cumplirse 19 meses del ataque en Iguala
Piden aceptar pronto el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones
José Antonio Román. Periódico La Jornada. Miércoles 27 de abril de 2016, p. 13
Con la salida obligada del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los padres de los 43
estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al presidente Enrique
Peña Nieto diálogo directo y que acepte lo más pronto posible el
mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del informe de la
instancia internacional.
Esta exigencia se presentó de diferentes formas y tonos durante la
movilización que encabezaron la tarde-noche de este martes, del Ángel de
la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, al
cumplirse 19 meses de los hechos de Iguala.En diferentes paradas a lo largo de la marcha, primero frente a la Procuraduría General de la República (PGR), luego en el Antimonumento a los 43 –sobre Paseo de la Reforma– y finalmente en el mitin en el Hemiciclo, los padres señalaron que el informe del GIEI confirmó lo que ellos sabían desde el principio: “que la llamada ‘verdad histórica’ nunca existió”.
Señalaron que es responsabilidad del gobierno federal, por su intención deliberada de obstruir la investigación y de encubrir a los responsables, que no se ha podido llegar a la verdad de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Frente a la PGR, acusaron al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, de haber obstaculizado las averiguaciones, alterado escenarios, sembrado pruebas y encubierto a los responsables. Pidieron castigo para el funcionario.
En el trayecto, decenas, cientos de manifestantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y espontáneos que acompañaron a los padres de los normalistas no dejaron de gritar consignas y exigir justicia.
¡Fue el Estado! Ya lo sabíamos, pero el GIEI lo vino a demostrar, se escuchó varias veces desde el sonido que acompañó la marcha durante toda la ruta.
En el Antimonumento a los 43, que cumplió un año de instalado, exigieron al Presidente
dar la caray reunirse de manera directa con los padres para que acepte ya el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
Ahi, Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, agradeció el acompañamiento que durante todo este tiempo les ha dado la sociedad civil. Pasaron lista a los 43 estudiantes desaparecidos.
Rosales destacó que esta lucha ya no es sólo por los 43, sino por los más de 27 mil desaparecidos que tiene el país, por sus familiares, que sufren el dolor del ser ausente debido a la omisión y corrupción de las autoridades.
La movilización de los padres concluyó sin incidentes cerca de las 21 horas, con la entonación del himno Venceremos y la exigencia de la aparición con vida de los jóvenes normalistas.
Solidaridad en los estados
Unas 3 mil personas marcharon este martes en
Chilpancingo, Guerrero, en apoyo a los estudiantes de la normal de
Ayotzinapa y de los padres de los 43 alumnos de ese plantel
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. En Morelos y Chiapas hubo
movilizaciones similares.
Los manifestantes en Chilpancingo exigieron al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que los reciba en audiencia, y
al presidente Enrique Peña Nieto que prorrogue la estancia de los
expertos de la CIDH hasta que se presente con vida a los normalistas. La
marcha partió del punto conocido como El Caballito, y en el
paraje Parador del Marqués bloquearon ambos carriles de la Autopista del
Sol México-Acapulco. La movilización concluyó al filo de las 16 horas.En Cuernavaca, Morelos, organismos civiles, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y maestros se manifestaron de las 10 de la mañana al mediodía. Durante el mitin pasaron lista a los 43 estudiantes de Ayotzinapa; aseguraron que en Morelos se ha aprehendido a presuntos responsables de los hechos de Iguala porque la entidad es residencia de delincuentes.
A su vez, profesores de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en Chiapas.
(Sergio Ocampo, Rubicela Morelos y Elio Henríquez, corresponsales)
La noche de Iguala y el Estado mexicano
Luis Hernández Navarro. La Jornada. Opinión, martes 26 de abril de 2016
Cuidadoso en las
formas, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) es demoledor en su contenido. No sólo cuestiona el
pésimo trabajo judicial de los funcionarios encargados de investigar lo
que sucedió la noche de Iguala. Pone en entredicho la credibilidad
misma del Estado mexicano.
El informe de los expertos desmonta y evidencia fehacientemente las mentiras con que el gobierno mexicano elaboró su verdad histórica. Prescindiendo de adjetivos, desnuda y cuestiona el relato oficial de principio a fin. Documenta cómo los responsables de investigar la verdad y hacer justicia sembraron pruebas, obtuvieron confesiones mediante torturas y malos tratos, realizaron filtraciones interesadas, criminalizaron a las víctimas y ocultaron evidencia.
Más que para esclarecer los hechos y llegar a la verdad de lo sucedido la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República ha trabajado para ocultarla. Lo ha hecho no sólo por la complejidad del caso y por sus propias insuficiencias profesionales, sino por la deliberada decisión de hacerlo. La investigación se realizó mal no sólo por fallas técnicas, sino por la decisión deliberada de llevarla a cabo mal.
En lugar de encontrar y castigar a los verdaderos culpables, las autoridades mexicanas han optado por fabricarlos. Al torturar a algunos responsables para que declaren lo que ellas quieren que digan, les han abierto la puerta para que sean liberados. Decididas a presentar los hechos como resultado de la acción exclusiva del crimen organizado y un grupo de policías corruptos, han terminado protegiendo a políticos y mandos de mayor jerarquía. En vez de encontrar a los responsables intelectuales, los han encubierto.
El informe demuestra cómo la noche de Iguala no fue sólo una orgía de sangre parida por la irracionalidad de un grupo de narcotraficantes lunáticos y desalmados, sino resultado de la trama institucional de un Estado mafioso que vio en la acción de los normalistas un peligro para sus negocios. No fue solamente ineficiencia e ineptitud de las instituciones, sino colusión de éstas con el crimen organizado. No fue producto únicamente de la abdicación estatal de sus más elementales responsabilidades para garantizar la seguridad ciudadana, sino obra de la degradación estatal generada por la ruta de la heroína.
Las policías ministerial y estatal de Guerrero, municipal de Iguala, Federal y el Ejército tuvieron control, así como monitoreo permanente y directo –por medio del C4– de los estudiantes de Ayotzinapa, desde el momento mismo de su salida de la escuela. Ya en Iguala –según el GIEI–
hubo coordinación perfecta entre autoridades para generar un círculo de control que evitara la salida de los camionestomados por los estudiantes.
Entre muchas preguntas que aún quedan sin resolver sobre la noche de Iguala, la lectura del informe de los expertos deja una certeza: los estudiantes desaparecieron a manos de fuerzas del Estado.
