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Perspectiva de género
¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de género?
En los últimos años se produjo un importante avance en las ciencias sociales, al incorporarse los denominados estudios de la mujer como un nuevo paradigma. El género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de identidades. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. El género es una categoría transdisciplinaria, que desarrolla un enfoque globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicos y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad. Las elaboraciones históricas de los géneros son sistemas de poder, con un discurso hegemónico y pueden dar cuenta de la existencia de los conflictos sociales. Y la problematización de las relaciones de género logró romper con la idea del carácter natural de las mismas. Lo femenino o lo masculino no se refiere al sexo de los individuos, sino a las conductas consideradas femeninas o masculinas. En este contexto, la categoría de género puede entenderse como una explicación acerca de las formas que adquieren las relaciones entre los géneros, que algunos consideran como una alternativa superadora de otras matrices explicativas, como la teoría del patriarcado (ver Patriarcado). Se sostiene que (aunque la incorporación del concepto de “patriarcado” constituyó un avance importante para explicar la situación de las mujeres) resultó insuficiente para comprender los procesos que operan dentro de la estructura social y cultural de las sociedades, condicionando la posición e inserción femenina en realidades históricas concretas.
Según Marta Lamas, aún cuando ya en 1949 aparece como explicación en El segundo sexo de Simone de Beauvoir, el término género sólo comienza a circular en las ciencias sociales y en el discurso feminista con un significado propio y como una acepción específica (distinta de la caracterización tradicional del vocablo que hacía referencia a tipo o especie) a partir de los años setenta. No obstante, sólo a fines de los ochenta y comienzos de los noventa el concepto adquiere consistencia y comienza a tener impacto en América Latina. Entonces las intelectuales feministas logran instalar en la academia y las políticas públicas la denominada “perspectiva de género”.
En 1955 John Money propuso el término “papel de género” para describir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las mujeres, pero ha sido Robert Stoller quien estableció más claramente la diferencia conceptual entre sexo y género. Los sistemas de género se entienden como los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatómico-fisiológica y que dan sentido a las relaciones entre personas sexuadas (De Barbieri, 1990).
Según Gomariz, a partir de estas referencias conceptuales pueden examinarse distintos planos del conocimiento acumulado en la materia. De modo amplio podría aceptarse que constituyen reflexiones sobre género todas aquellas que se hicieron en la historia sobre las consecuencias y significados que tiene pertenecer a cada uno de los sexos. Para Gomariz puede denominarse como “estudios de género” el segmento de la producción de conocimientos que se ha ocupado de ese ámbito de la experiencia humana.
La “perspectiva de género”, en referencia a los marcos teóricos adoptados para una investigación, capacitación o desarrollo de políticas o programas, implica:
a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres;
b) que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas;
c) que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión.
La perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder. Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se tratara de un capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción y reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia. La mirada de género no está supeditada a que la adopten las mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas. Tratándose de una cuestión de concepción del mundo y de la vida, lo único definitorio es la comprensión de la problemática que abarca y su compromiso vital.
Existe cierto consenso en que es necesario establecer distinciones entre sexo y género. El sexo corresponde a un hecho biológico, producto de la diferenciación sexual de la especie humana, que implica un proceso complejo con distintos niveles, que no siempre coinciden entre sí, y que son denominados por la biología y la medicina como sexo cromosómico, gonadial, hormonal, anatómico y fisiológico. A la significación social que se hace de los mismos se la denomina género. Por lo tanto las diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres que derivan de este proceso, pueden y deben distinguirse de las atribuciones que la sociedad establece para cada uno de los sexos individualmente constituidos.
Aunque existen divergencias en su conceptualización, en general la categoría de género es una definición de carácter histórico y social acerca de los roles, identidades y valores que son atribuidos a varones y mujeres e internalizados mediante los procesos de socialización. Algunas de sus principales características y dimensiones son:
1) es una construcción social e histórica (por lo que puede variar de una sociedad a otra y de una época a otra);
2) es una relación social (porque descubre las normas que determinan las relaciones entre mujeres y varones);
3) es una relación de poder (porque nos remite al carácter cualitativo de esas relaciones);
4) es una relación asimétrica; si bien las relaciones entre mujeres y varones admiten distintas posibilidades (dominación masculina, dominación femenina o relaciones igualitarias), en general éstas se configuran como relaciones de dominación masculina y subordinación femenina;
5) es abarcativa (porque no se refiere solamente a las relaciones entre los sexos, sino que alude también a otros procesos que se dan en una sociedad: instituciones, símbolos, identidades, sistemas económicos y políticos, etc.);
6) es transversal (porque no están aisladas, sino que atraviesan todo el entramado social, articulándose con otros factores como la edad, estado civil, educación, etnia, clase social, etc);
7) es una propuesta de inclusión (porque las problemáticas que se derivan de las relaciones de género sólo podrán encontrar resolución en tanto incluyan cambios en las mujeres y también en los varones);
8) es una búsqueda de una equidad que sólo será posible si las mujeres conquistan el ejercicio del poder en su sentido más amplio (como poder crear, poder saber, poder dirigir, poder disfrutar, poder elegir, ser elegida, etcétera).
La generalización del concepto de género ha suscitado una polémica en torno a la conveniencia de continuar usándolo. A veces el término se ha tergiversado y banalizado en su aplicación. En algunos estudios macrosociales o del mercado de trabajo, a la desagregación por sexo se la denomina género, pero la categoría permanece vacía. Algo similar ocurre cuando la palabra género sustituye a mujeres (Scott, 1990). El género requiere la búsqueda de sentido del comportamiento de varones y mujeres como seres socialmente sexuados.
Marta Lamas sostiene que en América latina no hubo el suficiente debate ni una confrontación teórica al respecto, al menos comparada con la fuerza y visibilidad con que se ha dado en el mundo anglosajón. Para Lamas (1999) un aspecto relevante a debatir es “la forma en que se manifiesta el traslape conceptual entre género y diferencia sexual: como ausencia o silencio, confusión y negación”. En el debate sobre las relaciones entre hombres y mujeres, la diferencia sexual es un concepto básico para comprender la base sobre la que se construye el género. Según Lamas, las feministas norteamericanas circunscriben la definición de diferencia sexual a lo anatómico, limitándola a una distinción sustantiva entre dos grupos de personas en función de su sexo, o sea, a un concepto taxonómico, análogo al de clase social o al de raza: “Al no manejar el concepto psicoanalítico de diferencia sexual, ignoran el papel del inconsciente en la formación de la identidad sexual y la inestabilidad de tal identidad, impuesta en un sujeto que, según Freud, es fundamentalmente bisexual. Esto tiñe las forma en que reflexionan sobre la diferencia entre mujeres y hombres, y por ello elaboran sus planteamientos teóricos a partir de la diferencia de género. Las europeas, más cercanas al psicoanálisis lacaniano, suelen analizar la contradicción mujer/hombre incorporando la diferencia sexual en su complejidad psicoanalítica” (Lamas, 1999). Para esta teoría, “mujeres y hombres son producidos por el lenguaje y las prácticas y representaciones simbólicas dentro de formaciones sociales dadas, pero también por procesos inconscientes vinculados a la simbolización de la diferencia sexual. Hay que comprender que la diferencia sexual es una diferencia estructurante, a partir de la cual se construyen no sólo los papeles y prescripciones sociales sino el imaginario de lo que significa ser mujer o ser hombre, por lo tanto no puede ser situada en el mismo nivel que el género” (Lamas, 1999).
