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"Incompleta", indagatoria de
PGR sobre Iguala: CNDH
jue, 23 jul 2015 14:37
El presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, al presentar hoy su
informe sobre el caso Iguala. Foto Cristina Rodríguez
México, D.F. La
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió fallas y
omisiones en las diligencias ministeriales del caso Ayotzinapa, en un
informe difundido hoy.
La indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) está
"incompleta", indicó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.
El punto 1 del reporte de esta comisión se refiere a la ausencia en el
expediente de PGR de fichas de identificación de los normalistas
desaparecidos.
Entre las 32 observaciones y propuestas emitidas hoy plantea a
la Procuraduría General de la República "recabar declaraciones y
ampliaciones de declaraciones" de algunos elementos militares
destacamentados en Iguala y Cocula, Guerrero.
De igual forma sugiere fortalecer la investigación científica de los
restos hallados en la zona y continuar con las acciones de búsqueda que
pudieran dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.
De igual forma sugiere a la procuraduría ampliar sus líneas de
investigación para indagar sobre la posible participación de otras
corporaciones de seguridad pública municipal en colusión con las
organizaciones criminales Guerreros Unidos y Los Rojos.
"En el contexto de la averiguación previa que se desarrolla en torno a
las organizaciones delictivas que operan en Guerrero, es fundamental
tener claridad sobre la forma de operación de las organizaciones
criminales y sus vínculos con los cuerpos de seguridad pública de la
entidad Y, sobretodo, conocer si esta situación incidió en la sucesión
de los hechos del 26 y 27 de septiembre" de 2014.
"No es momento de callar y olvidar", advirtió el ombudsman González Pérez.
Al presentar hoy el documento "Estado de la investigación del caso
iguala", llamó a romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la
delincuencia y la autoridad.
Como consecuencia de la revisión de la información y constancias con
que cuenta la Comisión, relativas a la actuación de las autoridades, con
posterioridad a los deleznables hechos se advierte:
-La necesidad de implementar medidas para lograr un mayor
acompañamiento y apoyo a las víctimas y sus familiares. Por diversas
razones, dijo González Pérez, a la fecha no han recibido toda la
atención, asistencia y apoyos a los que tienen derecho.
-La falta de realización de diligencias ministeriales, tanto
federales como locales, que se estima serían de utilidad para lograr una
investigación exhaustiva integral de los hechos; la no ejecución de
órdenes de aprehensión.
-La falta de medidas que contribuirán a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en el municipio de iguala.
González Pérez manifestó su confianza de que en la Procuraduría
General de la República atiendan las propuestas de la Comisión Nacional
de derechos humanos porque sólo en los hechos, dijo, se demostrará que
existe voluntad política.
La investigación de la Procuraduría no debe estar cerrada. Hay órdenes de aprehensión en curso, no hay sentencias.
A juicio de la CNDH, el video, con testimonios de algunos involucrados, no reúne los requisitos legales para estimarlo en una construcción de hechos.
Tras la revisión y análisis exhaustivo del expediente de la PGR, ‘‘se puede apreciar que no se ha desahogado un conjunto de diligencias que se estiman indispensables en la investigación ministerial’’, se indica en el reporte leído por José Larrieta, titular de la oficina especial para la investigación del caso Iguala.
Los hechos del 26 y 27 de septiembre en ese municipio guerrerense fueron calificados en el informe y por el propio ombudsman de capítulo ominoso de la vida nacional, de extrema gravedad y de barbarie, cuyo saldo fue seis muertos, 43 desapariciones forzadas y 33 heridos. De este último grupo, la mayoría ya fueron dados de alta, pero uno se encuentra desde entonces en estado neurovegetativo.
‘‘No es momento de callar ni de olvidar. En los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento y complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada’’, dijo González Pérez. Comentó que sólo con el acatamiento de las sugerencias se podría demostrar la voluntad política de la PGR para llegar al fondo del caso. Lo anterior, porque la insuficiente actuación de esa autoridad ministerial afecta el derecho de conocer la verdad, acceder a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición del acto.
Llamó a romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad. La investigación de la PGR no debe estar cerrada, subrayó.
El reporte de la CNDH, avance de lo que serán las recomendaciones finales del organismo, incluye 32 observaciones y propuestas. Todas revelan fallas, desde el inicio de las averiguaciones (en especial omisiones en química forense), así como en la falta de atención a las víctimas.
A 10 meses del suceso, la PGR no ha integrado ‘‘fichas de
identificación’’ de los normalistas desaparecidos. Es decir, no existe
esta ‘‘herramienta básica para los procedimientos de búsqueda’’. Las
fichas deberían incluir datos generales de la persona a localizar,
información específica como tipo de sangre, uso de algún aparato
terapéutico, referencia a intervenciones quirúrgicas, fichas
odontológicas, señas particulares, tatuajes, cicatrices y huellas
digitales, entre otros.
En el punto 8, relativo a los policías estatales y elementos militares, precisa que cuatro elementos castrenses tenían la responsabilidad de recibir información de seguridad de Iguala; los testimonios serían valiosos para conocer los reportes generados después del ataque del 26 de septiembre.
Se necesitaría también, añade la CNDH, la declaración de tres militares que acudieron posteriormente a los sitios de las agresiones. Sugiere la comparecencia de otros dos elementos del Ejército acerca del entorno del lugar de los hechos.
En los expedientes oficiales están las declaraciones de 36 militares, aunque, como se ha difundido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide entrevistar directamente a los soldados.