Precavidos, los expertos evitaron señalar en su informe a funcionarios concretos involucrados en anomalías en el proceso. La excepción fue Tomás Zerón Lucio, responsable de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Zerón, según el GIEI, encabezó una diligencia de recolección de restos óseos que no se integró al expediente; un hecho de suma gravedad. También declaró, días después del primer informe de los expertos en septiembre del año pasado, que 17 jóvenes (y no los 43 que se decían originalmente) habían sido incinerados en el basurero de Cocula. El señalamiento del investigador criminal, a todas luces una medida para reposicionar la
verdad histórica, no tenía sustento alguno en el expediente.
Desde que en septiembre del año pasado el GIEI presentó las primeras conclusiones de su investigación, la decisión gubernamental de que el trabajo de los expertos sufriera dilaciones, obstrucciones y bloqueos no ha cesado. Este domingo, tres sillas vacías en el Claustro de Sor Juana, durante la presentación del informe de los expertos, fueron el testimonio de ese encono. En ellas debieron sentarse los subsecretarios Roberto Campa, Miguel Ruiz y el subprocurador Eber Betanzos, representantes de la administración de Enrique Peña Nieto. No llegaron a la cita.
Apenas la tarde del día anterior, los funcionarios gubernamentales habían desairado una reunión clave con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluido su presidente, James Cavallaro, para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
Dentro y fuera de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pagado carísimo negarse a esclarecer lo sucedido la noche de Iguala. Su reputación internacional está por los suelos. Donde quiera que el mandatario mexicano se para fuera del territorio nacional, se le cuestiona por la grave violación a los derechos humanos que existe en el país y por lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Por qué el Ejecutivo ha estado dispuesto a pagar un precio tan alto? ¿Acaso es preferible hacerlo así porque de lo contrario el costo que tendría para el Estado mexicano conocer la verdad sería mucho mayor?
Twitter: @lhan55
GIEI: el régimen desnudo
Pedro Miguel. La Jornada. Opinión, martes 26 de abril de 2016
Los integrantes del
Grupo Internacional de Expertos Independientes fueron cuidadosos y
prudentes en su lenguaje. En la presentación de su segundo informe sobre
la investigación de los crímenes perpetrados el 26 y el 27 de
septiembre de 2014 en Iguala –y los que siguen siendo cometidos día a
día y hora tras hora desde entonces– omitieron expresiones como siembra,
ocultación y destrucción de pruebas, fabricación de culpables,
encubrimiento o colusión de funcionarios públicos.
Los expertos dejaron que los hechos hablaran por sí mismos en los dos
tramos del episodio delictivo: el primero, que fue la agresión misma,
la coordinación entre las fuerzas policiales y militares para perpetrar
y/o facilitar los asesinatos y las desapariciones forzadas, la evidencia
de que al menos uno de los estudiantes de Ayotzinapa sobrevivió varios
días al ataque del 26, la participación de la Policía Federal en la
desaparición del autobús Estrella Roja (el
quinto autobús), el maltrato de los agentes gubernamentales a los sobrevivientes, el desdén ante los heridos y el conocimiento de los hechos casi en tiempo real por parte de las más altas instancias del gobierno; el segundo, la investigación de la PGR, empieza con las torturas a los inculpados para arrancarles confesiones a modo y sigue con una manifiesta siembra de pruebas en los alrededores del río San Juan el 28 de octubre, un día antes de que las diligencias oficiales comenzaran en ese sitio, donde los peritos de la procuraduría manipularon evidencias y pasearon a uno de los detenidos; posteriormente obstaculizaron el trabajo de los Especialistas Argentinos en Antropología Forense, impidiéndoles el acceso al río, con el presumible propósito de sembrar en una de las bolsas allí
descubiertasun fragmento óseo de Alexander Mora Venancio –único de los 43 desaparecidos de quien se ha identificado un resto– procedente sabe Dios de dónde. Es decir, hay elementos adicionales para afirmar que la hoguera de Cocula no fue encendida por los Guerreros unidos, sino por los propios empleados de la PGR.
Durante 11 días el régimen de Enrique Peña Nieto se desentendió del caso y lo relegó al ámbito
locala pesar de que para entonces ya había adquirido un impacto mundial. Pero en ese lapso, y hasta el 9 de febrero de 2015 –es decir, tres meses después de que Murillo Karam incinerara a los estudiantes normalistas en la hoguera de su imaginación–, el informe del GIEI reporta que los chips de los celulares de los muchachos siguieron dando esporádicas señales de vida. Fue el caso del teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, quien envió un mensaje de texto a su madre pasada la una de la mañana del 27 de septiembre, hora a la que, según la PGR, ya estaba muerto. Su número volvió a activarse en repetidas ocasiones en diversos puntos de Iguala; uno de sus parientes recibió una llamada en la fecha referida y la familia pidió de inmediato que se localizara el aparato, pero no recibió respuesta de las autoridades. En la versión de la PGR, todos los celulares de los normalistas habían sido incinerados en Cocula junto con sus propietarios.
Luego vendrían la suplantación del quinto autobús y de su chofer, la detrucción o el ocultamiento de videos cruciales, la
pérdidade prendas de los desaparecidos, la fabricación de un tramposo e insustancial tercer peritaje de fuego, justificatorio de la mentira histórica, y muchas otras maniobras para desviar o impedir el trabajo de los expertos extranjeros.
Lo que puede concluirse de los datos duros aportados por el GIEI la
mañana del domingo pasado es que la agresión del 26 de septiembre fue un
operativo conjunto y coordinado de fuerzas militares, policiales y
delictivas en contra de civiles inermes, que los altos niveles del
gobierno federal estuvieron al tanto y que desde entonces la PGR ha
buscado delimitar la responsabilidad de lo sucedido únicamente a las
instancias municipales de Iguala –incluyendo posteriormente a las de
Cocula y Huitzuco– para encubrir complicidades estructurales de los tres
niveles de gobierno con la delincuencia organizada y el narcotráfico.
No hay incapacidad, sino deliberado afán de impunidad; no puede
concluirse otra cosa de la orden de dar por terminada la misión del GIEI
en el país –después de una orquestada campaña de linchamiento mediático
en su contra–, a pesar del enorme costo político que esa medida le
acarrea al régimen: ahora es claro que el peñato ya no está dispuesto a
seguir simulando interés por el esclarecimiento del crimen perpetrado en
Iguala.