Aunque no constituye una categoría cerrada, sino en pleno desarrollo, la perspectiva de género favorece el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de la realidad para analizar y transformar la situación de las personas. Se trata así de crear nuevas construcciones de sentido para que hombres y mujeres visualicen su masculinidad y su femineidad a través de vínculos no jerarquizados ni discriminatorios. Susana Gamba
BIBLIOGRAFÍA
C. Amorós (1986): Hacia una crítica de la razón-patriarcal, Anthropos, Madrid. R. Braidotti (2000): Sujetos nómades, Paidós, Buenos Aires, 2000.
T. De Barbieri (1992): “Sobre la categoría de género. Una introducción teórica-metodológica” en ISIS Internacional N° 17, Santiago de Chile.
E. Gomariz (1992): “Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas. Periodización y perspectivas”, en ISIS Internacional N° 17, Santiago de Chile.
M. Lamas (comp.) (1996): La construcción cultural de la diferencia sexual, México, PUEG.
M. Lamas (1999): “Género, diferencia de sexo y diferencia sexual” en ¿Género?, Debate Feminista, Año 10, Vol. 20, México, edición de octubre.
J. W. Scott: “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en J. Amelang y Mary Nash (comp.) (1990): Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Ed. Alfons el Magnanim, Barcelona.
Carcedo, Ana y Montserrat Sagot (2002): Femicidio en Costa Rica, 1990–1999, Instituto Nacional de las Mujeres, San José de Costa Rica.
Domingo, Chris (1992): “Femicide: an interview with Diana E.H. Russell”, en Off Our Backs, vol. 22, No. 7, Washington DC.
Kelly, Liz (1988): Surviving sexual violence. Polity Press, Inglaterra
P.-S.
Susana Gamba es Coordinadora del Diccionario y presidenta de la Fundación "Agenda de las Mujeres". Argentina.
Este artículo ha sido publicado en el "Diccionario de estudios de Género y Feminismos". Editorial Biblos 2008.
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Una aproximación a los estudios de Género - fusda
1. Una aproximación a los estudios de Género.
Para Rosa Entel los estudios de género se refieren al “segmento de la producción del conocimiento que se ha ocupado de este ámbito de la experiencia humana: las significaciones atribuidas al hecho de ser varón o mujer en cada cultura y en cada sujeto”.1
O bien como señala, “podría aceptarse que son reflexiones sobre género todas aquellas que se han hecho a lo largo de la historia del pensamiento humano acerca de los sentimientos y las consecuencias sociales y subjetivas que tiene pertenecer a uno u otro sexo”.2
Los estudios de género, los cuales incluyen desde la concepción más general de la teoría de género y la perspectiva de género hasta problemas más específicos como la situación política, económica y social de la mujer3 , han sido abordados en su mayoría por académicas provenientes del movimiento feminista y/o especialistas en temas de derechos humanos, democracia y desarrollo. Asimismo, diversas organizaciones internacionales han contribuido amplia y sistemáticamente a la investigación y el análisis del enfoque de género, destacando la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en cuyo seno se han suscrito documentos a favor de los derechos de la mujer, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y se han convocado las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (1975, 1980, 1985, 1995). En el caso particular de la promoción y defensa de los derechos de la mujer, se encuentran también a escala mundial organismos como el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
En América Latina, dos de las instituciones que más han contribuido y difundido la aplicación de la perspectiva de género para lograr un desarrollo más integral en los países latinoamericanos han sido la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Así, a partir de los instrumentos internacionales y de los estudios derivados de estas organizaciones se ha creado un cuerpo de conceptos, propuestas, ideas y argumentos que han llegado a formar un marco teórico y conceptual sobre el tema de género.
En México, la institución que ha trabajado este tema y que, mediante sus programas e investigaciones, ha alimentado el desarrollo de los estudios de género es el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Por su parte, en el ámbito académico han destacado la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa Universitari de Estudios de Género (PUEG) y el Colegio de México con su Prograoma Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM).
Tanto la perspectiva institucional como las diversas visiones académicas, tienen como base y núcleo de su análisis el concepto de género. A grandes rasgos éste se refiere al conjunto de valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres. En palabras de Marcela Lagarde –antropóloga feminista-, hablar de géneros es hablar de: …grupos biosocioculturales, construidos históricamente a partir de la identificación de características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. Ya clasificados se les asigna de manera diferencial un conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento y normas. Se trata de un complejo de determinaciones y características económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, es decir, culturales, que crean lo que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser hombre y ser mujer.4
Otra definición de género bastante amplia y generalizada es la proporcionada por el INSTRAW, la cual versa de la siguiente manera: Género se refiere a la gama de roles, relaciones, características de la personalidad, actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia, socialmente construidos, que la sociedad asigna a ambos sexos de manera diferenciada. Mientras el sexo biológico está determinado por características genéticas y anatómicas, el género es una identidad adquirida y aprendida que varía ampliamente intra e interculturalmente. El género es relacional ya que no se refiere exclusivamente a las mujeres o a los hombres, si no a las relaciones entre ambos.5 Con frecuencia la idea de género es erróneamente interpretada como sinónimo de feminidad, haciendo referencia únicamente a los asuntos de la mujer. No obstante, como se señala en la definición anterior, el género incluye tanto al género femenino como del masculino. Justamente, lo valioso de emplear este concepto en el estudio de la realidad social radica en la concepción de las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones entre los dos sexos.
Para Rosa Entel los estudios de género se refieren al “segmento de la producción del conocimiento que se ha ocupado de este ámbito de la experiencia humana: las significaciones atribuidas al hecho de ser varón o mujer en cada cultura y en cada sujeto”.1
O bien como señala, “podría aceptarse que son reflexiones sobre género todas aquellas que se han hecho a lo largo de la historia del pensamiento humano acerca de los sentimientos y las consecuencias sociales y subjetivas que tiene pertenecer a uno u otro sexo”.2
Los estudios de género, los cuales incluyen desde la concepción más general de la teoría de género y la perspectiva de género hasta problemas más específicos como la situación política, económica y social de la mujer3 , han sido abordados en su mayoría por académicas provenientes del movimiento feminista y/o especialistas en temas de derechos humanos, democracia y desarrollo. Asimismo, diversas organizaciones internacionales han contribuido amplia y sistemáticamente a la investigación y el análisis del enfoque de género, destacando la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en cuyo seno se han suscrito documentos a favor de los derechos de la mujer, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y se han convocado las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (1975, 1980, 1985, 1995). En el caso particular de la promoción y defensa de los derechos de la mujer, se encuentran también a escala mundial organismos como el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
En América Latina, dos de las instituciones que más han contribuido y difundido la aplicación de la perspectiva de género para lograr un desarrollo más integral en los países latinoamericanos han sido la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Así, a partir de los instrumentos internacionales y de los estudios derivados de estas organizaciones se ha creado un cuerpo de conceptos, propuestas, ideas y argumentos que han llegado a formar un marco teórico y conceptual sobre el tema de género.
