Diálogo, ¿para qué?
Hugo Aboites*. La Jornada. Opinión, 25 de junio de 2016
Cuando un movimiento social consigue finalmente el
diálogo con el Estado, en demanda de un cambio en un marco legal,
usualmente la primera respuesta que recibe es que un gobierno no puede
modificar una ley, pero esa es sólo una primera respuesta. De hecho, un
gobierno sí puede tomar iniciativas concretas en ese campo. Hace apenas
unos días, el Senado aprobó el llamado Sistema Nacional Anticorrupción
con artículos que provocaron la molestia del empresariado. Se les
obligaba a algo remotamente similar a una evaluación: informar sobre el
uso de los recursos públicos que reciben. Los empresarios se
manifestaron un día en el Ángel de la Independencia, dos o tres días
después en los medios; además, solicitaron cita y fueron recibidos por
el Presidente de la República y éste escuchó sus reclamos (El Despertar de Oaxaca,
24/6/16 en Internet). Un día antes de que dicha ley fuera promulgada,
se anunció la suspensión de la ceremonia que encabezaría el propio
Ejecutivo. Y ayer, finalmente, se dio a conocer que la ley volvía a la
Cámara para ser modificada.
Por supuesto, nada impide que, con igual premura y eficiencia un
gobierno verdaderamente preocupado envíe también al Congreso una
iniciativa para eliminar o modificar un marco legal que está causando un
gravísimo conflicto en el país. Y para eso valoraría que ya no son
algunos días que estas otras personas han solicitado algo similar, sino
que cumplen ya más de tres años de exigencia en calles y ciudades, que
han organizado decenas de foros, interpuesto cientos de miles de
amparos, ofrecido argumentos, y que además han recibido represión,
encarcelamiento de sus dirigentes, y ahora hasta el ataque directo de
las fuerzas armadas federales con saldo de más de una decena de muertos y
un centenar de heridos. Todo lo que otros sectores que se inconforman
no tienen que sufrir.
Si se niega a hacer esto, entonces un gobierno que ha firmado cuanto
compromiso y tratado de derechos humanos existe, tendría que explicar a
profundidad cuáles son las razones para sostener que ante la ley se dé
este trato evidentemente desigual. (Además, según el artículo 21 de la
Ley General de Educación, para los docentes de escuelas privadas no se
prevé nada cercano al despido). El argumento de la SEP suele ser que
este marco legal es indispensable porque está en juego el interés
superior y el derecho de niños y jóvenes de recibir una educación de
calidad, pero lo que nunca existió (pero sí en el caso de los
empresarios) fue una discusión previa con los potenciales afectados que
encontrara caminos para avanzar sin afectar sus derechos igualmente
válidos y establecidos en la Constitución. Suspender por decreto
presidencial la aplicación del aparato legal de la reforma educativa o
de algunos de sus artículos mientras se lleva a cabo dicha discusión, es
una opción que podría ser incluso aceptable para el titular de la SEP,
quien por fin respalda el diálogo en Gobernación para dar una salida al conflicto
(La Jornada, 24/6/16, pág.3).
Aun en el caso de que la respuesta fuera negativa –con o sin
explicaciones válidas– para avanzar por esa ruta hay otras
posibilidades. Para explorarlas es necesario tener en cuenta que un
gobierno puede moverse según considere conveniente en el laberinto de
los intersticios que tiene el marco legal, y de ahí puede resultar una
aplicación sesgada, parcial, de la ley. En concreto, en el caso de los
docentes de educación pública, en el talante antidiálogo, la SEP había
optado por mantener la interpretación más estricta de la ley, porque la
Ley General del Servicio Profesional Docente aprobada en 2013, establece
dos tipos de evaluación del desempeño de los maestros. Una, punitiva,
que evalúa para decidir si se darán por terminados los efectos del Nombramiento
del docente (artículo 53). La otra es la evaluación interna
, como la llama la ley, tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y el avance continuo de la escuela
(art. 15). Esta última no será punitiva, pues “los resultados de la evaluación interna...… en ningún momento podrán ser causal de procedimientos de sanción, ni tener consecuencias administrativas o laborales” (art.
20). Esto significa que no toda evaluación debe tener como horizonte el
posible despido del docente, sino que hay otra evaluación,
perfectamente legal, que además expresamente tiene el propósito de
mejorar la formación de los profesores y, más todavía, el avance de las
escuelas. Si la SEP realmente ha modificado su actitud ante el diálogo,
puede ahora hacer una contribución significativa: dejar de insistir en
la evaluación punitiva y retomar la interna con la misma determinación.