Pero es demasiado tarde: el trabajo de los expertos internacionales,
metódico, riguroso y comprometido, ha desnudado de manera irremediable
al gobierno. A la sociedad mexicana le toca hacer lo que falta.
navegaciones.blogspot.comTwitter: @Navegaciones
Sería acompañado por un
integrante del grupo de expertos
integrante del grupo de expertos
Recibe la CIDH propuesta para que su presidente dé seguimiento al caso Iguala
José Antonio Román. Periódico La Jornada. Martes 26 de abril de 2016, p. 5
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) recibió la propuesta de que sea su presidente, el estadunidense
James Cavallaro, quien directamente se encargue del mecanismo de
seguimiento para que sean cumplidas las recomendaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso
Iguala.
Esta propuesta contempla que uno de los cinco integrantes actuales
del grupo de expertos se integre a dicho mecanismo de supervisión como
parte de la secretaría ejecutiva de la CIDH.El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, informó que en la solicitud de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y las organizaciones e instituciones que los asesoran y acompañan, fue formalizada hace apenas unos días a la Comisión Interamericana, la cual está en periodo de análisis para decidir conforme a sus facultades.
Destacó que durante su intervención en el último informe del GIEI, el pasado domingo, James Cavallaro citó que, desde su perspectiva, este mecanismo de seguimiento debería incluir ‘‘visitas periódicas’’ y ‘‘reuniones de alto nivel’’ con el Estado mexicano, con acceso a información de manera directa y no sólo a través de cartas y oficios.
‘‘Lo que estamos pidiendo es un mecanismo de mayor nivel en
términos del sistema interamericano, que venga periódicamente a nuestro
país, con las tareas de supervisar las medidas cautelares, las cuales
dicen que deben investigarse los hechos, que se tiene que buscar y
encontrar a los estudiantes, y que hay que atender a las víctimas’’,
señaló Mario Patrón.
Estos serían los tres objetos del mecanismo de supervisión, más el cumplimiento de las recomendaciones contenidas e integradas en los dos informes presentados por el GIEI, en septiembre pasado, y este último, dado a conocer el domingo.
Patrón explicó que la propuesta de los padres y madres de familia y las organizaciones para que sea el mismo presidente de la CIDH quien encabece el mecanismo de seguimiento, se debe a que James Cavallaro es también el relator país para México.
Por su parte, Santiago Aguirre, también del Centro Prodh, destacó la ausencia de los representantes gubernamentales durante la presentación del informe final del GIEI, y dijo que valdría la pena preguntarse en qué otro país de la región no acude la representación del gobierno a los actos encabezados por el presidente de la CIDH.
Estos serían los tres objetos del mecanismo de supervisión, más el cumplimiento de las recomendaciones contenidas e integradas en los dos informes presentados por el GIEI, en septiembre pasado, y este último, dado a conocer el domingo.
Patrón explicó que la propuesta de los padres y madres de familia y las organizaciones para que sea el mismo presidente de la CIDH quien encabece el mecanismo de seguimiento, se debe a que James Cavallaro es también el relator país para México.
Por su parte, Santiago Aguirre, también del Centro Prodh, destacó la ausencia de los representantes gubernamentales durante la presentación del informe final del GIEI, y dijo que valdría la pena preguntarse en qué otro país de la región no acude la representación del gobierno a los actos encabezados por el presidente de la CIDH.
El gobierno perdió la credibilidad para
investigar, señalan padres de normalistas
Aseguran que Peña Nieto no cumplió
su palabra de permitir los trabajos del GIEI
Demandan el cese de Tomás Zerón, por
obstruir las pesquisas sobre sus familiares
obstruir las pesquisas sobre sus familiares
Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa ofrecieron una conferencia
para denunciar al gobierno federal por las promesas que les hizo y que
al final resultaron ser
mentirasFoto Jesús Villaseca
José Antonio Román, Periódico La Jornada. Martes 26 de abril de 2016, p. 7
Los padres de familia de los 43 estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto
la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) y por no haber cumplido su palabra de garantizar todas las
condiciones para su trabajo en el país.
El Presidente mintió, dijeron.
Además, pidieron el cese e iniciar un proceso contra el director de
la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la
República (PGR), Tomás Zerón, por obstrucción de la justicia y
siembra de pruebasen el río San Juan, donde presumiblemente fueron encontrados los restos del estudiante Alexander Mora Venancio, como se desprende del video presentado la víspera por el GIEI, durante su último informe.
En conferencia de prensa, los padres de los jóvenes desaparecidos,
asesinados o heridos de Ayotzinapa recordaron que fue el mismo
presidente Peña Nieto quien desde su reunión con ellos, en octubre de
2014, también se comprometió a que en la investigación se llegaría hasta
las últimas consecuencias, e incluso dijo que sería
caiga quien caiga, tope con quien tope.
Hoy confirmamos, con el trabajo del GIEI, que esa palabra no fue
cumplida, dijeron en tono enérgico Nicolás Andrés Juan y Emiliano
Navarrete, dos de los padres de familia cuyos hijos están desaparecidos.
En una decena de intervenciones, los padres de familia recriminaron
al presidente Peña Nieto su actuación con el GIEI, pues enfrentó una
serie de obstáculos para realizar su labor, como la persistente negativa
a permitir la entrevista directa a los militares del 27 batallón de
Iguala, quienes fueron testigos excepcionales de los hechos, así como la
fragmentación de la investigación y el impedimento para entrevistar
también presuntos responsables detenidos, particularmente desde enero
pasado.
Las familias insistieron en que se deben cumplir las
recomendaciones hechas por el GIEI en sus informes, así como agotar
todas las líneas de investigación sugeridas por el grupo.
Para ello se deben contar con las declaraciones de todos los policías
municipales involucrados; el esclarecimiento de las responsabilidades
de las policías estatal y ministerial; la Policía Federal y el mismo
Ejército, ya sea por las omisiones o por la propia participación directa
en la desaparición forzada y ataques a los estudiantes y civiles,
sostuvieron.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro de Derechos Humanos,
dijo que se tiene que investigar al Ejército no sólo por su presencia
esos días en los hechos de Iguala, sino también por su
presunto involucramiento en el entorno de macrocriminalidad. El informe del GIEI da cuenta de datos, de referencias, que señalan al 27 batallón como fuente posible de tráfico ilegal de armas que beneficiaba a organizaciones delictivas presentes en Iguala.