En México, la institución que ha trabajado este tema y que, mediante sus programas e investigaciones, ha alimentado el desarrollo de los estudios de género es el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Por su parte, en el ámbito académico han destacado la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa Universitari de Estudios de Género (PUEG) y el Colegio de México con su Prograoma Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM).
Tanto la perspectiva institucional como las diversas visiones académicas, tienen como base y núcleo de su análisis el concepto de género. A grandes rasgos éste se refiere al conjunto de valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres. En palabras de Marcela Lagarde –antropóloga feminista-, hablar de géneros es hablar de: …grupos biosocioculturales, construidos históricamente a partir de la identificación de características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. Ya clasificados se les asigna de manera diferencial un conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento y normas. Se trata de un complejo de determinaciones y características económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, es decir, culturales, que crean lo que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser hombre y ser mujer.4
Otra definición de género bastante amplia y generalizada es la proporcionada por el INSTRAW, la cual versa de la siguiente manera: Género se refiere a la gama de roles, relaciones, características de la personalidad, actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia, socialmente construidos, que la sociedad asigna a ambos sexos de manera diferenciada. Mientras el sexo biológico está determinado por características genéticas y anatómicas, el género es una identidad adquirida y aprendida que varía ampliamente intra e interculturalmente. El género es relacional ya que no se refiere exclusivamente a las mujeres o a los hombres, si no a las relaciones entre ambos.5 Con frecuencia la idea de género es erróneamente interpretada como sinónimo de feminidad, haciendo referencia únicamente a los asuntos de la mujer. No obstante, como se señala en la definición anterior, el género incluye tanto al género femenino como del masculino. Justamente, lo valioso de emplear este concepto en el estudio de la realidad social radica en la concepción de las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones entre los dos sexos.
Ahora bien, ¿cuál es el planteamiento de fondo que hace del enfoque de género
un enfoque democrático e innovador en el estudio de las relaciones humanas? A
esta pregunta la feminista Marta Lamas sostiene que la diferencia sexual entre
hombres y mujeres ha implicado históricamente una desigualdad social. En este
sentido, “lo que el concepto de género ayuda a comprender es que muchas de las
cuestiones que pensamos que son atributos ‘naturales’ de los hombres o de las
mujeres, en realidad son características construidas socialmente, que no tienen
relación con la biología. [Así], a partir de poder distinguir entre el sexo biológico y
lo construido socialmente es que se empezó a generalizar el uso de género para
hacer referencia a muchas situaciones de discriminación de las mujeres, que han
sido justificadas por la supuesta anatomía diferente, cuando en realidad tienen un
origen social”.6
A partir de esta concepción del género, se articula la denominada perspectiva de género, la cual es definida por el INMUJERES como “la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género”.7
En esta misma lógica, el INSTRAW promueve el análisis de género, el cual se concibe como: …una forma sistemática de observar el impacto diferenciado de programas, proyectos, políticas y piezas legislativas sobre los hombres y las mujeres. Este proceso inicia con la recopilación de datos desagregados según sexo y de información sensible al género sobre la población involucrada. El análisis de género también puede incluir el análisis de las múltiples formas en que los hombres y las mujeres, como actores sociales, se involucran en el proceso de transformación de roles, relaciones y procesos socialmente establecidos, motivados por intereses individuales y colectivos.8
En el ámbito académico, el análisis de género también es concebido como un nuevo enfoque que permite reinterpretar las relaciones sociales de una forma más democrática al incluir las experiencias, las necesidades y los intereses tanto de hombres como de mujeres. Así, en palabras de María Cecilia Alfaro el análisis de género se refiere a:
... el proceso teórico-práctico que permite analizar diferencialmente los roles entre hombres y mujeres, así como las responsabilidades, el acceso, uso y control sobre los recursos, los problemas o las necesidades, propiedades y oportunidades, con el propósito de planificar el desarrollo con eficiencia y equidad para superar las discriminaciones imperantes, que limitan las posibilidades de que la mujer exprese sus necesidades y preferencias.9 En suma, la utilización de una perspectiva de género, ya sea en el estudio de fenómenos sociales o en el diseño de políticas públicas a favor del bienestar de la sociedad, muestra los siguientes puntos:
A partir de esta concepción del género, se articula la denominada perspectiva de género, la cual es definida por el INMUJERES como “la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género”.7
En esta misma lógica, el INSTRAW promueve el análisis de género, el cual se concibe como: …una forma sistemática de observar el impacto diferenciado de programas, proyectos, políticas y piezas legislativas sobre los hombres y las mujeres. Este proceso inicia con la recopilación de datos desagregados según sexo y de información sensible al género sobre la población involucrada. El análisis de género también puede incluir el análisis de las múltiples formas en que los hombres y las mujeres, como actores sociales, se involucran en el proceso de transformación de roles, relaciones y procesos socialmente establecidos, motivados por intereses individuales y colectivos.8
En el ámbito académico, el análisis de género también es concebido como un nuevo enfoque que permite reinterpretar las relaciones sociales de una forma más democrática al incluir las experiencias, las necesidades y los intereses tanto de hombres como de mujeres. Así, en palabras de María Cecilia Alfaro el análisis de género se refiere a:
... el proceso teórico-práctico que permite analizar diferencialmente los roles entre hombres y mujeres, así como las responsabilidades, el acceso, uso y control sobre los recursos, los problemas o las necesidades, propiedades y oportunidades, con el propósito de planificar el desarrollo con eficiencia y equidad para superar las discriminaciones imperantes, que limitan las posibilidades de que la mujer exprese sus necesidades y preferencias.9 En suma, la utilización de una perspectiva de género, ya sea en el estudio de fenómenos sociales o en el diseño de políticas públicas a favor del bienestar de la sociedad, muestra los siguientes puntos:
1. Cómo las diferencias biológicas se convierten en desigualdades
En el ámbito académico, el análisis de género también es concebido como un
nuevo enfoque que permite reinterpretar las relaciones sociales de una forma más
democrática al incluir las experiencias, las necesidades y los intereses tanto de
hombres como de mujeres. Así, en palabras de María Cecilia Alfaro el análisis de
género se refiere a:
… el proceso teórico-práctico que permite analizar diferencialmente los roles
entre hombres y mujeres, así como las responsabilidades, el acceso, uso y
control sobre los recursos, los problemas o las necesidades, propiedades.
La equidad de género como categoría social de análisis.