La estrategia de la mano dura ya ha fracasado rotundamente. Con ella,
el movimiento no ha hecho más que fortalecerse. La mano blanda, que
busca entrampar y desgastar la resistencia en la mesa de negociación,
sería igualmente contraproducente, porque sería vista como engaño, y no
como una verdadera disposición a resolver el conflicto. Y para eso, el
marco legal no es un obstáculo. Es parte de una ruta que es obligatorio
explorar para no sólo resolver un conflicto, sino para dar también pasos
para transformar la educación.
*Rector de la UACM
Diálogo incluyente y verdadero
Miguel Concha. La Jornada. Opinión, 25 de junio de 2016
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) ha dado una muestra de resistencia y defensa digna por una
educación pública, laica y gratuita. Por desgracia, en los últimos
acontecimientos derivados de la reforma educativa, también ha visto
violentados sus derechos fundamentales y los de otras personas que se
solidarizan con su causa. Los hechos del pasado domingo en Nochixtlán,
Oaxaca, nos dieron idea del nivel de error en la respuesta que está
dando el actual gobierno federal al conflicto: 10 personas ejecutadas,
decenas de heridas y golpeadas en el intento de la Policía Federal por
desalojar a quienes mantienen expresiones de protesta en las entradas a
la capital oaxaqueña, y decenas de detenidas arbitrariamente.
Además, habría que agregar los agravios que en semanas pasadas
sufrieron las maestras y maestros en la Ciudad de México, cuando fueron
desalojados y expulsados, así como la decena de detenciones de líderes
de la Coordinadora. Todo esto configura un escenario de graves
violaciones a los derechos humanos, donde lo que menos queremos es el
incremento de la violencia y la represión del Estado. El régimen debe
entender que una salida viable y pacífica al conflicto es el diálogo de
cara a la sociedad, respetuoso de los derechos de las y los maestros que
se oponen a la llamada reforma educativa, y por supuesto el
esclarecimiento de los hechos registrados en Nochixtlán. Por desgracia
tuvieron que acontecer estos sucesos tan lamentables, para que el actual
gobierno volteara con renuencia hacia intentar un diálogo, como el que
se llevó a cabo en Bucareli, el pasado miércoles con el titular de la
Secretaría de Gobernación. Sin embargo, hoy entre la sociedad mexicana
sabemos que este diálogo debe ser uno que vaya al fondo del conflicto.
Con ello me refiero a que el principal reto que se nos presenta a todos,
y a las partes en conflicto, el gobierno federal y la CNTE, es
resolverlo de manera que logremos una reforma educativa acorde con las
necesidades de las personas y las comunidades. Es decir, una reforma
alternativa de la educación.
Retomando algunos aportes del Premio Nobel de la Paz 1958, Dominique
Pire, se requiere entonces de algunos elementos que me permito esgrimir a
continuación. Urge, primeramente, que se ponga entre paréntesis lo que
se es y lo que se piensa para tratar de entender el punto de vista del
otro, aunque no se comparta, lo que conlleva a escucharse, hablarse de
frente y tratar de comprenderse. Que exista, pues, una voluntad de
diálogo verdadero. En segundo lugar, será igualmente importante no
pretender reducir al otro a la propia posición; es decir, no querer
asimilarlo, y, peor aún, rechazarlo, y finalmente, intentar en todo
momento buscar una posición incluyente entre ambas partes, en aras de
integrar una verdad más plena. Con estos elementos podría avanzar un
diálogo respetuoso y de fondo. Además de lo que el propio contexto nos
vaya indicando.
Por ello, ahora, en los intentos por llevar a cabo un diálogo
por la educación pública, laica y gratuita, urgente e imprescindible,
las partes deben mostrar su disposición a dialogar, y en todo momento
atender a las causas del conflicto. Debo decir que esta postura abierta
al diálogo la mostró la CNTE, sobre todo en los últimos meses, y que
quienes se cerraron, y pretenden seguirlo haciendo, son por desgracia
los funcionarios del régimen. Ayudaría mucho que para este diálogo el
gobierno federal mostrara su voluntad mediante la suspensión de la
implementación de la reforma, pues con ello contribuiría a que se
construyan condiciones adecuadas para iniciarlo. Existe un amplio
consenso en la sociedad civil mexicana, y cada vez más en otros países
del mundo, para que este diálogo sea tal que vaya a los orígenes del
conflicto, que es, sin duda, la política educativa del Estado mexicano,
política educativa que no podemos aceptar por la vía de la imposición y
la violencia, sino a través de la información, la consulta, la
participación y el consenso.