En Chilpancingo, estudiantes y padres de familia de Ayotzinapa
protestaron en la mañana frente a las instalaciones del Congreso
estatal, exigieron al presidente Peña Nieto la permanencia en el país de
los miembros del GIEI.
Melitón Ortega, vocero del grupo, dijo que su propuesta es que al menos se queden dos o tres miembros del GIEI.
Nosotros no vamos a permitir que el caso quede en manos del gobierno, porque no tiene credibilidad, después de tantas mentiras que han dicho, insistió.
(Con información de Sergio Ocampo, corresponsal).
Con mayor tiempo habríamos logrado más, señala Beristain
‘‘De seguir los obstáculos, el caso Iguala estará abierto años’’
La investigación de PGR no se apegó
a los más altos estándares internacionales
a los más altos estándares internacionales
Emir Olivares Alonso. Periódico La Jornada. Martes 26 de abril de 2016, p. 6
Durante poco más de un año los integrantes del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajaron de
forma minuciosa en el caso Ayotzinapa. Con la claridad que les da
contar con un conocimiento ‘‘global’’ del tema aseguran que las
investigaciones de las autoridades mexicanas sobre esos hechos no se han
apegado a los más altos estándares internacionales. Por el contrario,
se construyó una historia contradictoria. Cuidadosos ante todo, no se
arriesgan a decir si esto fue intencional.
En entrevista con La Jornada, Carlos Beristain, uno de los
cinco expertos de ese grupo formado en el seno de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la firma de un acuerdo
con el Estado mexicano y las familias de las víctimas, enfatiza que las
indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) han dejado
de lado evidencias que están en el propio expediente.
‘‘No han contrastado información ni datos, se han centrado sobre todo
en declaraciones y confesiones –obtenidas muchas veces bajo tortura–,
hay indicios de la siembra de pruebas, que debe ser indagada a fondo,
entre otras irregularidades y obstáculos.’’
Deficiencias en el ámbito federal
Las deficiencias en la investigación –sostiene– son
responsabilidad de las autoridades del ámbito federal, aunque manifiesta
su confianza en que la administración de Enrique Peña Nieto pueda dar
un viraje y apegar las diligencias del caso a los estándares
internacionales. ‘‘Llegar a una resolución efectiva es lo más saludable
para México, se toque a quien se toque’’.
El pasado domingo, el GIEI presentó su segundo y último informe sobre
Ayotzinapa, pues el 30 de abril concluirá su mandato en el país luego
de que el gobierno federal se negó a prorrogar su estancia.
–¿Se van satisfechos?
–Sí, por el trabajo realizado. Hemos hecho una contribución efectiva
al país y al caso Ayotzinapa; hemos ayudado a que se avance en la
investigación, a que los familiares tengan mayor espacio de diálogo con
el Estado.
‘‘Pusimos sobre la mesa los problemas de la invetsigación, de la
atención a las víctimas y de las búsquedas (de desaparecidos) no sólo de
éste, sino de muchos otros casos en el país. Presentamos una serie de
recomendaciones que es necesario atender de manera profunda para que
haya un cambio en esa relación entre violencia e impunidad.
‘‘Nos vamos con la preocupación de qué pasará en el futuro, de cuáles
son los mecanismos de seguimiento que se acordarán, cómo se acompañará y
apoyará a los familiares: que no se les estigmatice, así como los
problemas de seguridad que puedan tener.’’
–En el informe detallan una serie de obstáculos e inconsistencias en
la investigación de la PGR. ¿Hay confianza en que esa dependencia
corrija?
–Lo único que podemos hacer es visualizar los problemas, explicar
cuáles son, documentar qué impacto han tenido y hacerlos públicos.
–¿Qué les pareció que Peña Nieto haya asegurado que el informe se analizará?
–Nos parece bien que haya una respuesta positiva del Presidente. Pero
se necesita una determinación clave desde las más altas instancias del
Estado para la resolución del caso; debe haber muestras que ayuden a
superar los obstáculos que hemos señalado; esa sería una señal efectiva
de transformación.
–¿Qué representa para el GIEI el caso Ayotzinapa?
–Una visión de un hecho traumático masivo a partir de unas
atrocidades cometidas, como la desaparición de 43 estudiantes, los seis
asesinados y los heridos. Llama la atención que a diferencia de otras
desapariciones forzadas, que se mantienen en la clandestinidad, aquí hay
un operativo de gran magnitud que deja muchos testigos y con varias
autoridades que tuvieron conocimieto de lo que sucedía en el momento en
que pasaba y no reaccionaron frente a la acción.
Carlos Beristain, del GIEI, durante le entrevistaFoto María Luisa Severiano
‘‘Y en términos de la investigación hay muchas cosas a las que
nos enfrentamos. Muchos funcionarios empujando para llegar a una
resolución, pero al mismo tiempo muchos otros obstaculizando y
fragmentando la indagatoria, más pendientes de que se cumpla con ciertas
respuestas para nosotros en lugar de impulsar líneas que lleven a la
solución.
‘‘Se necesitan cambios de personas (dentro de las instancias
gubernamentales), se requiere de comportamientos más proactivos y
abiertos. Vemos que no hay capacidad crítica frente a las órdenes que se
reciben; necesitamos funcionarios con esa capacidad para poder evaluar,
decidir y tener criterio técnico para poder incluso decir que no.’’
–¿El Ejército tiene algún grado de responsabilidad?
–Lo quisimos investigar, pero no se nos dejó. No sólo fue el rechazo a
las entrevistas con los militares, tampoco pudimos acceder a
documentación de informes de inteligencia previos sobre la situación, a
bitácoras del funcionamiento del batallón esa noche, a planes de acción
ni a cadenas de responsabilidad. Hubo presencia de soldados en lugares
clave y no se ha considerado en la investigación oficial. Son elementos
que se deben aclarar para establecer las responsabilidades; es un deber
del Estado, toque a quien toque.
–¿Era necesario más tiempo para el GIEI?
–Si hubiéramos tenido mayor tiempo habríamos llegado a más cosas.
Pero desde enero de este año aumentaron los obstáculos y dificultades
para nuestra investigación. En esas condiciones no se puede seguir
trabajando.
–¿Fue una estrategia oficial para obstaculizar su labor?