La idea de género y su aplicación como una nueva categoría de análisis social -la teoría de género- tiene sus orígenes en el movimiento feminista de mediados del siglo XX. Como corriente política y filosófica, el feminismo ha buscado promover y defender los derechos de la mujer frente a una estructura tradicionalmente machista que ha impedido históricamente el desarrollo de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. De esta manera, desde sus orígenes, la teoría de género ha tenido como valor fundamental la equidad entre mujeres y hombres, entendido éste como “el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades y al desarrollo de [las capacidades básicas]; esto significa que se deben eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, así como el acceso a la educación y los servicios básicos, de tal manera que las personas (hombres y mujeres de todas las edades, condiciones y posiciones) puedan disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse de ellas. Implica la participación de todas y todos en los procesos de desarrollo…”11
Para el INMUJERES la equidad de género es un concepto que se refiere: (…) al principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.12
Con base en todo lo anterior queda claro que el enfoque de género es de una visión democrática que pretende eliminar toda discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Asimismo, la aplicación de este enfoque intenta construir sociedades más justas y solidarias que promuevan la participación e integración de todos sus miembros, eliminando aquellas percepciones culturales que tradicionalmente han sometido a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad y desventaja. En el ámbito de la administración pública, el principio de equidad de género ha sido utilizado como concepto central para diseñar políticas públicas. Tal es el caso de las denominadas políticas de equidad, planteadas por el INMUJERES, definidas como “la acción afirmativa que pone remedio a injusticias previas o sesgos excluyentes”.13
Sus características son las siguientes:
sociales.
2. Cómo estas desigualdades colocan a las mujeres en desventaja con
respecto a los hombres.
3. Cómo [estas desigualdades] se construyen desde el nacimiento y no necesariamente son “naturales”.
4. Cómo [estas desigualdades] se sostienen y reproducen por medio de una serie de estructuras sociales y mecanismos culturales.10
La equidad de género como categoría social de análisis.
La idea de género y su aplicación como una nueva categoría de análisis social -la teoría de género- tiene sus orígenes en el movimiento feminista de mediados del siglo XX. Como corriente política y filosófica, el feminismo ha buscado promover y defender los derechos de la mujer frente a una estructura tradicionalmente machista que ha impedido históricamente el desarrollo de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. De esta manera, desde sus orígenes, la teoría de género ha tenido como valor fundamental la equidad entre mujeres y hombres, entendido éste como “el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades y al desarrollo de [las capacidades básicas]; esto significa que se deben eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, así como el acceso a la educación y los servicios básicos, de tal manera que las personas (hombres y mujeres de todas las edades, condiciones y posiciones) puedan disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse de ellas. Implica la participación de todas y todos en los procesos de desarrollo…”11
Para el INMUJERES la equidad de género es un concepto que se refiere: (…) al principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.12
Con base en todo lo anterior queda claro que el enfoque de género es de una visión democrática que pretende eliminar toda discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Asimismo, la aplicación de este enfoque intenta construir sociedades más justas y solidarias que promuevan la participación e integración de todos sus miembros, eliminando aquellas percepciones culturales que tradicionalmente han sometido a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad y desventaja. En el ámbito de la administración pública, el principio de equidad de género ha sido utilizado como concepto central para diseñar políticas públicas. Tal es el caso de las denominadas políticas de equidad, planteadas por el INMUJERES, definidas como “la acción afirmativa que pone remedio a injusticias previas o sesgos excluyentes”.13
Sus características son las siguientes:
• Identifican las diferencias de origen que existen entre hombres y mujeres,
tanto en materia de oportunidades como en cuanto a resultados, para ir
hacia la búsqueda de formas, mecanismos y pautas institucionalizadas y
compartidas por la población, que favorezcan un equilibrio más equitativo y
armonioso entre los esfuerzos y los beneficios del desarrollo de unos y
otras.
• Son estrategias para corregir los desequilibrios que, en cuanto a las relaciones y las oportunidades de desarrollo, se dan entre las personas en razón de su pertenencia a uno u otro sexo, en las familias, en los espacios educativos, en el mercado laboral y en las organizaciones del ámbito económico y político.
• Procuran una situación de mayor justicia, igual calidad de derechos y condiciones de oportunidad para todas y todos.14 El valor que sustenta las políticas de equidad es la justicia. Para el INMUJERES, ello implica, por lo tanto:
• Reconocer que la diversidad se traduce en criterios distributivos inequitativos de los bienes sociales que se ofrecen a los individuos, tales como: la educación, la seguridad, el bienestar, las capacidades de generar ingresos y gozar de tiempo libre, tener una buena calidad de vida, acceder a oportunidades profesionales; las posibilidades de tomar decisiones propias y participar de las decisiones fundamentales de una familia, una comunidad política, etc.
• Evitar la acumulación, en cada esfera de bienes, de los sesgos discriminatorios que generan exclusión, derivados de las restricciones primarias que pesan sobre algunas personas en razón de sus diferencias raciales, étnicas, sexuales, de edad o derivadas de su condición física.
• Aceptar que la igualdad de las personas en cada una de las esferas de los bienes sociales, debe estar por encima de sus diferencias.
• Prescribir una intervención pública que fortalezca los derechos y las oportunidades de aquellas personas que sufren desventajas diversas, para que puedan remover los obstáculos que impiden su desarrollo.15 Cabe destacar que el éxito y el buen desempeño de este tipo de políticas están estrechamente vinculados con la instauración de una ciudadanía integral, que garantice el acceso de todos los ciudadanos a los bienes materiales y a las oportunidades en las diferentes esferas del desarrollo humano. Como señala Virginia Guzmán la “igualdad de género va mucho más allá de la igualdad de oportunidades y exige la participación de las mujeres en los procesos de transformación de las reglas básicas, jerarquías y prácticas de las instituciones públicas. [En este sentido, si] las mujeres no están en los espacios donde se debate y se construyen las bases de una nueva gobernabilidad16, no es seguro que las instituciones públicas den cabida a sus diferentes necesidades y valores, las incluyan en procesos de capacitación de destrezas y habilidades, y se les reconozcan el mismo grado de agencia que a los demás actores en el terreno público”.17
2. Participación política desde la perspectiva de género
Martha Tagle define la perspectiva de género como un nuevo punto de vista que responde a los cambios sociales y culturales de nuestro tiempo. Sin embargo considera que aunque la sociedad está cambiando las leyes e instituciones no están respondiendo a esa sociedad. 18