De lo contrario sería una manifestación más de la pérdida de
ejercicios democráticos. Es importante subrayar que este diálogo que se
logre por la educación es un tema de toda la sociedad, y no sólo de las y
los profesores de la CNTE. Hoy reconocemos que son las y los maestros
quienes conocen de primera mano la situación educativa en el país.
Evitemos por ello descalificar su experiencia y conocimientos en la
resolución de este conflicto, aunque seguramente ayudará también contar
con voces expertas venidas de las ciencias de la educación, de las y los
defensores del derecho a la educación y de sectores representativos de
la sociedad en general.
Para el buen rumbo del diálogo, nos toca a todos
exigirlo y acompañarlo, buscando siempre el respeto de los derechos de
las y los profesores, y apostando por un paradigma de educación que
verdaderamente sea necesario para el futuro soberano de México.
Asimismo, es urgente seguir mostrando nuestro rotundo rechazo a la
violencia y la represión, pues para la estabilidad del país y la
gobernabilidad del Estado, nunca puede ser aceptada la imposición de una
política de gobierno por la vía de la violencia. Como personas
comprometidas con una educación digna y acorde con las necesidades de
las personas y pueblos, y con el futuro soberano de México, debemos
sentirnos convocados a participar en la solución de este conflicto, en
aras de una educación pública, laica y gratuita. No cabe justificación
alguna para perseguir, reprimir y lastimar a quienes disienten. Hoy son
muchas las personas que no aceptan el manejo que el actual régimen da a
los conflictos, pues no se trata de administrarlos, sino de resolverlos.
El actual gobierno tiene la oportunidad de abrir el diálogo y evitar
cancelar la democracia.
Estamos con nuestros maestros
Arturo Alcalde Justiniani. La Jornada. Opinión, 25 de junio de 2016
En tan solo un mes, el gobierno federal ha visto crecer en
su contra una insurgencia social inesperada. Se inició con un revés
electoral a lo largo y ancho del país, que por lo pronto dejó a su
partido sin cabeza y a varios gobernadores en la antesala de la cárcel.
Siguió con movilizaciones magisteriales crecientes, no sólo organizadas
por la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación),
sino por otros contingentes de maestros, estudiantes y ciudadanos; de
médicos y enfermeras en 60 ciudades del país; de trabajadores del campo
hartos porque no ven lo duro, sino lo tupido; de empresarios que al
igual que los obreros, optaron por tomar el Ángel de la
Independencia en la Ciudad de México para protestar en contra de la
medicina que ellos habían recetado para otros.
Estos movimientos tan inesperados acreditan que el gobierno de Peña
Nieto no tuvo la capacidad de predecirlos y exhiben su gran resistencia
para atender las demandas de la población. Además, las recetas políticas
tradicionales no han funcionado igual que antes, las tarjetas y
despensas siguen siendo eficientes para obtener votos, pero no los
suficientes. La represión a los maestros se salió de control, provocando
pérdida de vidas, el cálculo de que el conflicto se reduciría a cuatro
estados, falló. El norte, supuestamente controlado, hace valer su voz en
las calles; los médicos y enfermeras, a pesar de su heroica profesión,
jamás han sido escuchados, pero no se pensó que se movilizarían. Con los
empresarios las cosas son distintas; lo que nadie, lograron revertir
una ley, para que quede claro que los patos no le tiran a las escopetas.
Si bien las causas de tantas inconformidades derivan de políticas
gubernamentales que se han alejado de los intereses populares, un
renglón que sobresale es la ausencia de mecanismos institucionales de
diálogo y concertación con la sociedad. Sólo cuando acaece una desgracia
y se calculan costos políticos mayores, se responden los reclamos.
Vayamos al caso de la reforma educativa, anunciada hace cuatro años
como la gran transformación que colocaría a nuestro país en la cima del
mundo. Para justificarla, se destacó la existencia de múltiples vicios,
algunos ciertos, como la intervención del sindicato nacional en procesos
ajenos a su quehacer gremial o las deficiencias formativas y
tecnológicas y los bajos resultados en algunas regiones; sin embargo,
cuando se esperaba que la ley reglamentaria respondería al nuevo
paradigma educativo y que se evaluara, como señala la educadora Cecilia
Madero, en primer término, al sistema educativo nacional, el gobierno,
sin escuchar a los maestros y con los mecanismos tradicionales de
subordinación, impuso la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Ésta exhibió que el problema educativo en México era esencialmente de
corte laboral, haciendo causa común con el grupo empresarial Mexicanos
Primero, que de manera superficial e irresponsable, culpa a los maestros
de todos los males. Basta echarle un vistazo a esta ley para confirmar
su carácter inquisitivo y unilateral, en la que el despido se convierte
en su componente central.