–De ser así no estaríamos aquí. Fue el Estado el que junto con las
víctimas nos pidieron y permitieron trabajar en México. Lo que vemos es
que hay sectores (funcionarios y analistas de medios de comunicación)
que se atribuyen la representación del Estado y hablan en su nombre. Eso
no ayuda a México a generar la credibilidad y un manejo más abierto y
responsable sobre las violaciones de derechos humanos.
–¿Qué les faltó?
–Que se llevaran a cabo muchas diligencias que pedimos; en la última
semana se tomaron 60 declaraciones más, las cuales no podremos evaluar y
menos incluir en nuestro informe.
‘‘Faltan las líneas de investigación sobre el quinto autobús (que
podría estar relacionado con el trasiego de drogas de Iguala a Chicago) y
la asistencia jurídica internacional. Falta investigación sobre
telefonía, evaluar la toma de declaraciones y otras pruebas que se
puedan pedir en torno a la actuación de los diferentes cuerpos de
seguridad en la zona.
‘‘Falta volver a entrevistar a los inculpados para ver si podemos
tener otras informaciones que nos ayuden no sólo a documentar el trato,
sino que nos den pistas de investigación.’’
–¿Qué sigue después del GIEI?
–La investigación todavía tiene mucho camino por delante. Si siguen los obstáculos el caso estará abierto años.
‘‘Es fundamental que en este país se vea que los problemas no son de
sexenios, las desapariciones forzadas son un problema que se viene dando
hace varios años y resolverlo es parte de la responsabilidad
internacional de México. Es mucho más inteligente enfrentar y resolver
el caso que no hacerlo o dejarlo a medias.’’
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
No hubo cremación en Cocula, ratifica el GIEI
Presenta último reporte sobre investigación del caso Ayotzinapa
La autoridad manipuló evidencias, obstruyó y rechazó diligencias y protegió a oficiales, indica el documento
En el ataque a normalistas
hubo perfecta coordinación entre policías y criminales: Ángela Buitrago
Familiares de los normalistas agradecen el trabajo de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos IndependientesFoto Cristina Rodríguez
Emir Olivares Alonso y José Antonio Román. Periódico La Jornada. Lunes 25 de abril de 2016, p. 2
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa no halló
una sola evidenciapara asegurar que en el basurero de Cocula, Guerrero, fueronejecutados e incinerados los 43 estudiantes de esa normal rural, desaparecidos desde septiembre de 2014. Por el contrario, tras un año y un mes de trabajo confirmó su conclusión –a la que llegó hace siete meses– de que en ese tiradero no existió incineración de estos cuerpos.
Al presentar ayer su informe final sobre el caso –de 608 páginas–, los expertos aseguraron que las autoridades no han seguido líneas de investigación claves, se ha manipulado evidencia, obstruido y rechazado diligencias, protegido a oficiales que habrían participado en la desaparición, y torturado a presuntos sospechosos para obtener confesiones que respalden la versión gubernamental. Subrayaron que el sistema de justicia mexicano sólo investiga y castiga a los autores materiales del delito, pero es omiso con los intelectuales.
La investigación a la cadena de mando no existe.
Con este reporte, los expertos cierran sus trabajos en México (el 30 de abril concluyen su labor), después que el gobierno federal negó prorrogar su mandato. Lamentaron que el principal objetivo del GIEI –la ubicación de los normalistas– no se haya concretado.
Un elemento clave para las investigaciones, dijeron, era obtener de manera directa el testimonio de los militares que estuvieron presentes en varias de la escenas de los hechos violentos en Iguala, lo cual fue reiteradamente rechazado por la administración de Enrique Peña Nieto.
Los soldados –señalaron– incluso tuvieron conocimiento de las golpizas y detenciones de los normalistas,
pero no tomaron ninguna medida para protegerlos. Otro hecho a destacar es que familiares de los jugadores del equipo Los Avispones solicitaron directamente ayuda al 27 batallón de infantería, donde les contestaron que no podían brindar auxilio porque
no es nuestra jurisdicción.
Los expertos concluyeron que existe certeza de que en el ataque contra los normalistas hubo
perfecta coordinacióndurante más de 10 horas entre diferentes corporaciones policiacas y presuntos integrantes del crimen organizado, con la finalidad de crear
un círculo de controlque abarcaba hasta 80 kilómetros, para evitar la salida de los autobuses (tomados por los estudiantes) de Iguala.
En contraparte, diversas policías, entre ellas la federal, habrían dejado pasar el llamado quinto autobús (que de acuerdo con la hipótesis del GIEI es clave para la investigación, ya que podría estar relacionado con el trasiego de estupefacientes de Iguala a Chicago, Estados Unidos). Esta unidad, agregaron, ni siquiera se había incorporado al expediente inicial del caso.
Ángela Buitrago enfatizó:
Se trató de un ataque masivo e indiscriminado contra población civil, sin que hasta el momento exista alguna explicación de la PGR. El quinto autobús es una hipótesis investigativa que podría justificar un ataque de esa intensidad. Esa línea no está ni puede estar cerrada.
En medio de gran expectativa por conocer el contenido del reporte titulado Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, decenas de personas, entre ellas familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, políticos e intelectuales, se dieron cita en el patio principal de la Universidad Claustro de Sor Juana.
Ausencias oficiales
Quedaron vacíos los lugares destinados a los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz, y el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Betanzos, pese a estar invitados. El argumento para esa ausencia fue que deseaban conocer el informe antes de su presentación, pero éste fue concluido a las 22 horas del sábado, por lo que fue imposible hacérselos llegar.
La
verdad histórica, abajo
En una larga presentación y posterior conferencia de prensa, que se prolongaron casi cuatro horas, los expertos delinearon algunos elementos para echar abajo, una vez más, la llamada
verdad histórica.
El GIEI halló registro de la actividad de los teléfonos móviles de cuando menos siete de los estudiantes hoy desaparecidos, varias horas e incluso días después del 26 y 27 de septiembre. Por ejemplo, uno de ellos hizo una llamada a la 1:26 de la madrugada del 27, con registro en la carretera Huitzuco-Tenango. En la versión oficial, para esa hora los estudiantes ya habrían sido asesinados y sus celulares destruidos.