La aplicación de la perspectiva de género para el análisis de la sociedad y la promoción y respeto del principio de equidad están estrechamente vinculados con el concepto de democracia ciudadana propuesto por el PNUD. Este tipo de democracia, que pretende ir más allá de lo electoral, tiene como fundamento principal el desarrollo de la ciudadanía integral, conformada por tres dimensiones a su vez: la ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía social. Sobre estas tres dimensiones, el teórico T.H. Marshall, recuperado por el PNUD, sostiene lo siguiente: La ciudadanía política incluye el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. La ciudadanía civil se compone de los derechos para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derechos a la justicia. Finalmente, la ciudadanía social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme los estándares predominantes en la sociedad.19 En este contexto, la idea de ciudadanía integral funge como garantía del principio de equidad de género: a través de su establecimiento y desarrollo es posible asegurar los derechos humanos tanto de hombreentablemente, este ideal de cius y mujeres en igualdad de condiciones. Lamdadanía no corresponde con la realidad que viven muchas mujeres. Para la feminista Anna M. Fernández Poncela: “La democracia y la ciudadanía han tenido siempre género: el masculino. El ciudadano abstracto por antonomasia es el hombre y la democracia se ha aprehendido durante mucho tiempo en ese sentido. Es por ello preciso reconceptuar y pensar la democracia como un sistema político de gobierno que dé cabida también a la |mitad de la población: las mujeres, entre otros sectores hasta la fecha subalternos al sistema”.20 Históricamente, las mujeres han permanecido como ciudadanas de segunda categoría, sin posibilidad de gozar y hacer valer sus derechos. Y si bien ha habido grandes avances en la materia, como es el caso del proceso de ciudadanización de la mujer a partir del reconocimiento de su derecho a voto, el reto sigue siendo aún muy grande. Al respecto Fernández Poncela señala que “la medición de la evolución de la democracia de una sociedad pasa por la situación de las mujeres, la verdad es que la relación de mujer y política; de mujer, ciudadanía y democracia es todavía difícil y compleja”.21 Esta misma autora ofrece un breve recuento histórico de la situación de la mujer respecto a su calidad de ciudadana y su proceso constitutivo como sujeto político: Se dice que la constitución de la mujer como sujeto político comienza en la Revolución francesa como consecuencia de las luchas burguesas que afirman la igualdad entre todos los seres humanos. Sin embargo, es un sujeto en construcción que todavía vive la discriminación política de forma directa a pesar de su voluntad expresada en las luchas históricas del sufragismo o el movimiento feminista de nuestros días. La historia de la política ha sido una historia de exclusiones de la mujer en cuanto a la concepción de la ciudadanía moderna. De hecho, la ciudadanía de la mujer, tan comúnmente tachada de “segunda categoría”, es de tipo formal y se encuentra dentro de un sistema de poder eminentemente androcéntrico y masculinizante. Por otro lado, la supuesta igualdad formal encubre una desigualdad manifiesta por el acceso diferencial a los recursos”.22 Como puede observarse para el feminismo los conceptos de democracia, ciudadanía e igualdad, por ejemplo, se encuentran “masculinizados”23, es decir, que estos postulados han sido diseñados por y para los hombres sin considerar a las mujeres como coparticipantes de las estructuras político-sociales. En el caso concreto de la participación política de las mujeres, el feminismo liberal sostiene que “la liberación de la mujer consiste en su libertad de escoger sus vidas, poder competir con el hombre, en igualdad de condiciones, en los aspectos políticos y profesionales. Para esta corriente, la racionalidad es un concepto clave, entendido como la capacidad de identificar o decidir fines y objetivos y la capacidad de organizar los medios para lograrlos”.24
Todas estas interpretaciones tienen un gran valor político, ya que finalmente continúan reconociendo que la batalla por el respeto y cumplimiento de los derechos de la mujer debe darse a través de los mecanismos institucionales. En todo caso, como lo menciona Fernández Poncela se trata de reivindicar la política y sus corporizaciones, a partir de un enfoque de género. Así, el Estado debería concebirse y desarrollarse en la práctica como una “institución neutral, en el cual la mujer tiene el derecho a participar y competir con los hombres en igualdad de condiciones”.25 En el caso de la ciudadanía de las mujeres en México, Dalia Barrera Bassols sostiene que ésta ha sido una ciudadanía “peculiar” por las siguientes razones: No solamente debido a su “tardía” inclusión en el derecho al voto (recuérdese que en nuestro país el derecho a votar y ser votadas fue reconocido a las mujeres en 1947 en el ámbito local, y hasta 1953 en el estatal y el federal), lo cual significa que apenas tres o cuatro generaciones de mujeres han ejercido ese derecho, no solamente porque su presencia en las esferas del poder político es aún muy marginal, sino porque los factores culturales que impregnan las relaciones de género en los espacios “públicos” y “privados”, marcan las condiciones, las formas y los medios de acceso de las mujeres a la vida política, su participación en los movimientos sociales, en las organizaciones y partidos, etcétera.26 En este mismo orden de ideas, Magdalena Sam Bautista reconoce que, a pesar de los avances en la apertura de espacios públicos para las mujeres, en los cuales la participación política formal e informal femenina ha ido en aumento; “ello no se ha reflejado en el acceso equitativo a los puestos públicos donde, precisamente, se toman las decisiones”27. Por lo tanto, para esta autora es clara la falta de igualdad y equidad en el quehacer político de nuestro país, donde las mujeres permanecen como actores secundarios. En este sentido, para Sam Bautista la superación de este déficit constituye un gran reto para el proceso de democratización de México. En este sentido, considerando que la política es un espacio social donde se organiza el poder y, por ende, se decide la distribución de los bienes entre los miembros de la sociedad, la participación de la mujer en el sistema político institucional es necesaria e indispensable. En palabras de Anna M. Fernández Poncela: La participación es básica para la democracia; la democracia en sí implica participación, y la participación de las mujeres de forma efectiva en el poder y en la toma de decisiones es necesaria también porque se puede hablar de democracia. Sin la participación de las mujeres la democracia como régimen político no puede ser democrática en el sentido estricto, y a la vez sólo en un sistema de gobierno democrático las mujeres pueden participar de forma extensa, activa y real.28 Entre las políticas de género que se han diseñado y que, al tener como finalidad la eliminación progresiva de la discriminación de la mujer, son de suma relevancia en la construcción de sociedades democráticas, se encuentran las denominadas acciones afirmativas. En términos políticos, las acciones afirmativas se refieren a “una política pública que se expresa mediante una norma legal, una decisión judicial o una decisión oficial que procura mejorar las oportunidades para grupos segregados en la sociedad por su condición de desventaja frente a los grupos dominantes”.29 En relación a la perspectiva de género, Araceli Sebastián Ramos comenta sobre las acciones afirmativas lo siguiente: La llamada acción positiva, o discriminación positiva, surgió de unas políticas de igualdad, con la finalidad de eliminar los obstáculos que se oponen a la igualdad de oportunidades para las personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos (discapacitados, mujeres, minorías étnicas, etc.). Para ello, se proporciona un tratamiento desigual que, favoreciendo a quienes parten de una situación de desventaja, asegura una auténtica igualdad de oportunidades a todas las personas, bien sea ante el mundo laboral o, en general, ante la vida. En el caso de la discriminación por género, la acción positiva tiene un valor compensatorio de los efectos producidos por la discriminación histórica de las mujeres; y contribuye a propiciar su participación en ámbitos de los que hasta ahora ha sido excluida.30 Para el caso electoral, las acciones afirmativas se refieren a las cuotas electorales. Es decir, “la reserva que hace normalmente la ley electoral y excepcionalmente la Constitución para que ningún género pueda tener más de un determinado porcentaje de representantes en los órganos legislativos”.31
Si bien la aplicación de la perspectiva de género al diseño de una nueva forma de hacer política ha generado mecanismos para promover la mayor participación de las mujeres en la esfera pública, todavía existen múltiples obstáculos para el establecimiento de una sociedad verdaderamente equitativa. En el caso de México se identifican los siguientes obstáculos:
• La existencia de una cultura discriminatoria en el aparato público, los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones sociales, que impone resistencia al acceso y a la participación de mujeres en los espacios de poder.