Un segundo momento se ubica cuando el gobierno anuncia que la
evaluación constituye un elemento fundamental de su política. La
evaluación es, sin duda, importante y necesaria en cualquier proceso en
su etapa terminal; sin embargo, ha sido un error convertirla en un fin
en sí mismo, soslayando las condiciones previas para que los
conocimientos, habilidades y desempeño logren los objetivos deseados.
Nuevamente, el gobierno ignora las propuestas de los maestros y de los
especialistas independientes que compartían el objetivo de una auténtica
mejora educativa. Al convertir la evaluación en un eslogan o una veta
política, redujo su valor como parte integrante de ese modelo.
En un tercer momento el gobierno decide vincular la reforma educativa
a la promoción de un precandidato presidencial alternativo a aquellos
que habían perdido prestigio por escándalos de corrupción. De esta
manera, Aurelio Nuño, calculando mal la fuerza de sus supuestos
adversarios, optó por la mano dura, pues según esto, ello le daría
grandes dividendos políticos, por lo que se esperó que concluyera la
jornada electoral del pasado 5 de junio para propinar a los líderes de
la CNTE un golpe espectacular que desde un principio dio signos de
fracaso, puesto que reprodujo el viejo recurso de la justicia selectiva,
con acusaciones ridículas y altamente sofisticadas que con el tiempo
seguramente serán desvirtuadas.
La desgracia de Nochixtlán, Oaxaca, así como la convicción de que la
represión selectiva no dio signos de amedrentamiento a los maestros y,
por el contrario, concitó un incremento de la solidaridad en su favor,
obligó al gobierno a sentarse cara a cara con ellos en la Secretaría de
Gobernación. El precandidato que esbozó la consigna de todo o nada quedó
fuera.
Esta mesa de diálogo puede ayudar a que las aguas regresen en lo
posible a su cauce; es obvio que cualquier acuerdo deberá incluir la
liberación de los presos políticos y la revisión de la reforma; como
afirmara un prestigiado grupo de investigadores del sector educativo,
Manuel Gil Antón, entre ellos: No es válido que la prisa, el
prejuicio o la arrogancia pongan en riesgo un proceso tan importante
como es la educación de las niñas y los niños. Hay que sustituir el
ruido y la amenaza con espacios para el debate, el diseño concertado y
la negociación de los cambios, por los que ha de transitar la renovación
de la educación mexicana
.
Mañana domingo tendremos oportunidad de contribuir a que se dé una
auténtica reforma educativa y apoyar a los maestros que la harán
posible. La cita es en el Ángel de la Independencia a las 11 de la
mañana. Convoca Morena.
PD. A don Víctor Quiroga Juárez, quien fue obrero del calzado en
León, Guanajuato, dirigente nacional del Frente Auténtico del Trabajo,
pero sobre todo, ejemplo de dignidad y acción militante en favor de los
trabajadores.
Un gobierno que no entiende
Enrique Calderón Alzati. La Jornada. Opinión, 25 de junio de 2016
Escasamente, una semana después de que el presidente
Peña Nieto indicaba públicamente su desconcierto ante la pérdida de las
elecciones en siete de los 12 estados donde se celebraron elecciones,
expresando la necesidad de analizar las causas del claro rechazo hacia
su gobierno, se vio obligado a extender sus condolencias protocolarias
por las muertes de las víctimas, cuyo único responsable es él mismo,
condolencias que, al igual que su preocupación por la derrota electoral,
muestran su incapacidad de entender al país que ha pretendido gobernar
por tres años, sin más logros que el rechazo del pueblo por su
autoritarismo y violencia, conocidos desde que mandaba golpear a los
campesinos de Atenco, escudado como ahora en el cumplimiento de la ley
. ¿Cómo fue que pudo ganar los comicios en 2012? Pareciera que esto tampoco lo entiende, o quizá lo haya olvidado.
Seguramente su incapacidad se origina en su deficiencia escolar, propia de las escuelas exclusivas para niños bien,
donde nunca pudo conocer las diferentes condiciones en que viven los
niños de México, desconocimiento que se ha transformado en una conducta
de desprecio hacia las personas que son diferentes a su contexto social,
a las que suelen referirse como proles
.