Un elemento más que no fue investigado pese a la solicitud de familiares y del GIEI, es que desde el celular de Jorge Aníbal Cruz Mendoza se envió un mensaje de texto a su madre pidiéndole
que le pusiera saldo. Ese teléfono siguió activo incluso meses despuésde los hechos de Iguala.
El informe del GIEI muestra que un presunto integrante de la organización criminal Guerreros unidos, identificado como El Caminante, y que hasta ahora las autoridades desconocen de quién se trata, habló en las
horas críticascon al menos siete policías municipales ubicados en lugares claves, como Cocula e Iguala. Una circunstancia que sí se incluyó en el expediente de la PGR es que Jonhatan Osorio, uno de los detenidos inculpados por la presunta incineración de los cuerpos, hizo una llamada de su teléfono desde el basurero de Cocula, donde–de acuerdo con los expertos– no hay señal.
Diversos testimonios obtenidos por el GIEI arrojan la hipótesis de que los 43 estudiantes habrían sido separados y conducidos a lugares distintos. Varios testigos afirmaron que entre 10 y 14 de ellos fueron vistos en el patio de la comandancia de la policía municipal de Iguala, donde habrían pasado la noche del 26 al 27 de septiembre. Otros más indican que otro grupo fue llevado a Huitzuco.
Se chingaron a un compañero y se los van a llevar a Huitzuco, que allá el patrón decidirá qué hacer con ellos, le habría dicho un policía a otro.
Los expertos enviados por la CIDH acreditaron actos de tortura contra al menos 17 de los detenidos por el caso, entre ellos los cinco presuntos integrantes de Guerreros unidos que aportaron declaraciones en torno a la incineración de los cuerpos de los 43 en el basurero de Cocula. De las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por esos tratos, 15 son de los 17 señalados por el GIEI.
Condenaron la descalificación mediática –con la que el gobierno federal fue complaciente– de su labor y agregaron que desde enero la PGR retrasó innecesariamente o rechazó las deligencias propuestas por el grupo. El informe hace una serie de recomendaciones que confiaron sean acatadas por el Estado mexicano.
Por estos hechos, agregaron, hubo 180 víctimas directas y 700 indirectas. Si bien se van tranquilos con el trabajo realizado, Francisco Cox reconoció:
Nos vamos con el peor saborpor no haber cumplido con el principal objetivo: la ubicación de los normalistas desaparecidos.
Informe Final
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
En las imagenes se ve a peritos oficiales cerca del río San Juan recogiendo huesos
La PGR habría sembrado pruebas y restos óseos, según videos: GIEI
Familiares de los 43 normalistas se retiran después de escuchar el segundo informe de resultados de los integrantes del GIEIFoto Cristina Rodríguez
José Antonio Román y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2016, p. 4
Lunes 25 de abril de 2016, p. 4
En un video y diversas fotografías que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) obtuvo por la colaboración de reporteros gráficos, se dan indicios para inferir que personal de la Procuraduría General de la República (PGR) habría sembrado pruebas y hasta restos óseos en la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayoztinapa desaparecidos.
Durante la presentación de su informe final, el GIEI dio a conocer el material videograbado y fotográfico en el que se observa a varios peritos de la PGR, en una arboleda cercana al río San Juan, manipulando y recogiendo huesos.
Los hechos, que no constan en el legajo de la investigación oficial, ocurrieron el día 28 de octubre de 2014. Carlos Beristain, uno de los cinco integrantes del GIEI, destacó que el expediente sobre los hallazgos de restos en el cauce de este río comienza con información y elementos hallados a partir del 29 de octubre, es decir, un día después de la presencia de personal de la PGR, encabezada por Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal.
En esa diligencia no reportada también se observan en las laderas del río dos bolsas grandes de plástico –una negra y otra blanca– similares a las halladas precisamente un día después y a los que, según las investigaciones oficiales, contenían restos óseos, algunos de los cuales, tras análisis de ADN, se determinaron como pertenecientes a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Beristain señaló, siempre basado en las imágenes, que el 28 de octubre también estuvo presente en esa diligencia Agustín Garcia Reyes, presunto integrante de la organización delictiva Guerreros unidos y uno de los inculpados por la desaparición de los normalistas.
Pero no encontramos ningún registro en el expediente de esta diligencia. Se trata de hechos serios, expresó.
En la presentación, acompañado por los otros cuatro integrantes del grupo, Beristain informó que debido a esta diligencia fue bloqueado el camino que lleva hasta ese sitio, por el cual fue impedido el paso a miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes venían del basurero de Cocula realizando su trabajo.
Incluso, en el video se observa a lo lejos el diálogo que sostienen algunos miembros del EAAF y el responsable del cerco.
¿Por qué bajaron tan pronto?, pregunta el funcionario a una de las peritas argentinas, dijo Beristain, basándose en dichos de la investigadora que aparece en el video.
Estos hechos confirman la versión del EAAF en el sentido de que ellos no estuvieron presentes en el momento en que se encontraron las bolsas con restos óseos del normalista de Ayotzinapa, que según la PGR fue localizada en el río San Juan.
De acuerdo con el expediente oficial, el 29 de octubre de 2014 dos inculpados –uno de ellos Agustín García y Johnatan Osorio Gómez– fueron llevados al orillas del río San Juan, en Cocula, para reconocer el lugar donde habían tirado los restos incinerados de los normalistas. También hay que destacar que este lugar está a 40 minutos del basurero de Cocula.
Cuidadoso siempre en sus declaraciones y términos, el experto Carlos Beristain dijo que el GIEI no está responsabilizando a nadie, pero que es tarea de la PGR investigar estos hechos.
Informe Final
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
La comisión dará seguimiento al caso:
James Cavallaro
Exhorta CIDH al Estado a cumplir las
recomendaciones del grupo
Emir Olivares y José Antonio Román
Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2016, p. 4
Lunes 25 de abril de 2016, p. 4
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, exhortó a las autoridades mexicanas a que apliquen las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, y a seguir trabajando para dar con el paradero de los 43 normalistas.
Lamentó la decisión del Estado mexicano de no prorrogar el mandato del GIEI, pese a que sus objetivos no se han cumplido del todo, principalmente la ubicación de los estudiantes, y anunció que la comisión pondrá en marcha un mecanismo especial de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones.
En mi calidad de relator de país, deseo exhortar a las autoridades mexicanas en todos sus niveles, incluyendo al presidente Enrique Peña Nieto, a continuar la búsqueda de los 43 estudiantes.