• La frecuente desvalorización de las capacidades y aportaciones en las mujeres en el ejercicio del poder político, en la dirección empresarial y en las diferentes organizaciones sociales.
• La ausencia de mecanismos permanentes de promoción de la participación de las mujeres y el desarrollo de una cultura cívica que considere las realidades diferenciadas y específicas de hombres y mujeres.
• La mayor responsabilidad que asumen las mujeres en la comunidad y en el ámbito privado, sobre todo en la familia, que restringe su participación en el ámbito público.32
• Son estrategias para corregir los desequilibrios que, en cuanto a las relaciones y las oportunidades de desarrollo, se dan entre las personas en razón de su pertenencia a uno u otro sexo, en las familias, en los espacios educativos, en el mercado laboral y en las organizaciones del ámbito económico y político.
• Procuran una situación de mayor justicia, igual calidad de derechos y condiciones de oportunidad para todas y todos.14 El valor que sustenta las políticas de equidad es la justicia. Para el INMUJERES, ello implica, por lo tanto:
• Reconocer que la diversidad se traduce en criterios distributivos inequitativos de los bienes sociales que se ofrecen a los individuos, tales como: la educación, la seguridad, el bienestar, las capacidades de generar ingresos y gozar de tiempo libre, tener una buena calidad de vida, acceder a oportunidades profesionales; las posibilidades de tomar decisiones propias y participar de las decisiones fundamentales de una familia, una comunidad política, etc.
• Evitar la acumulación, en cada esfera de bienes, de los sesgos discriminatorios que generan exclusión, derivados de las restricciones primarias que pesan sobre algunas personas en razón de sus diferencias raciales, étnicas, sexuales, de edad o derivadas de su condición física.
• Aceptar que la igualdad de las personas en cada una de las esferas de los bienes sociales, debe estar por encima de sus diferencias.
• Prescribir una intervención pública que fortalezca los derechos y las oportunidades de aquellas personas que sufren desventajas diversas, para que puedan remover los obstáculos que impiden su desarrollo.15 Cabe destacar que el éxito y el buen desempeño de este tipo de políticas están estrechamente vinculados con la instauración de una ciudadanía integral, que garantice el acceso de todos los ciudadanos a los bienes materiales y a las oportunidades en las diferentes esferas del desarrollo humano. Como señala Virginia Guzmán la “igualdad de género va mucho más allá de la igualdad de oportunidades y exige la participación de las mujeres en los procesos de transformación de las reglas básicas, jerarquías y prácticas de las instituciones públicas. [En este sentido, si] las mujeres no están en los espacios donde se debate y se construyen las bases de una nueva gobernabilidad16, no es seguro que las instituciones públicas den cabida a sus diferentes necesidades y valores, las incluyan en procesos de capacitación de destrezas y habilidades, y se les reconozcan el mismo grado de agencia que a los demás actores en el terreno público”.17
2. Participación política desde la perspectiva de género
Martha Tagle define la perspectiva de género como un nuevo punto de vista que responde a los cambios sociales y culturales de nuestro tiempo. Sin embargo considera que aunque la sociedad está cambiando las leyes e instituciones no están respondiendo a esa sociedad. 18
La aplicación de la perspectiva de género para el análisis de la sociedad y la promoción y respeto del principio de equidad están estrechamente vinculados con el concepto de democracia ciudadana propuesto por el PNUD. Este tipo de democracia, que pretende ir más allá de lo electoral, tiene como fundamento principal el desarrollo de la ciudadanía integral, conformada por tres dimensiones a su vez: la ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía social. Sobre estas tres dimensiones, el teórico T.H. Marshall, recuperado por el PNUD, sostiene lo siguiente: La ciudadanía política incluye el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. La ciudadanía civil se compone de los derechos para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derechos a la justicia. Finalmente, la ciudadanía social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme los estándares predominantes en la sociedad.19 En este contexto, la idea de ciudadanía integral funge como garantía del principio de equidad de género: a través de su establecimiento y desarrollo es posible asegurar los derechos humanos tanto de hombreentablemente, este ideal de cius y mujeres en igualdad de condiciones. Lamdadanía no corresponde con la realidad que viven muchas mujeres. Para la feminista Anna M. Fernández Poncela: “La democracia y la ciudadanía han tenido siempre género: el masculino. El ciudadano abstracto por antonomasia es el hombre y la democracia se ha aprehendido durante mucho tiempo en ese sentido. Es por ello preciso reconceptuar y pensar la democracia como un sistema político de gobierno que dé cabida también a la |mitad de la población: las mujeres, entre otros sectores hasta la fecha subalternos al sistema”.20 Históricamente, las mujeres han permanecido como ciudadanas de segunda categoría, sin posibilidad de gozar y hacer valer sus derechos. Y si bien ha habido grandes avances en la materia, como es el caso del proceso de ciudadanización de la mujer a partir del reconocimiento de su derecho a voto, el reto sigue siendo aún muy grande. Al respecto Fernández Poncela señala que “la medición de la evolución de la democracia de una sociedad pasa por la situación de las mujeres, la verdad es que la relación de mujer y política; de mujer, ciudadanía y democracia es todavía difícil y compleja”.21 Esta misma autora ofrece un breve recuento histórico de la situación de la mujer respecto a su calidad de ciudadana y su proceso constitutivo como sujeto político: Se dice que la constitución de la mujer como sujeto político comienza en la Revolución francesa como consecuencia de las luchas burguesas que afirman la igualdad entre todos los seres humanos. Sin embargo, es un sujeto en construcción que todavía vive la discriminación política de forma directa a pesar de su voluntad expresada en las luchas históricas del sufragismo o el movimiento feminista de nuestros días. La historia de la política ha sido una historia de exclusiones de la mujer en cuanto a la concepción de la ciudadanía moderna. De hecho, la ciudadanía de la mujer, tan comúnmente tachada de “segunda categoría”, es de tipo formal y se encuentra dentro de un sistema de poder eminentemente androcéntrico y masculinizante. Por otro lado, la supuesta igualdad formal encubre una desigualdad manifiesta por el acceso diferencial a los recursos”.22 Como puede observarse para el feminismo los conceptos de democracia, ciudadanía e igualdad, por ejemplo, se encuentran “masculinizados”23, es decir, que estos postulados han sido diseñados por y para los hombres sin considerar a las mujeres como coparticipantes de las estructuras político-sociales. En el caso concreto de la participación política de las mujeres, el feminismo liberal sostiene que “la liberación de la mujer consiste en su libertad de escoger sus vidas, poder competir con el hombre, en igualdad de condiciones, en los aspectos políticos y profesionales. Para esta corriente, la racionalidad es un concepto clave, entendido como la capacidad de identificar o decidir fines y objetivos y la capacidad de organizar los medios para lograrlos”.24