Este es uno de los más graves problemas que hoy enfrenta el pueblo de
México, al tener un gobierno que lo desconoce, lo desprecia y no tiene
ni siente compromiso alguno con él, el país y sus leyes; si a ello
agregamos las deficiencias mostradas en su educación, ¿qué podemos
esperar? Mucho me gustaría estar equivocado y creer que la sangre
derramada por las víctimas de Nochixtlán dará lugar a un diálogo que
pueda finalmente resolver las diferencias y abrir el camino para
asegurar el futuro de la educación pública y la mejora del desempeño de
los niños y jóvenes que representan el futuro de la nación, objetivo
central de quienes han dedicado sus vidas a la educación y se enfrentan a
la realidad que viven las escuelas y las familias mexicanas; sin
embargo, no debiéramos descartar una nueva estrategia del gobierno,
orientada a desgastar a los maestros.
Por ello, no podemos ni debemos hacer a un lado la convicción de que
los cruentos hechos de Iguala, la desaparición forzada de los
estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, los recortes permanentes a
la educación pública, particularmente a la educación normal, son parte
de una ofensiva autoritaria y torpe del actual gobierno, cuyo objeto es
privatizar la educación y ponerla al servicio de los grandes capitales
financieros. Nuestro país necesita de un gobierno fuerte, capaz de
conducir a la nación a superar la crisis permanente de desempleo,
pobreza, inseguridad e impunidad a que nos han llevado los gobiernos de
los pasados 30 años; hoy es claro que el actual es un nuevo eslabón de
esa misma cadena que nos ha conducido a la pérdida de soberanía, y que
además ha perdido toda legitimidad si es que alguna vez la tuvo. ¿Cómo
reparará el Presidente su imagen dañada por la estela de corrupción de
su gobierno, a la que se agrega hoy la tragedia causada por su
incapacidad de entender las consecuencias de su soberbia y la del inepto
secretario de educación por él nombrado?
La actual parálisis de la Secretaría de Educación Pública,
encargada de garantizar la formación de los niños y jóvenes de todo el
país, de convocar a los maestros a prepararse y a preparar sus clases, a
atender a sus estudiantes y de manera particular a los que presentan
deficiencias, con objeto de mejorar el desempeño de cada estudiante,
constituye una situación inédita en la historia moderna de México, a la
cual se ha llegado ante el empecinamiento de obligar a los maestros a
someterse a evaluaciones que son ajenas a sus tareas cotidianas y a sus
condiciones de trabajo, logrando con ello la indignación de algunos, el
enojo de muchos y el miedo de la mayoría, que se ha visto obligada a
desatender sus tareas ante la amenaza real de ver terminada su carrera,
al no poder contestar adecuadamente un cuestionario sobre temas ajenos a
buena parte de su labor de maestros.
¿Cuál es la razón de todo esto? ¿En verdad las autoridades educativas
pretenden que la enseñanza mejore imponiendo a los maestros esas
evaluaciones? ¿Habrá algún funcionario del gobierno que se digne a
explicarnos cómo y por qué mejorará la preparación de los estudiantes
con las evaluaciones a los docentes sin recurrir a la magia china, a la
que parecen ser adeptos? Por todo esto, el papel de los padres de
familia, estudiantes, académicos, trabajadores y la sociedad civil toda
está siendo y habrá de ser decisivo en esta lucha contra el mal
gobierno, dando su apoyo a los maestros y a la CNTE para defender la
educación pública como un derecho social establecido en la Constitución
de 1917, no sólo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, sino en el
país entero. Aplaudimos la decisión de Andrés Manuel López Obrador de
convocar a la marcha del próximo domingo, refrendando el apoyo nacional
de su partido, ofrecido a los maestros, en repuesta al autoritarismo que
parece ser la única herramienta que le va al grupo gobernante.
Durante el Congreso Nacional de Escuelas Normales que se realiza en
la Benemérita Escuela Normal veracruzana en estos días, bajo el lema El futuro de la educación pública
,
se han planteado y discutido propuestas para mejorar la formación y
actualización de los maestros, para incidir en el desempeño de los
estudiantes, con el propósito de realizar las tareas que la Secretaría
de Educación ha sido incapaz de incluir en su supuesta reforma, con lo
que es el magisterio el que toma ahora el liderazgo mismo de la
educación nacional.
Contribuyendo a esta lucha de los maestros, me permito informar aquí
el lanzamiento de la nueva Consulta Nacional que convoca nuestro diario La Jornada
sobre la problemática educativa que sacude al país, con objeto de dar a
conocer la opinión y participación de la sociedad civil, en torno a
esta lucha decisiva para el futuros de la educación pública, invitando a
nuestros lectores a manifestar su opinión libre conectándose a la
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