El comisionado presidente de la CIDH y relator para México de ese organismo internacional asistió ayer a la presentación del segundo y último informe del grupo de expertos (que trabajaron un año y un mes y que concluirán su misión este 30 de abril). Al recibir el reporte, Cavallaro agradeció el
invaluabletrabajo del GIEI en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Manifestó su pesar porque, aun cuando estaban convocados, los representantes del gobierno federal no acudieron a la presentación del informe, el cual, lo mismo que las recomendaciones emanadas del mismo, será analizado
con mucho cuidadopor la CIDH para continuar el seguimiento a este caso.
El informe, enfatizó, revela diversas fallas en el sistema de justicia mexicano, entre ellas la preponderancia de la prueba testimonial, interferencias en los procedimientos periciales, falta de independencia de los órganos judiciales, que las indagatorias se enfocan en los autores materiales de los crímenes, pero no en los intelectuales, y ausencia de análisis del contexto.
Señaló que en breve la CIDH dará a conocer los detalles del mecanismo especial de seguimiento, en cuyo diseño confió en que participe de manera efectiva el gobierno federal.
Adelantó algunos elementos que incluirá dicho mecanismo: visitas y monitoreo basados en los más altos estándares internacionales sobre los avances en las investigaciones, seguimiento especial a las recomendaciones del GIEI con el apoyo de expertos independientes o incluso de los mismos integrantes del grupo; acceso pleno a los expedientes de las investigaciones y causas relacionadas con los hechos; operar alguna estrategia para entrevistar a los militares a fin de recoger su testimonio; realizar todo lo necesario para que las autoridades investiguen tanto a actores materiales como intelectuales; apoyar en la aplicación de acciones para generar un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, y brindar apoyo para fortalecer los alcances en materia de alerta temprana sobre la desaparición forzada en México.
Informe final
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
El GIEI, Tomás Zerón
y la trama de Iguala
Carlos Fazio. La Jornada. Opinión,
lunes 25 de abril de 2016
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) volvió a hacer trizas la
verdad históricadel ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam sobre los hechos de Iguala y exhibió al jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, como pieza clave en los intentos por desviar el caso hacia una
quinta versiónque no está sustentada en el expediente y también en la tácita siembra de una bolsa con restos óseos en el río San Juan, que, a la postre, mediante el análisis del ADN nuclear, se pudieron identificar en los laboratorios de genética de la Universidad de Innsbruck como pertenecientes a Alexander Mora, el único estudiante reconocido hasta ahora de los 43 detenidos/desaparecidos.
En su Informe Ayotzinapa II, el GIEI volvió a manifestar la
certezade que en los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 para el 27 de septiembre de 2014, hubo una
coordinación operativa central, con una
estructura de mandoque integró a elementos uniformados y de civil (OBI/inteligencia) del 27 batallón de infantería del Ejército; las policías Federal, federal ministerial, estatal y ministerial de Guerrero, así como las municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, que actuaron en complicidad y/o colusión con presuntos miembros del grupo delincuencial Guerreros unidos.
Todo ello, afirmó el GIEI, pudo ser monitoreado en tiempo real a través del sistema coordinado de comunicaciones de las agencias de seguridad del Estado, conocido como C-4, que cuatro militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –en dos turnos de 24 horas– manejaron en forma restringida durante lapsos prolongados, cuando tuvieron lugar los hechos más graves, es decir, las ejecuciones sumarias extrajudiciales de cinco personas –dos de ellos normalistas que fueron asesinados a quemarropa–, un sexto caso –de Julio César Mondragón, quien antes de ser desollado fue torturado, cuyo cuerpo exhibía múltiples fracturas y heridas con armas punzocortantes– y la detención y desaparición de los 43 estudiantes. Según el informe, a partir de la declaración de un soldado identificado como RALA, el C-4 estaría integrado por
militares encubiertos, que aportan información de lo que acontece en las calles, quienes en el momento en que ocurrieron los hechos habían sido nombrados por el comandante del 27 batallón, coronel José Rodríguez Pérez.
El grupo interdisciplinario –que fue enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la invitación formulada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para que coadyuvaran en las investigaciones del caso y formularan recomendaciones– reveló que existió un “gran operativo“ o
cercode control contra los normalistas de Ayotzinapa, que no sólo se dio en Iguala, sino que abarcó un radio de acción de 80 kilómetros en línea por la carretera Iguala-Chilpancingo (área geográfica mayor que la incluida en el primer informe del GIEI), que abarcó bloqueos y ataques en poblados como Mezcala y Sabana Grande, y que se extendió desde las 21:40 horas del día 26 hasta las 6 horas del 27.
Mientras se llevaban a cabo la serie de
ataques masivos,
indiscriminadosy
coordinadoscontra los normalistas y miembros del equipo de futbol Los Avispones, el denominado
quinto autobús, presumiblemente cargado con heroína camuflada en su interior, pudo atravesar sin problemas el cerco oficial/delincuencial. Según los expertos, el vehículo presentado por las autoridades en las indagatorias no es el mismo que salió de la central camionera de Iguala, y el conductor aparentemente fue sustituido(sembrado) con la finalidad de alterar los hechos.
El informe destaca la negativa de la Sedena de brindar ningún tipo de información al GIEI. El grupo señala que en 12 ocasiones solicitó por conducto de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación tener la posibilidad de entrevistar a personal del 27 batallón del Ejército en Iguala por considerarlos
testigos claves; conocer las bitácoras, documentos, registros de planes de acción o información realizados por la Sedena; reportes escritos y grabaciones del C-4; reglamentos de zona y régimen militar, así como órdenes de operaciones y el Manual de procesos de campaña; los convenios entre las diversas policías municipales, federales y el Ejército respecto del sistema de seguridad, así como los informes de los Gises (Grupos de información de zona/inteligencia) y Gafes (grupo de tropas especiales) del 27 batallón. Cita que el propio jefe de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, dijo incluso de manera pública que el GIEI
no tenía competencia para realizar dichas entrevistas.