Todas estas interpretaciones tienen un gran valor político, ya que finalmente continúan reconociendo que la batalla por el respeto y cumplimiento de los derechos de la mujer debe darse a través de los mecanismos institucionales. En todo caso, como lo menciona Fernández Poncela se trata de reivindicar la política y sus corporizaciones, a partir de un enfoque de género. Así, el Estado debería concebirse y desarrollarse en la práctica como una “institución neutral, en el cual la mujer tiene el derecho a participar y competir con los hombres en igualdad de condiciones”.25 En el caso de la ciudadanía de las mujeres en México, Dalia Barrera Bassols sostiene que ésta ha sido una ciudadanía “peculiar” por las siguientes razones: No solamente debido a su “tardía” inclusión en el derecho al voto (recuérdese que en nuestro país el derecho a votar y ser votadas fue reconocido a las mujeres en 1947 en el ámbito local, y hasta 1953 en el estatal y el federal), lo cual significa que apenas tres o cuatro generaciones de mujeres han ejercido ese derecho, no solamente porque su presencia en las esferas del poder político es aún muy marginal, sino porque los factores culturales que impregnan las relaciones de género en los espacios “públicos” y “privados”, marcan las condiciones, las formas y los medios de acceso de las mujeres a la vida política, su participación en los movimientos sociales, en las organizaciones y partidos, etcétera.26 En este mismo orden de ideas, Magdalena Sam Bautista reconoce que, a pesar de los avances en la apertura de espacios públicos para las mujeres, en los cuales la participación política formal e informal femenina ha ido en aumento; “ello no se ha reflejado en el acceso equitativo a los puestos públicos donde, precisamente, se toman las decisiones”27. Por lo tanto, para esta autora es clara la falta de igualdad y equidad en el quehacer político de nuestro país, donde las mujeres permanecen como actores secundarios. En este sentido, para Sam Bautista la superación de este déficit constituye un gran reto para el proceso de democratización de México. En este sentido, considerando que la política es un espacio social donde se organiza el poder y, por ende, se decide la distribución de los bienes entre los miembros de la sociedad, la participación de la mujer en el sistema político institucional es necesaria e indispensable. En palabras de Anna M. Fernández Poncela: La participación es básica para la democracia; la democracia en sí implica participación, y la participación de las mujeres de forma efectiva en el poder y en la toma de decisiones es necesaria también porque se puede hablar de democracia. Sin la participación de las mujeres la democracia como régimen político no puede ser democrática en el sentido estricto, y a la vez sólo en un sistema de gobierno democrático las mujeres pueden participar de forma extensa, activa y real.28 Entre las políticas de género que se han diseñado y que, al tener como finalidad la eliminación progresiva de la discriminación de la mujer, son de suma relevancia en la construcción de sociedades democráticas, se encuentran las denominadas acciones afirmativas. En términos políticos, las acciones afirmativas se refieren a “una política pública que se expresa mediante una norma legal, una decisión judicial o una decisión oficial que procura mejorar las oportunidades para grupos segregados en la sociedad por su condición de desventaja frente a los grupos dominantes”.29 En relación a la perspectiva de género, Araceli Sebastián Ramos comenta sobre las acciones afirmativas lo siguiente: La llamada acción positiva, o discriminación positiva, surgió de unas políticas de igualdad, con la finalidad de eliminar los obstáculos que se oponen a la igualdad de oportunidades para las personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos (discapacitados, mujeres, minorías étnicas, etc.). Para ello, se proporciona un tratamiento desigual que, favoreciendo a quienes parten de una situación de desventaja, asegura una auténtica igualdad de oportunidades a todas las personas, bien sea ante el mundo laboral o, en general, ante la vida. En el caso de la discriminación por género, la acción positiva tiene un valor compensatorio de los efectos producidos por la discriminación histórica de las mujeres; y contribuye a propiciar su participación en ámbitos de los que hasta ahora ha sido excluida.30 Para el caso electoral, las acciones afirmativas se refieren a las cuotas electorales. Es decir, “la reserva que hace normalmente la ley electoral y excepcionalmente la Constitución para que ningún género pueda tener más de un determinado porcentaje de representantes en los órganos legislativos”.31
Si bien la aplicación de la perspectiva de género al diseño de una nueva forma de hacer política ha generado mecanismos para promover la mayor participación de las mujeres en la esfera pública, todavía existen múltiples obstáculos para el establecimiento de una sociedad verdaderamente equitativa. En el caso de México se identifican los siguientes obstáculos:
• La existencia de una cultura discriminatoria en el aparato público, los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones sociales, que impone resistencia al acceso y a la participación de mujeres en los espacios de poder.
• La frecuente desvalorización de las capacidades y aportaciones en las mujeres en el ejercicio del poder político, en la dirección empresarial y en las diferentes organizaciones sociales.
• La ausencia de mecanismos permanentes de promoción de la participación de las mujeres y el desarrollo de una cultura cívica que considere las realidades diferenciadas y específicas de hombres y mujeres.
• La mayor responsabilidad que asumen las mujeres en la comunidad y en el ámbito privado, sobre todo en la familia, que restringe su participación en el ámbito público.32
Citas bibliográficas:
1 Rosa Entel, Mujeres en situación de violencia familiar, Espacio Editorial, Buenos Aires, 2002, p. 51.
2 Íbidem.
3 Si bien los estudios de género se basan en el análisis de las relaciones entre ambos géneros – femenino y masculino-, la mayoría de los estudios se centran en la situación de las mujeres, ya que este sector es el que ha sufrido desventajas a partir, justamente, de la concepción que históricamente se ha tenido de las relaciones entre hombres y mujeres.
4 Marcela Lagarde, “Identidad genérica y feminismo”, Ponencia en el XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, México, 1993, citado en María Cecilia Alfaro, Develando el género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, p. 32.
5 INSTRAW, Glosario, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, en http://www.uninstraw.org/es/index.php?option=content&task=, 29 de mayo de 2006.
6 Marta Lamas, “La perspectiva de género”, en La Tarea, Revista de Educación y Cultura, México, en http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm, 24 de mayo de 2006.
7 Artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Diario Oficial, México, 12 de enero de 2001.
8 INSTRAW, Glosario, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, en http://www.uninstraw.org/es/index.php76, 29 de mayo de 2006.
9 María Cecilia Alfaro, Develando el género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, p. 27.
10 Mónica Patricia Corona Godínez, et. al., Cultura institucional y equidad de género en la Administración Pública, INMUJERES, México, 2002, p. 10.
11 María Cecilia Alfaro, op. cit., pp. 31 y 32. 12 Artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Diario Oficial, México, 12 de enero de 2001. 13 INMUJERES, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (2000-2006), Instituto Nacional de las Mujeres, en http:/cedoc.inmujeres.gob.mx, 25 de mayo de 2006.
13. INMUJERES,Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (2000-2006), Instituto Nacional de las Mujeres, en http:/cedoc.inmujeres.gob.mx, 25 de mayo de 2006.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Por gobernabilidad se entiende la estabilidad de las instituciones democráticas a pesar de la incertidumbre de los resultados del juego político, es decir, de las negociaciones y los acuerdos entre los actores políticos; y a las capacidades de las instituciones políticas y sociales para agregar y articular intereses, así como para regular y resolver los conflictos que se susciten entre ellos.
