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La defensa pedagógica del normalismo
Lev M. Velázquez Barriga*. La Jornada. Opinión. 28 de junio de 2017.
El internado de Tiripetío es una de las 15 normales rurales
mexicanas con esta modalidad que han sobrevivido al cierre violento o velado de
más de una veintena de ellas, desde los años sesentas. Es el pilar que ha
sostenido y articulado la defensa del normalismo en Michoacán; la solidaridad y
el compromiso político de sus estudiantes es tan alto, que son incontables las
veces en que han cobijado otros movimientos estudiantiles que luchan por el
derecho a la educación pública, justamente como sucedió recientemente en Cañada
Honda o meses antes, cuando apoyaron a cientos de jóvenes rechazados de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que estaban siendo hostigados
por el gobierno de Silvano Aureoles, al exigir un lugar en la universidad
pública.
Tiripetío es la voz más crítica entre las normales
michoacanas. Desde ahí se ha convocado a diversos investigadores que destacan
entre las instituciones de mayor prestigio del país, a los representantes e
intelectuales de la izquierda pedagógica latinoamericana, a la comunidad
académica nacional de sus escuelas hermanas, urbanas y beneméritas, para
debatir a conciencia la situación actual, así como los horizontes del
normalismo mexicano que con la reforma educativa se quiere llevar hasta la
tumba, provocando la muerte pedagógica de la profesión docente.
Contra el currículo oficial, los alumnos y los maestros
mantienen vivo el espíritu original del normalismo rural, el currículo real del
internado sigue contemplando los ejes: académico, deportivo, cultural, político
y productivo, estos últimos sin ningún apoyo económico o institucional y bajo
la autorganización del estudiantado que observa en la dimensión económica
agropecuaria un vínculo con las comunidades rurales y en la formación política
la continuidad del compromiso ético en favor de los sectores sociales
populares.
Ciertamente, la defensa del normalismo desarrollado por los
jóvenes de Tiripetío los ha orillado a escenarios de confrontación en los que
exponen su integridad física, ante la constante amenaza del Estado que mantiene
de manera permanente un dispositivo policiaco que ha intentado en varias
ocasiones invadir el espacio físico de la normal para desalojarlos; que vigila
y persigue la movilidad de los estudiantes a cualquiera de sus actividades, que
realiza acciones de vandalismo para después culpar a los jóvenes y justificar
su represión ante la opinión de la ciudadanía.
A falta de un proyecto oficial que fortalezca la formación
inicial de los profesores, hasta hoy desconocido por la propia comunidad
educativa de las escuelas normales, el Estado mexicano optó por exterminarlas.
Esta guerra abierta contra ellas tiene una faceta de violencia simbólica, que
alienta el desprestigio académico, el odio racial, clasista y patriarcal contra
la condición humilde e indígena de sus estudiantes y aviva las posiciones
ultraderechistas que claman por su cierre inmediato.
Otra de sus dimensiones es la provocación sistemática de
ambientes de violencia física que aterrorizan a la sociedad, que buscan inhibir
el deseo de los jóvenes por ingresar a estas escuelas o los orillan a desertar
si ya forman parte de ellas. Antes de la reforma de 2013, Tiripetío tenía una
demanda anual de más de mil aspirantes, en 2015 disminuyó a 400, en 2016 a 200
y en 2017, en medio del clima represivo que se vivió, prácticamente a la par de
su convocatoria de nuevo ingreso, sólo llegaron 159 solicitudes. La eficiencia
terminal era de 99 por ciento, pero ahora vemos deserciones desde los primeros
años de la carrera, que antes eran atípicas.
El aumento al presupuesto 2017 de 2 mil 829 millones de
pesos para seguridad pública en Michoacán, contrasta con las constantes
retenciones de los subsidios estatales a las normales, pero dan cuenta de que
el objetivo subyacente es la criminalización estudiantil y la muerte del
normalismo por inanición. Precisamente el detonante del conflicto en Tiripetío
fue la exigencia del pago atrasado de becas para garantizar la alimentación de
los moradores del internado, cuyas condiciones sociales son precarias; el mismo
Gael Solorio, joven que recibió un disparo con arma de fuego en la cara, es
originario de una comunidad rural que pertenece al municipio de Turicato,
región de la Tierra Caliente cuya actividad económica está asolada por el
narcotráfico y no tuvo más opción que buscar superar las pocas expectativas que
había en su contexto, ingresando a la normal.
Esta política de exterminio, más aguda contra la normal
rural, se evidenció de nueva cuenta en la represión del 21 de junio en
Michoacán. Tiene que ver con la desruralización de la escuela, de su identidad
campesina e indígena, con desabastecerla de maestros y acelerar el cierre de
las escuelas comunitarias (ya iniciaron en Conafe) y el desplazamiento de la
población explotable a zonas de concentración que vulneran aún más las
condiciones sociales de las personas y las vuelven presa fácil de la esclavitud
moderna.
En este contexto, me parece necesario, que junto a la
creciente defensa política de las normales, en la movilización, la denuncia
pública y la observancia ciudadana, habrá que fortalecer su defensa pedagógica,
hacer más visibles y más ricas las resistencias educativas que se desarrollan
en escuelas como Tiripetío, porque ahí radica en gran medida la relevancia de
que sigan existiendo, además reivindica la capacidad propositiva de los
alumnos, de los profesores y contrarresta la propaganda de odio que impulsa el
Estado.
*Doctor en pedagogía
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