Una de las revelaciones más incriminatorias sobre la manera en que se elaboró la
verdad históricade la PGR tiene que ver con la presencia de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en el río San Juan, acompañado del subdirector de servicios periciales y el presunto autoinculpado, Agustín García Reyes,El Chereje, el 28 de octubre de 2014. Según el informe médico realizado 11 horas antes, el detenido tenía 30 lesiones externas, hematomas, excoriaciones y costras hemáticas,
a pesar de que la detención fue pacífica, y un primer informe médico de la Marina, horas antes de ese segundo informe, no revela lesiones. Un día después, un buzo de la Marina
encontróla bolsa con restos óseos en el mismo lugar, exactamente en las mismas coordenadas donde había estado presente el testigo-inculpado. En el expediente no existe ningún registro de la presencia de Zerón en ese sitio el día anterior, ni nada que acredite las condiciones legales, registro de custodia y otros elementos para el traslado del detenido el 28 de octubre; tampoco hay registro de la toma de evidencia (la bolsa) del cauce del río, ni se hizo fijación fotográfica de la misma ni se encuentra en el expediente un análisis de la evidencia recogida.
Informe final
Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.
Astillero
Duro informe del GIEI
El Estado supo y oculta
EPN: Photoshop y Twitter
En el Claustro:
No se vayan
Julio Hernández López. La Jornada. Opinión, 25 de abril de 2016
Al patio de la Universidad del Claustro de Sor Juana no llegó ningún representante del gobierno mexicano. Ni siquiera porque a la exposición del segundo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asistió el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro. Fue el sello de ruptura, en un proceso de alejamiento y confrontación que se agudizó en cuanto los cinco expertos extranjeros detonaron la llamada
verdad histórica, en específico la narrativa sin sustento técnico ni científico de la presunta incineración de 43 normalistas en un basurero de Cocula.
La virtual ruptura peñista de relaciones no tuvo en cuenta que la presentación del informe del GIEI era un acto formal, perteneciente, aunque fuera en su última fase (determinada ésta de manera unilateral y amenazante por Los Pinos), a un acuerdo formal que fue firmado por la misma administración federal mexicana ante una instancia internacional legítimamente dedicada a atender asuntos relacionados con derechos humanos en los países integrantes de esa CIDH, que a su vez forma parte de la Organización de Estados Americanos. No estuvieron Miguel Ángel Osorio Chong, ni Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, ni Arely Gómez González. Tampoco jefe alguno del Ejército, la Marina o las policías. Ni siquiera el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, o el subprocurador de derechos humanos, Eber Betanzos, a quienes se habían reservado asientos con su nombre y cargo escritos en cartulinas rectangulares colocadas en los respaldos.
En cambio, Enrique Peña Nieto se hizo presente para fijar posturas ante el informe del GIEI, pero solamente por la vía del Twitter (ya antes se había hecho presente en la planta de Pajaritos, en Coatzacoalcos, por la vía del Photoshop, acomodando una fotografía de él y algunos funcionarios sobre una gráfica de la estructura industrial accidentada; pulcros en la vestimenta, carentes del equipo de protección que es obligatorio en esos lugares y más cuando se está en una situación riesgosa, atentos y eficaces ante cualquier problema y en cualquier lugar de México y no sólo de México, del mundo entero, por la tecnológica vía voladora de la falsificación fotográfica). EPN, como el subprocurador Betanzos y otras cuentas internéticas del gobierno federal, se dedicaron a enumerar con denuedo burocrático las cifras alegres de la presunta buena atención a los requerimientos investigativos de los expertos independientes.
A juzgar por la información, la retórica y los presuntos buenos sentimientos operativos de Los Pinos y subordinados que le acompañan, al GIEI debió haberle sobrado material oportuno y profundo, suficiente como para resolver no solamente el caso de Iguala-Cocula, sino algunos más de los episodios sangrientos de la historia reciente de México. En el mundo de la simulación enceguecedora, el gobierno federal es rey.
Los cinco expertos independientes, por su parte, reiteraron su fundado rechazo a la versión murillista de la incineración en Cocula y aportaron nuevos datos y evidencias que, según el cuidado lenguaje que han usado, no significan acusaciones en sí, sino circunstancias que deben tomarse muy en cuenta en la búsqueda de verdad y justicia en el caso emblemático de los 43 jóvenes desaparecidos (42, en realidad), cuyos familiares ocuparon primera fila en el mencionado claustro. Por ejemplo, la videograbada visita de Tomás Zerón, el jefe de la libretista Agencia de Investigaciones Criminales del gobierno mexicano, quien estuvo un día antes en el lugar donde se encontró luego una bolsa con restos, según eso, de los desaparecidos. Esa peculiar visita, acompañado de uno de los
declarantesdel día siguiente, no fue consignada en ninguna información oficial.
El relato del GIEI constituye una dolorosa confirmación de la manera absolutamente injusta en que se maneja en México la estructura de procuración de justicia. Más allá de los infamantes detalles dados a conocer por ese grupo interdisciplinario en el caso específico de los 43, el fondo del asunto radica en ese tejido institucional hecho para el engaño, el escamoteo, la demora, la corrupción y, en esencia, la manipulación de esas instancias judiciales a contentillo de quienes tienen el poder y de sus aliados.
El segundo y último informe del GIEI ha confirmado que el Estado mexicano, sus policías de los tres niveles (municipales, guerrerense y federal), así como miembros del Ejército y otros órganos de inteligencia y seguridad nacional, supieron al detalle lo que iba sucediendo con los normalistas de Ayotzinapa, en tiempo real y sin intervenir para impedir lo que apuntaba a un desenlace trágico. Pero no sólo hubo esa confabulación regional en la que participaron fuerzas locales y representantes de fuerzas federales, sino que el propio aparato central de la administración peñista se esmeró en impedir que se avanzara en la búsqueda de la verdad, especialmente en cuanto a la participación de militares que presenciaron momentos importantes de aquellos sucesos y que por el rango de mando y control que ejercen no podían estar ausentes o ser ignorantes de lo que estaba sucediendo con 43 jóvenes y con otras víctimas directas e indirectas.
Ese sistema está expulsando al GIEI del país, mediante difamaciones contra algunos de sus integrantes y la creación de un ambiente no sólo turbio sino pleno de amago, pues la prolongación de la estancia física de esos expertos estaría en riesgo por falta de colaboración del gobierno mexicano en cuanto a seguridad y protección. Ahora quedan a la intemperie política, sólo con una promesa de seguimiento de la CIDH, los familiares de los 43 y en especial abogados como Vidulfo Rosales. Por ello ayer, en ese informe postrero, varias veces se escuchó la petición de
No se vayan.
¡Hasta mañana, con la marcha dominical de la primavera feminista contra la violencia machista!
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