17 Virginia Guzmán, Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible, Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, núm. 48, Santiago de Chile, octubre de 2003, p. 15.
18 Luz Orozco, “Las leyes no responden a esta sociedad cambiante: Martha Tagle”, en El Universal, México, 17 de julio de 2007.
19 En PNUD, Ideas y aportes. La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panamericana Formas e Impresos, S.A., Colombia, 2004, p. 31.
20 Anna M. Fernández Poncela, “Participación social y política de las mujeres en México: un estado de la cuestión”, en Anna M. Fernández Poncela (comp.), Participación política: las mujeres en México al final del Milenio, El Colegio de México, México, 1995, p. 26.
21 Ibid., p. 71.
22 Ibid., p. 63.
23 Viviene Taylor, Gobernabilidad y mercado. Perspectivas feministas sobre el poder y el Estado, DAWN, Uruguay, 2001, p. 57.
24 Jo Beall, “La construcción social de género en el Tercer Mundo”, en Ana Lucía Muñoz y Lucy Wartenberg (comps.), Planeación con perspectiva de género, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1995, p. 61.
25 Jo Beall, “Implementación de la política con perspectiva de género”, en Ana Lucía Muñoz y Lucy Wartenberg (comps.), Planeación con perspectiva de género, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1995, p. 103.
26 Dalia Barrera Bassols, (comp.), Mujeres, ciudadanía y poder, El Colegio de México, México, 2000, p. 12.
27 Magdalena Sam Bautista, “Mujeres gobernantes: los casos de Banderilla, Coatepec y Gutiérrez Zamora, Veracruz”, en Dalia Barrera Bassols, (comp.), Mujeres, ciudadanía y poder, El Colegio de México, México, 2000, p. 161.
28 Anna M. Fernández Poncela, op. cit., p. 25.
29 Cristina Torres- Parodi, Acciones afirmativas para lograr la equidad de salud para los grupos étnicos/raciales, Documento presentado en el Taller Regional para la Adopción e Implementación de Políticas de Acción Afirmativa para Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, Política y Gobernanza, Organización Panamericana de la Salud, Washington, 2003, p. 2.
30 Araceli Sebastián Ramos, et. al., Educar y orientar para la igualdad en razón del género, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2001, p. 52.
31 Miguel Carbonell, “La reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de cuotas electorales de género”, en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/8/cl/cl8.htm, 6 de marzo de 2006.
32 “Las mujeres en la toma de decisiones. Participación femenina en los poderes del Estado”, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2002, pp. 10- 11.
1 Rosa Entel, Mujeres en situación de violencia familiar, Espacio Editorial, Buenos Aires, 2002, p. 51.
2 Íbidem.
3 Si bien los estudios de género se basan en el análisis de las relaciones entre ambos géneros – femenino y masculino-, la mayoría de los estudios se centran en la situación de las mujeres, ya que este sector es el que ha sufrido desventajas a partir, justamente, de la concepción que históricamente se ha tenido de las relaciones entre hombres y mujeres.
4 Marcela Lagarde, “Identidad genérica y feminismo”, Ponencia en el XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, México, 1993, citado en María Cecilia Alfaro, Develando el género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, p. 32.
5 INSTRAW, Glosario, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, en http://www.uninstraw.org/es/index.php?option=content&task=, 29 de mayo de 2006.
6 Marta Lamas, “La perspectiva de género”, en La Tarea, Revista de Educación y Cultura, México, en http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm, 24 de mayo de 2006.
7 Artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Diario Oficial, México, 12 de enero de 2001.
8 INSTRAW, Glosario, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, en http://www.uninstraw.org/es/index.php76, 29 de mayo de 2006.
9 María Cecilia Alfaro, Develando el género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, p. 27.
10 Mónica Patricia Corona Godínez, et. al., Cultura institucional y equidad de género en la Administración Pública, INMUJERES, México, 2002, p. 10.
11 María Cecilia Alfaro, op. cit., pp. 31 y 32. 12 Artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Diario Oficial, México, 12 de enero de 2001. 13 INMUJERES, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (2000-2006), Instituto Nacional de las Mujeres, en http:/cedoc.inmujeres.gob.mx, 25 de mayo de 2006.
13. INMUJERES,Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (2000-2006), Instituto Nacional de las Mujeres, en http:/cedoc.inmujeres.gob.mx, 25 de mayo de 2006.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Por gobernabilidad se entiende la estabilidad de las instituciones democráticas a pesar de la incertidumbre de los resultados del juego político, es decir, de las negociaciones y los acuerdos entre los actores políticos; y a las capacidades de las instituciones políticas y sociales para agregar y articular intereses, así como para regular y resolver los conflictos que se susciten entre ellos.
17 Virginia Guzmán, Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible, Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, núm. 48, Santiago de Chile, octubre de 2003, p. 15.
18 Luz Orozco, “Las leyes no responden a esta sociedad cambiante: Martha Tagle”, en El Universal, México, 17 de julio de 2007.
19 En PNUD, Ideas y aportes. La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panamericana Formas e Impresos, S.A., Colombia, 2004, p. 31.
20 Anna M. Fernández Poncela, “Participación social y política de las mujeres en México: un estado de la cuestión”, en Anna M. Fernández Poncela (comp.), Participación política: las mujeres en México al final del Milenio, El Colegio de México, México, 1995, p. 26.
21 Ibid., p. 71.
22 Ibid., p. 63.
23 Viviene Taylor, Gobernabilidad y mercado. Perspectivas feministas sobre el poder y el Estado, DAWN, Uruguay, 2001, p. 57.
24 Jo Beall, “La construcción social de género en el Tercer Mundo”, en Ana Lucía Muñoz y Lucy Wartenberg (comps.), Planeación con perspectiva de género, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1995, p. 61.
25 Jo Beall, “Implementación de la política con perspectiva de género”, en Ana Lucía Muñoz y Lucy Wartenberg (comps.), Planeación con perspectiva de género, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1995, p. 103.
26 Dalia Barrera Bassols, (comp.), Mujeres, ciudadanía y poder, El Colegio de México, México, 2000, p. 12.
27 Magdalena Sam Bautista, “Mujeres gobernantes: los casos de Banderilla, Coatepec y Gutiérrez Zamora, Veracruz”, en Dalia Barrera Bassols, (comp.), Mujeres, ciudadanía y poder, El Colegio de México, México, 2000, p. 161.
28 Anna M. Fernández Poncela, op. cit., p. 25.
29 Cristina Torres- Parodi, Acciones afirmativas para lograr la equidad de salud para los grupos étnicos/raciales, Documento presentado en el Taller Regional para la Adopción e Implementación de Políticas de Acción Afirmativa para Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, Política y Gobernanza, Organización Panamericana de la Salud, Washington, 2003, p. 2.
30 Araceli Sebastián Ramos, et. al., Educar y orientar para la igualdad en razón del género, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2001, p. 52.
31 Miguel Carbonell, “La reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de cuotas electorales de género”, en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/8/cl/cl8.htm, 6 de marzo de 2006.
32 “Las mujeres en la toma de decisiones. Participación femenina en los poderes del Estado”, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2002, pp. 10- 11.
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