La CNDH plantea a la procuraduría ampliar sus líneas de investigación para indagar sobre la posible participación de otras corporaciones de seguridad pública municipal en colusión con las organizaciones criminales Guerreros unidos y Los Rojos, que habrían derivado en el ataque a los jóvenes y/o en otros delitos como lavado de dinero. Asimismo, investigar los hechos que derivaron en la muerte de las personas, cuyos cuerpos fueron localizados en seis fosas en la región.
En el siguiente punto se lee: ‘‘Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre quiénes de los 43 desaparecidos pertenecen o han pertenecido al Ejército; obtener declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la búsqueda en el río San Juan. Ello ayudaría a esclarecer la ruta de la desaparición y disipar las dudas expuestas por el Equipo Argentino de Antropología Forense’’.
Incluso la comisión sugiere dejar en claro si llovió en los días referidos y comparar la tierra extraída de la bolsa recuperada en el río San Juan con la del basurero de Cocula.
El trabajo de la comisión evidencia carencias en el de la PGR, como la ausencia de la georreferenciación de los teléfonos celulares de dos estudiantes desaparecidos, ante las versiones de que habrían enviado mensajes de texto los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Sugiere la comparecencia de nueve militares
y descalifica un video con testimonios
y descalifica un video con testimonios
La indagatoria de la PGR sobre Ayotzinapa, incompleta: CNDH
‘‘En esos hechos se visibiliza el desprecio por la vida y la connivencia entre autoridades y delincuentes’’
Fabiola Martínez. Periódico La Jornada Viernes 24 de julio de 2015, p. 3
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) advirtió fallas y omisiones en las diligencias ministeriales del
caso Ayotzinapa. La indagatoria de la Procuraduría General de la
República (PGR) está ‘‘incompleta’’, dijo el ombudsman, Luis Raúl González Pérez.
El organismo sugiere la comparecencia –o ampliación de la
declaración– de nueve militares, y muestra que hay etapas no concluidas
en la acción pericial, así como diligencias aisladas en el video
presentado por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, con
el cual llegó a la ‘‘verdad histórica’’ de los hechos.A juicio de la CNDH, el video, con testimonios de algunos involucrados, no reúne los requisitos legales para estimarlo en una construcción de hechos.
Tras la revisión y análisis exhaustivo del expediente de la PGR, ‘‘se puede apreciar que no se ha desahogado un conjunto de diligencias que se estiman indispensables en la investigación ministerial’’, se indica en el reporte leído por José Larrieta, titular de la oficina especial para la investigación del caso Iguala.
Los hechos del 26 y 27 de septiembre en ese municipio guerrerense fueron calificados en el informe y por el propio ombudsman de capítulo ominoso de la vida nacional, de extrema gravedad y de barbarie, cuyo saldo fue seis muertos, 43 desapariciones forzadas y 33 heridos. De este último grupo, la mayoría ya fueron dados de alta, pero uno se encuentra desde entonces en estado neurovegetativo.
‘‘No es momento de callar ni de olvidar. En los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento y complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada’’, dijo González Pérez. Comentó que sólo con el acatamiento de las sugerencias se podría demostrar la voluntad política de la PGR para llegar al fondo del caso. Lo anterior, porque la insuficiente actuación de esa autoridad ministerial afecta el derecho de conocer la verdad, acceder a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición del acto.
Llamó a romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad. La investigación de la PGR no debe estar cerrada, subrayó.
El reporte de la CNDH, avance de lo que serán las recomendaciones finales del organismo, incluye 32 observaciones y propuestas. Todas revelan fallas, desde el inicio de las averiguaciones (en especial omisiones en química forense), así como en la falta de atención a las víctimas.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, durante la lectura del informeFoto Cristina Rodríguez
En el punto 8, relativo a los policías estatales y elementos militares, precisa que cuatro elementos castrenses tenían la responsabilidad de recibir información de seguridad de Iguala; los testimonios serían valiosos para conocer los reportes generados después del ataque del 26 de septiembre.
Se necesitaría también, añade la CNDH, la declaración de tres militares que acudieron posteriormente a los sitios de las agresiones. Sugiere la comparecencia de otros dos elementos del Ejército acerca del entorno del lugar de los hechos.
En los expedientes oficiales están las declaraciones de 36 militares, aunque, como se ha difundido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide entrevistar directamente a los soldados.
La CNDH plantea a la procuraduría ampliar sus líneas de investigación para indagar sobre la posible participación de otras corporaciones de seguridad pública municipal en colusión con las organizaciones criminales Guerreros unidos y Los Rojos, que habrían derivado en el ataque a los jóvenes y/o en otros delitos como lavado de dinero. Asimismo, investigar los hechos que derivaron en la muerte de las personas, cuyos cuerpos fueron localizados en seis fosas en la región.
En el siguiente punto se lee: ‘‘Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre quiénes de los 43 desaparecidos pertenecen o han pertenecido al Ejército; obtener declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la búsqueda en el río San Juan. Ello ayudaría a esclarecer la ruta de la desaparición y disipar las dudas expuestas por el Equipo Argentino de Antropología Forense’’.
Incluso la comisión sugiere dejar en claro si llovió en los días referidos y comparar la tierra extraída de la bolsa recuperada en el río San Juan con la del basurero de Cocula.
El trabajo de la comisión evidencia carencias en el de la PGR, como la ausencia de la georreferenciación de los teléfonos celulares de dos estudiantes desaparecidos, ante las versiones de que habrían enviado mensajes de texto los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
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